edición: 2574 , Lunes, 15 octubre 2018
23/12/2014
Tras publicarse el auto del juez

Los internautas aplauden al juez Castro por sentar en el banquillo de los acusados a la infanta Cristina

La opinión pública cree, sin embargo, que al final `no pasará nada´, y censuran la muerte de la separación de poderes
ICNr

Corrupción, blanqueo de capitales, malversación… La lista de delitos más paradigmáticos de la actual crisis toca directamente a la cúpula de las instituciones públicas y de las empresas privadas del país. Es el resultado de goteo incesante de casos que salpican a personajes de la vida pública, política y económica, como ocurre con la infanta Cristina. Ayer se convirtió en noticia que será juzgada por la Audiencia de Palma como presunta cooperadora en dos delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin, después de que el juez instructor del `caso Nóos´, José Castro, la haya incluido como acusada en el auto de apertura de juicio oral dictado ayer.

El de Urdangaín y la infanta se ha convertido a estas alturas en uno de los casos más mediáticos de los últimos años. De ahí que la presión de la opinión pública en torno a las decisiones judiciales se convierta en el detonante de infinidad de comentarios a favor o en contra de la actuación del juez de turno. En el caso de Castro, ayer recibió las alabanzas de gran número de ciudadanos, tras reclamar en su auto a la hermana del Rey el pago de 2,6 millones de euros en responsabilidades civiles. `En el auto, abre juicio contra 17 personas, entre ellas la infanta Cristina como cooperadora necesaria en dos delitos contra la Hacienda Pública´, anunció el Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares en un avance de la resolución.

La hermana del rey Felipe VI se convertirá así en la primera integrante de la Familia Real española en sentarse en el banquillo, y tendrá que responder si dispuso y gastó dinero público destinado a Aizoon, una sociedad `pantalla´ que poseía al 50 por ciento con su marido, que también se sentará en el banquillo. Es el resultado de que el juez Castro desestimara la solicitud de sobreseimiento de la causa contra la infanta, pedida por la Fiscalía Anticorrupción de Baleares y por su defensa.

Al contrario de la versión de Anticorrupción, Castro mantiene en el auto que la duquesa de Palma era `cooperadora necesaria´ en los delitos de Urdangarin, ya que su consentimiento y su actuación resultaban clave para que se cometieran. 

La decisión de si el juez llevaría a juicio a Cristina de Borbón no estaba clara, pendiente de si se aplicaría la llamada `doctrina Botín´. En concreto, esta doctrina, defendida por el Tribunal Supremo, ha evitado juicios por delito fiscal cuando la imputación sólo estuviera apoyada por la acusación popular -y no por la fiscalía o el perjudicado por los hechos-, en este caso procedente del sindicato Manos Limpias, y no por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que en último término son los perjudicados por los delitos contra la Hacienda Pública.

En este supuesto, el juez esquiva la aplicación de esta doctrina, y lo hace asegurando que no es aplicable a este caso la denominada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa la acusación popular y no la Fiscalía o el perjudicado por los hechos. El juez argumenta que no sólo Cristina de Borbón se enfrenta a los dos delitos fiscales, sino también su marido, Iñaki Urdangarin, y a él sí que le acusan de estos ilícitos.

Por su parte, Urdangarin y su exsocio Diego Torres se sentarán en el banquillo para responder por su gestión del Instituto Nóos, una organización sin ánimo de lucro que el marido de la infanta presidió entre 2004 y 2006, y desde la que presuntamente se desviaron 5,8 millones de euros de fondos públicos. La Fiscalía había estimado que la responsabilidad de Cristina derivaba de su participación `a título lucrativo ´en los presuntos delitos cometidos por Urdangarin, por lo que le reclamó algo más de 587.000 euros en concepto conjunto y solidario por la responsabilidad civil de su marido, un pago que efectuó pocos días después.

En cuanto a las sumas, Castro reclama un total de 61,3 millones de euros en responsabilidades civiles a los 17 acusados de la causa, de los cuales 2,6 millones los exige a la Infanta Cristina, a raíz de los perjuicios económicos derivados de la trama de desvío de fondos públicos y defraudación a Hacienda que presuntamente urdieron el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres en torno al Instituto Nóos.

Mientras, del lado de los internautas, la atención se centró en el juez Castro, que recibió el aplauso y la aprobación de la opinión pública por tener el `valor´ de enfrentarse a un miembro de la cúpula política del país. Es más, se dio por hecho que un juez con esa valentía acabará expulsado de la carrera judicial, como resultado de todas las presiones que pueden caer sobre él. `A ver cuanto tardan en querellarse contra el juez Castro... 

Si fueses tu o yo, ya nos gustaría que la fiscalía nos acuse como acusa la fiscalía a la infanta...´, resumió un lector.

En cuanto a la infanta Cristina y a su papel en escándalo del que fue participante su marido, los internautas tienen claro que ésta merece que el peso de la Ley recaiga sobre sus espaldas. `A la cárcel con ella, con su marido, su padre y su hermano, acompañados de Rajoy, Mas, Pujol... Cárcel ya. Estamos hartos de esta gentuza que vive a nuestras expensas´, sentenció un lector. Eso sí, los lectores también están convencidos de que es muy complicado que a infanta acabe pagando por su papel en el caso en la misma media en que lo haría un ciudadano cualquiera que no goce de su posición privilegiada. Y es que la justicia no es igual para todos, ni a la hora de acceder a ella ni a la de ver reconocido un derecho o pretensión. Al menos así lo considera la opinión pública, que viene denunciando desde hace tiempo la  ruptura de uno de los pilares básicos de la democracia: la separación de poderes. 

Los internautas aseguraron, en este sentido, que la Fiscalía ha jugado un papel vergonzoso en toda esta situación, y comentaron que Horrach `ha hecho el ridículo más espantoso -por ser suave- y encima no ha servido de nada´. Además, la opinión pública considera contraproducente para la Casa Real que la infanta obtenga un trato  -y una sentencia- de favor. `Para la Corona, es mejor que la infanta responda por los delitos o faltas que hubiera podido cometer. Necesitamos abrir las ventanas y que entre aire limpio´, resumió un lector.

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