edición: 2682 , Viernes, 22 marzo 2019
14/05/2013
La legitimidad del Ejecutivo, puesta en duda

Los internautas arremeten contra Rajoy por perpetuar un gasto público desorbitado y explotar a los ciudadanos vía impuestos

El panorama de gasto para los próximos tres años se moverá en torno al 43 por ciento: a niveles del último Gobierno de Felipe González
ICNr

Subidas de impuestos, recortes en sanidad y educación, menos derechos en materia laboral, desempleo desorbitado, falta de crédito para las empresas en paralelo a los millonarios rescates a las entidades financieras... Este es el marco que describen los internautas para resumir la situación que han provocado los primeros meses de legislatura con el Partido Popular al frente. La contraprestación pendiente (y el objetivo más que repetido por el Ejecutivo) es la reducción del déficit hasta niveles `sanos´ y la vuelta a la estabilidad en las cuentas públicas. Pero ¿está sirviendo el esfuerzo ciudadano para alcanzar esta meta? ¿Está el Gobierno aplicándose el cuento de la austeridad y predicando con el ejemplo? La realidad es que no, y es el propio Gobierno el que lo reconoce: no sólo el déficit permanece a niveles prácticamente intactos, sino que el último Programa de Estabilidad del Ministerio de Economía parte de la idea de que el gasto público seguirá moviéndose en el entorno del 43 por ciento del PIB en los próximo tres años, una cuota que, según recogió la prensa, resulta muy similar a la que heredó José María Aznar en 1996, del último Gobierno de Felipe González.

Es un dato lo bastante alarmante como para despertar cientos de quejas por parte de los internautas. Con 1993 como recordatorio, la prensa online rememoró cómo en aquel ejercicio de `profunda recesión, alto paro y subidas de impuestos´, el gasto total de las Administraciones Públicas llegó hasta el 46,7 por ciento del PIB, un porcentaje que `ningún Gobierno, ya fuera socialista o conservador, había conseguido volver a igualar´. Sin embargo, 2012 fue el año en que se alcanzó (y superó) el techo que marcaba aquel escenario, llegándose al 47 por ciento del PIB, de acuerdo con el balance más reciente elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda.

El pasado ejercicio no se caracterizó, por tanto, por un cambio de rumbo en materia de gasto público, y los internautas están dispuestos a tolerar ese `desliz´ en un contexto de gran actividad normativa -con mayor o menor acierto- y muchos deberes pendientes. No parece tan tolerable que el Gobierno dé por hecho que el escenario se mantendrá prácticamente intacto en lo que resta de legislatura. Tampoco que durante ese 2012 el gasto se elevara en casi dos puntos porcentuales con respecto al nivel alcanzado en 2011. 

Para la opinión pública, ello sólo puede ser síntoma de una realidad que se viene denunciando desde hace meses: el Gobierno pretende ajustar las cuentas únicamente por el lado de los ingresos, pero no está dispuesto a llevar a cabo reformas reales que ajusten el peso de las Administraciones o que, como mínimo, busquen una mayor eficiencia para cada euro recaudado. Muy al contrario, existe la percepción de que se están llevando a cabo reformas sobre el papel que, aunque tratan de venderse como la panacea a los males estructurales del país, no son más que retoques que, al contrario, ahondan en el problema, aunque sólo sea por aportar mayor inseguridad juridica y por dejar decenas de flecos con cada reforma que se lleva a cabo. 

Los internautas aseguraron sentir `verguenza´por el hecho de que el Ejecutivo no esté trabajando en reducir el gasto público, una crítica que partió  precisamente, de manera especial, desde las filas del Partido Popular. Muchos de quienes se confiesan votantes del partido consideran que la política que está llevando a cabo el Gobierno es más propia de un partido de izquierda que de derecha. `Parece que se cumpliera el programa electoral del PSOE´, aseguró un lector. En definitiva, no se están cumpliendo los objetivos marcados, ni mucho menos. 

Entre los motivos, algunos señalaron que si Rajoy se atreviera a hacer `lo que tiene que hacer´, la consecuencia directa sería seguir engrosando las colas del paro por culpa de los cientos de despidos que deben llevarse a cabo en el marco de las distintas Administraciones públicas. Puede que ese sea el motivo por el que, en la práctica, no se hace nada para solucionar los problemas estructurales del país. O puede que, simplemente, se trate de un problema de clientismo al que ni PP ni PSOE tienen interés en dar carpetazo. Al fin y al cabo, la fuerza de estos partidos se encuentra, en parte, en los beneficios que reportan a sus seguidores. La aún no excesivamente profunda tradición democrática española ha sido lo bastante larga como para crear toda una red de favores en la que se encuentran inmersos tanto la clase política como empresas –incluyendo a la banca- y ciudadanos, en una cadena de favores que perpetua en el poder a las fuerzas `de siempre´.

Por ello, existe la percepción de que no importa quién esté en el poder: la forma de hacer las cosas es, en esencia, muy parecida en un caso y en otro, aunque sólo sea por la falta de eficiencia democrática y por el hecho de gobernar, en gran medida, de espaldas a la opinión pública y al interés general. Todo ello se envuelve en un mensaje más o menos atractivo aunque normalmente falso o parcial con el que vender las reformas como lo que no son. En el caso de esta legislatura, además, parece que se intenta `colar´ a través un bombardeo normativo toda una serie de reformas sorpresa que, por el propio volumen de información por digerir, ni siquiera llega a conocerse por la opinión pública. 

Pero la realidad, para la opinión pública, es que no existe diálogo, ni escucha, ni voluntad de hacer ninguna de las dos cosas. `¿Dónde están todas esas promesas? Cuatro años de queja y lo está hacienda peor que Zapatero. No se atreve a tocar lo que verdaderamente importa´, resumió un lector. `Millones de ciudadanos confiaban en que Rajoy acabaría con la pesadilla del anterior presidente, y fueron como locos a meter el sobre en la urna.
Y sin embargo, los politicastros nunca cambian de manera de ser´, señaló un lector. Por eso, ´hay que desconfiar siempre de ellos y hacer y pensar lo contrario de lo que no dicen´.  Los ciudadanos hablaron también de la falta de legitimidad de un partido que ha roto con todo su programa electoral y que, por tanto, se encuentra falsamente representado en las Cortes.

El paradigma de esa pérdida de legitimidad se encuentra en la política fiscal del Gobierno, totalmente opuesta a la defendida durante la campaña electoral. Se habla abiertamente de `engaño´ a los ciudadanos, más aún cuando las reformas no se quedaron en el profundo retoque inicial, sino que siguen sucediéndose, actualizándose y prorrogándose como si fuera la única opción posible. En este sentido, Bruselas tampoco trajo alegrías durante la jornada de ayer, ni para el PP ni para los internautas. La Dirección General de Asuntos Económicos de la Comisión Europea aseguró en un análisis dado a conocer ayer que retocar el IRPF debe ser `la última opción´ en todo proceso de consolidación fiscal. Justo lo contrario de lo que se ha hecho en España. La institución no sólo recomienda recortar gastos como opción preferable a subir impuestos, sino que considera que si hay que subirlos, el IRPF debe ser lo último que tiene que plantearse un Gobierno.

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