edición: 2389 , Lunes, 22 enero 2018
30/04/2013
Evitar su inhabilitación

Los internautas creen que Alfredo Sáenz sólo dimite para cerrar la investigación del Banco de España

La opinión pública criticó el `circo´ legal creado en torno al ex vicepresidente de Santander: gracias a PP y PSOE, los banqueros pueden ocupar altos cargos a pesar de sus antecedentes penales
ICNr

La renuncia de Alfredo Sáenz se convirtió rápidamente en la noticia más comentada en el plano económico de toda la jornada de ayer. El revuelo que provoca la figura del ya ex vicepresidente y ex consejero delegado de Santander viene de lejos y se remonta al famoso indulto que el PSOE le otorgó en su día, poco antes de que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pusiera punto y final a su etapa en el Gobierno. Entonces -y ahora- se consideró públicamente este último gesto del partido socialista como el `broche final´ a su nefasta gestión. La cosa no mejora con el actual Gobierno: la opinión pública recordó cómo el PP ha propiciado la eliminación del requisito de honorabilidad como imprescindible para ocupar cargos de gran responsabilidad en entidades financieras, permitiendo además que quienes tengan antecedentes penales -antes vetados inevitablemente del acceso a las altas esferas- puedan ostentar cargos de responsabilidad si el Banco de España (BdE) considera que la cosa no es tan grave como para privar al infractor de su derecho a ocupar tal puesto. Unos y otros, en definitiva, son exponente de una realidad que asusta: la unión entre banca y poder político es total, descarada e insultantemente expuesta ante los ciudadanos. La salida de Sáenz se convirtió en la excusa perfecta para reavivar el debate en torno a esa idea. Los internautas lo tienen claro: Sáenz dimite únicamente para evitar que el BdE le inhabilite para cualquier actividad bancaria.

De momento, Santander ya cuenta con un nuevo consejero delegado, Javier Marín Romano, que hasta la fecha era director general del banco y responsable de la división global de seguros, gestión de activos y banca privada. La salida de Sáenz, sin embargo, ha hecho mucho ruido entre la opinión pública. Dos semanas atrás, el BdE anunció que iniciaría un nuevo procedimiento administrativo contra él, después de que el Gobierno incorporara a la legislación española los criterios de la Autoridad Bancaria Europea sobre la honorabilidad de los cargos en las entidades financieras. Y aunque la opinión pública no esperaba que este nuevo procedimiento fuera a suponer un problema para Sáenz -la autonomía del Banco de España para tomar su decisión es mucho mayor y los criterios a tener en cuenta, más flexibles-, parece que el propio exvicepresidente ha preferido evitar sorpresas y `abandonar el barco´ antes de que se produzca un nuevo escándalo.

No hay que olvidar que el Tribunal Supremo anuló recientemente de forma parcial el indulto concedido a Sáenz en tiempos del PSOE. El Tribunal consideró en su sentencia dictada el pasado mes de febrero que el Gobierno se excedió en la aplicación del indulto. Se pretendía que al banquero no le afectara la normativa bancaria que le inhabilitaba para ser banquero por sus antecedentes penales (que ahora no se le aplicaría, dado que esa prohibición absoluta se ha eliminado por el PP). Es más, la decisión se adoptó por unanimidad de los ocho magistrados que integran la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, considerándose `ilegal´ el párrafo del Real Decreto que excluye `cualesquiera otras consecuencias jurídicas o efectos derivados de la sentencia, incluido cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años desde la publicación del presente Real Decreto´.

Aquella decisión judicial provocó que el Banco de España tuviera que decidir si Alfredo Sáenz debía abandonar su puesto como consejero delegado de Banco Santander, quedando inhabilitado para ejercer la actividad bancaria.

EVITAR SU INACTIVIDAD

En este punto, la opinión pública lo tiene claro: Sáenz busca únicamente que el Banco de España no tenga motivo alguno para entrar a valorar su honorabilidad o falta de ella. A este caso se podría aplicar aquello de que `muerto el perro, se acabó la rabia´. Si no hay cargo ocupado, no hay nada que investigar, y Sáenz puede evitar el juicio de la institución al que estaba abocado en caso de permanecer en su puesto. El exvicepresidente `huye´, por tanto, de sus responsabilidades, o al menos así lo entendió ayer la opinión pública, mientras el BdE se ve obligado a archivar el procedimiento que abrió tras conocerse la sentencia del Supremo.

Los lectores aseguraron que la situación era `insostenible´, desde el indulto del PSOE, pasando por la `bronca´ del Supremo, hasta la última modificación de la ley. Eso sí, ninguno de estos motivos se encuentran en la base de la decisión de Sáenz, que respondería a un simple criterio de autosupervivencia. Sáenz dimite porque de otro modo quedaría inhabilitado, y poco tiene que ver que `quede feo´ tener en la dirección de una entidad a alguien con antecedentes penales. En este punto nos encontramos lejos de otros países, como EEUU, donde `si un miembro del Consejo tiene antecedentes, ese banco pierde los derechos para operar con crédito de la Reserva Federal y, por extensión, deja de operar con productos de la FED´.

Los internautas imaginaron incluso las `disculpas´ que Rajoy habrá dado a Sáenz por obligarle a salir de Santander y no garantizarle buena nota en su examen con el BdE. `Probablemente Rajoy ha llamado a Botín y le ha dicho: Querido Emilio, Zapatero le indultó y yo he hecho todo lo posible con la reforma legal urgente. Pero si ahora el Banco de España autoriza la habilitación de Alfredo se me va a echar el país encima. Sobre todo después de lo del viernes. Compréndeme, querido Emilio, no puedo hacer más. Bueno ya hablaremos de ese asunto que tenemos pendiente...´, resumió un lector. Muy pocos ponen en duda que todas las disputas en materia bancaria se encuentran orquestadas, en lo que toca a la su dimensión política, por la vara del Gobierno de turno. La banca se considera un sector demasiado poderoso como para dejar sus asuntos al libre albedrío de la opinión pública.

LO PÚBLICO Y LO PRIVADO

Los internautas arremetieron ayer contra uno de los grandes males de la actualidad política: la férrea unión entre la banca y el Gobierno. Se trata de un problema que `lo abarca todo´ y que se manifiesta en todas las esferas posibles, desde los indultos hasta la concesión de ayudas públicas. Para los lectores, es vergonzoso que mientras se vive `la peor crisis de la historia reciente de España´, y con la población `pasando penurias´, el sector bancario `siga haciendo lo que quiere, poniéndose indemnizaciones tan escandalosas que son un insulto´. `Luego pedirán ayudas públicas porque su caída implica un riesgo para el sistema y los políticos les seguirán dando dinero público sin condiciones, y seguirán con ese cuento hasta que no tengamos un céntimo´, denunció un lector.

Lo mismo se comentó sobre la figura del indulto, totalmente `prostituida´ no sólo a manos del PP -que también, y mucho-, sino también del PSOE. `No voy a negar la necesidad de la figura del indulto, pero salvo en casos en que pueda estar justificado por razones de interés nacional, cualquier indulto debería estar avalado por el tribunal que juzgó el caso (`vale, le hemos tenido que condenar porque es lo que dice la ley, pero entendemos que este caso particular no está bien contemplado en ella´), e ir seguido de un informe explicando por qué la ley aplicada a ese caso particular no es justa, y las modificaciones que serían necesarias en la misma para que cumpla su finalidad de justicia en casos similares´, sentenció un lector. Se leyeron varias propuestas en sentido similar, pidiendo mayor control en la utilización de esta herramienta.

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