edición: 2596 , Jueves, 15 noviembre 2018
12/09/2013
Ante el fracaso de la Tasa Tobin

Los internautas critican la ineficacia de Europa para adoptar medidas contundentes para acotar a la banca

La opinión pública recoge sin sorpresas pero con indignación las pegas que el Consejo Europeo ha puesto al impuesto a las transacciones financieras
ICNr

La crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de atar en corto a la banca a través de nuevas regulaciones más estrictas –por ejemplo, en material de información al Estado y a los propios clientes-, pero también la de obligar al sector a no depender de las ayudas públicas en caso de bancarrota. La famosa Tasa Tobin, que pretende cobrar a las entidades por cada transacción para crear un fondo de rescate común, se ha elevado como fórmula para evadir la responsabilidad pública –que, por otro lado, jamás existió- y obligar a que la cura no proceda del bolsillo de los contribuyentes. Sin embargo, la Unión Europea ha puesto en duda que su aprobación mediante el procedimiento de cooperación reforzada cumpla con los requisitos de legalidad exigibles, un bache que parece difícil de salvar y que ha retomado el debate sobre la falta de eficacia de la Unión para dar soluciones a tiempo. 

Según informó ayer la prensa, el plan para imponer a partir de 2014 una tasa a las transacciones financieras en 11 de los países miembros de la Unión Europea, incluído España, `infringe´ los tratados de la UE y resulta `discriminatorio´ para los países no firmantes de la iniciativa, según recoge un documento elaborado por el Consejo de Servicios Legales de la UE al que han tenido acceso diversos medios. Y es que, tras muchas trabas por el camino y meses de negociaciones, la única fórmula posible para sacar adelante la tasa pasó por englobar a los once estados partidarios de esta medida y dejar fuera a los detractores. Es precisamente el uso de este mecanismo el que ha despertado las alertas en las instituciones comunitarias, que ya preveían en el primer borrador del texto la importancia de evitar defectos en material de competencia. 

En este marco, la batalla entre las instituciones comunitarias está servida: la Comisión Europea ya ha arremetido contra este dictamen y ha sostenido que la tasa a las transacciones financieras es `jurídicamente sólida y plenamente compatible con los tratados de la UE y el derecho internacional´. Asimismo, desde la Comisión se asegura que ésta `no plantea ningún riesgo de discriminación contra ningún Estado miembro, participe o no en la tasa´, en palabras de la portavoz de Fiscalidad, Emer Traynor.

Lo cierto es que las conclusiones de este organismo no son vinculantes, pero sí dan una pauta a seguir al legislador comunitario, que probablemente acabará creando un instrument mucho menos ambicioso de lo que se planificó en un primer momento. Es más, la primera version del texto ya sufrió algún achaque por el camino, en busca de un consenso global entre todos los Estados miembros que, finalmente, no llegó. De momento, los once países firmantes de la iniciativa, entre los que se incluyen España, Francia, Alemania e Italia, se encuentran estancados en sus negociaciones, marcadas por los detalles respecto a cómo debería aplicarse y qué alcance debería tener.  

Por ejemplo, en su documento, el Consejo de Servicios Legales cuestiona uno de los puntos fundamentales del proyecto, el denominado `principio de residencia´, que plantea gravar a las entidades en función de dónde se ubique su sede en vez de dónde se realice la transacción. Esta definición, según los expertos de la UE, `excede la jurisdición de los Estados miembros para aplicar tributos bajo las normas del derecho internacional consuetudinario, tal como se entienden en la UE´.

A ello se suma que la medida no sería compatible con los tratados de la UE, ya que `infringe las competencias fiscales de los Estados no participantes´. Es más, los juristas comunitarios encontraron que la creación de la Tasa Tobin resulta, en su redacción actual, `discriminatoria y probablemente llevaría a distorsionar la competencia en detrimento de los miembros no participantes´.  La Comisión sufre así un importante golpe, dado que la institución viene defendiendo desde hace tiempo la legalidad de amplio alcance de la propuesta. 

Además, con estos argumentos, los juristas de la UE dan la razón en parte a los argumentos esgrimidos en su día por Gran Bretaña, en su férrea oposición a la tasa a las transacciones financieras. Precisamente los internautas hicieron referencia a aquel país como uno de los grandes frenos a las políticas más ambiciosas de la Unión: `Es muy conocida la frase de un alto responsable de la eurozona que más o meno dijo que la desgracia es que siempre que los británicos se oponen al algo, al final tienen razón. Ellos se opusieron abiertamente a la Tasa Tobin, a menos que fuese implantada en el resto de los grandes centros financieros del mundo. Una vez más tuvieron razón´, apuntó un internauta. 

Entra así en el debate el problema de la falta de consenso a nivel global cuando se trata de adoptar medidas que perjudiquen a sectores como el financiero, que superan en tamaño e importancia a los propios Estados. Es cierto que las disfunciones en material de competencia han sido desde el principio escollo a la Tasa Tobin y, finalmente, este problema –tras años de negociaciones- promete acabar con la idea de su implantación. De ahí que la opinión pública criticara ayer la ineficacia de las instituciones –en especial, las comunitarias- por su lentitud y falta de determinación en la toma de decisiones relevantes.  

La situación molesta aún más si se tiene en cuenta que las mismas entidades que `presionan´, a juicio de la opinión pública, para evitar este nuevo impuesto, son las que han recibido miles de millones para salvar su situación. Y ese dinero, recordaron los lectores, procede ni más ni menos que del bolsillo de los contribuyentes. `Robar a los ciudadanos cargándoles deudas de la especulación bancaria se ve que no es un problema. Las ayudas públicas al sector financiero alcanzaron en 2011 los 84.195 millones, lo que equivale a 1.781 euros por habitante, según el informe anual de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Esta cifra, que supone un descenso del 3,3 por ciento con respecto al balance de 2010, no incluye los 39.000 millones del rescate y los otros apoyos al sector que llegaron entre 2012 y principios de 2013. Cuando se sume la cifra del rescate, el montante total subirá a 124.000 millones o, lo que es lo mismo, 2.623 euros por ciudadano´, recordó un lector.

A pesar de todo ello, a muchos internautas no les sorprende la noticia. `¿Por qué será que no me sorprende? Si fuera que la banca pueda hacer azotar en público a los morosos pobres (da igual que los ricos se lo lleven crudo) seguramente estos mismos no encontrarían problema alguno´, señaló un lector. `Sigo pensando que alguien tiene que darles un libro de historia a los políticos, porque intuyo no se dan cuenta del avispero sobre el que están sentados. Seguir apretando a los más pobres para beneficiar aún más a los ya beneficiados no es una solución a nada... Es una estafa y acabarán rodando cabezas´, comentó otro.

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