edición: 3001 , Jueves, 2 julio 2020
19/03/2012
Se pide eficiencia y recortes antes de buscar nuevos ingresos

Los internautas demandan pruebas de control sobre la capacidad de los gestores públicos

La deuda de las comunidades autónomas y el recorte en empresas públicas centran la atención de la opinión pública
Se rechaza frontalmente acudir al copago y fórmulas similares, especialmente si no se recorta el gasto en primer lugar
ICNr

La deuda pública de las comunidades autónomas, unida al cierre de un total de 24 empresas públicas y a la inminencia de los Presupuestos Generales para 2012, provocaron que los internautas se centraran durante el fin de semana en las medidas de ajuste -adoptadas y por adoptar- necesarias no sólo para cumplir con Bruselas, sino para lograr la sostenibilidad del sistema fiscal español. Y es que, tal y como recordaron los lectores vía Twitter, `que la deuda pública represente el 68,5 por ciento del PIB no significa mucho, pero que equivalga al 190 por ciento de la recaudación tributaria anual, sí´. La clave está en recortar el gasto, pero también en la  búsqueda de eficiencia. Por eso, se defendieron fórmulas innovadoras que introduzcan eficiencia en el sector, como el control de la capacidad de los gestores públicos.

El pasado viernes se aprobó el contenido del acuerdo de reestructuración de empresas y fundaciones del Estado. Tal y como lo explicó la portavoz del Gobierno, Saenz de Santamaría, se ha decidido la extinción del 24 sociedades, entre ellas, la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), a lo que se suma una desinversión en otras ocho sociedades y la agilización de la liquidación de otras 13. El plan de reducción de empresas públicas supondrá la eliminación de 154 consejeros de los consejos de administración, lo que supondrá un ahorro de algo más de un millón de euros, y a todo ello se suma que el Ejecutivo también simplificará los órganos administrativos de gestión patrimonial del Estado, creándose un organismo único para realizar esta función.

La noticia llegó justo después de que se conocieran y publicaran por parte de la prensa económica los últimos datos sobre el estado de la deuda española, cuyo punto más relevante fue el relativo a las comunidades autónomas. Los análisis se centraron en el hecho de que, mientras la deuda de los Ayuntamientos se ha estabilizado, la de las autonomías aumentó durante 2011. En concreto, ésta se situó al cierre del pasado ejercicio en 140.083 millones de euros, lo que supone una subida del 17,3 por ciento respecto al año anterior. La cifra equivale al 13,1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), nivel máximo de la serie histórica, según los datos del Banco de España.

A ello se suma la tendencia al alza de la deuda, que aumentó progresivamente durante el pasado año. La estadística recordó que desde 1995, el endeudamiento de las regiones no ha parado de crecer, batiendo en cada ejercicio récords históricos, y todo ello a pesar del compromiso de estabilidad presupuestaria. Además, atendiendo a qué comunidades fueron las más morosas, la lista la encabezan Cataluña, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

Por su parte, la deuda de las corporaciones locales se situó en 35.420 millones, cifra muy similar a la del cierre de 2010 (35.431 millones), lo que supone el 3,3 por ciento del PIB. La deuda del Estado central alcanzó los 559.459 millones de euros, tras crecer un 14,6 por ciento, que supone un 52,1 por ciento del total. El total de la deuda pública de España creció un 14,2 por ciento, hasta quedar en el 68,5 por ciento del PIB, por encima del 60 por ciento que permite la Unión Europea.

UN PASO EN LA BUENA DIRECCIÓN

Los internautas tienen claro que cualquier medida que implique `podar´ el entramado de empresas públicas será beneficiosa para el Estado. Es preferible optar por estas fórmulas que por un aumento de los ingresos vía copago o similares, fórmulas que fueron rechazadas en gran medida por la opinión pública. Se reclamó, además, la necesidad de poner al frente de los organismos públicos a auténticos gestores en lugar de a `políticos de segunda´, ya que, de otro modo, no se logrará la eficiencia deseada y, por tanto, nunca se logrará la necesaria mayor rentabilidad de estos entes. Otra propuesta pasa por instaurar unos `examenes de capacidad a las personas que se presentan a puestos electos´. `Al menos que se sometan a unas pruebas mínimas, como cualquier funcionario´, comentó un internauta. Son algunas ideas para buscar esa eficiencia, ya que `suprimir empresas, si no se suprimen al mismo tiempo todos los puestos de trabajo de amigos, amiguetes, amiguisimos, hermanos, hermanisimos, primos, primisimos etc., no vale para nada´.

En medio de estas reclamaciones se colaron críticas más extremas, emitidas por aquellos que se muestran contrarios al sistema de comunidades autónomas en general. Si esta organización desapareciera, se razonó, se eliminaría de un plumazo el problema. El modelo se definió como `la ruina de todos´, y no sólo por la existencia de duplicidades y de cientos de personas e instituciones más que mantener, sino también porque cuantas más manos estén implicadas en la gestión del dinero público, más se multiplicará la ineficiencia endémica de este sector. `Es lo que tiene tener 17 reinos con sus respectivos gobernantes y con sus altos sueldos, comilonas, viajes, asesores, secretarias, etc.´, comentó, por ejemplo, un internauta.

En este sentido, los lectores anunciaron que `la fiesta ha terminado´ y que, una vez probado el sistema autonómico durante décadas, toca pagar la factura, recapitular, y buscar alternativas más eficientes. Las autonomías `quedan bonitas, banderitas de colores, dialectos diversos, folclore, bailes regionales, identidades históricas, deudas históricas, diversidades históricas, AVE por aquí y por allá, parlamentos, embajadas, coches oficiales, TV públicas, funcionarios, interinos, amiguetes, familiares directos a colocar, etc... Pero ahora toca rascarse el bolsillo para pagar a escote los despilfarros´.

Tampoco faltaron defensores del sistema autonómico: `no acabo de entender por qué se hace tanto énfasis en la deuda de las autonomías´, comentó un lector, que recordó que, resumiendo los datos, la deuda de la comunidades es del 13 por ciento, la del Estado del 52 y la de los ayuntamientos del 3 por ciento. `En conclusión, a pesar de que las CCAA prestan el 90 por ciento de los servicios sociales, su deuda es sólo del 13 por ciento´.

En la misma línea de defensa del sistema autonómico otros internautas recordaron que `las grandes partidas de gasto de las comunidades son sanidad y educación. `Sólo hay que ver los presupuestos generales del Estado y los autonómicos para constatar que donde hay que recortar es en los gastos absurdos del Estado, y no obligar a las autonomías a recortar en lo que realmente afecta al ciudadano de a pie´. Del mismo modo, una de las partidas de gasto más importantes está en el `despilfarro en las infraestructuras, doblando los presupuestos iniciales´.

LAS MEDIDAS QUE VIENEN

Del Consejo de Ministros del pasado viernes se sacaron dos cosas en claro: el copago en sanidad `no está sobre la mesa´, y la posibilidad de crear nuevos tributos en los próximos Presupuestos Generales del Estado queda descartada. Eso sí, en palabras de Sáenz de Santamaría, `como mucho´ se podrán subir los tributos ya existentes. Los lectores aprovecharon para mostrar su oposición a cualquier fórmula que pase por aumentar la recaudación en lugar de limitar el gasto -excepto en lo referente a controlar el fraude fiscal- y, muy especialmente, la del copago sanitario, medida que, para los lectores, `no estará en la mesa en este Consejo de Ministros, pero lo estará el día 26´. Lo mismo ocurre con la posibilidad de que se paguen los fármacos en función de la renta: `Lo más efectivo y canallesco para bajar las pensiones es cobrar las medicinas a los jubilados´, se auguró. 

Esta y otras políticas de similar índole se consideraron egoístas, y se pidió una profunda reflexión sobre los pilares del Estado tal y como se ha concebido desde que comenzó la andadura democrática. En definitiva, hay que huir de políticas `propagandísticas y de maquillaje´ y, al contrario, se debe entrar `donde se derrocha dinero de verdad´, aunque ello suponga un enfrentamiento con los privilegiados.

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