edición: 2787 , Jueves, 22 agosto 2019
05/10/2014
Gastos ocultos

Los internautas piden una investigación profunda del caso de las tarjetas de Caja Madrid

La opinión pública habla de una práctica extendida más allá de estas entidades y pide reformas legislativas
ICNr

El escándalo de las tarjetas de crédito ocultas a los ojos de Hacienda por parte de Caja Madrid lleva días ocupando portadas en la prensa online y acaparando comentarios de los internautas. El caso se ha convertido en paradigma del descontrol interno en las cajas de ahorros y su falta de transparencia externa, pero, más allá de ello, se trata de un ejemplo más del despilfarro de los años del boom económico y de las prácticas poco éticas por parte de las llamadas élites económicas y políticas del país. Los ciudadanos temen que este caso se haya repetido en otras entidades y reclaman investigaciones que arrojen luz sobre las dimensiones de esta mala praxis.

Desde el momento en que se destapó el escándalo, la opinión pública se ha volcado en el análisis de cada noticia relacionada. Por ejemplo, en las declaraciones del presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ramsés Pérez Boga, quien aseguró ayer que cree que el uso de las tarjetas `black´ es un tipo de corrupción focalizado en las cajas de ahorros, por lo que espera que el plan de inspección de Hacienda centrado en las empresas del Ibex 35 no arroje grandes escándalos.

De hecho, Hacienda aseguró el pasado viernes que va a lanzar un plan de inspección centrado en estas empresas para conocer si utilizan tarjetas de crédito ocultas al fisco, tras el escándalo surgido entre los directivos de Caja Madrid, que gastaron más de 15 millones de euros entre 2003 y 2012 a través de estas `tarjetas en b´. Pérez Boga cree que este tipo de acciones podrían estar más focalizadas en las cajas, entidades escasamente controladas y con una fuerte presencia de cargos políticos. A su parecer, las tarjetas black son esquemas de corrupción `burdos´ y poco habituales en sociedades mercantiles.

Las empresas del Ibex, tal y como explicó Pérez Boga, ya se someten a muchos controles y de forma habitual, por lo que el plan de Hacienda no debería sacar a la luz grandes resultados de carácter económico, aunque sí ayudará a lanzar un mensaje de control sobre este tipo de acciones. Con todo, hay mucho trabajo por hacer teniendo en cuenta el punto de partida: antes de la reestructuración financiera, en España había unas 45 cajas de ahorros, que ahora se han reducido a dos -Caixa Ontiyent y Colonya Caixa Pollença-. El resto, se han bancarizado o convertido en fundaciones.

En cualquier caso, el presidente de los inspectores resaltó la necesidad de diferenciar los casos de fraude fiscal con tarjetas de gastos de representación -muy extendido entre las grandes y las medianas empresas-, de los casos como el de Caja Madrid, que son casos de corrupción. Así, en este supuesto se ha despatrimonializado una entidad´, de modo que los directivos y consejeros de Caja Madrid se llevaron dinero de la caja sin más y ocultaron su rastro para que el fisco no lo detectara. Fruto de ello ya se han producido dimisiones como la del secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez; Ángel Gómez, que ha abandonado la directiva del PSM; el histórico miembro de CCOO, Rodolfo Benito y el director de gabinete del secretario de Estado de Hacienda, José María Buenaventura.

UNA PRÁCTICA EXTENDIDA

La opinión pública tiene muy claro que el tipo de práctica protagonizada por la cúpula de Caja Madrid probablemente no es aislada y, al contrario, debe ser el `día a día´ de muchos sectores. Especialmente, los internautas hicieron referencia al caso de las constructoras y aseguraron que en este ámbito es en el que, con toda probabilidad, se han producido los peores abusos y malas prácticas fiscales. Por ello, los internautas abogaron ayer por una investigación profunda y por llevar a cabo las reformas legales necesarias para acotar este tipo de prácticas. Y es que se considera excesivo `haber dado 40.000 millones a Caja Madrid para pagar a estos tipos que, además de cobrar (como Blesa, 3.500.000 al año), no tienen reparo en gastar otro 436.000 para sus gastos´. 

En cualquier caso, algunos internautas mostraron una visión más pesimista y aseguraron que da igual que investiguen si `el resultado ya lo sabemos todos: inocentes como Blesa´. `Yo entiendo que tengan que hacer el circo ahora para justificar a los ciudadanos su trabajo, pero, como ya sabemos, no va a pasar nada. Ahora bien, ojo con que al de la tienda de congelados lo cojan con una factura de 300 euros sin IVA porque se le cae el pelo´, criticó un lector. Y es que, a juicio de los internautas, parece que la justicia `no es igual para todos´, ni tampoco la vara de medir, dado que se tipifican ciertas conductas –especialmente las relativas a delitos económicos y contra el Fisco- con penas mucho más leves que otras menos graves.                                                                                   

También se comentó que cualquier cambio legal para subsanar ese vacío de transparencia promete quedarse corto: `¿Y si sale que sí, qué van a hacer? Como mucho crear un código de buenas prácticas, pero a la cárcel no irá nadie, por mucho que tenga que haber un responsable máximo y las cantidades superen lo tipificado para ser delito, y si no, al tiempo... Será como con la Infanta, que no sabía de números...´, auguró un lector. 

Además, los internautas hablaron del posible electoralismo de la investigación: `La pregunta es cuánto tardarán.
A mí me suena a medida electoral´, aseguró un internauta. Por eso, lo preferible es que `primero devuelvan el dinero la lista de los 86, y después que Hacienda tome las medidas que tenga que tomar y luego que la justicia actúe, pero de verdad, no de cara a la galería´.
Sólo así `empezaremos a entrever luz entre tanta corrupción´. 

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