edición: 2346 , Viernes, 17 noviembre 2017
21/10/2014
Tras las propuestas del Círculo de Empresarios

Los internautas reclaman condiciones laborales más duras para funcionarios y empleados públicos

La opinión pública asegura que este sector no ha sufrido el mismo ajuste que el privado y niega la justificación de privilegios
ICNr

La crisis ha traído de la mano un duro ajuste del mercado laboral privado que, sin embargo, se ha producido de manera mucho más leve en el público. Precisamente esta es uno de los puntos más criticados por los ciudadanos en lo que a desempleo se refiere: los internautas acusan al Gobierno de descuidar la necesidad de ajustar el tamaño de la Administración y, a pesar de las quejas de los funcionarios, aseguran que los recortes y congelaciones en este ámbito están a años luz de las del resto de trabajadores. Con todo, el debate está cargado de matices. La opinión pública aprovechó ayer la última propuesta del Círculo de Empresarios en materia de despidos en la Administración para reavivar el conflicto. 

La institución defendió ayer, en su informe sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2015, una nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral, en la que debería incluirse una reformulación del modelo de contratación, remuneración y despido del sector público asimilándolo al privado. Se habla también de un contrato a tiempo parcial más flexible, o de condicionar la percepción de la prestación por desempleo a la aceptación de oferta o un salario mínimo interprofesional para jóvenes vinculado a la formación. 

El objetivo es evitar que la recuperación económica `pierda dinamismo´ y, a juicio de los Empresarios, los PGE de 2015 son poco ambiciosos en lo que a reducción del déficit público se refiere, algo que no ayuda a alimentar la esperanza en la recuperación. En rueda de prensa, el vicepresidente de la institución, Ingemar Naeve, mostró también su preocupación por el hecho de que se vaya a hacer uso del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Pero la idea que más controversia generó entre la opinión pública fue la relativa al régimen de los trabajadores del sector público, para los que se pidió un nivel de exigencia en materia de eficiencia idéntico al del sector privado. Sobre este punto, el presidente del Comité de Presupuestos de la organización, Manuel Pérez-Sala, aseguró que hay `muchas cosas de qué hablar antes del despido´, como de la proporción de trabajadores funcionarios frente al de empleados públicos, la movilidad `sana´ entre las administraciones o de revisar el sistema de promoción de estos trabajadores.

Ello permitiría acometer, aseguró, una reducción del gasto que permitiría un margen para ir profundizando en la reforma fiscal, con una reducción de hasta dos puntos porcentuales de las cotizaciones sociales para crear más empleo, lo que repercutiría a su vez en un menor gasto en desempleo y mayores ingresos para el sistema de pensiones. Pérez Sala llamó también a reforzar la lucha contra el fraude para ensanchar las bases de cotización.

También en clave laboral, la apuesta es que las indemnizaciones por despido se equiparen para los contratos temporales e indefinidos, convergiendo hacia los 18 días por año trabajado. Además, defiende avanzar en la racionalización y simplificación del sistema de contratación en tres grandes contratos: indefinido, por necesidades empresariales (con duración determinada) y juvenil o de formación. Por otra parte, consideran necesario reducir el peso de las Administraciones Públicas en la economía, y apuestan porque esté comprendido entre el 35 y el 40 por ciento del PIB, en lugar del 44 por ciento actual.  

Si los internautas suelen ser reacios a aceptar cualquier propuesta de reforma laboral que venga del sector empresarial, cuando se trata del sector público las voces a favor se multiplican, aunque, claro está, el funcionariado se opone en rotundo y defiende sus derechos adquiridos a través de un duro sistema de oposiciones. Sin embargo, para quienes se mueven en el sector privado, los salarios y condiciones laborales de quienes forman parte de la Administración, sea `a dedo´ o por plaza vitalicia, se encuentran totalmente alejados de la realidad del mundo empresarial y, partiendo de esa base, cualquier ajuste que se haya llevado a cabo en los últimos años se queda en nada en comparación con la empresa privada. 

En este marco, se habla de la necesidad de introducir filtros de eficiencia, objetivos mínimos por cumplir en cada puesto de trabajo, y se suscribe la idea de crear un sistema de promoción interna más exigente. La movilidad geográfica también se considera un punto fuerte en el que trabajar para incentivar a empleados públicos y funcionarios. Se rechaza además el argumento de los funcionarios según el cual éstos proponen rebajar su rendimiento tanto como su sueldo: para un gran número de internautas, ese ajuste salarial que se ha producido más crudamente en el sector privado ha supuesto además un mayor esfuerzo en el trabajo. El ajuste es, por tanto, doble para los empleados que queda fuera de la `burbuja´ pública, motivo de más para reclamar más eficiencia a los segundos. 

Así, aunque los empresarios y las asociaciones que les representan despierten nula simpatía entre la mayor parte de los ciudadanos, son muchos los que creen que los funcionarios `deberían tener exactamente la misma legislación laboral que el resto de los ciudadanos´. `Es más, cobran de lo que nosotros pagamos y no deberían tener ningún privilegio diferente´. Los lectores hablaron también del problema del `enchufismo´ y dan por hecho que la mayor parte de los puestos a los que se accede sin oposición –y a veces también estos últimos- son cubiertos sin tener en cuenta méritos propios, sino vínculos personales. Partiendo de esta base, poco puede esperarse cuando, además, el nivel de exigencia del sector público es muy inferior al del privado. 

Es más, no faltaron internautas en contra de la idea de que un funcionario que esté en una Administración se encuentre `blindado al igual que un militar, policía, etc.´, mientras `los trabajadores que trabajen en una empresa privada estén acojonados por poder despedirlos al mínimo antojo del empresario´.  Así, tal y como resumió un lector, `en una cosa tienen razón: hay que acabar con los privilegios de los funcionarios y que sus contratos sean laborales. Se debe contratar y despedir funcionarios como ocurre con cualquier trabajador. Y sobre todo, la selección de personal debe ser por métodos del siglo XXI (entrevistas, currículum, experiencia, psicotécnicos...) de forma que el candidato sirva para el puesto, y no por medios del siglo XVIII (oposiciones) que sólo garantizan funcionarios que no sirven para el mercado laboral privado y que luego no saben nada, como podemos comprobar cualquiera que tiene que hacer trámites en la Administración´.

Eso sí, se subrayó la necesidad de que ciertos cuerpos sigan formándose a través de oposiciones, a saber, seguridad, justicia, sanidad y enseñanza. `En todo lo demás, debería estar privatizado: el dinero público debe ir para lo realmente importante´, sentenció un lector.

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