edición: 2616 , Viernes, 14 diciembre 2018
14/12/2011
Amenaza de impago

Los internautas reclaman que los posibles impagos de la Generalitat no afecten sólo a funcionarios y proveedores

La amenaza catalana despertó la alarma entre los lectores, que reclaman que el recorte también afecte a los altos cargos
La morosidad pública también acaparó la atención de la opinión pública: se censura que la Ley de Morosidad no funcione y se incumpla sistemáticamente
Cae la renta per cápita y los ciudadanos censuran que el coste lo asuma la clase media y que, además, los políticos sigan pidiendo esfuerzos
ICNr

La amenaza de un posible impago a los funcionarios catalanes en caso de que el Gobierno no abone a la Generalitat los 759 millones de euros que prevé el Estatuto catalán despertó ayer la señal de alerta entre los internautas. La Generalitat ya ha anunciado que llevará a los tribunales al Gobierno por su anuncio de no pagar tal cantidad, vinculada a la Disposición Adicional Tercera del Estatut catalán, a pesar de que, según Salgado, el pago de esa suma es una `posibilidad de gasto´ y no una obligación.

Según el Govern, con esos 759 millones de euros se preveía sufragar los gastos de tesorería de este mes de diciembre. De ahí que su impago pueda suponer, “un eventual retraso en el pago a proveedores y en el abono de pagas a los trabajadores públicos”, según el portavoz del Gobierno, Francesc Homs, que ya reclama `compresión y confianza´ a los trabajadores de la administración pública ante un posible retraso en los pagos a proveedores y funcionarios.

Ante esta situación, los internautas criticaron que sea siempre el `último escalón´ el que tenga que pagar las consecuencias de la crisis, porque lo que está claro es que los políticos, alcaldes, concejales, cargos de libre designación, asesores diversos y `gente de esa´, cobrarán puntualmente y `acaso con algún plus sin definir´ pero que `a buen seguro complementará la pagaza extraordinaria, los aguinaldos y algún que otro obsequio de clientes agradecidos y proveedores que, a pesar de no cobrar; siguen siendo fieles a la causa´, mientras para el resto -policía, bomberos, sanitarios, maestros,etc.- la situación será muy crítica y `habrá que sumar esfuerzos y sacrificios´.

De otro lado, poca solidaridad mostró un importante sector de la opinión pública ante la situación de los funcionarios ya que, si los proveedores se ven forzados a esperar para cobrar, es `lógico´  que los funcionarios esperen el mismo tiempo. Y es que los proveedores también tienen trabajadores contratados y, en definitiva, los impagos que les afectan suponen que otras familias tampoco puedan vivir de sus sueldos. La comodidad con que viven los funcionarios volvió a justificar toda medida en su contra. Los autónomos, por ejemplo, denunciaron que ellos llevan `aguantando el chaparrón´ durante años, sin pagas extra ni similares, para lograr sostener sus negocios.

Sin embargo, se censuró también que se reste presupuesto a este sector cuando cantidades millonarias de dinero se destinan constantemente a `los financieros´, sobre todo porque `todos sabemos que un banquero gasta mas que diez mil funcionarios´. Además, lo último que necesitan los autónomos y pequeñas empresas es que los funcionarios `tengan menos para gastar´. Por eso, se demandó que este `eventual retraso´ afecte también en el cobro de nóminas, tarjetas cuentas de gastos, coches, etc. de los políticos, entre otros, y se deje de asfixiar a los mileuristas.

En todo caso, se criticó a la Generalitat por pedir cuenta al Estado cuando `lo curioso del caso es que la propia Generalitat debe al Estado algo más de 1.300 millones´ por haber presupuestado por encima del gasto real, de forma que este importe adelantado en exceso `han de devolverlo´. Se criticó, en este sentido, que Rajoy haya decidido que se puedan devolver esas sumas en diez años, cuando el plazo anterior era de cinco.

MOROSIDAD PÚBLICA

Mientras, también se denunció ayer que la deuda de las Administraciones con el sector de los autónomos vuelva a batir récords. Las Administraciones deben 15.229 millones a este grupo, a lo que se suman los 16.700 millones que debe el sector privado. Una situación que ha obligado a cerrar sus negocios y su actividad a 300.000 autónomos, según Lorenzo Amor, el presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y que fue calificada por la prensa económica como `el lastre de pymes y autónomos´.

En este sentido, ATA denunció el fracaso de la Ley de Morosidad, repleta de `insumisos´, ya que `el 90 por ciento de las Administraciones Públicas la incumple y estas administraciones, con sus impagos, se han convertido en el principal foco de destrucción de empleo de autónomos y microempresas´. Por ello, se pide que el nuevo Gobierno cree un régimen sancionador para los responsables admnistrativos, incluyendo la inhabilitación por mal uso de las finanzas públicas.

La opinión pública criticó duramente esta situación y defendió la necesidad de que la justicia intervenga Ayuntamientos, Comunidades y Administraciones Públicas, así como a `todos los responsables y gestores negligentes´. Distinta sería la situación si actuáramos como en Finlandia, ejemplo a seguir para muchos. En definitiva, se trata de un problema de justicia, que es `la base en una sociedad desarrollada´. Por tanto, se debe aplicar la misma Ley tanto a la personas -físicas o jurídicas- que causen un daño a un componente o grupo, como a las Administraciones. En este sentido, el principal problema de la actual Ley de Morosidad, modificada precisamente para acortar plazos y garantizar el cobro por parte de los proveedores, es su enorme incumplimiento: “nadie cumple los plazos, nadie paga a 60 días, tal y como marca la nueva Ley”, denunció un lector. Algunos afectados expusieron sus casos personales, denunciando impagos por parte de la Administración durante años, durante los cuales habían abonado religiosamente sus impuestos -con recargos incluidos en caso de retraso- para evitar embargos. Ante ello, se pidió aplicar los mismos recargos a la Administración y poder compensar lo que se debe.

CAE LA RENTA PER CAPITA

Otra estadística se convirtió en noticia ayer: la que apunta que la riqueza per cápita de los españoles volvió a caer en 2010 como consecuencia de la crisis económica situándose ocho puntos por debajo de la media de la Eurozona, pero en el mismo nivel que la media comunitaria, según los datos publicados ayer por la oficina estadística comunitaria, Eurostat. A ello se suma que el PIB por habitante de España cayó del 103 por ciento de la media de la Unión Europea en 2009 al 100 por ciento en 2010, un punto menos que en la anterior estimación de junio.

La noticia generó un gran número de tuits en la red social Twitter, en los que se resaltaron algunas claves de la estadística. Por ejemplo, que los españoles volvemos a estar como en 2002, ya que somos `ocho puntos más pobres que la media europea por la crisis´, que España se encuentra en el puesto 13 de la UE, o, simplemente, que España `no levanta cabeza´. Y eso que , en nuestro país, sí ha aumentado el número de ricos y las diferencias en la distribución de la renta, según los internautas, lo cual quiere decir que esa bajada media en la renta per cápita se debe al empobrecimiento de la clase media.

De ahí que se denunciara que, en ciertos aspectos, sigamos en un país que `no ha salido de las posguerra´, y en el que los políticos y personajes públicos piden esfuerzos a los ciudadanos que están en paro, con hijos, hipotecas y con necesidades básicas que no pueden cubrir cuando `en el sector público celebran la cena de Navidad de empleados en restaurantes de lujo y tienen la desvergüenza de recibir regalo de Navidad´.

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