edición: 2616 , Viernes, 14 diciembre 2018
27/05/2015
Medidas contra las ejecuciones hipotecarias

Los internautas se dividen a la hora de valorar la conveniencia de la ley antidesahucios andaluza

El Tribunal Constitucional ha frenado la norma basándose en la falta de competencia de la comunidad
ICNr
Más allá de las elecciones del pasado domingo, ayer hubo otra noticia que llamó especialmente la atención de los internautas, y que se relaciona mucho con la victoria de Ada Colau en Barcelona: el Tribunal Constitucional ha aceptado el recurso del Gobierno central contra la ley andaluza antidesahucios, que preveía la expropiación de viviendas vacías en manos de los bancos, y ha anulado los aspectos de esta norma que considera que invaden competencias exclusivas del Estado. Los internautas se dividen a la hora de valorar esta norma y, sobre todo, se preguntan si las cosas pueden cambiar de cara al futuro teniendo en cuenta que las fuerzas antidesahucios comienzan a ganar posiciones en política. Tal vez la norma sea nula por tocar una competencia central, pero en no muchos meses podrían ser las propias Cortes Generales las que tocaran esta normativa.
En concreto, la sentencia difundida ayer anula parcialmente el decreto-ley andaluz, dado que considera que la expropiación de dichas viviendas invade la competencia exclusiva del Estado en materia de "coordinación de la planificación general de la actividad económica". La sentencia, que cuenta con tres votos particulares, entiende que el decreto-ley andaluz obstaculiza (con las expropiaciones) la eficacia de las medidas de política económica desarrolladas por el Gobierno.

Además, aunque el Constitucional acepta las razones de urgencia que expuso el ejecutivo andaluz para legislar en esta materia a través de un decreto-ley, sí anula determinados preceptos de la norma porque restringen el derecho de propiedad, un ámbito que solo puede verse afectado por normas con rango de ley. Así, el artículo del decreto ley andaluz que establece para el propietario de una vivienda "el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico", queda anulado. No por razones de fondo (en las que el Tribunal no llega a entrar) sino porque, en su caso, debería ser aprobado a través de una ley formal.

El TC recuerda en su fallo también que el recurso del Gobierno central exponía asimismo que la norma andaluza "interfiere en el modo en que el Estado ha ejercido su competencia en materia de bases de la planificación general de la economía, lo que en última instancia supone un menoscabo del ámbito competencial reservado al Estado". Además, el Estado habría adoptado medidas que "determinan de un modo homogéneo" para todo el país "los sacrificios que se imponen a los acreedores hipotecarios para aliviar la situación de sus deudores", dice la sentencia.

Estas medidas regulan "el mercado hipotecario en su conjunto y, al tratarse de un subsector decisivo dentro del sector financiero, inciden directa y significativamente sobre la actividad económica general". Además, las medidas cumplen con "todas las exigencias de la doctrina constitucional relevante, constituyen un correcto ejercicio de la competencia estatal en materia de bases de la planificación económica" y no invaden el ámbito competencial autonómico.

En cambio, dice el TC, el decreto-ley andaluz hace en su disposición segunda "un uso de la competencia autonómica en materia de vivienda que menoscaba la plena efectividad de la competencia estatal" y afecta a un ámbito material que ya había sido regulado por el Estado. Y por eso estima que debe ser anulada esa parte de la norma, que resulta inconstitucional. La sentencia cuenta con los votos particulares de la vicepresidenta, Adela Asúa, y de los magistrados Juan Antonio Xiol y Encarnación Roca. Al de ésta última se ha adherido el magistrado Fernando Valdés.

UN ÁREA POR LEGISLAR

Del lado de la opinión pública, lo cierto es que existe una división profunda que viene de muy atrás con respecto a qué debe hacerse con el problema de las ejecuciones hipotecarias. Como siempre, hay quienes las achacan al gasto desmedido la situación de desamparo actual de muchas familias. Al contrario, otros muchos recuerdan que la crisis actual carece de precedentes y que ha sacado del mercado laboral durante años -y tal vez para siempre- a muchas familias, también de clase media, que podrían haber soportado perfectamente la carga de su hipoteca de haber contado con un puesto de trabajo “normal”.

La situación es, en cualquier caso, compleja: de un lado se defiende el derecho de las personas a una vivienda digna; y de otro se critica que se utilice dinero público para rescatar a quienes han vivido “por encima de sus posibilidades”. Eso sí, son muchos los partidarios de salvar a personas antes que a entidades bancarias: las reminiscencias al rescate financiero se dejaron ver una vez más en los comentarios de los internautas, que recordaron la ingente cantidad de dinero público entregada a estas entidades privadas a costa del bolsillo de los ciudadanos.

Más allá de ello, también se recordó que las sucesivas reformas de la Ley Hipotecaria para proteger el derecho a una vivienda digna de miles de familias en toda España han sido perfectamente inútiles, por no paliar el problema de raíz y por seguir yendo un paso por detrás de los dictados de Europa, mucho más estricta en la protección al deudor hipotecario. Da la impresión de que se ha legislado para “escurrir el bulto”, y no para solucionar el problema, dejando atrás la posibilidad de obligar a la banca –al menos a la rescatada con dinero público- a dar opciones a los deudores.

Por eso las propuestas como la de Colau, al frente desde hace tiempo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), prometen hacerse un hueco aun mayor en el ideario de los ciudadanos, en referencia directa a la tan comentada dación en pago. ¿Es esta una fórmula conveniente? Los internautas se dividen a la hora de valorarla, aunque son muchos los partidarios de que “el que no pueda pagar devuelva la casa y fin del cuento”, le pese o no a la banca esta fórmula, genere la inseguridad jurídica que genere.

Otra cosa es la expropiación de viviendas vacías, propuesta de la norma andaluza tumbada ayer por el Tribunal Constitucional. “Expropiar es evidente que se puede hacer, pero con la indemnización correspondiente. Seguramente los bancos estarían encantados si se les da el precio justo, ya que se quitarían ese muerto de encima”, aseguró un lector. Así, algunos aseguraron que el problema “no se soluciona expropiando”, sino “cambiando la Ley Hipotecaria”. En este sentido, muchos internautas aplaudieron que el Tribunal Constitucional “en este caso actuara raudo, y no con la pereza con que se toma lo del aborto o la empantanada

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