edición: 2413 , Viernes, 23 febrero 2018
21/10/2016

Los inversores internacionales, alarmados por una consulta de PDVSA al Tribunal Superior de Justicia

La petrolera estatal pregunta si puede cancelar bonos en dólares con bolívares y desata una tormenta
Carlos Schwartz
Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) ha elevado una consulta a la sala político administrativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del país en la que pregunta si se pueden cancelar bonos denominados en dólares pero colocados en el mercado interno en moneda local, el bolívar. El texto indica que, de conformidad con el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela “los pagos en moneda extranjera se cancelan, salvo convención especial, en moneda de curso legal al tipo de cambio corriente en el lugar de la fecha de pago”. La cuestión que se pretende dilucidar con el recurso de interpretación es si PDVSA puede liberarse válidamente de su obligación efectuando el pago de los bonos en moneda de curso legal en el país (bolívares), tal como lo establece la Ley del Banco Central de Venezuela, o si el solo hecho de que el valor facial de los bonos esté denominado en moneda extranjera, es suficiente para entender que existe una “convención especial” a los efectos de excluir el pago de los bonos en bolívares, al tipo de cambio corriente de mercado.
La información filtrada a un medio local desató una reacción inmediata entre los inversores internacionales y hasta las agencias de calificación de riesgos terciaron en la cuestión. Tanto el estado de Venezuela como PDVSA tienen fuertes amortizaciones a lo largo de este año y el que viene. Octubre tiene diversos vencimientos uno de ellos de PDVSA el 28 próximo por importe de 1.000 millones y otro el 2 de noviembre por importe de 2.200 millones de dólares. La petrolera estatal ha ofrecido un canje de bonos para emisiones con vencimiento en 2016 y 2017 por bonos con vencimiento en 2018, 2019 y 2020.

El presidente de PDVSA y ministro del Petróleo Eulogio del Pino afirmó en su cuenta de twitter que la publicación es un sabotaje de la oposición al Gobierno. La publicación reproduce sin embargo parte del texto de la consulta en facsímil.

Para los inversores institucionales el pago en bolívares de bonos denominados en dólares supone un incumplimiento contractual. Una interpretación del pago en bolívares es que equivaldría a un evento de crédito, es decir a un impago al violar condiciones contractuales.

Mientras, PDVSA ha dicho a sus bonistas que el plazo para la aceptación de su oferta de canje vence hoy a las 17.00 hora de Venezuela y que en caso de no haber aceptación declararía el impago de la deuda. Este emplazamiento les habría allanado un porcentaje de conversión del orden del 45% según algunas fuentes privadas mientras que los funcionarios de PDVSA sugieren que pueden tener hasta un 70% de canje de bonos. Parte de la incertidumbre de los inversores internacionales es la posibilidad de que la petrolera esté enmascarando su incapacidad de pagar mediante la consulta al TSJ. Hasta ahora tanto Venezuela como PDVSA han honrado sus pagos internacionales aún a costas de las exiguas reservas en divisas del país y del desabastecimiento en parte provocado por la incapacidad de importar bienes de primera necesidad por la falta de divisas internacionales. La petrolera por ejemplo debe importar combustible para el mercado interno y para hacerlo tiene serias dificultades de pago.

El analista de Fitch Ratings dedicado a PDVSA considera que si el pago se hiciera en la moneda local se consideraría un canje de deuda en morosidad encubierta y eso equivaldría a un impago. De ocurrir este escenario la calificación de impago detonaría el pago acelerado de la deuda de la petrolera y amenazaría sus exportaciones de petróleo que son la única fuente significativa de ingreso de divisas del país.

Un escenario de este tipo conduciría al caos en la medida que los acreedores internacionales intentarían el embargo de los barcos de la petrolera y se suspenderían los pagos de las exportaciones de crudo porque serían reclamadas por los acreedores también. Esta posibilidad es la que ha llevado hasta ahora al Gobierno a evitar una suspensión de pagos con las consecuencias descritas.

El volumen total del canje ofrecido a los bonistas para 2016 y 2017 es de 7.000 millones de dólares y el presidente de la petrolera señaló que la sustitución de los vencimientos supondría un alivio para las cargas financieras de la empresa. Del Pino se mueve en la convicción de que el precio del crudo estará cuando menos en lo 55 dólares por barril en 2017 lo que supone una sensible mejora de los ingresos de PDVSA y por tanto un mejor escenario para cumplir con los compromisos de pago.

Como resulta evidente es esta extrema escasez de divisas lo que impulsa al ministro del Petróleo del país a bregar por una reducción de la producción de crudo por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que debe tomar en su reunión del 30 de noviembre una decisión al respecto. Los analistas coinciden en que el precio del crudo el año que viene se va a recuperar, aunque nadie arriesga un precio.

Los comentarios de los analistas sitúan al barril de crudo en el horizonte de los 60 a 70 dólares por barril el año que viene. PDVSA mantiene a Citibank como agente pagador de intereses, amortización y capital para las emisiones sustitutivas pero tuvo serios problemas en encontrar una entidad avalista de las emisiones de acuerdo con el presidente de la petrolera estatal. Las agencias de calificación de riesgos no han objetado las condiciones del canje que de acuerdo con fuentes de medios financieros “son beneficiosas para los inversores, pero incorporan de hecho un riesgo político alto”. El problema real sería que se tomaran decisiones de amortización que puedan ser interpretadas como una suspensión de pagos señalan las fuentes de medios financieros que no excluyen la posibilidad de un impago por parte de Venezuela.

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