edición: 2616 , Viernes, 14 diciembre 2018
13/06/2012
EL DEDO DE MADOZ

Los inversores internacionales desconfían de la deuda por una economía en virtual depresión

La consolidación fiscal de la crisis bancaria despierta el temor a una reestructuración soberana
El servicio anual de la deuda se incrementará en no menos de 3.000 millones de euros con esta operación
Mariano Rajoy, presidente del Gobierno
Carlos Schwartz

La operación de imagen apoyada en un compromiso por parte de la Unión Europea (UE), el Consejo Europeo por la vía de los ministros de economía del Eurogrupo, con el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI) consistente en anunciar un aporte de hasta 100.000 millones de euros para el saneamiento de los bancos españoles ha fracasado. Es difícil prever que más pueden hacer estas fuerzas coaligadas ahora. Es probable que no puedan ir más allá que cruzar los dedos y esperar. Esperar a un resultado de las elecciones griegas que no implique la revisión de los pactos fiscales alcanzados con Atenas sobre el cadáver de dos partidos, el socialista PASOK y el centrista Nueva Democracia.

Fuentes financieras vinculadas a inversores institucionales extranjeros señalaban dos motivos centrales para el fracaso de la operación. El primero es la falta de concreción y la absoluta incertidumbre sobre quien y como prestará el dinero. Cual de los dos fondos lo dará: si el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) o el Mecanismo de Estabilidad Europea (MEE), que inicia su vida en julio. Existen importantes diferencias jurídicas entre ambos. El nuevo mecanismo tiene carácter de acreedor privilegiado, es decir goza de la prerrogativa de cobrar antes que cualquier otro. El FEEF no. Existen fuertes indicios y versiones de fuentes financieras que el encargado de prestar el dinero sería el MEE. Esto ha despertado el temor entre los acreedores ordinarios del Reino de España de que en el caso de un impago soberano ellos se queden sin cobrar.

Tampoco se sabe si en el proceso de inyectar capital a los bancos en crisis serán sacrificadas algunas clases de acreedores, especialmente los tenedores de la deuda subordinada, que pueden quedar con papeles incobrables si las cosas salen mal. Pero lo que es percibido como una amenaza mayor es el hecho cierto de que el rescate de los bancos mediante un crédito condicionado de la UE traspasa la crisis bancaria al Presupuesto del Estado por la vía de un incremento muy significativo de la deuda pública. Estas fuentes apuntan que el servicio anual de la deuda se incrementará en no menos de 3.000 millones de euros con esta operación. Pero lo que más cuestionan es la posibilidad de que España logre salir de la espiral depresiva en la que está inmersa y por lo tanto consideran que el cuadro de conjunto de nuestro país apunta hacia una reestructuración de la deuda pública en el medio plazo.

Los departamentos de análisis de los fondos de inversión llevan con detalle la cuenta. El índice PMI manufacturero de España sigue cayendo y se colocó en 42 en mayo. En este indicador el umbral de expansión es 50. La producción industrial cayó en los últimos 12 meses hasta mayo un 8,3%, pero el ritmo se aceleró y las proyecciones sugieren que la caída de la producción industrial este año será de un 12%. La caída la encabezan los bienes de equipo y los bienes de consumo duradero. Las consecuencias de este contexto son la caída de la afiliación a la Seguridad Social que en el mes de mayo representó 60.000 trabajadores menos y los redujo en unos 600.000 en los últimos 12 meses, lo cual representa un 3,4%. El paro registrado desestacionalizado creció en 80.000 personas el mes pasado, con más de 500.000 parados añadidos en los últimos 12 meses y una tasa de cobertura de los desempleados que ha pasado del 80% en 2010 al 65% en la actualidad. El desolador panorama insinúa una depresión económica mientras la demanda de nuestros principales socios comerciales, los otros países de la UE, cae en picado y con ella las perspectivas exportadoras.

De aquí que las estimaciones de recaudación fiscal hechas por los analistas se hayan sesgado a la baja respecto de las previsiones oficiales, y se pongan en tela de juicio el conjunto de los objetivos enunciados. La idea de que el saneamiento de la banca va a desbloquear el crédito y reabrir un ciclo de expansión de la producción es negada por los observadores más escépticos quienes afirman que no hay demanda de crédito porque en general no hay consumo interior ni exterior que la justifique. “Hay demanda de crédito de los agentes económicos asfixiados por la falta de liquidez, pero esa no es demanda solvente”, afirman.

Puntualizan que en el panorama de “contracción fiscal, ausencia de inversión pública y falta de estímulos productivos por parte de la Administración no habrá un despegue productivo, y para colmo hay previsiones de que el gasto de los turistas europeos en España será moderado, aunque se espera una temporada fuerte en ocupación hotelera”. Este sector de la opinión internacional comienza a descontar la posibilidad de que España se vea en el medio plazo obligada a acudir a una reestructuración de su deuda soberana siguiendo los pasos de Grecia.

“El problema no es la dimensión de la deuda pública respecto de su Producto Interior Bruto, sino las posibilidades de atender a sus vencimientos mediante el pago en parte y la refinanciación. Hay algo de lo que se habla poco y nada, que son los compromisos internacionales de los bancos en apuros. Se puede recapitalizar a los bancos, pero eso no reduce su endeudamiento internacional. Si el Estado recapitaliza a los bancos con 100.000 millones suma al Estado la deuda externa de los bancos. Es un mecanismo simple. Si el Estado pasa a tener mayoría de capital en un sistema bancario con un fuerte endeudamiento exterior, carga con esa deuda. Y esa deuda es del orden de los 700.000 millones de euros”, afirma una fuente de un fondo de inversión extranjero. La fuente advierte de que: “sabemos que este no es un riesgo inminente, pero está dentro de las previsiones si no hay un cambio en la política de la UE en el corto plazo que entre otras cosas debe contemplar una rápida devaluación del euro y el abandono de la política de deflación en la zona del euro, con una reducción inmediata del ritmo de consolidación fiscal”.

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