edición: 2829 , Lunes, 21 octubre 2019
09/05/2013
LA OREJA DE LARRAZ

Los jueces actuarán de oficio contra las cláusulas abusivas sin esperar al cambio del Código Civil anunciado por el Gobierno

Javier Ardalán

Los jueces españoles han decidido que actuarán de oficio y estudiarán cada caso de manera individualizada cuando se trate de cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios, ya que las cláusulas abusivas no vinculan al consumidor en ningún aspecto, al tiempo que consideran que es necesario cambiar la normativa española para ajustarla a la legislación comunitaria.

Esta es la principal conclusión que han alcanzado la veintena de jueces de Primera Instancia y Mercantiles que se han reunido con los magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo y otros expertos sobre el régimen transitorio a aplicar hasta que la normativa española adapte la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE) que calificó de abusiva la actual ley hipotecaria.

En el texto del comunicado en el que se recogen las conclusiones de la reunión se destaca la importancia de la labor de los jueces de Primera Instancia y Mercantiles por su labor de interpretación de la normativa para acabar con las lagunas legislativas existentes en la actualidad.
El debate se enmarca en las Jornada sobre Cláusulas Abusivas en los procedimientos de Ejecución Hipotecaria que dirigirá el presidente de lo Civil del Tribunal Supremo, Juan Antonio Xiol Ríos, y que ha sido organizada por el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Manuel Almenar como una actividad más del servicio de formación continua de la Escuela Judicial.
Sin embargo, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo no celebrará finalmente el Pleno que tenía previsto para el próximo jueves, día 9 de mayo, para tratar por primera vez sobre el tema de las participaciones preferentes después que Banco Santander decidiese retirar su recurso.

En la demanda, los afectados reclamaban al juez que declarase que la venta de preferentes "se hizo ocultando a los compradores el riesgo financiero que comportaba la operación o sin informarles del riesgo". Además, alegaron la existencia de un vicio del consentimiento porque la entidad les había manifestado que los títulos serían reembolsables en cualquier momento y vencerían en septiembre de 2009, con el correspondiente abono, cuando, en realidad, la duración del contrato era perpetua o a voluntad de la entidad emisora.

El Tribunal Supremo anunció en una nota el pasado 23 de marzo de 2013,  el acuerdo del Pleno de la Sala de lo Civil que anulaba los limites aplicados como `cláusulas suelo´ por las entidades de crédito  a las hipotecas cuando se produzca una "falta de transparencia" en los contratos. Sin embargo, anunciaban que esta decisión no supondrá la devolución de las cantidades de más que ya hayan sido satisfechas debido a estas cláusulas. Sin embargo, aún no se ha publicado la sentencia.

Hasta ahora, en las sentencias que los juzgados de lo Mercantil han venido emitiendo en los dos últimos años y que establecían s la nulidad de las cláusulas suelo, sí que se condenaba a la entidad financiera afectada a devolver lo cobrado de más, incluso con intereses de demora.
La posición de los magistrados del Supremo en contra de la devolución de las cantidades indebidamente cobradas en virtud de cláusulas suelo, ya que el beneficio obtenido por bancos y cajas gracias a los cuatro millones de hipotecas que cuentan con límites mínimos de tipos de interés rondaría los 7.000 millones de euros anuales.

El fallo del Tribunal Supremo, que sienta jurisprudencia, se producía una semana después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.

Mientras tanto, el Pleno del Senado aprobó ayer la Ley de Medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, gracias a la mayoría de que dispone el PP en la Cámara Alta.

El texto, que salió adelante con 142 votos a favor, 94 en contra y dos abstenciones, no tiene que volver al Congreso de los Diputados, ya que durante el trámite en el Senado no se han introducido cambios. Así, se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor. El resto de los grupos parlamentarios habían presentado tres vetos (PSOE, PSC e ICV) y 275 enmiendas, que fueron todas rechazadas.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes, a propuesta del Ministerio de Justicia, modificar un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil para permitir que los jueces examinen y, en su caso, anulen cláusulas abusivas en los contratos entre en procedimientos monitorios (pleitos por reclamación de deuda).

La reforma se hace para dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el 14 de junio de 2012 consideró que la normativa española no es acorde con el Derecho de la UE en materia de protección de los consumidores. Una sentencia muy similar a la que en marzo de este año -y referida a otro tipo de procedimientos, los ordinarios- habilitó a los jueces a paralizar desahucios, y que, como aquella, ha obligado a cambiar una ley española.

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