edición: 2361 , Lunes, 11 diciembre 2017
21/01/2014

Los jueces decanos españoles quieren ver en la cárcel a los corruptos, aunque hayan solicitado la concesión de un indulto

Criticas al sistema de elección de vocales del CGPJ "que transmite una terrible imagen de contaminación política"
Javier Ardalán

Los Jueces Decanos de España acaban de publicar las conclusiones aprobadas durante la XXIII Reunión Nacional de Jueces Decanos de España, celebradas en Sevilla entre el 16 y el 18 de diciembre de 2013, en las que consideran que para conseguir una eficaz lucha contra la corrupción es necesario proporcionar medidas de apoyo o refuerzo a los Juzgados de Instrucción y articular otras medidas como la supresión de la posibilidad de suspender el cumplimiento de las penas por este tipo de delitos en caso de que se solicite el indulto. Abogan también por la modificación del actual sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, al estimar que “transmite una terrible imagen de contaminación política que incluso afecta a la elección del Presidente de la institución”. La primera de las “propuestas para una más eficaz lucha contra la corrupción”  es el establecimiento de medidas de apoyo o refuerzo tanto en lo relativo al trabajo propio del juez, mediante la asignación de jueces de refuerzo, como de dotación de medios personales y materiales, incluida la exención de tramitar nuevos asuntos “durante un periodo prudencial”.

Critican al nuevo Consejo General del Poder Judicial, piden modificar el sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, cuyos nombramientos –aseguran- “se han repartido los partidos políticos mediante las ya habituales cuotas previamente pactadas”.
Solicitan asimismo el refuerzo de las unidades o funcionarios de auxilio a la instrucción judicial  y rechazan “de todo punto” que  la designación última de peritos sea efectuada “por parte del Director de la Agencia Tributaria o por cualquier otro cargo público de designación política”.
Además, abogan por la supresión de la posibilidad de suspender el cumplimiento de las penas por este tipo de delitos en caso de que se solicite el indulto e instan al Ministerio del Interior a asegurar la protección de los jueces de instrucción que tramiten causas relacionadas con la corrupción.

Los Jueces Decanos también reclaman programas específicos de formación en la tramitación de este tipo de delitos y la potenciación de las unidades de Policía Judicial “con efectiva y verdadera dependencia funcional de los jueces a los que asisten” o incluso “la creación de un cuerpo de Policía Judicial”.

También reclaman que en los casos de solicitudes de tutela judicial en masa de los consumidores, como los afectados por la comercialización de participaciones preferentes de entidades bancarias, “se ofrezcan soluciones homogéneas en todo el territorio nacional” y las administraciones implicadas adopten las medidas necesarias para evitar el colapso de los órganos judiciales afectados.

Los Jueces Decanos también critican la nueva Ley de Tasas Judiciales, al considerar que su “cuantía excesiva” afecta a la tutela judicial efectiva, limitando el acceso de los ciudadanos a la Justicia.

Por ello, solicitan el establecimiento de unas tasas proporcionadas y que no puedan ser excluyentes e interesan que lo que se recaude por este concepto “revierta en la mejora y modernización de la Justicia y en el incremento de la planta judicial”.

Coincide la publicación de las conclusiones de los jueces decanos con el informe hecho público por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) de la organización paneuropea expresa su preocupación por la "proliferación de escándalos de corrupción que atentan contra la credibilidad de las instituciones políticas en España".

Sin citar los escándalos, el informe constata que España "ha sido el escenario de numerosos casos de corrupción protagonizados por responsables políticos de primer orden, altos funcionarios o empresarios". Recuerda además que la crisis económica "ha acrecentado la amplitud de la desilusión y de la desconfianza de los ciudadanos", lo que ha hecho que "la cuota de confianza en la clase política y los partidos sea bajísima".

En cuanto a la figura del fiscal general del Estado, el informe solicita revisar el método de selección, ya que, a pesar de todas las garantías, la "percepción de la independencia del fiscal general del Estado es preocupante". Así, pide que se realicen esfuerzos para que la Fiscalía "sea y parezca imparcial, objetiva y libre de toda influencia o injerencia externa". Asegura que, salvo casos aislados, "no existe ningún indicio serio de corrupción en jueces y fiscales".

Entre las recomendaciones que hace el texto, destaca la adopción de un código de conducta parlamentaria, que guíe a los políticos en la prevención de conflictos de intereses, regalos e intereses financieros, y la introducción de reglas sobre la relación con los grupos de presión.

El informe destaca la aprobación de la nueva ley de transparencia que entró en vigor hace un mes, la labor que desarrolla la Fiscalía Anticorrupción y el papel que ha desempeñado el poder judicial español en el perfeccionamiento de las reglas deontológicas judiciales latinoamericanas.

Los expertos del Greco lamentan que España estuviera en 2008 entre los 20 países menos corruptos del mundo y el año pasado se situara en el puesto número 30. Las autoridades españolas deberán presentar un informe antes del 30 de junio de 2015 con las medidas adoptadas relativas a las recomendaciones realizadas.

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