edición: 2328 , Lunes, 23 octubre 2017
17/10/2014
LA OREJA DE LARRAZ

Los jueces pueden anular una cláusula que consideren abusiva en un crédito hipotecario, pero no pueden modificarla

Javier Ardalán

La Directiva comunitaria sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores obliga a los jueces nacionales a dejar sin aplicación una cláusula contractual abusiva, de modo que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor. Sin embargo, esta norma no les faculta para modificar el contenido de dicha cláusula.

Por lo tanto, según el Abogado General Wahl, en sus conclusiones de 16 de octubre de 2014, el contrato celebrado con un consumidor debe subsistir, en principio, sin más modificaciones que haber suprimido las cláusulas abusivas, en la medida en que sea viable conforme al Derecho interno sin contener dichas cláusulas.

El litigio se inició en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Marchena (Sevilla) planteó al Tribunal de Justicia varias cuestiones surgidas a raíz de unos procedimientos de ejecución de cuatro créditos hipotecarios. Los procedimientos de ejecución fueron iniciados por Unicaja Banco y Caixabank en relación con créditos hipotecarios.

En el asunto de Unicaja, al crédito hipotecario se le aplicó un tipo de intereses de demora del 18%, que podría aumentarse en determinadas circunstancias, aunque nunca podría rebasarse el límite máximo del 25% nominal anual.

El tipo de interés de demora aplicable al resto era del 22.5%. Además, los contratos contenían una cláusula de vencimiento anticipado que, en caso de incumplimiento de las obligaciones de pago por los prestatarios, permitía a los bancos anticipar el vencimiento inicialmente pactado y exigir el pago de la totalidad del capital adeudado, más los intereses, intereses de demora, comisiones, gastos y costas pactados.

Todos estos contratos incluían una cláusula que facultaba al prestamista para anticipar el vencimiento inicialmente pactado y exigir el pago de la totalidad del capital pendiente, más los intereses, intereses de demora, comisiones, gastos y costas pactados.

Por ello, posteriormente, los bancos incoaron los procedimientos de ejecución de los créditos ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Marchena. Éste suspendió los procedimientos por considerar que los términos contractuales sobre los intereses de demora y la cláusula de vencimiento anticipado podían ser contrarios al Derecho de la Unión. Por ello, preguntó al Tribunal de Justicia  como debía actuar a la luz de la jurisprudencia de la UE.

El problema al que se refiere la primera cuestión quedó resuelto en los asuntos Banco Español de Crédito y Asbeek Brusse y de Man Garabito. La sentencia del asunto Kásler y Káslerné Rábai, dictada después de que se presentaran ante el Tribunal de Justicia las resoluciones de remisión que nos ocupan, también puede servir de orientación.

Según las citadas sentencias, en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 los jueces nacionales están obligados a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, de modo que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultados para modificar el contenido de la misma. El contrato celebrado con un consumidor debe subsistir, en principio, sin otra modificación que la resultante de la supresión de las cláusulas abusivas, en la medida en que, en virtud de las normas del Derecho interno, tal persistencia del contrato sea posible.

Por lo que se refiere en particular a las cláusulas penales, el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 no puede interpretarse en el sentido de que permita al juez nacional, cuando aprecie el carácter abusivo de una cláusula penal en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, reducir el importe de la pena contractual impuesta al consumidor, en lugar de excluir plenamente la aplicación frente a éste de la referida cláusula.

En la sentencia Banco Español de Crédito, la cláusula abusiva objeto de análisis regulaba la demora en el pago de los plazos de un préstamo celebrado para comprar un vehículo. El asunto en el que recayó la sentencia Asbeek Brusse y de Man Garabito versaba sobre una cláusula penal incluida en un contrato de arrendamiento de vivienda que también contemplaba intereses de demora.

Por el contrario, la sentencia Kásler y Káslerné Rábai tenía por objeto una situación única de restitución. En ese asunto, el órgano jurisdiccional remitente preguntó si un tribunal nacional podía reemplazar con disposiciones supletorias del Derecho nacional una cláusula abusiva en un contrato de préstamo celebrado con un consumidor en una situación en la que, si el contrato no pudiera subsistir sin la cláusula en cuestión, la invalidez del contrato podría redundar en perjuicio del consumidor.

El Tribunal de Justicia declaró que la consecuencia ordinaria de la anulación en su totalidad de un contrato de préstamo celebrado con un consumidor es que resulta exigible el importe del préstamo pendiente de devolución, lo cual penaliza en general más al consumidor que al prestamista. En esa situación especial, el Tribunal de Justicia apreció en consecuencia que debía interpretarse que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 no se opone a una normativa nacional que permite al juez nacional subsanar la nulidad de esa cláusula sustituyéndola por una disposición supletoria del Derecho nacional.

Finalmente, el abogado general señala que parece que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Marchena se inclina por considerar que los tipos de los intereses moratorios de los préstamos hipotecarios de que se trata son efectivamente abusivos. Si, tras una apreciación global, dicho Juzgado considera que es así, deberá garantizar que los consumidores no se vean vinculados por esas cláusulas abusivas, sin que sea posible moderar el propio tipo de interés o sustituirlo por un tipo establecido por la legislación española.

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