edición: 2388 , Viernes, 19 enero 2018
18/06/2015
LA OREJA DE LARRAZ

Los jueces siguen en el Registro Civil, los notarios no casan y los registradores se hacen mediadores

Javier Ardalán
El Ministerio de Justicia, una vez abandonada para esta legislatura la operación de concesión de la gestión del Registro Civil, ha encontrado una nueva actividad para este colectivo, como es el de la mediación, aunque en este caso con algunas limitaciones en su desarrollo.
A través de una enmienda introducida por el Senado a la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, se establece que se suprime el apartado Doce de la disposición final cuarta, que modifica la Disposición final decima de la Ley 20/2011, de 22 de julio, del Registro Civil, relativa a la entrada en vigor de la misma. Por lo tanto, la gestión del Registro Civil continuará en manos de los jueces, al menos hasta pasadas las elecciones generales de noviembre y elegido el nuevo Gobierno. Por cierto, que de esta forma, notarios y secretarios judiciales no podrán casar, al menos en lo que resta de la legislatura.

Con respecto a los registradores, otra enmienda del Grupo Popular a ese mismo Proyecto de Ley, establece que serán competentes para conocer de los actos de conciliación sobre cualquier controversia inmobiliaria, urbanística y mercantil o que verse sobre hechos o actos inscribibles en el Registro de la Propiedad, Mercantil u otro registro público que sean de su competencia, siempre que no recaiga sobre materia que no pueda incluirse en este tipo de procedimientos, con la finalidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial.

La conciliación por estas controversias puede también celebrarse, a elección de los interesados, ante notario o secretario judicial, aunque las cuestiones previstas en la Ley Concursal no podrán conciliarse por ninguno de estos funcionarios siguiendo este trámite.

A este respecto, la Ley dirá exactamente que “Estos profesionales, que aúnan la condición de juristas y de titulares de la fe pública, reúnen sobrada capacidad para actuar, con plena efectividad y sin merma de garantías, en algunos de los actos de jurisdicción voluntaria que hasta ahora se encomendaban a los Jueces. Si bien la máxima garantía de los derechos de la ciudadanía viene dada por la intervención de un Juez, la desjudicialización de determinados supuestos de jurisdicción voluntaria sin contenido jurisdiccional, en los que predominan los elementos de naturaleza administrativa, no pone en riesgo el cumplimiento de las garantías esenciales de tutela de los derechos e intereses afectados”.

Una vez que se celebre el acto de conciliación, el registrador certificará la avenencia entre los interesados o, en su caso, que se intentó sin efecto la misma. Y en los casos en que exista acuerdo entre los interesados en todo o en parte del objeto de la conciliación, se hará constar detalladamente en la certificación los términos de todo cuanto acuerden y que el acto terminó con avenencia. Si no pudiere conseguirse acuerdo alguno, se hará constar que el acto terminó sin avenencia. La modificación del contenido pactado habrá de constar, asimismo, en certificación registral siempre que no se haya iniciado la ejecución judicial.

El Registrador entregara la certificación registral dotada de carácter ejecutivo en tanto no conste nota relativa a la modificación de su contenido o su ejecución, quedando depositado un duplicado en el Registro. La certificación registral que formalice el acuerdo de la conciliación gozará de la eficacia de un instrumento público.

Y dentro de las medidas adoptadas por el Gobierno para el colectivo de Registradores, se incluye una definición sobre el polémico asunto de los límites de la calificación registral de los documentos remitidos por el notario. Se establece que “la calificación por los registradores de los documentos inscribibles en el Registro de la Propiedad, Mercantil u otro registro público, se extenderá en todo caso a la competencia del órgano, a la congruencia de la resolución con la clase de expediente, a los trámites e incidencias esenciales del mismo, a la relación de éste con el titular registral o interesado con relación al cual se haya de practicar el asiento, a las formalidades extrínsecas del documento y a los obstáculos que surjan del Registro”.

Teniendo en cuenta el elevado nivel jurídico de los registradores y la amplitud interpretativa de la definición, es de esperar que la Dirección General de los Registros y del Notariado se vean en la urgente necesidad de incluir una explicación detallada o, como ocurre desde hace años, el asunto terminara en los tribunales, con un recurso tras de otro. Tal y como ha venido ocurriendo desde hace años.

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