edición: 2851 , Jueves, 21 noviembre 2019
18/11/2010
OBSERVATORIO JURIDICO

Los juicios mediáticos y el crimen de Fago

DATADIAR

El Tribunal Supremo en sentencia núm. 854/2010, de 29 de septiembre de 2010, ha confirmado la pena de 20 años y 9 meses de cárcel a un guarda forestal por el asesinato del alcalde de Fago en Huesca. El crimen de Fago ha sido un caso de gran repercusión mediática en los últimos años. La sentencia hace referencia a un tema interesante y de máxima actualidad como son los juicios mediáticos. La publicación de hipótesis y suposiciones en los medios de comunicación pueden hacer aparecer como culpables ante la sociedad a personas que sólo han sido imputadas y que tienen a su favor el derecho a la presunción de inocencia.

El Tribunal pone de manifiesto que la publicidad es un elemento esencial de todo proceso, y por otra parte el derecho a comunicar libremente información veraz abarca e incluye al derecho a informar sobre las actuaciones judiciales, y cuando éstas tienen por objetivo un hecho tan noticiable como es la aparición del cadáver del alcalde de un pueblo, queda claro que la condición de autoridad pública del fallecido supone un plus de interés para los medios de comunicación. Es evidente que la publicación de hipótesis y suposiciones en los medios de comunicación es consecuencia de la libertad de prensa que está presente en toda sociedad democrática.

El Tribunal apela a la “ética periodista”. Entiende el Tribunal que solo desde la autocontención de los medios de comunicación y desde el rigor de veracidad de las noticias que transmitan puede hablarse de límites.
 
Apela también a la deontología profesional de los periodistas. Hace mención a la profesión periodística, tan crítica con quienes desempeñan actividades con repercusión pública, y que deberían efectuar una reflexión en relación a las consecuencias que pueden derivarse de lo que se escribe o publica, a veces con ligereza y precipitación.

En relación a este tema concluye afirmando que la justicia paralela no es justicia. Y aclara que la justicia solo es la que se pronuncia en los Tribunales tras la valoración de toda la actividad probatoria, coincida o no con los "juicios paralelos" que pueda hacerse en los medios y en la sociedad.

El Convenio Europeo de 1950, en su artículo 10, cita entre las restricciones legítimas del derecho a la libertad de expresión "garantizar la autoridad e imparcialidad del Poder Judicial". Queda claro que estamos ante una limitación del derecho a la libertad de expresión que debe ser respetada por todos los profesionales implicados.

En el caso que analizamos, la defensa alega que la Audiencia de Huesca se vio sobrepasada por la presión mediática, pero el Supremo subraya que el tribunal actuó de manera "objetiva e imparcial" y que la citada presión "es un elemento normal de la actividad judicial".

Es más, el Tribunal de manera objetiva e imparcial valoró toda la actividad probatoria razonando las decisiones valorativas adoptadas que hicieron llegar al mismo a la conclusión condenatoria.

En cuanto a la imparcialidad, el Tribunal Supremo en Sentencia de 18 de julio de 2003 afirma que el derecho a la imparcialidad del juzgador se integra dentro del derecho constitucional a un proceso con todas las garantías. Expone que sin duda puede afirmarse que no es posible obtener justicia en el proceso si quien ha de impartirla no se sitúa en una posición de imparcialidad como tercero ajeno a los intereses en litigio y a quienes son, o pretenden ser, sus titulares. Y va más allá afirmando que es por eso que el Juez ha de ser, y ha de aparecer, como alguien que no tenga respecto a la cuestión que ha de resolver y a las personas interesadas en ella, ninguna relación que pueda enturbiar su imparcialidad. Añade que incluso las apariencias pueden tener importancia, pues pueden afectar a la confianza que los Tribunales de una sociedad democrática deben inspirar a los ciudadanos en general, y en particular a quienes son parte en el proceso (STEDH de 1 de octubre de 1982, caso Piersack; STEDH de 26 de octubre de 1984, caso De Cubre, y STEDH de 24 de mayo de 1989, caso Hauschildt). El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha entendido que la imparcialidad debe apreciarse de un modo subjetivo, tratando de determinar la convicción y el comportamiento personales de tal juez en tal ocasión, e igualmente de un modo objetivo para asegurar que ofrece las garantías suficientes para eliminar cualquier duda legítima (ver, entre otras, Sentencias Hayschildt contra Dinamarca, de 24 mayo 1989 y Thomann contra Suiza de 10 junio 1996). (STEDH de 25 julio 2002, Caso Perote Pellón contra España).
 
En nuestro caso, de forma clara y precisa el Tribunal ha contado con dos fuentes de prueba y los elementos incriminadores que justifican la condena:

• la declaración autoinculpatoria del acusado
• y el hallazgo de restos biológicos del mismo en el vehículo de la víctima.

La primera de ellas, es prueba directa al tratarse de una confesión, y la segunda es una prueba indiciaria con gran potencia acreditativa. Estas pruebas constituyen el núcleo que justifica la condena.

En definitiva, la Audiencia no se vio sometida a presiones que hubieran podido influir en su decisión.

La importancia de esta sentencia radica en la crítica que hace el Supremo a los medios de comunicación en cuanto al enfoque periodístico y la manera de plasmar las noticias cuando se trata de personas que todavía no han sido juzgadas y que tienen a su favor el derecho a la presunción de inocencia. Alerta del peligro de que la publicación de noticias e hipótesis "hagan aparecer como culpables ante la sociedad a personas que solo están o han sido imputadas". La sentencia destaca la importancia del rigor periodístico con el que se deberían transmitir este tipo de noticias y lo peligroso que resultan la ligereza y la precipitación en este campo.

Equipo jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Orden JUS/2871/2010, de 2 de noviembre, por la que se determinan los requisitos y condiciones para tramitar por vía telemática las solicitudes de los certificados de antecedentes penales. BOE nº 272, de 10 de noviembre de 2010.
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico a los Servicios Públicos, reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos. Dicho uso de las técnicas y los medios electrónicos se efectúa de conformidad con los requisitos y garantías establecidos en la citada Ley 11/2007, de 22 de junio, así como en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente dicha Ley. Han de tenerse en cuenta, asimismo, las garantías y requisitos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el Ámbito de la Administración Electrónica y en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. En los últimos años, el Ministerio de Justicia, en su ámbito de actuación, ha puesto en marcha sistemas de tramitación electrónica de diferentes procedimientos. Así, en esta línea de actuación, el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia, dispone en su artículo 17.4 que «Los particulares podrán solicitar y recibir por correo el certificado correspondiente a sus datos personales. Mediante Orden del Ministro de Justicia se determinarán los requisitos y condiciones para que dichas solicitudes puedan tramitarse por vía telemática.».

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de estafa. Atipicidad del descuento de letras de favor sin informar de este extremo al endosatario. Tribunal Supremo. Sentencia 14 de julio de 2010.
Estudio: el derecho emergente de la letra de cambio es totalmente independiente del negocio causal, porque la letra de cambio es por sí misma un negocio jurídico. El derecho otorgado por la letra de cambio y el pagaré son abstractos en el sentido de que la causa no se refiere a otro negocio, sino que está constituida por el compromiso asumido de pagar la suma de dinero que manifiestan el librador, el aceptante y los demás obligados cambiarios. El librador de la letra no está obligado a declarar en tráfico mercantil un negocio jurídico que sea el generador de la deuda asumida. Doctrina de la Sala: el delito de falsedad documental es de apreciar cuando en el documento se atribuye a alguien una declaración de voluntad que no ha hecho o se modifica la que realmente hizo. Caso de autos. Absolución: el librador y el aceptante han manifestado su voluntad de asumir «el mandato puro y simple de pagar» una suma determinada. La obligación asumida fue incumplida, pero el documento no es falso, pues expresa la voluntad emitida y ésta es imputada al librador y al aceptante reales. Delito de estafa: artículo 248 CP. Quien presenta al descuento una letra de cambio o un pagaré no engaña si el documento es auténtico. El engaño requiere que el autor afirme como verdadero lo que no es verdadero o que oculte algo que es real. Absolución: en la medida en la que los documentos son auténticos no cabe apreciar la concurrencia de engaño alguno. Engaño omisivo. No concurre: en tanto la letra y el pagaré son títulos de crédito abstractos e independientes de cualquier otro negocio jurídico, el que las presenta al descuento no está obligado a manifestar nada más que lo que la letra dice. La garantía de la letra es la solvencia del librador, del aceptante y de los demás obligados cambiarios. La existencia de un negocio jurídico que haya dado lugar a la letra no refuerza en lo más mínimo la credibilidad de las manifestaciones y de la solvencia de dichos obligados cambiarios y no puede ser considerado que el silencio a tal respecto constituya una apariencia de solvencia.

Mercantil

Denuncia unilateral del contrato de distribución mercantil. Régimen de la indemnización por clientela. Tribunal Supremo. Sentencia 29 de septiembre de 2010.
Sobre la posibilidad de aplicar el artículo 28 de la Ley 12/1.992 a la liquidación del contrato de distribución, se ha pronunciado en numerosas ocasiones esta Sala. En la presente sentencia el Tribunal recuerda los aspectos esenciales de la jurisprudencia al respecto. Así se señala que a consecuencia de las diferencias existentes entre los contratos de agencia y distribución era improcedente «aplicar, de un modo automático, los artículos de la Ley 12/1992 a la liquidación de la relación contractual de distribución, cual si fuera cierta una igualdad jurídica esencial, la cual, como regla, no existe. Así - al margen de aquellos en los que hubiera tenido lugar una denominación o una calificación equivocada o en los que los contratantes hubieran recurrido a la simulación para ocultar la realidad bajo una falsa apariencia - son de mencionar los supuestos en los que el distribuidor queda vinculado al productor o mayorista en términos que superen las típicas relaciones de compraventa, al integrarse en su red y obligarse a adaptar la estrategia empresarial propia a la de éste. Además, y aunque fueran aplicables analógicamente las normas de la Ley 12/1.992, no hay que olvidar, que el distribuidor sólo tendría derecho a la indemnización por clientela si se hubiera probado la concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 28 de aquella Ley.

Contrato de Seguro. Intereses legales. Alcance de la consignación e inexistencia de causa justificada. Tribunal Supremo. Sentencia 29 de septiembre de 2010.
En el supuesto enjuiciado, consta documentalmente, y además es un hecho no discutido, que la aseguradora demandada consignó para pago dentro de los tres meses siguientes a que ocurriera el siniestro, con la intención de dar cumplimiento a la previsión legal contenida en el párrafo 3º del artículo 20 LCS y quedar exonerada del pago de intereses por mora. Sin embargo, esta conducta no permite extender el efecto liberatorio más allá de los límites que fija la sentencia recurrida, que sólo exonera del recargo respecto de la suma inicialmente ofrecida. Tratándose de un supuesto en el que las lesiones no se encontraban estabilizadas, y cuyo exacto alcance, en consecuencia, no cabía apreciar en el momento de la consignación, el asegurador debió pedir al órgano judicial que se pronunciara sobre la suficiencia a fin de, llegado el caso, aumentar la cantidad ofrecida al perjudicado, lo que no hizo pese a que la aseguradora lo dé por sentado.

Civil

Se dan los presupuestos de la obligación del vendedor de saneamiento por vicios ocultos, que proclama el artículo 1484 del Código civil. Tribunal Supremo. Sentencia 8 de julio de 2010.
En primer lugar, la verdadera existencia del vicio, como defecto no manifiesto y que no conocía la parte compradora; la presencia de un manantial subterráneo bajo el sótano o semisótano que provocó graves inundaciones, los cual es el hecho probado, en el que se hace especial hincapié en el desarrollo del recurso de casación. En segundo lugar, gravedad del vicio o defecto, que hagan la cosa impropia para su uso o disminuya de tal modo este uso que, de haberlo conocido el comprador, no la habría comprado o hubiera dado menos precio, sin llegar a producirse el caso de aliud pro alio, tal como se ha probado. Hay que tener en cuenta que el vicio consiste en una anomalía por la cual se distingue la cosa que lo padece de las de su misma especie y calidad, siendo preciso que el vicio sea anterior a la venta aunque su desarrollo sea posterior. También es preciso que el vicio no fuera conocido por el adquirente, ni conoscible por la simple contemplación de la cosa teniendo en cuenta la preparación técnica del sujeto al efecto. Y ha de ser de tal naturaleza que haga la cosa impropia para el uso a la que la destina o disminuya de tal modo ese uso, que de haberlo conocido el comprador no lo hubiera adquirido o habría dado menosprecio, es decir, que no se trata de que sea inútil para todo uso, sino para aquél que motivo la adquisición, si nada se hubiere pactado sobre el destino, debiendo entenderse que la cosa fue comprada para aplicarla al uso mas conforme con su naturaleza y mas en armonía con la actividad a que se dedicaba el adquirente. En tercer lugar la preexistencia del vicio, en el sentido de que existía ya en el tiempo de la perfección del contrato de compraventa, lo que también ha quedado acreditado en autos.

Al fallecimiento del cónyuge que figure como arrendatario es preciso que el cónyuge supérstite se subrogue expresamente en el contrato de arrendamiento. Tribunal Supremo. Sentencia 9 de julio de 2010.
Al fallecimiento del cónyuge que figure como arrendatario, aún en el caso de que el matrimonio esté casado en régimen de gananciales, para continuar la relación arrendaticia, es preciso que el cónyuge supérstite se subrogue expresamente en el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento concluido por uno de los cónyuges constante matrimonio no forma parte de los bienes gananciales y se rige por lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos Urbanos en lo relativo a la subrogación por causa de muerte del cónyuge titular del arrendamiento. El contrato de arrendamiento urbano se celebra entre dos personas, que adquieren la condición de arrendador y arrendatario, respectivamente, en la relación jurídica creada por el contrato. Los derechos y obligaciones que se generan con el contrato afectan exclusivamente a las partes y a sus herederos, tal como establece el art. 1257 CC. Esto no significa que, como consecuencia de los fines protegidos por la legislación especial de arrendamientos urbanos, no pueda producirse la substitución de una de las partes del contrato por fallecimiento del titular, pero para ello se requiere que se cumplan los requisitos exigidos en la ley reguladora del arrendamiento y entre ellos, la comunicación al arrendador en la forma establecida en la ley. La subrogación en la posición del arrendatario forma parte del contenido del contrato de arrendamiento y no tiene relación con el régimen de bienes.

Laboral

Se reconoce al trabajador el derecho a una excedencia cuyo período, entre dos y cinco años, es de libre elección por él, pero una vez elegido dicho período no puede ser alterado de forma unilateral por el propio trabajador. Tribunal Supremo. Sentencia 23 de julio de 2010.
La cuestión que debe resolverse consiste en determinar si tiene derecho a la prórroga de un periodo de excedencia voluntaria el trabajador que ha obtenido la misma por un periodo de 30 meses y pretende que, sin reincorporarse a la empresa, se le conceda esa prórroga por un periodo igual de tiempo. Esta Sala argumenta que no existe el derecho a la prórroga de la excedencia voluntaria concedida, puesto que «la excedencia voluntaria constituye un supuesto atípico de suspensión del contrato de trabajo que, al igual que los demás supuestos de suspensión reflejados en el art. 45 ET constituye una alteración de la normalidad laboral y como tal alteración exige que las normas que regulan su ejercicio sean interpretadas en su estricto sentido. En concreto el art. 46.2 ET está reconociendo el derecho de los trabajadores con al menos una antigüedad en la empresa de un año a pasar a tal situación por un período opcional de entre dos y cinco años, aceptando que este derecho pueda ser ejercitado tan solo otra vez cuando hayan transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia. Por tanto, se está reconociendo al trabajador el derecho a una excedencia cuyo período es de libre elección por él, pero una vez elegido dicho período no puede ser alterado de forma unilateral por el propio trabajador. Aceptar la posibilidad de que un trabajador en excedencia pueda solicitar una prórroga de la ya concedida con anterioridad equivale materialmente a aceptar la posibilidad de obtener una nueva excedencia aunque formalmente aparezca como una continuación de la primera, y ello no parece compatible con las previsiones legales si se tiene en cuenta la excepcionalidad de que en un contrato sinalagmático se acepte la posibilidad de su suspensión por la voluntad exclusiva e injustificada de una de las partes.

Remuneración de vacaciones anuales. Inclusión del promedio anual de los complementos variables que corresponden a la jornada ordinaria de horas nocturnas, horas festivas, horas de domingo y fraccionamiento de jornada. Tribunal Supremo. Sentencia 26 de julio de 2010.
Por la parte empleadora demandada en proceso de conflicto colectivo relativo a la determinación de la forma de remuneración de las vacaciones anuales se interpone recurso de casación ordinario contra la sentencia de instancia al declarar en su fallo «el derecho de todos los trabajadores, afectados por el conflicto, a que en la retribución de sus vacaciones anuales se incluya el promedio anual de los complementos variables que corresponden a la jornada ordinaria de horas nocturnas, horas festivas, horas de domingo y fraccionamiento de jornada». A falta de regulación en el Convenio, y conforme a la jurisprudencia social, debe estarse directamente a lo establecido en el Convenio nº138 de la OIT, es decir, conforme precisa nuestra jurisprudencia, a la regla general de retribuirlas de acuerdo con la remuneración normal o media obtenida por el trabajador en la época de actividad, lo cual es acorde con su finalidad: garantizar el disfrute efectivo del derecho a vacaciones mediante la continuidad de la percepción de la renta del trabajo habitual; y dado que los conceptos discutidos en el presente litigio en el que se pretende que en la retribución de las vacaciones anuales se incluya el promedio anual de los complementos variables que corresponden a la jornada ordinaria de horas nocturnas, horas festivas, horas de domingo y fraccionamiento de jornada, se trata expresamente de conceptos salariales  no excluidos en el Convenio para la determinación de la remuneración de las vacaciones y, además, computadas de forma promediada, puesto que tratándose de remuneraciones extraordinarias del trabajo realizado en la jornada normal han de computarse en su promedio, y no en su integridad.

Administrativo

Impugnación Real Decreto 240/2004, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Tribunal Supremo. Sentencia 1 de junio de 2010.
Nulidad de los siguientes Artículos, apartados o Disposiciones:
a) Artículo 2º, párrafo primero: la expresión «otro Estado miembro».
b) Artículo 2º. La expresión «separación legal» que se contiene en los apartados a), c) y d) del citado artículo 2º.
c) Artículo 9º. La misma expresión «separación legal» que se contiene (i) en el enunciado del precepto, (ii) en su apartado 1, (iii) en su apartado 4, y (iv) en su apartado 4.a).
d) Artículo 9º. La expresión «cónyuge separado legalmente» que se contiene en el artículo 9.4.d).
e) Artículo 2º. La expresión «que impida la posibilidad de dos registros simultáneos en dicho Estado» que se contiene dentro de su párrafo 1, apartado b).
f) Artículo 3º. La expresión «exceptuando a los descendientes mayores de veintiún años que vivan a cargo, y a los ascendientes a cargo contemplados en el artículo 2.d) del presente Real Decreto», que se contiene en el apartado 2, párrafo primero.
g) Artículo 3º. La expresión «No alterará la situación de familiar a cargo la realización por éste de una actividad laboral en la que se acredite que los ingresos obtenidos no tienen el carácter de recurso necesario para su sustento, y en los casos de contrato de trabajo a jornada completa con una duración que no supere los tres meses en cómputo anual ni tenga una continuidad como ocupación en el mercado laboral, o a tiempo parcial teniendo la retribución el citado carácter de recurso no necesario para el sustento», contenida en el párrafo segundo del apartado segundo del precepto.
h) Artículo 4º. La expresión «expedida por un Estado que aplica plenamente el Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, y su normativa de desarrollo», contenida en el párrafo segundo del apartado 2º.
i) Artículo 9. La expresión «Transcurridos seis meses desde el fallecimiento salvo que haya adquirido el derecho a residir con carácter permanente, el familiar deberá solicitar una autorización de residencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 96.5 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Para obtener la nueva autorización deberá demostrar que está en alta en el régimen correspondiente de Seguridad Social como trabajador, bien por cuenta ajena o bien por cuenta propia, o que disponen, para sí y para los miembros de su familia, de recursos suficientes, o que son miembros de la familia, ya constituida en el Estado miembro de acogida, de una persona que cumpla estos requisitos», que constituye el párrafo segundo del apartado 2 del precepto.
j) Artículo 18. La expresión «Excepto en casos de urgencia debidamente justificados, en los que la resolución se ejecutará de forma inmediata», que se contiene en el apartado 2 de dicho precepto.
k) Disposición Final Tercera, apartado Uno (Disposición Adicional Decimonovena del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre). La expresión «parentesco hasta segundo grado» que se contiene en su párrafo primero, apartado a). …….
 
Impugnación del artículo 117 del Estatuto Autonómico de Cataluña. Aplicación de la doctrina establecida al respecto por el propio Tribunal. Tribunal Supremo. Sentencia 29 de septiembre de 2010.
La atribución por el Estatuto de competencias exclusivas sobre una materia en los términos del art. 110 EAC no puede afectar a las competencias sobre materias o submaterias reservadas al Estado que se proyectarán, cuando corresponda, sobre las competencias exclusivas autonómicas con el alcance que les haya otorgado el legislador estatal con plena libertad de configuración, sin necesidad de que el Estatuto incluya cláusulas de salvaguarda de las competencias estatales (fundamentos jurídicos 59 y 64). Ello así, la competencia autonómica sobre cuencas hidrográficas intracomunitarias ha de cohonestarse con el legítimo ejercicio por parte del Estado de los títulos competenciales que puedan concurrir o proyectarse sobre dicha materia, en particular con el ejercicio de la competencia estatal sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13 CE), que opera como límite a la competencia planificadora autonómica. Además, establece un razonable mecanismo de colaboración entre la Comunidad Autónoma y el Estado en una materia en la que es evidente que resultan afectadas e implicadas las competencias y los intereses de una y otro, sin que en modo alguno se desplace o enerve, lo que sería constitucionalmente inaceptable, la competencia estatal ex art. 149.1.22 CE cuando se trate de trasvases entre cuencas intercomunitarias, pues el informe que ha de emitir la Generalitat, como expresamente reconocen los recurrentes, es un informe, aunque preceptivo, no vinculante, que se compadece con el principio de cooperación que ha de presidir las relaciones entre el Estado y la Comunidad Autónoma.

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