edición: 2346 , Viernes, 17 noviembre 2017
13/06/2017
LA OREJA DE LARRAZ

Los juzgados especializados en cláusulas suelo, colapsados antes de abrir

Xavier Gil Pecharromán
Los Juzgados especializados en cláusulas suelo registraron 1.986 demandas vía LexNet en su primera semana de funcionamiento. De mantenerse ese ritmo en la entrada de demandas sobre condiciones generales de la contratación, el número de demandas en un año natural ascendería a 90.611.
Los datos corresponden a las trece Comunidades Autónomas que tienen implantado el sistema LexNET, quedando fuera Cantabria, Cataluña, Navarra y el País Vasco.

En estas trece Comunidades Autónomas, la media anual de procedimientos ordinarios –no se incluyen los procedimientos verbales ni los monitorios- durante los últimos cinco años (2012-2016) fue de 123.511, lo que supone en un 73,4 por ciento el incremento anual de los procedimientos ordinarios como consecuencia del ingreso de litigios sobre condiciones generales de la contratación.

Los 50 jueces decanos de toda España hicieron público un comunicado el pasado 30 de mayo en el que advertían de una previsible situación de colapso en los juzgados -uno por provincia-, que entraron en funcionamiento el 1 de junio. Avisaban de falta de medios humanos y materiales y de imprevisión en la puesta en marcha de este tipo de órganos.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y mayoritario en el sector Justicia a nivel nacional, explicaba ayer que el número de demandas que ya acumula el Juzgado de cláusulas suelo de Madrid, que oficialmente entró en funcionamiento el pasado 1 de junio, asciende a unas 600.
 
Más de diez días después de su apertura, este juzgado aún no ha comenzado a trabajar, como lo prueba el hecho de que la magistrada designada todavía no ha ocupado su puesto de trabajo y los dos letrados (antiguos secretarios judiciales) aún no han sido nombrados por el Ministerio de Justicia, según CSIF.

Estos asuntos se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.
Sin embargo, la jurisprudencia no ha dejado de establecer nueva doctrina sobre las cláusulas suelo. Así, el Pleno de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo, ha abordado la cuestión de los efectos que debe tener la sentencia estimatoria firme de una acción colectiva contra una cláusula suelo en un posterior litigio en que un consumidor ejercita una acción individual sobre nulidad, por falta de transparencia, de la misma cláusula suelo.

En una sentencia, de 8 de enero de 2017, establece que el fallo que estimó la acción colectiva debe traer como consecuencia que en aquellos litigios pendientes en los que se ejercita una acción individual respecto de esta cláusula suelo, la regla general sea que el juez aprecie el carácter abusivo de la cláusula por las razones expresadas en aquella sentencia, salvo cuando consten en el litigio circunstancias excepcionales, referidas al perfil del cliente o a la información suministrada por el banco predisponente en ese caso concreto, que se aparten significativamente de lo que puede considerarse el estándar medio y justifiquen un fallo diferente.

De esta forma, el ponente el magistrado Rafael Sarazá,  declara nula una cláusula suelo del 5,5 por ciento firmada en 2007 con el Banco de Andalucía y ha condenado al Banco Popular, que se fusionó con dicha entidad, a devolver el dinero cobrado en aplicación de dicha cláusula.

La sentencia considera que aunque la intervención notarial sirve para complementar la información recibida por el consumidor sobre la existencia y trascendencia de la cláusula suelo en los supuestos en los que se ha suministrado una previa información precontractual adecuada, esta intervención no puede, por sí sola, sustituir a dicha información. 

Además, se destaca que no basta que el consumidor tenga una cierta cualificación profesional, incluso relacionada con el mundo del Derecho o de la empresa, para considerarlo un cliente experto con conocimientos suficientes para detectar la presencia de una cláusula suelo y ser consciente de sus efectos pese a la ausencia de información adecuada por parte del  predisponente.

La Sala revoca la sentencia de la Audiencia Provincial y declara la nulidad de la cláusula suelo, reiterando que no basta con que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino que es necesario que el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado pueda prever sus consecuencias económicas.

En el caso litigioso, como el tope mínimo fijado en la cláusula suelo para el interés del préstamo era de un 5,50%, si se tiene en cuenta la aplicación del  índice de referencia más el diferencial pactado en el momento de la celebración del contrato, los prestatarios solo podrían beneficiarse de una bajada irrelevante del interés, del 0,047%, por más que el euribor descendiera.

De esta forma, el préstamo concertado no era propiamente un préstamo a interés variable, en el que las variaciones del índice de referencia podían beneficiar a cualquiera de las partes del contrato, sino que, en la práctica, era un préstamo en el que la variación del índice de referencia solo podía beneficiar al banco, pues aunque el euribor descendiera significativamente, los prestatarios apenas podrían beneficiarse de la bajada, mientras que si subía, los prestatarios se verían perjudicados por tal subida.

La Sala Primera destaca que la suscripción de un swap de tipos de interés conjuntamente con un préstamo con cláusula suelo no solo no muestra la transparencia de dicha cláusula suelo sino que, por el contrario, confirma que los prestatarios no recibieron la información oportuna sobre la trascendencia económica de dicha cláusula, pues el efecto combinado de la cláusula suelo y del swap se traduce en que cuando el índice de referencia baja, el prestatario no ve reducida la cuota de su préstamo, al contrario de lo que ocurre en los préstamos cuyo interés variable carece de límites a dicha variabilidad, y que además tiene que pagar al banco liquidaciones negativas del swap.

En el caso que se resuelve no ha existido prueba de que, con anterioridad a la contratación y cuando Banco de Andalucía ofertó el préstamo hipotecario, se hubiera suministrado una información clara y precisa sobre la existencia de la cláusula suelo y la trascendencia que la misma tenía sobre el contrato, que, como se ha dicho, resultaba ser prácticamente un contrato a tipo fijo.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2017 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...