edición: 2347 , Lunes, 20 noviembre 2017
21/07/2010
OBSERVATORIO LATINOAMERICANO

Los Kirchner buscan apurar bocados de intervencionismo en las grietas de los servicios públicos, la energía y las autopistas

Han ‘conseguido’ llevar a 'default' e intervención estatal a las dos mayores distribuidoras de gas -Metrogas y TGN- y a una de las mayores concesionarias de autopistas, Ausol
Su ‘bonapartismo’ topa con los recursos judiciales de Metrogas y TGN, las fugas energéticas tras Petrobrás, la caída del 42% de la inversión y los recelos a asumir concesiones viarias
Ana Zarzuela

Apuran los relojes. Sirven a la mesa de las intervenciones de Metrogás y Ausol el mismo ‘susto o muerte’ que habían ejecutado ya con la Transportadora de Gas del Norte. Y estrechan su mano sobre un laberinto -el del 'bonapartismo'- al que le ponen fecha de caducidad las elecciones de 2011, el ultimátum legal de Metrogás ante la Cámara Nacional de Apelaciones, el fin de las intervenciones estatales en TGN y Ausol previstas para septiembre, la guerra de las tarifas y los subsidios con las empresas de servicios públicos y la crisis del suministro del gas. El ‘aviso para navegantes’ resuena esta vez en las mesas de BG e YPF -accionistas de Metrogas- y de Autopistas del Sol: el Gobierno, después de paralizar sus tarifas durante una década y condicionar la negociación al fin del arbitraje internacional, ha colado a un interventor público y advierte de que podría retirar la concesión para la participada por Abertis y ACS. Le han puesto apellidos los medios argentinos: es la “épica de la debilidad’, ahora que la Casa Rosada vislumbra que el binomio de su control -subsidios y tarifas en sectores regulados- hace aguas. Pero a la presidenta y el ministro De Vido, su ‘bonapartismo’ les topa con las fugas de las energéticas tras Petrobrás, la caída del 42% de la inversión extranjera y los recelos a asumir concesiones viarias, tras el caso Ausol. La Casa Rosada ha tenido que pasar ya de la amenaza de nacionalizar Telecom, o al menos forzar la salida de Telecom Italia y buscar nuevos socios para los Wertheim, a, ahora, aceptar incluso que los italianos se queden, si se ‘argentiniza’ el otro 50%.

TGN, Ausol y Metrogas son sólo los apellidos más sonoros. Con una mano, los Kirchner aprovechan para ‘argentinizar’ más el laberinto energético antes de que se vuelva contra ellos; con la otra, barajan el mapa de las concesiones de sus servicios públicos e imponen sus apellidos para la calma. La inflación en los costos operativos que no reconoce el Indec, los incrementos salariales y la negativa del Gobierno a otorgar una recomposición integral de tarifas desde la crisis de 2001 se han convertido en trago difícil de digerir para las empresas de servicios públicos. La cartera de Planificación acelera, por si acaso, con los relojes prestados de la Casa Rosada y las presiones sumadas del Ente de la Energía. Sabe que si prospera la reforma de las pensiones, el Ejecutivo necesitará al menos 23.000 millones de pesos adicionales y no podrá sostener el andamiaje de sus subsidios -14.000 millones de pesos para energía y transporte en consumidores medios y altos-, sin perder electores.

Con Metrogas, la intervención estatal de la mayor distribuidora gasista del país, es mucho más que la crónica de un guión anunciado desde la Casa Rosada y el Ente Regulador del Gas. Después de once años de tarifas congeladas y dos de incumplimiento de las promesas de revisarlas por parte de la Administración, Metrogas se ha convertido en el paradigma de todas las estrecheces del laberinto de los Kirchner: sin contar con subsidios como otras energéticas, ha visto en el espejo de las promesas incumplidas de De Vido cómo sus costes operativos se incrementaban un 210%, cómo sus pérdidas se incrementaban un 478% en el último año, hasta los 19,8 millones de dólares. Aunque reconocían que eran sus restricciones tarifarias las que nutrían el descenso del 91% en sus beneficios en 2009 y alimentaban un lastre que -según los cálculos de Moody’s-, sólo a Metrogas le cuesta cada año más de 45 millones de dólares en el limbo tarifario. En las renegociaciones suscritas con las distribuidoras se había incluido un “ajuste inicial y parcial de tarifas” que en la práctica aún no se ha cumplido.

DE LA CRISIS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AL ‘EJEMPLO DE METROGAS’

Aunque no está intervenida, TGS afronta una situación delicada por el congelamiento tarifario y la tarjeta roja que le sacó el Gobierno al acuerdo de acreedores para canjear deudas por acciones. No es casualidad que Emgasud y Gas BAN se acaben de apresurar a hacer público el pago de sus  vencimientos de créditos. La única empresa que pudo aplicar ese “aumento inicial” del orden del 27% fue Gas Natural BAN. Las restantes distribuidoras (Metrogas, Pampeana, Gas del Sur, Litoral Gas, Gasnor, Gasnea, Gas del Centro y Gas Cuyana) si bien tienen sus nuevos contratos refrendados por decreto todavía aguardan que el órgano regulador saque las resoluciones que autorizan el cobro. En seis años, las autoridades ni siquiera fueron capaces de agilizar el visto bueno administrativo para que Marathon y Ashmore consumaran un acuerdo de canje accionarial con Repsol y BG como esperaban sus propietarios. Todo lo contrario: no fueron otros que los recelos de Néstor Kirchner los que echaron por tierra el acuerdo de salida de BG de Metrogás y el desembarco de nuevos socios de YPF -que ya contaban con la anuencia de Eskenazi- en el accionariado de la distribuidora. Sólo la sintonía con Repsol YPF -la Casa Rosada hace meses que rompió relaciones con British-, tanto como las líneas rojas que los jueces le marcaron con TGN y la promesa de ‘rendición’ de la guerra del Gobierno con las tarifas del gas permitieron durante los 4 últimos semestres que Metrogas eludiera la amenazas oficiales de intervención, esquivara el default y saltara los muros de los ahora millones de dólares de de deuda pendiente a corto. Nada que haya podido vencer de nuevo. 

A la Casa Rosada le pesó más la denuncia ante la Comisión de Naciones Unidas para el para el Derecho Mercantil Internacional, que falló a favor de BG en 2007 por 185 millones de dólares. Lo sigue haciendo. Desde el ministerio de Planificación no les duelen prendas en advertir públicamente a Metrogás -un mensaje en realidad para BG- que no habrá alfombra roja estatal a ningún acuerdo de reestructuración de deuda si no desiste de su recurso ante el Ciadi. De Vido y el Enargas -el ente regulador- se conforman con contratar un grupo de consultoras para definir un nuevo horizonte, nada que no haya repetido desde que estalló el conflicto en 2006. Si llegan las nuevas tarifas -advierte la Casa Rosada ahora- los 11 millones de dólares extras ya no llegarán a las arcas de la gasista: el Estado baraja, en el mejor de los casos, poner de largo con ellos un fondo fiduciario para mantener y expandir la red del gas. Y le ha tendido bajo la mesa la alfombra roja a Electroingeniería, de Gerardo Ferreira, la misma empresa que desembarcó en Vialco y que le pisa los talones a las desinversiones de Petrobras -si llegan- en Edesur. Ya en el caso de Transener, la ‘administración K’ jugó en 2006 un papel clave en la venta del 50% de las acciones. Petrobras había llegado a un acuerdo con el fondo Eaton Park, pero ante la presión del Enre y del ministerio de Planificación le vendió a Electroingeniería y ENARSA.

Cuando desembarcó en la Casa Rosada, Fernández llegó a confesar su voluntad de que sólo el 10% de las empresas de servicios públicos estuvieran en manos de multinacionales privadas y no dudó en hacer del ex presidente Néstor Kirchner el capitán de esas intenciones. Apunta maneras desde que en 2004 le quitó a Metropolitano la concesión del ex ferrocarril San Martín. Se dijo, entonces, que se llamaría a licitación. Aún no ha sucedido. Se enfrentó en 2004 con el grupo Macri por el Correo Argentino por una millonaria deuda por el canon y  aunque aseguró que estaría en manos públicas por sólo seis meses, aún sigue. En su último año de gestión, el ex presidente también tomó la decisión de rescindir el contrato a Aguas Argentinas, convertida hoy en la estatal AySA a través de un decreto. Hoy, la letra del intervencionismo estatal de los Kirchner se ha diluido, pero sigue la ‘música’: hacen juego y lo reparten.

Una receta que ya habían aplicado con la Transportadora de Gas del Norte (TGN), del grupo Techint, que en 2008 declaró el primer default corporativo de la era kirchnerista. La empresa -lastrada por la depreciación del peso sobre tarifas domésticas que permanecen fijas y un incremento general de costos- ya había reestructurado su deuda en 2006, se asumió insolvente ante un vencimiento de 22,1 millones de dólares, y prometió renegociar su deuda de 345 millones, hasta 2012. Pero no fue suficiente para la Casa Rosada: consideró que la cesación de pagos implicaba un “peligro para la prestación del servicio público”, e intervino la empresa y no permitió que la Anses, con el 7% de la deuda, consumara su reestructuración.

APROVECHAN LOS ESTERTORES DEL MODELO ENERGÉTICO

En los despachos del ministro De Vido empiezan a vislumbrar que no será sostenible por mucho más tiempo un espejismo con energía barata para el consumidor tejido con subsidios por más de 32.000 millones de pesos cada año -de ellos 14.000 para energía y transporte de rentas medias y altas-, con volúmenes importados de gas al triple de precio en el mercado local, pero que -paradojas del modelo kirchnerista-  con las reservas más bajas de hidrocarburos en 30 años, ha terminado por ahogar a las multinacionales en un modelo energético fallido jalonado por el intervencionismo, el control de las tarifas, la carga impositiva, los muros de una inflación que el Indec no reconoce y las restricciones regulatorias sorpresa. Según un estudio de otro ex secretario del área, Daniel Montamat, los precios del gas equivalen apenas al 20% del promedio regional e internacional y los de la electricidad a poco más del 30%. Con excepción de los combustibles líquidos, ninguna empresa del sector espera cambios de aquí a las elecciones de 2011. Argentina, con un mix muy ligado a los hidrocarburos (sólo tiene 30Mw de renovables) donde el gas supone el 56% de la matriz, se ha deslizado desde el perfil de  exportador a sus vecinos al de un comprador forzoso de GNL.

Además, las gasistas se enfrentan ahora la rebelión de las grandes industrias del país, sus mejores clientes -algunas no reconocen los cortes y las restricciones del suministro que recortan hasta el 30% la operatividad de las 100 mayores-. Ya no es sólo -que también- un problema de tarifas y subvenciones. Como le acaban de advertir el grupo de ocho ex ministros de energía de la democracia, encabezados por Jorge Lapeña, Argentina se desangra en subvenciones, desincentiva la inversión de las compañías privadas -cayó un 42% en un año-, camina a la dependencia de las importaciones en naftas, fueloil -y hasta crudo en menos de un año- y paga caro el gas boliviano y los buques de GNL. Algo pasa -le recuerda la patronal- cuando la principal distribuidora de gas tuvo que declarar concurso preventivo y hace equilibrios sobre la pasarela del default e intervenida por la parálisis de las tarifas; algo sucede cuando la principal generadora eléctrica desafía con sus denuncias a la Casa Rosada y cuando, tras los pasos de Shell o Petrobras, algunas grandes energéticas cogen la puerta, o al menos, cocinan alianzas para ‘argentinizar’ su accionariado. Además, según el último estudio de SEL Consultores, seis de cada diez empresas que operan en Argentina han reducido sus planes de inversión desde este año, no por la crisis global, sino por “la inseguridad jurídica y la intervención estatal” (en un 55% de los casos).

El mapa de Néstor Kirchner comienza a ser incómodo incluso para algunos allegados, tras la venta de los Bulgheroni del 50% de la petrolera Bridas a la china CNOOP. Y es que, a la vista de la caída del 3,7% en las reservas de petróleo y un 9,8% en las de gas en el último año según el Instituto Argentino de Energía General Mosconi, las multinacionales de hidrocarburos se sacuden el peso argentino de sus balances y tratan de diversificar. Lo mismo que las gasistas y las de derivados. Petrobrás hace ya casi dos años intentó vender su participación en TGS y dejó su participación en Transener en manos de Electroingeniería. Tras la venta de su refinería por 110 millones de dólares a Oil Combustibles -propiedad del empresario amigo de Néstor Cristóbal López, que desembarca por primera en el ‘oro negro’ después de convertirse en el “zar del juego”-  la brasileña buscará desprenderse si puede de su participación en Edesur, Genelba y en la operadora de gasoductos TGS. Le pisa ya los talones a la última Emgasud, la empresa de otro empresario ‘cercano’ a los Kirchner, Ivanissevich. Y a la distribuidora eléctrica, de nuevo López, aunque la venta de ese activo se negocia desde hace meses también con otros grupos económicos.

No es nada que no suceda con el sector eléctrico: Cammesa -la empresa que cobra a las distribuidoras, como Edelap, Edenor y Edesur, y luego lo distribuye entre las generadoras- sigue en una penuria estructural, lo que la corrección política de sus técnicos llama “fuerte desfinanciamiento” de casi 2.000 millones de pesos en el primer trimestre del año. Se ha convertido en el epicentro de un triángulo de las Bermudas que les hace aguas a los Kirchner y en el que generadoras y distribuidoras ven cómo desaparece mes a mes su rentabilidad y su libertad operativa. Después de 10 años, las tarifas se mantienen casi sin variantes y sin relación con los costos. La diferencia se cubre con subsidios estatales cada vez más abultados (casi 3% del PBI), que a su vez incentivan un mayor consumo y generan un efecto bola de nieve. Junto a 300 millones de pesos para gastos corrientes a la estatal Enarsa, el Ministerio acaba de tener que inyectarle el 1 de julio a Cammesa 470 millones de pesos (después de otros 1.700 en lo que va de año), ‘extraídos’ nada menos que de la empresa que administra las centrales nucleares Atucha I y II. Un dinero, además, destinado en su mayor parte a financiar la adquisición de gasoil y fuelóil, ahora que las generadoras de electricidad se han quedado sin reservas de gas.

El puño del ministro De Vido se sacude ante Edesur (Endesa), para recordarle que espera nuevas inversiones, ahora que Conti desvela la inseguridad jurídica argentina y exige que los Kirchner honren sus promesas tarifarias, después de una década. Las empresas generadoras de energía denuncian ahora que en 2009 la demanda pagó el Mw a un promedio 54 pesos, pero el costo de producirlo fue el costo de producirlo fue de 164, lo que explica un déficit de 15.000 millones de pesos el año pasado que en 2010 terminaría rondando los 20.000 millones de pesos. Y sólo después de meses de bloqueo de sus dividendos, las distribuidoras eléctricas Edesur y Edenorte pudieron sellar un acuerdo con el ente Regulador de la Electricidad para redistribuir beneficios, que debe pasar por el visto bueno del Enre a sus inversiones. Nada que haya impedido que, atrapadas en el laberinto de su suministro, encajen la presión del Enre por los cortes de suministro: la más reciente, una multa de 20 millones de pesos la semana pasada para Edesur, el brazo argentino de Enel.

ZOZOBRAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS TRAS EL ‘MODELO AUSOL’

No es nada, en realidad, que no haya sucedido con Ausol, controlada por Abertis (31,59%), Impregilo (19,82%); la argentina Sideco (7%), Dycasa, (5,83%) y ACS (5,71%). Sólo así se entiende que, después de años de avisos, la concesionaria de la autopista Panamericana y la General Paz de acceso a Buenos Aires -dos de las más jugosas y transitadeas del país- cerrara su quinto año consecutivo en rojos con una pérdida neta de 164 millones de pesos (41,6 millones de dólares), un 15,7% más que en 2008, con la imposibilidad para afrontar un pago por 19 millones en junio y con dificultades para cerrar la reestructuración de un crédito de 307 millones de dólares. Aunque el 18 de julio conseguía prorrogar por séptima vez el plazo de oferta para refinanciar deudas, hasta el 2 de agosto y suscribió en junio un "acuerdo de apoyo" con entidades financieras que poseen el 34,6% de las obligaciones negociables (ON) a refinanciar, la compañía presidida por Gonzalo Ferre Moltó seguirá bajo la figura de un interventor estatal hasta octubre. Las concesiones viales también han dejado de ser una ‘golosina’ rentable para las grandes multinacionales en Argentina.

Después del modelo de peaje a cambio de canon (entre 1993 y 2003), que fracasó por falta de realismo tarifario, el propio Néstor Kirchner ideó uno en el que las concesionarias se debían ser meros transmisores y gestores del peaje a cambio de una cuota. Acabó también en fracaso, con 14 de los quince aumentos de tarifa congelados -salvo el de 2004-. Lo saben bien OHL y Ausol. Pero tampoco lo olvidan en el Ministerio de Bodou ni en Planificación. Desde hace dos meses, su nuevo modelo, ya no tiene más canon, sino subsidios o compensaciones que el Estado les da a las concesionarias. Pero el Ejecutivo de Cristina Fernández ha tenido que convencer a las empresas con el anzuelo de la obra pública: sólo a cambio de un paquete de obras con una inversión pública de 13.000 millones de pesos. Un ‘panal’ al que, después del escarmiento de TGN, Techint ya no ha ingresado, pero en el que Electroingeniería, que ingresó al mundo de los peajes hace dos años tras la intervención y la compra de Vialco, se pone cómoda.

Con la reedición de la intervención de TGN en 2008 y de Ausol -aún bajo intervención por 60 días más- De Vido actualiza el aviso para navegantes a las empresas concesionarias de los servicios públicos, impone el tentetieso de la calma a un sector energético en armas, busca garantías en inversiones y redirección de dividendos y beneficios con las multinacionales de sectores regulados. Nada que impida que los planes de su intervencionismo energético se les indigesten aún a los Kirchner. Shell enfrenta aún 57 causas pendientes en Argentina, pero ya ha conseguido revocar en primera instancia 18 de las 45 multas por desabastecimiento. Y la gasista TGN, -aunque seguirá intervenida al menos hasta agosto- con tres avales de la justicia en contra de la intervención estatal, le despejó más de un horizonte a las defensas a Ausol y Metrogas: la Transportadora del grupo Techint conseguía que la Cámara Nacional de Apelaciones cuestione la acción pública. Seguirá hasta la Corte Suprema, aunque tenga que hacerlo bajo el paraguas de la intervención estatal. Las empresas de servicios públicos buscan una estrategia común, en voz baja no niegan que el “kirchnerismo” se ha convertido ya en la peor de sus crisis y han comenzado, con Metrogas en cabeza, a acudir a los tribunales para exigir que se cumpla el horizonte regulatorio y tarifario con el que han diseñado sus planes estratégicos. Quedarse, se quedarán, pero salvaguardan sus intenciones y han hecho de la “diversificación” en el continente un plato del menú argentino.

Lo han hecho, también, en el sector de las telecomunicaciones, los de Bernabé y Galateri. La amenaza durante meses de nacionalizar Telecom si no se despejaba a su gusto su composición accionarial le ha dado tiempo a Telecom Italia para negociar, ha obligado a los ‘pretendientes’ a enseñar sus planes y superar el examen de la SEC. No le será fácil a Fernández  en el sector de las telecomunicaciones la nacionalización de las AFPJ; menos aún los antecedentes de Aguas Argentinas, Thales Spectrum o el Ferrocarril San Martín. Ni su mayoría absoluta perdida en el Congreso, ni los recelos de sus ‘aliados’ comerciales para el nuevo mapa de TA -los Wertheim con el 50% de Sofora y los Eurnekian con la intención declarada de desembarcar en TA- acompañan esta vez a su bitácora. Las resoluciones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y de la Secretaría de Justicia han topado con los muros de la justicia a los que apeló la operadora de capitales italo-españoles. Sólo así se entienden los atisbos de cambio en la estrategia de la Casa Rosada: ya no se obstina en neutralizar la opción de compra sobre la mitad de Telecom Argentina en manos de los Werthein ni con obligar a Telecom Italia a vender su 50% en TA lo antes posible. Ahora está abierta a buscar socios para la teleco alpina, con o sin los W a bordo.

PROBLEMAS EN LAS ‘CAJAS’ QUE FINANCIAN SU LABERINTO

A Fernández se le agota el tiempo. Y las ‘cajas’. Sin financiamiento de los mercados internacionales a tasas de un dígito aún -a pesar de canje-, al sector público le urgen 65.000 millones de pesos para cerrar un gasto que se ha incrementado un 30% sobre presupuestos en los últimos meses y que sólo bebe de dos cajas, ahora en cuestión: el Banco Central y el sistema de pensiones de la Anses. Tiene más a mano blindar la Anses ante la deuda de las provincias, pero lo de las pensiones será otra cosa. Sobre todo si la oposición -con mayoría en el Congreso- consigue sacar adelante la propuesta para dedicar el 82% móvil (del salario mínimo) a las jubilaciones. Ese ajuste y el cumplimiento con lo dispuesto por la Corte Suprema en el caso Badaro exigirían al menos 23.000 millones de pesos más, lo que elevaría 10 puntos de gasto en el Presupuesto. Si se consuma la subida del 20% del salario mínimo (ahora que se ha invalidado la Ley de Salarios), podría ascender a 42.000 millones de pesos. Un latigazo a los planes iniciales de Fernández, que quiere triplicar los planes sociales en los meses que le quedan en el poder.

Ni un superávit primario de mayo por 6.000 millones y el financiero por 5.300 millones, por primera vez en más de un año después de una recaudación tributaria récord en el primer trimestre ni las previsiones del Gobierno de contar con una caja de 96.000 millones de pesos para sus políticas de gasto opacan que el problema ya no son sólo las cajas, sino las aspiraciones y las urgencias en un año electoral. No es sólo la oposición la que sugiere que al menos 33.000 millones de pesos que se requieren para subir las pensiones pueden retraerse, al menos parcialmente, de la caja de sus subvenciones. Si el Ejecutivo no quiere una reforma impositiva, la Ley Financiera (que del Point ha tenido que volver a sacar del armario en la que la dejó Redrado), o la restitución parcial de los aportes patronales -y efectivamente no quiere- la salida pasa por una reestructuración del gasto. Ya Bodou y Bossio rebajan el tono. No desisten de advertir que es matemáticamente inviable, que la subida generaría un déficit operativo en la Aseguradora Nacional del Sistema de la Seguridad Social de al menos 53.000 millones de pesos.  Pero, a las puertas de las elecciones, Cristina Fernández duda entre la ‘bolsa’ de la Anses, o la ‘vida’ de su respaldo electoral. Por si acaso, ha empezado a sacudir los últimos flecos de su ‘caja’ más rentable: después de capturar el 80% del superávit de la ANSES para financiarse en 2009 -más de 4.155 millones de dólares- el 29 de junio, la ANSES le prestaba al Gobierno más de 1.200 millones en dos letras del Tesoro con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

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