edición: 2575 , Martes, 16 octubre 2018
21/10/2009
OBSERVATORIO LATINOAMERICANO

Los Kirchner, con paso firme hacia el 'default', se proponen ahora ordeñar a la banca privada

La nueva Ley los considerará un ‘servicio público’ y los obligará a cupos de crédito para producción y consumo
Consumarán el desembarco de la ANSES en las Juntas Directivas que se resistieron, para empezar la del BBVA
Preparan para los bancos más fuertes una fórmula de fideicomisos y préstamos que aporte 1.500 millones de dólares al Estado si no hay acuerdo con el FMI
Cristina Fernández de Kirchner
Ana Zarzuela

Estira otra falange de su mano de hierro. O, al menos, Cristina Fernández hace el gesto para su galería. Contagia al sector bancario, décima a décima, la fiebre intervencionista de Hugo Chávez que se trajo ‘la nueva Evita’ de su último viaje a Caracas. Al abordaje. Todos sus calendarios pasan ya por la banca local, tiene para ellos una mesa llena de promesas y amenazas: les entona primero el ‘prietas las filas’, ha liberado los dividendos que les ‘cajoneó’ al BBVA y al Santander y no quiere informes salidos de sus escritorios que manchen la negociación del ministro Boudou con el Fondo Monetario. Al ‘zigurat’ de sus cuentas públicas le faltan ya fichas para cubrir los 5.500 millones de dólares que necesita para cerrar el año, más aún los 10.000 del próximo semestre. Si no cuaja la opción internacional para Argentina, ya tiene todas las recetas -bonos, fideicomisos y créditos- para ponerle apellidos bancarios a los primeros 1.500 millones de dólares para el Estado. Hasta el acceso estatal al ‘encaje’ de seguridad que se reserva para el Banco Central está ya sobre la mesa. Los gravámenes a la venta de acciones y bonos y la prolongación dos años más al impuesto a los cheques son sólo el preludio del nuevo papel que los Kirchner les reservan a la banca privada. Buenos Aires toma prestado el diccionario ‘bolivariano’ y baraja con él la nueva retórica de la Casa Rosada para la banca argentina: ahora que es un servicio público, “obligará a democratizar el crédito”, nada de dejar el sistema financiero en manos del mercado.

Pretende añadirle el apellido “crédito productivo” a su proyecto de Ley y con él, la aspiración de determinar las líneas rojas de los créditos, la política de sucursales, a marcarles con una mano las obligaciones de créditos a la producción y a indicarles el camino de las ayudas con la otra. Cuando llegue La ley, los K esperan haber podido consumar ya la segunda ronda de su ‘plan Anses’: el desembarco de los representantes de los fondos de pensiones nacionalizados en las Juntas bancarias aún pendientes y la ‘colaboración’ de las entidades para  participar en sus programas de vivienda y obra pública con los fondos de la Anses que hasta ahora han repudiado. Le ha pasado ya todas las manos al tejido financiero, sólo un 15% de los depósitos escapa a la avidez del Estado, o al menos a sus urgencias, pero el nuevo mapa de sus aspiraciones de inversión pública requiere más. 

Los Kirchner se han venido arriba, cosas de la Ley de Medios. Son tiempos de decretos de urgencia y necesidad. Aún no ha digerido la nacionalización de los fondos de pensiones y la Ley de Medios recién aprobada, pero a su mayoría parlamentaria le queda menos de dos meses de vida –antes de que tome posesión el nuevo Parlamento el 10 de diciembre- y quieren dejar el edificio de su intervencionismo ultimado. Para empezar, el bancario. Saben que después de tironeo entre Redrado -el presidente del BCRA- y Cristina Fernández, la Superintendencia de Entidades Financieras quedó en manos de Carlos Sánchez, un ‘kirchnerista’ de pura cepa, dispuesto a cerrar filas desde el supervisor con las propuestas de la Casa Rosada.  El bancario será otro plato del ‘menú’ de la urgencia y la necesidad. De espaldas a las advertencias de los analistas y a las luces rojas del sector: la sombra el intervencionismo espantará aún más la confianza. No son la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Unión Industrial Argentina (UIA) las únicas que advierten que la emboscada bancaria es sólo ‘una mancha más para el tigre’.

Aunque las expectativas de apreciación del dólar, la liquidez internacional y la búsqueda de mercados emergentes han mejorado la avidez por los bonos argentinos y los depósitos en pesos han vuelto a crecer, los inversores esquivan la tierra del tango. No es otro que el depósito obligatorio del 30% del capital en el Banco Central durante un año lo que frena la entrada de inversión extranjera en 10.000 millones de dólares al año según la Bolsa de Valores de Buenos Aires. La Casa Rosada ha buscado atraer de nuevo a los capitales espantados con el señuelo del perdón legal para el ‘blanqueo’ y el aliciente fiscal, del 8% al 2% en impuestos, pero la fuga de ‘billetes verdes’ se triplicó en el segundo semestre y 48.000 millones de dólares han abandonado el país o se han escondido en cajas de seguridad privadas. Cristina Fernández asume ya los efectos secundarios de su intervencionismo: la restricción a las importaciones ahoga la industria y enfada a sus vecinos, la fuga de capitales, desabastece a la industria y deja a los bancos en brazos de sus bonos; las empresas hace un año que no emiten acciones. Y hasta la Anses le recuerda que ya está en rojos, duplicó su déficit en dos trimestres y no da para mucho más, ahora que las nuevas reglas de movilidad le  el suelo de su caja tonta.

SERVICIO PÚBLICO

La Casa Rosada se empeña en ‘inyectarle’ el principio de “rentabilidad razonable” ahora también al sector financiero. Se le confunden los argumentos y los interlocutores. No los apellidos, están escogidos, son los de los grandes bancos privados. Quiere llegar allá donde la mano del Banco Central, las líneas rojas del crédito y el mercado no alcanzan. Le da otra vuelta de tuerca a la mano del Estado sobre el tejido bancario, pero se engolosina con su propia sombra. Olvida que, si sólo 15 de cada 100 pesos que entran en los bancos sólo se prestan 15, es porque el sector público absorbe el resto para financiarse, o suscribir letras y notas: más de 6.000 millones de dólares, según el propio Banco Central, fueron a parar a sus arcas, o a financiar al Tesoro Público. Y lo harán más aún ahora que la Nueva Ley de Responsabilidad Fiscal permitirá a las provincias ofrecer deuda pública. Y que- como le recuerdan las asociaciones bancarias- ni los conflictos políticos y sociales, ni una morosidad que se ha casi duplicado en dos años en los créditos privados -hasta un 6,4% en los segmentos de ‘familias’-, invitan a los bancos a desmontar el blindaje de su liquidez. Sólo darán más crédito si mejora el clima político. Cristina Fernández se guardó en junio en el último segundo un decreto de necesidad y urgencia para fijar la tasa de interés que deben cobrar los bancos por las tarjetas de crédito. Ya estaba servido a la mesa. No fueron las alertas de los analistas- (advierten que se produciría un estrangulamiento del crédito más grave que el que ya existe), sino el ruido de sables con las energéticas y el ‘affaire’ Techint lo que ha pudo entonces más. El decreto fue sustituido por una autorregulación de los costos bancarios similar a la que estableció Barack Obama en los Estados Unidos, pero el proyecto de la nueva Ley lo volverá a revivir.

A los Kirchner les huele a 2001. No sólo es el FT el que jura que su “peor problema económico es el peronismo”. No le llega la camisa al cuello de la deuda. Han agotado las cajas del Tesoro, las arcas de los organismos estatales, las pensiones nacionalizadas, el recurso a los bonos de Venezuela y hasta la extensión de los vencimientos locales. Le pone de nuevo la cara al FMI y trata de conseguir oxígeno para renegociar los 20.000 millones pendientes con los tenedores de bonos, pero si no consigue volver al redil de París, sabe que verá de nuevo cara a cara al fantasma del default, ahora que sus urgencias financieras son de más de 10.000 millones. Le han puesto de nuevo fechas a sus líneas rojas Stone Harbor Investement y Moody´s: si no logra volver al mercado internacional de capital, Argentina caerá en default en menos de un año, ya desde este trimestre las provincias y el Estado están en déficit financiero técnico. Pero no es el ministro Boudou el único que ha leído el informe del Instituto de Finanzas Internacionales: todos los bancos internacionales descuentan que la economía caerá un 2,4% este año y no confían en la viabilidad del plan de la Casa Rosada para volver al ‘redil’ de la solvencia internacional sin pasar por la lupa del FMI. Por si acaso, son los Kirchner los primeros en mirar de nuevo para casa en busca de ‘pagadores’.

Hay sed de liquidez. Tanto que Cristina Fernández no tiene más remedio que levantar todos los baldosines propios y ajenos. Enarbolan las varas del escarmiento y buscan esta vez que sean los bancos -si son multinacionales mejor- los que taponen alguna de las fugas del buque de la economía argentina, al menos las del populismo peronista. Será susto o muerte. Buscan la paz bancaria. Quieren sintonía con los grandes bancos, esquivan la sombra de las investigaciones sobre su patrimonio y driblan a golpe de bono los avisos de los bancos internacionales. Se abrazan a ellos con las ofrendas de paz -bonos y dividendos- en una mano y las nuevas ‘digestiones’ -impuesto de cheques y ley- en la otra.

LA SEGUNDA VUELTA DE LA ANSES

Argentina busca torniquetes bancarios y los tapones del miedo para cerrar -por las buenas o por las malas- las vías de agua que desaguan la nave de las cuentas públicas y se tragan cada dos meses la misma cantidad que las pensiones estatalizadas pensaban aportarle a las arcas argentinas. Miran a la rentabilidad de la banca argentina y respiran por las heridas del ‘servicio público’, la bandera con la que ya Nestor Kirchner desembarcó en la Casa Rosada.  Han intentado asegurar la ‘fidelidad’ bancaria con el reparto de los fondos de la ANSES. Les duele -no lo ocultan- que las entidades privadas hayan pasado casi de largo de los fideicomisos de la obra pública. Más aún que en el último trimestre sus beneficios hayan ascendido a 1.220 millones de dólares, un 51% más. Paradojas de las zozobras argentinas, ha sido el precedente de la crisis de 2001 y la debilidad endémica del sistema bancario local lo que mantuvo a las entidades alejadas de la exposición a la crisis global, con niveles estables de rentabilidad y una pérdida de activos de sólo 11.000 millones de dólares desde 2008. No hace ni un mes que el gobierno argentino permitió -después de cuatro meses ‘cajoneados’- que los Bancos Macro, Patagonia, Santander Río (75 millones de dólares) y BBVA Francés (32 millones) pudieran hacer efectivo el pago de sus dividendos.

La Casa Rosada les ha intentado imponer a los bancos el sello de la Anses. No hay aún ni rastro de la compensación por la nacionalización de las AFPJ. Lo sabe FG, que bate desde hace un año una guerra de guante blanco con la Casa Rosada. Ni la limitación del voto al 5%, ni la imposibilidad de sumar acciones individuales de las AFJP y la incapacidad estatal -teórica- para nombrar directores han alterado los planes estatales. Empeñado en darle cuerda a un titanic sin música, el gobierno de Cristina Fernández se bebió a borbotones el oxígeno de la Anses y donde puso el ojo de la nacionalización, quiere acabar de poner también la bala, si no del control, al menos sí de las decisiones en una veintena de compañías en las que el Estado tiene más de un 20% de las acciones, por el atajo de las AFPJ. Por si las dudas, Néstor Kirchner advierte: no quiere que pase lo mismo que con Aerolíneas o Aguas Argentinas. Quieren hacer entender al tejido empresarial quién manda en su ‘rancho’. Pero el desembarco de sus casi cincuenta ‘embajadores’ en las directivas de una veintena de empresas por las grietas de la Anses les ha dado presencia, pero poco más. Su guerra se libra en muchas canchas. Les niegan los créditos de la Anses, nada de obras de compensación de las pensiones. Y del retorno de capitales, ni se ha visto ni se verá, pero nada parecido al control que buscaban. Y, sobre todo, a la caja de la liquidez y las inversiones que ahora les urge. Por eso los Kirchner quieren consumar ahora a toda prisa su aterrizaje en las Juntas Directivas Pendientes, para empezar las del Banco Galicia, con un 20,4 de acciones, el Patagonia (un 17,4%) y el BBVA-Banco Francés, que en la última Asamblea del 27 de marzo se zafó de un director impuesto desde la Casa Rosada  cambio del 7,5% de la Anses en su accionariado.

En Argentina, después del golpe al BBVA con la tenaza de las AFJP, la consigna es no moverse y respirar poco. El Banco Francés se conforma con ser la segunda entidad privada en depósitos, la tercera en créditos. La fuga de capitales, la desconfianza que frena el proceso de bancarización, las zozobras del consumo y el crédito -en los que el banco es uno de los primeros del país- le cortan el oxígeno y le oxidan la corona al BBVA en la tierra del tango. Es el propio Servicio de Estudios del Banco el primero en advertir que algo huele a 2001 en Argentina, en igualar el riesgo con Venezuela y alertar de que los K y Chávez caminarán juntos de la mano hacia la recesión en 2010. González le guarda las distancias a los Kirchner, ya conoce sus requiebros. Si en su choque con los empresarios madrileños hace dos años Cristina Fernández prometía enviar al psicólogo a los economistas que veían riesgos en Argentina, los del Servicio de Estudios del BBVA tienen ahora todas las papeletas para sus divanes. Su alta dependencia exportadora, su restricción cambiaria, el descuido oficial a la confianza de los inversores, sus políticas fiscales poco cautelosas y su previsión de un crecimiento menor al de toda la región -no superior al 1,9%- demarcan un escenario al que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria le pone todas las luces rojas y un apellido: “muy riesgoso”, tanto como Venezuela, Rusia o Europa del Este.

Las presiones para las rebajas de tasas -por las buenas o por las malas- no es nada que no sufran todas las entidades financieras. Nada que no amenace también con descolocar las fichas de la calma del BBVA-Banco Francés -a pesar de que su spread es el más bajo- y el Banco Santander Río, que está en la media con los demás.  El círculo impositivo se estrecha sobre los predios argentinos de Emilio Botín, tanto que -junto con las provisiones- lleva los apellidos del descenso de los beneficios un 37% en el primer trimestre del año. Y -al menos por ahora- no hay aún ni rastro de la nueva línea de préstamos hipotecarios con fondeo de la Anses que Cristina Fernández le prometió al Banco Río para compensar el seísmo de las nacionalizaciones. Al Santander, con un negocio muy dependiente de su cartera de préstamos al sector privado -es el líder-  y del segmento minorista  el  Santander Río respira ya en los últimos meses por la herida e la disminución del ritmo de crecimiento en su actividad crediticia. Las nuevas condiciones impositivas y el marco legal que cocina ya Cristina Kirchner de espaldas a su marido pueden ser el colofón a su tango ‘cuesta abajo’.

LA ‘SOLUCIÓN BANCARIA’ PARA LA LIQUIDEZ

Bodou no quiere manchar el ‘altar’ argentino con el FMI, ahora que se acerca el vencimiento de 6.700 millones con el Club de París, que busca regresar al redil de los mercados de crédito voluntarios internacionales y cerrar un acuerdo con los tenedores de bonos que rechazaron la reestructuración en 2005. El panorama internacional financiero juega a favor-hay liquidez, tasas bajas y los inversionistas buscan títulos rentables de los países emergentes- pero no llega el acuerdo con Buenos Aires y los 10.000 millones de dólares que Argentina esperaba emitir siguen sobre la mesa de las dudas.

La Casa Rosada -lo reconoce hasta el propio ministro- necesita más fondos para atender el déficit de este año. A la vista de que ha excluido la emisión de casi-moneda y la colocación de un bono internacional y con el acceso a los mercados voluntarios de crédito sellado para Argentina, prepara el mapa de las soluciones bancarias. Ya hace semanas que lo descontaban los analistas locales en Crítica: desde su llegada al ministerio, Bodou baraja salidas para su déficit con las cartas marcadas para la banca argentina. Las suyas propias, pasan por un programa de Letras de cortísimo plazo en pesos, a no más de 90 días para que las entidades financieras coloquen en el Estado la plata que no les prestan a la gente y a las empresas. La Ley Financiera que cocinan ya los fogones del peronismo va más allá: consumaría la vía libre del Estado a una parte de los 7.800 millones de dólares de los encajes (los fondos inmovilizados) que las entidades financieras tienen en el Banco Central, a cambio de una tasa anual del 5%.

Amado Bodou estrenó su cartera con el pago de deuda por 2.250 millones de dólares en agosto, pero según estimaciones de consultoras de la City, el Gobierno precisa al menos 5.500 millones de dólares para cerrar las cuentas financieras del año. El Banco Central podría aportar 2.000 millones por adelanto de sus utilidades; 500 millones adicionales los acercarían organismos como el BID y el BM. Y otros 1.500 millones saldrían de canjes de bonos pactados con bancos y la venta de algunos activos por parte de la ANSES (acciones empresarias). Aún así, faltarían 1.500 millones que sólo podrían cubrirse con operaciones bancarias. Tratan de ordeñar unas cuentas públicas que sangran ya por las heridas de la liquidez: con un gasto que crece por encima del 30% e ingresos totales estancados, en los siete primeros meses del año acusó un déficit financiero de 2.300 millones de pesos, contra el superávit de 16.600 del año anterior. Pero a pesar de la absorción por el fisco de los aportes a las AFJP, el superávit primario no alcanza hoy para pagar los intereses de la deuda pública. Cristina Fernández la pasa la gorra a todas las ‘cajas’ del Estado: el banco de la Nación le ha prestado 1.000 millones de dólares al Tesoro, que jura estar autorizado para recibir de él hasta 7.300 millones de dólares.

El país ha emitido 4.200 millones de dólares de deuda a organismos estatales y ha vuelto a tomar los fondos de los jubilados, con una Letra del Tesoro en pesos y otra en dólares a ser suscrita por el Fondo de el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS). Pero los 2.500 millones del nuevo cupo del FMI tienen ya apellidos prestados: los del salvataje para las provincias con dificultades- Buenos Aires y Mendoza para empezar- que esperan por más de 3.500 millones de intrafinanciación y no podrán cubrirlo a pesar de que la nueva normativa les permite un endeudamiento superior al 15% de sus ingresos.  Y ni las sacudidas a las cajas públicas, ni los fondos de la ANSES, ni el recurso a los bonos de Venezuela, ni la extensión de los vencimientos de deuda local serán suficientes, por sí solos, para cubrir unas necesidades de crédito que han subido este año de los 5.900 millones de dólares hasta los 10.700 millones actuales.

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