edición: 2614 , Miércoles, 12 diciembre 2018
16/12/2009
OBSERVATORIO LATINOAMERICANO

Los Kirchner se atragantan con su ‘bonapartismo’ y dan marcha atrás, pero espantan a las inversiones españolas

Las empresas perciben ya Argentina casi al mismo nivel de riesgo que Venezuela o Bolivia: sólo un 20% de las cotizadas en el Ibex mantendrán el nivel de inversiones en 2010
Amenazan con estatalizar Ausol y repetir la intervención con Metrogas, pero a la vista de las sentencias a favor de TGN, las causas pendientes en Ciadi y los avisos del regulador, lo piensan dos veces
Han comenzado a soltar el lazo de las tarifas sobre las autopistas y el gas y los analistas locales les advierten que, a la vista del antecedente de la AFPJ, no podrán con las intervenciones
Nestor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner
Ana Zarzuela

Encadena el ‘tango’ de sus amenazas y taconea sobre Ausol y los 120 días de su intervención preventiva, lo justo para entonar el eco de sus planes para desembarcar en Metrogas si la gasista se desliza hacia el default o sus accionistas mayoritarios -BP y Repsol- levantan más la voz ante los olvidos tarifarios del Gobierno argentino. La Casa Rosada quiere dar ejemplo con las multinacionales de servicios públicos, las españolas para empezar y ahora el ministro De Vido con la mirada puesta en Madrid- anuncia estatalizaciones si cruzan sus líneas rojas bajo la lupa de sus interventores. Pero la nave de los Kirchner topa con los muros del realismo: con los de la justicia y con los de las tarifas en cuanto ha desembarcado en las empresas de servicios públicos. El de las empresas intervenidas le recuerda -con la sentencia favorable recién emitida para TGN y la rebelión de la CNMV argentina- que el viaje puede ser de ida y vuelta y con peajes caros para la Casa Rosada. Ni siquiera el Estado puede pagar la prórroga de las intervenciones, les pasa las facturas de TGN -y con ellas el aviso para navegantes- con nuevos impuestos a las demás gasistas.  Buenos Aires da marcha atrás.

El Gobierno ha esperado al default y la intervención de Autosol para darle el visto bueno -después de una década- a las tarifas de algunas autopistas, entre ellas las del Acceso Norte a Buenos Aires que gestiona la participada por Abertis y ACS. Sueltan el lastre de las tarifas congeladas del gas y la electricidad, aún a riesgo de reconocer que -como denunciaban- sus deudas tienen los apellidos del incumplimiento estatal. Y lo harán sólo para las que no se acerquen a reclamar a los muros del Ciadi. Las empresas de servicios públicos que operan en Argentina buscan una estrategia común, en voz baja no niegan que el “kirchnerismo” se ha convertido ya en la peor de sus crisis y han comenzado, con Metrogas en cabeza, a acudir a los tribunales para exigir que se cumpla el horizonte regulatorio y tarifario con el que han diseñado sus planes estratégicos. A las españolas se les ha acabado la paciencia: hacen cuña con la patronal local, el regulador de los mercados y los tribunales: dejaran que caiga por su propio peso la salida de los interventores estatales, pero resguardan la prudencia de sus inversiones en Argentina.

Ya no es sólo la patronal local la que le entona el ‘no va más’, ni la Asociación Empresarial Argentina (AEA) la que le ha puesto nombre a las “interferencias excesivas del Estado y el hostigamiento” al sector privado. Las empresas españolas han vuelto a exigir a Moncloa las garantías que ni Moratinos ni Presidencia han podido despejar hasta ahora.  Las mismas que el propio Rey Juan Carlos le pidió a la presidenta en febrero durante su visita a Madrid. No va más. Trataron de poner sobre la mesa los vaivenes tarifarios y la inseguridad del gobierno argentino durante el periplo argentino de la vicepresidenta De la Vega, pero Cristina Fernández no dejó que le empañaran los brillos de su sintonía con Moncloa y las promesas de un nuevo acuerdo entre MERCOSUR y la UE. La presidenta le cantó a Zapatero el  ‘no pasaba nada’ y se entregó a otro estribillo de su milonga de nuevas ventajas fiscales y actualizaciones de precios. Sólo para las energéticas. Pero el ‘tango’ con los Kirchner ha comenzado a hacer del mercado austral una latitud incómoda. Tanto, al menos, como la de sus vecinos bolivarianos.

Cristina Fernández tiene  ya sobre la mesa el último informe que la Escuela de Negocios del Instituto de Empresa y Kreab & Gavin Anderson elaboran entre las empresas del Ibex para despejar sus intenciones de inversión en Latinoamérica en 2010: sólo un 20% de las firmas tiene previsto aumentar o sostener su inversión al mismo nivel en Argetina, aunque un 86% de la mayores empresas españolas está buscando oportunidades de negocio en Latinoamérica y la mayoría realizará más inversiones en la región. Miran a Brasil, México, Chile y Perú: no tienen ojos para las previsiones de los analistas locales, que descuentan que la economía rebotará en Argentina en 2010, aunque menos que el resto de sus vecinos. Ni la alta inflación, las tensiones en el tipo de cambio, ni la negación de la deuda externa y de la ayuda de los organismos financieros internacionales explican un desencanto al que las cotizadas del Ibex le han puesto nombre en el informe: es “la inseguridad jurídica para los negocios” lo que espanta sus expectativas y las obliga a planificar con un ojo en los vaivenes de la Casa Rosada. Nada que no hayan ido desgranando, una a una, las mayores empresas españolas con presencia al sur del Río Grande en la Comisión de investigación del Senado encargada por el Palacio de Santa Cruz.

Las restricciones a las exportaciones, la intervención en el sector agropecuario con la ONCCA, los controles de precios y las limitaciones de operación y tarifas en los servicios, el desembarco de sus ‘hombres’ en las Juntas de las grandes empresas por la puerta de la nacionalización de las AFJP y sus participaciones tejen un laberinto que los Kirchner iluminan sólo con las luces rojas de los escarmientos. Lo hizo con el desembarco en Trasener y ahora le pisa los talones, alto y claro, a Papel Prensa –la empresa de papel de los principales diarios- con la mano de las pensiones de AFPJ sobre los accionistas mayoritarios, Clarín y La Nación. Nada que no vivan las empresas locales, pero nada que no afecte, antes de nada a las multinacionales españolas, los primeros inversores en el país y los concesionarios de la mayoría de los servicios públicos. No son sólo las zozobras de las energéticas españolas y las empresas de servicios públicos las que saben que el fantasma de Aguas de Barcelona -que acabó por abandonar sus tres concesiones en el país en tiempos de Néstor Kirchner- no está solo. La nueva regulación de la Ley de Medios prohíbe a Telefónica prestar servicios de triple play y, aunque ha congelado la demanda que presentó ante el Ciadi, las tarifas del teléfono básico siguen congeladas siete años después.

La intervención en Ausol y  las amenazas oficiales de estatalización a Metrogas,  las presiones para la salida de Telco de Telecom Argentina, la cancelación del tren bala de Isolux, las tarifas congeladas de OHL, la falta de resolución del ‘affaire’ Aerolíneas (aún pendiente de resolución judicial y con 1.000 millones de dólares de pérdidas desde que comenzó la gestión estatal), las líneas rojas que los Kirchner marcan en público al futuro de YPF, las promesas de mayor intervención en la banca -con Santander y BBVA en cabeza- llueven sobre mojado.

EL LABERINTO DE LAS AMENAZAS

Dicho y hecho. Siguen la partitura de sus presiones, la misma que habían ejecutado ya con la gasista TGN y que promete extender a Edelap, la proveedora de electricidad de Buenos Aires si no “cumple su plan de inversiones”. El ‘aviso para navegantes’ de la Transportadora de Gas del Norte resonó en la ‘profecía’ recién cumplida con Ausol. El Gobierno argentino ha colado a un interventor público y la lupa estatal en las grietas de Autopistas del Sur apenas un día después de que la empresa declarara el impago de un tramo de su deuda por 10 millones de dólares. Le quedan dos meses y medio para llegar a un acuerdo de refinanciación con los acreedores, pero advierte que, tras los 120 días de presencia de Héctor Juan Molina en Autopistas del Sol, podría llegar además una rescisión del contrato o una retirada de la concesión para la participada por Abertis, Impregilo, Dichaza  y ACS, que administra el principal acceso por carretera a Buenos Aires. Ya no la aquietan ni los estribillos de la calma de Abertis ante 120 días de presencia estatal, ni sus esperanzas iniciales de que el veedor sirviera para comprobar la estrechez de la generación de caja y las demoras en la recomposición tarifaria integral (pendiente desde 2002) y el incumplimiento de la autorización de principios de año para aumentar los peajes en entre el 54 y el 105%. Menos aún la luz verde por primera vez a la subida de tarifas. Abertis, ahora que Enarsa se niega hasta a definir el perfil de ‘su hombre’ en Ausol, responde a los sables de los Kirchner: ha pedido la nulidad judicial de la intervención.

Y a las empresas de servicios públicos, los condena al ‘corralito’ de sus decisiones y sus tiempos. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) hizo valer su 66% en Emgasud, avaló la refinanciación y la salvó del default. Nada que los Kirhcner estuvieran dispuestos a repetir en Ausol y TGN: no fue otra que la negativa de la Anses la que bloqueó el acuerdo de TGN con sus acreedores en septiembre y tendió la alfombra roja a la intervención del Estado.  El gobierno ha esperado al default y la intervención estatal de Autosol para darle el visto bueno -después de una década de olvidos- a las tarifas de algunas autopistas, entre ellas las del Acceso Norte a Buenos Aires que gestiona la empresa participada por Abertis y ACS. Aún a riesgo de reconocer indirectamente que –como denunciaban Abertis, ACS y ahora Repsol- sus deudas tienen los apellidos del incumplimiento estatal con las tarifas.  El mismo mantra que le repite desde hace años OHL, con las tarifas congeladas en su concesión de la autopista Ezeiza-Cañuelas, que apenas ahora empiezan a ver la luz verde.

El Gobierno de Cristina Fernández acaba de liberar, por primera vez, las tarifas del gas para Gamuza, Litoral Gas y TGS, aunque con la letra pequeña de los calendarios de la Casa Rosada: sus decretos ya habían sido publicados a mitad de año, debían haber comenzado a regir con efecto retroactivo desde 2007 y no entrarán en vigor hasta que el minsterio de Planificación lo ordene. Lo saben muy bien TGN -con un aumento del 20% paralizado desde antes de su default- y Gas Natural Ban, que ha comenzado a cobrar su subida, anunciada oficialmente en octubre, pero deposita la recaudación en un fondo aparte a la espera de la venia oficial.  Para Gas del Centro, Gas Cuyana, Gasnor, Metrogas y Litoral Gas, lo que nunca llegó es la fecha administrativa de aplicación de los cinco decretos que esperan desde su publicación el 26 de marzo. Y nada que no salpique, por igual al sector eléctrico, con Endesa en cabeza: en siete años Edesur sólo ha podido hacer efectivo un aumento del 15% (en febrero de 2007) y limitado a los usuarios no residenciales. Los Kirchner les han recordado, a sangre y fuego, el peso del marco regulador y de la huella del intervencionismo.

La llegada, gota a gota y por la puerta de la parcialidad, de los nuevos aumentos de las facturas del gas y la luz en octubre no opaca que aún quedan pendientes, en la nevera de la Casa Rosada, cinco decretos generales y una decena de acuerdos sectoriales. La renegociación de los contratos de las distribuidoras del gas -con Metrogas al frente- no tiene la autorización de Enargas y, a la vista de la nueva reedición -la séptima seguida- de la Ley de Emergencia Económica, en lo despachos del regulador Enargas advierten, además,  que las aguas no llegarán esta vez tampoco a las arcas de Metrogas. BP y Repsol tienen sobre su mesa todas sus amenazas. Y, junto a ellos, meses de silencios del ministro De Vido y la Casa Rosada.

METROGAS, EN EL PUNTO DE MIRA
 
El regulador tiene ya sobre la mesa de BP y Repsol la hoja de ruta de la intervención estatal en Metrogas -la misma que ejecutó con TGN- si no hace frente este mes a una deuda de 16 millones de dólares. Ha jugado a despejar el descontento que YPF, Techint y Petrobras clamaron a los vientos de Wall Street y a opacar la sombra del default con nuevas ofrendas de paz para las energéticas. Pero de la ‘milonga del paso a dos’, Cristina Fernández se devuelve al tango arrebatado, al son de la séptima reforma de la Ley de Emergencia Económica. La Casa Rosada se piensa aún las tarifas gasistas que prometió hace casi un año a Metrogas, ha atrapado la producción y las regalías de YPF en su ‘guerra’ con las provincias petroleras, los dividendos de las eléctricas –Endesa entre ellas- llegaron tres meses tarde, por la puerta de parcialidad y con la ‘propina’ de más inversiones. Se lo pone difícil a las exportaciones del gas -las de Chile tienen ya fecha final- y no atiende a los costes de las eléctricas;  hace cada vez más costosa la presencia del regulador sobre ellas y carga cada golpe de intervencionismo a sus espaldas: la mano estatal sobre TGN es mucho más que un ‘aviso para navegantes’ para Gas Natural Ban y Metrogas en las espaldas de Total: pagan ya 5,29 millones de dólares por ella.

Sin el reajuste de precios prometidos -lo recuerdan sus accionistas de Repsol y BG-  la principal distribuidora de gas del mercado argentino rozará la suspensión del pago de deuda. BP y Repsol estiraron, desde las promesas de la Casa Rosada en septiembre y el decreto de precios de octubre, las costuras de la paciencia. Pero ni el descenso del 91% en sus beneficios en el tercer trimestre, ni el aliento de la deuda de 250 millones de dólares ni la subida de costos del 190% desde 2001 le permiten transitar ni un trimestre más por el desfiladero en el que sus tarifas siguen congeladas desde hace una década.  Si llegan -advierte la Casa Rosada ahora- los 11 millones de dólares extras ya no llegarán a las arcas de la gasista: el Estado pondrá de largo con ellos un fondo fiduciario para mantener y expandir la red hasta que retire los contenciosos pendientes en tribunales internacionales. El regulador, Enersa, no oculta que respira por las heridas de la denuncia que la anglo-española sostiene ante el Ciadi y se lo ha dejado claro, negro sobre blanco: seguirá los pasos de TGN, intervenida desde que en diciembre de 2008 declaró el default de una obligación negociable de 22 millones de dólares sobre su deuda de 347 millones.

CERCO A LAS ENERGÉTICAS

Estira otra falange de su mano de hierro, o al menos se lo hace ver a las multinacionales energéticas: Hay sed de golpes de efecto populistas en la Casa Rosada. Estrechó los lazos de la Anses, levantó los baldosines de la liquidez ajena y ahora Cristina Fernández estrecha los muros de un laberinto al que Standard & Poor’s le ha puesto apellidos: es el reino de la “discrecionalidad” kirchnerista sobre los negocios energéticos y las inversiones de las multinacionales. Uno que, según los cálculos del banco, sólo a Metrogas le cuesta cada año más de 45 millones de dólares en el limbo tarifario. La dependencia del gas foráneo y el final de las exportaciones de GNL a Chile, el descenso de la explotación de crudo, la renuncia a las infraestructuras regionales que soñó y los recortes eléctricos acotan un nuevo ‘corralito’ con las empresas como víctimas y con las tarifas, las limitaciones a las exportaciones de energía, la intervención estatal en las Juntas Directivas de una veintena de empresas –la mitad de ellas energéticas-, o los muros del pago de dividendo como verjas del laberinto.

Ni el atractivo de unas reservas que se han dejado caer, ni las concesiones de unas provincias petroleras que disputan tasas y regalías con la Casa Rosada y han visto cómo la explotación y exploración de hidrocarburos se reduce son suficientes para compensar la pérdida de las ‘reservas de la confianza’ de las multinacionales en la ‘energía’ de Argentina. Buenos Aires hizo del ‘tango del tarifazo’ con Edesur y Edenorte -paso adelante y paso atrás- la última de las ‘piezas’ de un safari empresarial en el que busca demostraciones de control y promesas de inversiones sobrevenidas. Ni Endesa -aunque Edesur ya supera desde el 14 de septiembre el bloqueo a sus dividendos- ni Petrobras, ni Metrogas están solas ante un aviso para navegantes a la patronal energética, que se resiste a las ‘vacunas’ oficiales. A las gasistas, las eléctricas y las petroleras las atrapa en un calendario en el que las ‘hojas’ de los acuerdos, los decretos y las licencias nunca acaban de caer.

Si denuncian, demora aún más su horizonte tarifario, si intentan despejar el horizonte de su deuda por los atajos del default, lo neutraliza. Las multinacionales del sector respiran por las mismas heridas que han llevado a la Casa Rosada a imponer directivos en las empresas participadas por la Anses, a pelearle los dividendos a Techint, o a transferirle a la Secretaría de Comercio Interior unas nuevas riendas del mercado de las tarjetas de crédito. Pero el tambor de las amenazas hace eco con más fuerza en el sector energético.

Las alertas de Techint y de YPF ante la SEC llueven sobre mojado en las alarmas que encendió el informe de ocho ex ministros de Energía argentinos, reunidos para recordarle a los Kirchner que su modelo está al borde del colapso. Sólo la resolución del CIADI -el pago del Estado de 172 millones de dólares por la pérdida de valor de Camuzzi Gas Pampeana y Gas del Sur- les recuerda a los Kirchner los límites de sus avanzadillas. Repsol, Edesur, Gas Natural se lo han dicho alto y claro a las puertas de la Casa Rosada: no va más en un modelo energético en alerta. No son los ocho ex secretarios de Energía los únicos que advierten a la Casa Rosada: “Argentina tiene un presente decadente en materia productiva y un futuro incierto". Si no hay inversiones en generación y transporte de energía, no será sólo la rentabilidad de las multinacionales y el abastecimiento los que estén en peligro. Las reservas de gas se han reducido un 43% desde el 2000. Ni la caída del consumo por la reducción de la actividad industrial ni los esfuerzos de Cristina Fernández por fortalecer los lazos del gas y del petróleo con Hugo Chávez a cambio de carne argentina han aminorado el impacto de las zozobras bolivarianas.

BONAPARTISMO FRUSTRADO

Pero la rebelión a bordo le empaña el trayecto a la nave de su intervencionismo: el de la Anses, no ha podido consumar el desembarco en todas las Juntas de Administración que pretendía. El de las empresas intervenidas le recuerda -con la sentencia favorable recién emitida para TGN y la rebelión de la CNMV argentina- que el viaje puede ser de ida y vuelta y con peajes caros para la Casa Rosada: Shell enfrenta aún 57 causas pendientes en Argentina, pero ya ha conseguido revocar en primera instancia 18 de las 45 multas por desabastecimiento. Y, sobre todo, TGN, con tres avales de la justicia en contra de la intervención estatal, le marca las líneas de sus defensas a Ausol y Metrogas: la Transportadora ha conseguido que la Cámara Nacional de Apelaciones cuestione la acción pública, que ponga en tela de juicio las denuncias de Enargas a la prestación de servicio y que archive la denuncia del regulador contra los directivos de la gasista. Seguirá hasta la Corte Suprema. Además, la decisión del Gobierno de intervenir empresas de servicios públicos ahogadas financieramente por tarifas congeladas y costos crecientes obligará al Estado a gastos cada vez mayores, en momentos en que la solidez fiscal del país se resiente. Agobiado por el peso de los subsidios, el Gobierno descongeló a fines de 2008 las tarifas de luz y gas para los hogares residenciales.

Pero menos de un año después, le fallaban las cuentas del populismo. La marcha atrás en su plan de reajuste tarifario y la exclusión de un millón de nuevos hogares (otros 300.000 habían sido ‘tocados por la mano de Kirchner en abril) compensaron la denuncia del Defensor del Pueblo y taponaron en junio el reclamo de inconstitucionalidad. Pero ahora necesita nutrir las arcas del Estado y ajustar el sudoku del déficit energético. Para empezar, ha comenzado a orquestarlo ya con las facturas de sus reguladores: Enargas les cobrará a las empresas 71,37 millones de dólares para controlarlas, un 34,35% por encima de los  53,12 millones de 2008, y casi un 200% más que los 24,40 millones que desembolsaron en 2001, cuando el peso era aún convertible con el dólar.

Una tendencia que sigue el ENRE, que regula a las empresas del sector eléctrico: les cobró a firmas como Edenor, Edesur, Edelap y Transener $ 76,87 millones este año, un 46% más que en 2008. En la electricidad, los Kirchner buscan ahora rentabilidad en la guerra con las eléctricas y el repudio al ‘tarifazo’ que apadrinaron en mayo. Ni siquiera las manipuladas estadísticas oficiales disimulan la situación. La demanda eléctrica se ha reducido, incluso según el Indec. Ni siquiera ocurrió en la recesión del efecto tequila, con una caída de cuatro puntos del PBI El amago de emboscada a la participada por Endesa  -Edesur- fue sólo ‘una mancha más para el tigre’, no fue muy diferente a lo que ejecutaron en 2008 con Edelap: a Edesur le exigían reinvertir el 50% de los 53 millones de divisas de dividendos para repartir el resto. Ya en 2008 invirtió 84 millones de euros, casi el doble que en 2007. A Camuzzi (62 millones de pesos), TGS (30 millones), Gas Natural (6 millones) y Distribuidora de Gas Cuyana (8,5 millones) la luz verde al reparto de dividendos entre sus accionistas ya les costó antes de las elecciones una concreción al alza de las inversiones previstas.

Juró que donde pusiera el ojo de la nacionalización seguiría poniendo la bala del control empresarial. La estatalización de las AFJP iba a ser la carroza de su desembarco, con capitanes ajenos, en una veintena de compañías en las que la Administración de la Seguridad Social (Anses) tiene  más de un 20% de acciones, pero Junta a Junta, la Casa Rosada encaja un vía crucis de portazos. Pero la limitación del voto al 5%, la imposibilidad de sumar acciones individuales de las AFJP y la incapacidad estatal para nombrar directores le mancharon su bitácora: ya las han hecho valer Techint, el Banco Hipotecario y la banca Macro, entre otras. Al ‘zigurat’ de sus cuentas públicas le faltan ya fichas para cubrir los 5.500 millones de dólares que necesita para cerrar el año, más aún los 10.000 del próximo semestre. Y los bancos de inversión le advierten alto y claro que el intervencionismo del Indec (el Instituto Nacional de Estadística) se ha convertido en uno de los principales obstáculos para que Argentina pueda normalizar sus relaciones con el FMI, o al menos desbloquear el acceso al crédito internacional. No pasará –advierte el RBS en su informe “no llores por mí Indec”- mientras no haya una reforma de la institución que supere sus “estadísticas manipuladas”. 

Nada que no hubieran avisado ya, antes de la estatalización, con la mano de la Casa Rosada sobre las pensiones de la AFJP. Los Kirchner han hecho de ellas su ‘caja para todo’, la misma que ahora les permite –como denuncia Cririca Digital- abrir el negocio de los préstamos a la clase pasiva al Banco Hipotecario, donde el Estado es socio de Eduardo Elsztain  .Pero con una deuda intraestatal de más de 6.000 millones de dólares, ni todos los aportes de la Anses -con letras suscritas por 13.000 millones de pesos- , alcanzan para opacar el deterioro de sus cuentas fiscales: sin los 5.900 millones de dólares aportados este año por la Anses y los 5.200 millones del BCRA el sector público presentaría por primera vez desde la salida de la crisis de 2001 un déficit fiscal primario de 5.200 millones de dólares. Argentina busca torniquetes bancarios y los tapones del miedo para cerrar -por las buenas o por las malas- las vías de agua que desaguan la nave de las cuentas públicas y se tragan cada dos meses la misma cantidad que las pensiones estatalizadas pensaban aportarle a las arcas.

LOS BANCOS, NI MOVERSE 

Se han venido arriba, cosas de la Ley de Medios. Son tiempos de decretos de urgencia y necesidad. Aún no ha digerido la nacionalización de los fondos de pensiones y la Ley de Medios recién aprobada, pero a su mayoría parlamentaria le queda menos de dos meses de vida –antes de que tome posesión el nuevo Parlamento el 10 de diciembre- y quieren dejar el edificio de su intervencionismo ultimado. Para empezar, el bancario. Si no cuaja la opción internacional para Argentina, ya tiene todas las recetas -bonos, fideicomisos y créditos- para ponerle apellidos bancarios a los primeros 1.500 millones de dólares para el Estado. Hasta el acceso estatal al ‘encaje’ de seguridad que se reserva para el Banco Central está ya sobre la mesa. Los gravámenes a la venta de acciones y bonos y la prolongación dos años más al impuesto a los cheques son sólo el preludio del nuevo papel que los Kirchner les reservan a la banca privada. El anuncio de la nueva Ley Financiera sólo llueve sobre mojado en los desencuentros con FG y Botín.

No hace ni dos meses que el gobierno argentino permitió -después de cuatro meses ‘cajoneados’- que los Bancos Macro, Patagonia, Santander Río (75 millones de dólares) y BBVA Francés (32 millones) pudieran hacer efectivo el pago de sus dividendos. A los bancos privados, Cristina Fernández les ha pasado ya todas las manos al tejido financiero, sólo un 15% de los depósitos escapa a la avidez del Estado, o al menos a sus urgencias, pero el nuevo mapa de sus aspiraciones de inversión pública requiere más. Pretende añadirle el apellido “crédito productivo” a su proyecto de Ley y con él, la aspiración de determinar las líneas rojas de los créditos, la política de sucursales, a marcarles con una mano las obligaciones de créditos a la producción y a indicarles el camino de las ayudas con la otra. Será la alfombra roja a la consumación -que no ha podido cuajar como pretendía este trimestre- de la segunda ronda de su ‘plan Anses’: el desembarco de los representantes de los fondos de pensiones nacionalizados en las Juntas bancarias aún pendientes - para empezar la del BBVA -y la ‘colaboración’ de las entidades para  participar en sus programas de vivienda y obra pública con los fondos de la Anses que hasta ahora han repudiado. Además, prepara para los bancos más fuertes una fórmula de fideicomisos y préstamos que aporte 1.500 millones de dólares al Estado si no hay acuerdo con el FMI.

En Argentina, después del golpe al BBVA con la tenaza de las AFJP, la consigna es no moverse y respirar poco. El Banco Francés se conforma con ser la segunda entidad privada en depósitos, la tercera en créditos. La fuga de capitales, la desconfianza que frena el proceso de bancarización, las zozobras del consumo y el crédito -en los que el banco es uno de los primeros del país- le cortan el oxígeno y le oxidan la corona al BBVA en la tierra del tango. Es el propio Servicio de Estudios del Banco el primero en advertir que algo huele a 2001 en Argentina, en igualar el riesgo con Venezuela y alertar de que los K y Chávez caminarán juntos de la mano hacia la recesión en 2010. González le guarda las distancias a los Kirchner, ya conoce sus requiebros. Las presiones para las rebajas de tasas -por las buenas o por las malas- no es nada que no sufran todas las entidades financieras. Nada que no amenace también con descolocar las fichas de la calma del BBVA-Banco Francés -a pesar de que su spread es el más bajo- y el Banco Santander Río, que está en la media con los demás. 

El círculo impositivo se estrecha sobre los predios argentinos de Emilio Botín, tanto que -junto con las provisiones- lleva los apellidos del descenso de los beneficios un 37% en el primer trimestre del año. Y -al menos por ahora- no hay aún ni rastro de la nueva línea de préstamos hipotecarios con fondeo de la Anses que Cristina Fernández le prometió al Banco Río para compensar el seísmo de las nacionalizaciones. Al Santander, con un negocio muy dependiente de su cartera de préstamos al sector privado -es el líder-  y del segmento minorista  el  Santander Río respira ya en los últimos meses por la herida e la disminución del ritmo de crecimiento en su actividad crediticia. Las nuevas condiciones impositivas y el marco legal que cocina ya Cristina Kirchner de espaldas a su marido pueden ser el colofón a su tango ‘cuesta abajo’.

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