edición: 2616 , Viernes, 14 diciembre 2018
27/01/2010
OBSERVATORIO LATINOAMERICANO

Los Kirchner se quedan atrapados en su propio laberinto

Claudican con las tarifas eléctricas y gasistas, no consumaron la intervención en Metrogas y saldrán de Ausol sin modificar su gestión y después de revisar al alza los peajes
La amenaza de nacionalizar Telecom -imposible según sus socios de gobierno- le da tiempo a Telecom Italia para negociar, obliga a los pretendientes a enseñar sus planes y superar el examen de la SEC
Ana Zarzuela

Espantan, pero no golpean con cada amenaza. Deshacen sus pasos. Y se clavan el boomerang de sus propias lanzas. De la ‘milonga’ a dos, Cristina Fernández se devuelve al ‘tango arrebatado’. Y vuelta a empezar. Le tienta el escarmiento de las españolas, los primeros inversores del país austral. Eran la propia presidenta y su mano derecha De Vido, los que alababan su acción ejemplificadora para todo el sector de los servicios públicos, pero han hecho de sus escarmientos el castigo para sus aliados, el espanto para los inversores, la grieta de su sintonía política y, en la mayoría de los casos, un viaje a ninguna parte que acaba en los muros del realismo o la justicia. Lo que los empresarios argentinos llaman ya el ‘efecto K’ se pierde en su laberinto. Lo saben ahora Metrogas, Ausol  y Shell; lo recuerdan Endesa, Repsol YPF y Gas Natural y, desde ahora, lo sospechan Telefónica y Telecom Italia: la Casa Rosada es la primera víctima de las propias trampas de su intervencionismo.

Amenazaba con estatalizar Ausol y repetir la intervención con Metrogas, pero a la vista de las sentencias a favor de TGN y Ausol, de las causas pendientes en Ciadi y los avisos del regulador, da marcha atrás. Las rebeliones a bordo, los muros de la justicia, las olas de todas sus guerras políticas y las líneas rojas de sus propios ministros -con el mapa de las cargas financieras y las operaciones de empresas de servicios públicos- hacen encallar una y otra la nave de su intervencionismo: el de la Anses, no ha podido consumar el desembarco en todas las Juntas de Administración que pretendía. Se le ha escapado aún, para empezar, el del Banco Francés BBVA. Los dividendos de Endesa -y con ellos la paz de las divisas al resto del sector energético- llegaban tres meses tarde y por la puerta de la parcialidad y la ‘propina’ de más inversiones, pero llegaban. El realismo de las empresas intervenidas le recuerda -con la sentencia favorable recién emitida para TGN y la rebelión de la CNMV argentina- que el viaje puede ser de ida y vuelta y con peajes caros para la Casa Rosada. Ni siquiera el Estado puede pagar la prórroga de las intervenciones, les pasa las facturas de TGN -y con ellas el aviso para navegantes- con nuevos impuestos a las demás gasistas.  Buenos Aires da marcha atrás. El gobierno ha esperado al default y la intervención estatal de Autosol para darle el visto bueno -después de una década de olvidos- a las tarifas de algunas autopistas, entre ellas las del Acceso Norte a Buenos Aires que gestiona la empresa participada por Abertis y ACS. Aún a riesgo de reconocer indirectamente que -como denunciaban Abertis, ACS y ahora Repsol- sus deudas tienen los apellidos del incumplimiento estatal con las tarifas.

El mismo mantra que le repite desde hace años OHL, con las tarifas congeladas en su concesión de la autopista Ezeiza-Cañuelas, que apenas ahora empiezan a ver la luz verde. Los K han comenzado a soltar el lazo de las tarifas sobre las autopistas - pendiente desde 2002 y el incumplimiento de la autorización de principios de año para aumentar los peajes en entre el 54 y el 105%- y el gas y los analistas locales les advierten que, a la vista del antecedente de la AFPJ, no podrán con más intervenciones, menos aún con nacionalizaciones completas. La subida gota a gota y por la puerta de la parcialidad, de las tarifas del gas y la luz no opaca que aún quedan pendientes, en la nevera de la Casa Rosada, cinco decretos generales y una decena de acuerdos sectoriales, ahora que el Gobierno de Cristina Fernández acaba de liberar, por primera vez, las tarifas del gas para Gamuza, Litoral Gas y TGS, pero la Casa Rosada ha tenido que claudicar con las energéticas, soltar la ‘ofrenda’ de ventajas fiscales para los inversores en hidrocarburos. Y sellar la paz con YPF a cambio de la inversión de 500 millones de dólares en exploración para el próximo año y un plan de desarrollo exploratorio hasta 2014.

La Casa Rosada enseña sus sables, esta vez a espaldas de su nuevo mapa para Telecom Argentina, lo justo para hacer saber que si hace falta hará añicos con ellos la resolución de la Cámara de Apelaciones que paraliza la ‘obligatoriedad’ de la venta de acciones de Telecom Italia y Telefónica a través de Telco en Telecom Argentina. pero con cada nuevo ‘ladrillo’ sólo levanta el muro de sus propias limitaciones, uno al que Standard & Poor’s bautizaba como el reino de la “discrecionalidad” kirchnerista sobre las inversiones de las multinacionales. Le han puesto apellidos los medios argentinos: es la “épica de la debilidad”. Se lo han advertido sus propios correligionarios, hay fisuras en la corte de los Kirchner: ni el ministro de Finanzas, Amado Boudou ni la unánime oposición en las dos Cámaras están esta vez dispuestos a nacionalizar de nuevo Telecom Argentina. Ni su mayoría absoluta perdida en el Congreso, ni los recelos de sus ‘aliados’ comerciales para el nuevo mapa de TA -los Wertheim con el 50% de Sofora y los Eurnekian con la intención declarada de desembarcar en TA- acompañan esta vez a su bitácora. Lo sabe el ya ex presidente del BCRA, Martín Redrado: ni los desencuentros con el vicepresidente Cobos, ni la intervención policial le han permitido a Cristina Fernández pasar la página de su guerra por las reservas con el Banco Central.  A la presidenta se le agolpan los ‘expedientes’ y se le confunden los sables: los últimos han dejado en la nevera de nuevo su viaje a Pekín y acuerdos por más de 3.000 millones de dólares y la posibilidad de hacer ver a los ojos de las energéticas locales (entre ellas YPF) otra vez las presiones de su alianza con China.

ATRAPADA EN SU LABERINTO DE TELECOM

No le será fácil reeditar la nacionalización de las AFPJ, menos aún los antecedentes de Aguas Argentinas, Thales Spectrum o el Ferrocarril San Martín: ni la telefónica es el sistema de pensiones, ni los destellos de su bonapartismo brillan igual al sol de los Kirchner igual que hace dos años, por más que (como han reconocido) les gustaría hacer de la segunda operadora del país y sus 100 millones de pesos de beneficios mensuales  “la cajita feliz” del Estado, lo que no ha podido con Aysa o Aerolíneas  Argentinas.  Se lo advierte hasta el ministro Julio De Vido. El propio titular de Planificación ha lanzado el ariete de sus ‘amenazas’ con la letra pequeña: al gobierno no les temblará la mano, pero no quiere nacionalizar  Telecom Argentina, tendría que pasar por el Congreso y hoy por hoy -se lo advirtieron la semana pasada los partidos de oposición- los Kirchner no lo tienen fácil para desandar los pasos de la otrora estatal operadora pública ENTE en los 90 y arriesgarse a reeditar  la quiera operativa de la teleco. Y no es la agencia de análisis de riesgo Datariskglobal la única que le ha puesto cifras al perjuicio que una estatalización haría a la economía nacional a la fuga de capitales (ya ha aumentado un 20% hacia Uruguay en un trimestre) y de paso, al sector tecnológico.

Sabe que hasta ahora las presiones no le han dado resultado: La salida de Teleco, si llega, ya no lo hará como querían a tiempo para el estreno de la Ley de Medios Audiovisuales y la escenificación de la guerra a Clarín de la Casa Rosada. Y Telecom Italia y los socios de Telco como Telefónica tienen aún mucho que decir del precio –no menos de 500 millones de dólares, demasiado para Gutiérrez- y más de una opinión acerca de los compradores.  Los de Bernabé y Galateri no pudieron designar un nuevo presidente, pero tampoco el Estado pudo designar un representante propio en su Junta Directiva, haciendo valer los votos que posee luego de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) absorbiera la participación de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Cristina Fernández quiso marcar el rumbo, el ritmo y los invitados. El primero, llegar llegará -salvo que la Corte Suprema y la CNDC definan otro horizonte- con la salida de Telco del capital de Telecom Argentina. Nada que no hubieran descontado ya los de Franco Bernabé: hace meses que encargaron a Credit Suisse First Boston pulsar el mercado y a los interesados y gestionar la probable venta de sus acciones. Otra cosa será el tempo y los apellidos. Y con cada ‘patada’ al calendario, la Casa Rosada no hace más que obrar a favor de la demora. Para empezar, ya no tendrá que ser antes del 25 de agosto como la Comisión de la Competencia pretendía. Los socios de Telco tienen previsto apelar la medida de la CNDC, siguen en el proceso de recuperación  de los derechos políticos que les fueron congelados a partir de un pedido de los Werthein -ya consiguieron que la Justicia suspendiera las reuniones de directorio y asambleas de accionistas -y cuentan con el respaldo renovado de Silvio Berlusconi y los senadores italianos, decididos a hacer del ‘affaire Telecom’ un asunto de estado y golpear con él a las puertas de Bruselas.

La guerra entre Roma y Buenos Aires asusta a los Wertheim -los principales accionistas de TA- cuestiona su sintonía con Cristina Fernández y espanta a los ‘pretendientes’. La Casa Rosada ha comenzado a ver las líneas rojas de su baile forzado: los W no quieren cualquier socio -buscan aliados industriales- y menos irse; y los interesados -encabezados por Ernesto Gutiérrez y Eduardo Eurnekian- no llegarán a cualquier precio, ni con cualquier compañero de viaje. Menos aún cualquier con condición. Y es que cada presión empaña un escaparate que los Kirchner intentan adornar para sus propios ‘invitados’. Uno al que desde ahora no  sólo miran con lupa todas las instituciones judiciales y la Comisión Nacional de la Competencia del país, que no sólo mancha las relaciones bilaterales con Roma y Madrid, sino que tendrá que ‘brillar’ también bajo la lupa de la SEC. La Security and Exchange Comisión, el órgano de control de la Bolsa de Nueva York,  ha abierto una investigación sobre la relación que pudiera existir entre el matrimonio Kirchner, Eduardo Eurnekián -accionista de Aeropuertos Argentina 2000-, Ernesto Gutiérrez -presidente de esa compañía- y la sociedad Wertheim. Las nuevas batallas de la Casa Rosada en la  ‘guerra’ de Telecom Argentina los obligan desde ahora en adelante a mostrar sobre la mesa las intenciones, los precios y los pagos que están dispuestos a hacer. Pero además, tendrían que formalizar la intención de hacerse cargo de todos los conflictos judiciales que involucran a la compañía. Y no podrán desembarcar en ella antes de que la Corte Suprema determine qué fuero tendrá la última palabra sobre la escalada jurídica.

El laberinto de las presiones de los Kirchner se lo ponen cada vez más difícil a las expectativas de Carlos Slim, justo ahora que buscaba ‘bautizar’ la fusión entre América Móvil y Telmex con la avanzadilla en la tierra del tango. Si se queda fuera de Telecom Argentina - la única que podría blindarse en la “desconcentración” de los medios-, no habrá para Slim premio de consolación en la tierra del tango: la puerta cerrada a la televisión de pago por cable, las desinversiones obligatorias y la expansión de TA lo dejarán aferrado a la cuarta operadora móvil del país, sin poder estirar sus costuras y mirando de lejos el escaparate de la convergencia. Por eso se arrima a un escaparate en el que hasta ahora tenía solo papeles secundarios. Pero ni el derecho preferente del Grupo Werthein, ni la avanzadilla de los locales Eduardo Eurnekian y Ernesto Gutiérrez  (con el aval de la Casa Rosada) y el brasileño Andrade Gutiérrez le abren ninguna puerta, poco más que la de socio secundario potencial, que aporte tecnología y experiencia en el sector. Gutiérrez no tiene dinero, no el suficiente para abordar los al menos 500 millones de dólares que pedirán los socios mayoritarios. Lo saben Bernabé y los suyos, a los que les hizo su última oferta antes de la resolución de la CNCN: un precontrato antes de salir con él a buscar financiación. La fórmula de una compra apalancada, -pago con las utilidades- el mismo que aplicó Clarín/Fintech con Cablevisión, y Petersen con YPF, le permitiría a Slim ejercer de intermediario, al margen de las barreras legales y de la competencia.

Telefónica respira por el ‘efecto Clarín’ tras la Ley de Medios Audiovisuales, que abre el negocio del triple play a las telefónicas, prohíbe que un mismo dueño tener canales de televisión abierta y cable y exige el 70% de capital nacional a las telefónicas para ingresar al triple play. Nada que no hubieran previsto. .La operadora mira desde la barrera los esfuerzos de los Kirchner por presionar a Telecom Italia con ella como rehén. Soltar sus aspiraciones en Telecom Argentina sería un bocado amargo, pero menor para los planes de la operadora, que por sí misma, a través de su filial, sostiene el cetro del liderazgo desde 2004 y un tercio de la banda ancha y que supera, trimestre a trimestre el horizonte de la segunda operadora, Telecom Argentina. Ni la multa de 17 millones de dólares “por no realizar la correspondiente notificación luego de que su controlante en Europa adquiriera Telecom Italia”, ni los recelos de los Kirchner por cumplir las promesas a César Alierta -revisión de tarifas y ‘paz’ operativa a cambio de renovar un plan de inversiones- opacan que la operadora estatal TA está en franca desventaja ante Telefónica y quiere carta blanca de su rival española y promesas de inversiones, al menos, por parte de Telecom Italia.

Cristina Fernández prometió en España congelar nuevas sorpresas con Telco. Desde finales de 2008 tienta con una subida tarifaria del 15% a Telefónica. Todo con tal de escuchar el mantra de su inversión de 1.700 millones en Argentina. Telefónica se sube al ariete de las inversiones en móvil y banda ancha -las que le permitieron facturar un 21% más en el último año-. Para la española, las inversiones no se cuestionan -obran a favor de los propios planes de la primera operadora en el país austral- y aunque la operadora minimice su entusiasmo argentino, acelera en banda ancha y telefonía móvil. Telefónica de Argentina en 2009 ha mantenido su tendencia: la cifra de negocios neta de Telefónica Argentina alcanzó los 1.332 millones de euros en el primer semestre, un 17,5% más, mientras que las líneas aumentaron el 4,9%, hasta los 21 millones.

BONAPARTISMO FRUSTRADO

El ejecutivo argentino encadena el zigurat de sus intervenciones, pero con cada eslabón, teje también el camino de ida y vuelta de sus rectificaciones. La intervención en Ausol y  las amenazas oficiales de estatalización a Metrogas,  las presiones para la salida de Telco de Telecom Argentina, la cancelación del tren bala de Isolux, las tarifas congeladas de OHL, la falta de resolución del ‘affaire’ Aerolíneas (aún pendiente de resolución judicial y con 1.000 millones de dólares de pérdidas desde que comenzó la gestión estatal), las líneas rojas que los Kirchner marcan en público al futuro de YPF, las promesas de mayor intervención en la banca -con Santander y BBVA en cabeza- llueven sobre mojado. Pero el ‘bonapartismo’ de las empresas intervenidas le recuerda -con la sentencia favorable recién emitida para TGN,  la rebelión de la CNMV argentina y el respaldo judicial a Ausol - que el viaje puede ser de ida y vuelta y con peajes caros para la Casa Rosada. El Gobierno esperaba al default y la intervención de Ausol, pero acabó por darle el visto bueno -después de una década- a las tarifas de algunas autopistas, entre ellas las del Acceso Norte a Buenos Aires que gestiona la participada por Abertis y ACS.

Sueltan el lastre de las tarifas congeladas del gas y la electricidad, aún a riesgo de reconocer que -como denunciaban- sus deudas tienen los apellidos del incumplimiento estatal. Y lo harán sólo para las que no se acerquen a reclamar a los muros del Ciadi. Shell enfrenta aún 57 causas pendientes en Argentina, pero ya ha conseguido revocar en primera instancia 18 de las 45 multas por desabastecimiento. Y TGN, con tres avales de la justicia en contra de la intervención estatal, le despejó más de un horizonte a las defensas a Ausol y Metrogas: la Transportadora ha conseguido que la Cámara Nacional de Apelaciones cuestione la acción pública, que ponga en tela de juicio las denuncias de Enargas a la prestación de servicio y que archive la denuncia del regulador contra los directivos de la gasista. Seguirá hasta la Corte Suprema.

El amago de emboscada a la participada por Endesa -Edesur- fue sólo ‘una mancha más para el tigre’, no fue muy diferente a lo que ejecutaron en 2008 con Edelap: a Edesur le exigían reinvertir el 50% de los 53 millones de divisas de dividendos para repartir el resto. Ya en 2008 invirtió 84 millones de euros, casi el doble que en 2007. A Camuzzi (62 millones de pesos), TGS (30 millones), Gas Natural (6 millones) y Distribuidora de Gas Cuyana (8,5 millones) la luz verde al reparto de dividendos entre sus accionistas ya les costó antes de las elecciones una concreción al alza de las inversiones previstas. Nada que no haya terminado por revertir. La Casa Rosada no tiene más remedio que oír las alarmas del regulador. Saben que disparar sobre los tejados de las multinacionales españolas no sólo es hacerlo sobre los primeros inversores del país, sino sobre los pilares del mapa argentino de la energía y los servicios públicos: la primera compañía de hidrocarburos, la mayor generadora de energía térmica del país- Endesa Costanera-, la mayor gasista (GN Ban) y la primera empresa de telecomunicaciones.

Además, la decisión del Gobierno de intervenir empresas de servicios públicos ahogadas financieramente por tarifas congeladas y costos crecientes obligaría al Estado a gastos cada vez mayores, en momentos en que la solidez fiscal del país se resiente. Ha empezado a orquestarlo ya con las facturas de sus reguladores: Enargas les cobrará a las empresas 71,37 millones de dólares para controlarlas, un 34,35% por encima de los  53,12 millones de 2008, y casi un 200% más que los 24,40 millones que desembolsaron en 2001, cuando el peso era aún convertible con el dólar. Una tendencia que sigue el ENRE, que regula a las empresas del sector eléctrico: les cobró a firmas como Edenor, Edesur, Edelap y Transener 76,87 millones este año, un 46% más que en 2008.

Juró que donde pusiera el ojo de la nacionalización seguiría poniendo la bala del control empresarial. La estatalización de las AFJP iba a ser la carroza de su desembarco, con capitanes ajenos, en una veintena de compañías en las que la Administración de la Seguridad Social (Anses) tiene  más de un 20% de acciones, pero Junta a Junta, la Casa Rosada encaja un vía crucis de portazos. La limitación del voto al 5%, la imposibilidad de sumar acciones individuales de las AFJP y la incapacidad estatal para nombrar directores le mancharon su bitácora: ya las han hecho valer Techint, el Banco Hipotecario y la banca Macro, entre otras.

El Gobierno argentino tuvo que permitir finalmente -después de cuatro meses ‘cajoneados’- que los Bancos Macro, Patagonia, Santander Río (75 millones de dólares) y BBVA Francés (32 millones) pudieran hacer efectivo el pago de sus dividendos. Y en Aerolíneas no sólo la gestión acumula más de 2.300 denuncias por más de 300 millones de dólares, sino que la Auditoría General acaba de dictaminar que la “falta de controles” sobre los estados contables del último año y medio es tal que no pueden ni determinar ni cómo se gastaron ni cómo se imputarán los más de 931 millones de dólares que desembolsó el Estado en la aerolínea entre julio y diciembre, ni los más de 3140 millones de desembolso total.

Y no ha sido otra que la sintonía con Repsol YPF -la Casa Rosada hace meses que rompió todas sus relaciones con British Petroleum, su otro accionista-, tanto como las líneas rojas que los jueces le marcaron con TGN y la ‘rendición’ de la guerra del Gobierno con las tarifas del gas los que han permitido que Metrogas eludiera la amenazas oficiales de intervención, esquivara el default y saltara los muros de los 16 millones de dólares de de deuda pendiente para las próximas semanas, sin tener ni siquiera que buscar un nuevo socio nacional, como esperaban los Kirchner.  BP y Repsol estiraron, desde las promesas de la Casa Rosada en septiembre y el decreto de precios de octubre, las costuras de la paciencia. Aún a costa de reconocer que no era otra cosa que sus restricciones tarifarias las que nutrían el descenso del 91% en sus beneficios en el tercer trimestre  y alimentaban un lastre que los cálculos de Moody’ s, sólo a Metrogas le cuesta cada año más de 45 millones de dólares en el limbo tarifario. Aunque aún no han sido aplicadas, las nuevas tarifas que Metrogas podrá aplicar (un alza del 20%) tienen ya fecha de entrada en vigor en la mesa de los acuerdos de YPF con De Vido, será en menos de dos meses, en el verano austral. 

La misma ruta que Autosol: después de más de un mes de intervención, la Casa Rosada esta vez ni siquiera intenta reeditar las zancadas del miedo de TGN , avala con su silencio la oferta de reestructuración de la deuda a sus acreedores por 307 millones de dólares. Lo harán, además, con las nuevas tarifas de los peajes ya en la mano, lo justo para esquivar la asfixia financiera que llevó al default a la concesionaria participada por Abertis. Si los jueces han terminado por marcarle las fronteras a la Casa Rosada -lejos de cualquier opción de “coadministración societaria” que prometían-, el mercado y las luces rojas del ministro De Vido le dibujan los muros de sus fronteras. Las mismas que le había cantado ya el informe de ocho ex ministros de Energía argentinos, reunidos para recordarle a los Kirchner que su modelo está al borde del colapso y “si no hay inversiones en generación y transporte de energía, no será sólo la rentabilidad de las multinacionales y el abastecimiento los que estén en peligro”.

Las empresas de servicios públicos que operan en Argentina buscan una estrategia común, en voz baja no niegan que el “kirchnerismo” se ha convertido ya en la peor de sus crisis y han comenzado, con Metrogas en cabeza, a acudir a los tribunales para exigir que se cumpla el horizonte regulatorio y tarifario con el que han diseñado sus planes estratégicos. Quedarse, se quedarán, pero salvaguardan sus intenciones y han hecho de la “diversificación” en el continente un plato del menú argentino. Perciben ya al país casi al mismo nivel de riesgo que Venezuela o Bolivia: sólo un 20% de las cotizadas en el Ibex mantendrán el nivel de inversiones en 2010. Lo saben Telefónica -que anuncia 1.050 millones de inversión en Perú y estudia nuevas adquisiciones en Colombia- o Repsol YPF, que redobla su apuesta en Perú, Brasil y el Golfo de México. Nada que no hayan ido desgranando, una a una, las mayores empresas españolas con presencia al sur del Río Grande en la Comisión de investigación del Senado encargada por el Palacio de Santa Cruz. No están solas en las latitudes del miedo de Cristina Fernández, que ha visto cómo en el último año las inversiones extranjeras cayeron un 42%, muy por encima del promedio de la región. Además, según el último estudio de SEL Consultores, seis de cada diez empresas que operan en Argentina han reducido sus planes de inversión desde este año, no por la crisis global, sino por “la inseguridad jurídica y la intervención estatal” (en un 55% de los casos).

REPSOL SE SALVAGUARDA

Con una rentabilidad del 32,5%, la vigésima petrolera del mundo por valor en bolsa y decimotercera por activos, espera invertir 32.800 millones hasta 2012, de ellos 7.800 a su filial argentina. Cuenta con el aval recién refrendado de Eskenazi, no hay urgencia por la salida a bolsa de su 20% y los Kirchner bajan los sables de sus amenazas. Han asumido las tesis, los mapas y los calendarios de Brufau para YPF, al menos por el momento: necesitan que la primera petrolera del país lo siga siendo. Pero la petrolera acompasa el ritmo de su ‘argentinidad’. YPF no oculta ya que ni la ‘argentinización’ preventiva, ni la presencia del Grupo Petersen -con un 14, 9% y opción preferente a otro 10% que no ha ejercido aún- han sido suficiente vacuna ante los ‘daños colaterales’ del ‘efecto Kirchner. La merma productiva, los cortes y la suspensión de regalías por los ‘daños colaterales’ de la guerra entre la Casa Rosada y las provincias le ha costado ya a la petrolera hispano-argentina el año pasado una pérdida de más de 2 millones de barriles de crudo y más de  siete millones de dólares que se perdieron de cobrar, tan sólo en Santa Cruz. Nada que no compartan las demás multinacionales de hidrocarburos en la tierra del tango. Se lo cantaban a los cuatro vientos de la SEC: las brasileñas AESU y Sulgas le reclaman a YPF 756 millones de euros por daños y perjuicios derivados de un corte de gas que, en todo caso, fue impuesto por ley por Argentina como parte de la política de Estado de la Casa Rosada.

Por eso, con o sin nuevos aliados a bordo, amansa sus caballos en Argentina: busca la cara de la refinación y la diversificación regional. Y como al resto, a YPF cada vez le resulta más rentable la venta de derivados, la reducción de compras a otras petroleras locales que los riesgos de la exploración y la explotación: ha reducido su participación en la producción de petróleo a un 35% del total, cuando en los noventa representaba el 43%. Repsol protege sus almenas australes, lo justo para hacer de ellas un granero para la diversificación regional, más ahora que los resultados del primer trimestre del año  comenzaron, por primera vez, a dejar sitio a la sombra del descenso de beneficios netos: un 58,6% menos que en igual período de 2008. De hecho, aunque anunció en 2008 que pretende destinar al país austral una cuarta parte de las inversiones previstas en su plan estratégico 2008-2012 -unos 7.950 millones de euros de un total de 33.350 millones-, las inversiones ya fueron los seis primeros meses de 2009 un 22% más bajas que en 2008, a pesar de que la global se incrementó un 220,2% y ninguno de los 10 “proyectos clave” para el periodo se ubica allí. Repsol se refuerza en Perú, es uno de los principales operadores del sector, con de más de 230 estaciones de servicio distribuidas en casi todo el país, dueño de la Refinería de La Pampilla, la instalación de refino más importante y líder en el mercado de GLP; Reacomoda sus alfiles en Brasil, los pone bajo cubierto en Ecuador y Bolivia y hasta se atreve con las primeras licitaciones para la exploración en la plataforma continental uruguaya, de la mano de la estatal Ancap.

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