edición: 2680 , Miércoles, 20 marzo 2019
14/05/2013
LA OREJA DE LARRAZ

Los laudos por incumplimientos de los Estados de la UE los cobrarán los inversores de forma inmediata

Javier Ardalán

Cualquier laudo definitivo o acuerdo transaccional se pagará rápidamente al inversor, independientemente de  las decisiones sobre la  asignación de la responsabilidad financiera. Además, para evitar extracciones innecesarias del  presupuesto de la Unión, deberían preverse pagos periódicos a dicho presupuesto para cubrir los costes de arbitraje, así como el rápido reembolso al presupuesto de la Unión por parte del Estado miembro afectado.

Así, si el Estado miembro, el inversor del tercer país cobrará cualquier importe fijado por el laudo y después se abordará el reparto interno de responsabilidades dentro de la Unión en caso de desacuerdo entre Bruselas  y el Estado miembro involucrado.

Cada Estado miembro responderá de los costes y de los importes fijados por los laudos en los procedimientos de  arreglo de controversias iniciados por inversores de terceros países por incumplimientos de los tratados de protección internacionales en los que participe la Unión Europea y, además,

Así, se establece en el proyecto de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que establece un marco para gestionar la responsabilidad financiera relacionada con los tribunales de resolución de controversias entre inversores y Estados establecidos por acuerdos internacionales en los que la Unión Europea es parte. Esta normativa será debatida en el próximo Pleno del Parlamento Europeo.

La propuesta se basa en el artículo 207.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que establece la competencia  exclusiva de la Unión en materia de política comercial común, incluidas las inversiones extranjeras directas.

Este artículo establece la competencia exclusiva en materia de inversiones extranjeras directas. La competencia de la Unión respecto a las inversiones de cartera deriva, en opinión de la Comisión, del artículo 63 del TFUE. Este artículo establece que los movimientos de capitales entre Estados miembros de la Unión y terceros países deben estar libres de restricciones.

Por otra parte, el artículo 3, apartado 2, del TFUE establece la competencia exclusiva de la Unión cuando las normas incluidas en un acuerdo internacional «puedan afectar a normas comunes o alterar el alcance de las mismas». En opinión de la Comisión, la Unión debe tener también una competencia exclusiva sobre cuestiones relativas a las inversiones de cartera, ya que las normas propuestas, que se aplicarían indistintamente a estas últimas inversiones, pueden afectar a las normas comunes sobre movimientos de capitales establecidas en el artículo 63 del Tratado.

El Tratado de Lisboa ha incluido las inversiones extranjeras directas en el ámbito de la política comercial común de la Unión y, por tanto, en el de sus competencias exclusivas. Una característica fundamental de los acuerdos internacionales sobre inversiones extranjeras directas (denominados normalmente acuerdos de protección de las inversiones) es la posibilidad de que un inversor presente una demanda contra un Estado cuando este ha actuado presuntamente de manera incompatible con el acuerdo sobre resolución de controversias entre inversores y Estados.
Con la entrada en vigor del Reglamento, cuando tenga lugar una controversia de este tipo, el Estado afectado pagará las tasas de gestión de la controversia, pago a los árbitros, pago de a bogados y, si pierde, se le  podrá exigir el pago de una  indemnización.

La responsabilidad financiera derivada de los casos de resolución de controversias entre inversores y Estados debe recaer en quien ha dispensado el trato objeto de la controversia. Esto significa que cuando el trato en cuestión haya sido dispensado por las instituciones de la Unión, la responsabilidad financiera debe recaer en ellas. Cuando el trato en cuestión haya sido dispensado por un Estado miembro de la Unión Europea, la responsabilidad financiera debe recaer en él. En este último caso, la Unión solo será responsable financieramente si las medidas adoptadas por el Estado miembro son requeridas por la legislación de la Unión.

La Comisión considera que la Unión tiene una competencia exclusiva para la celebración de acuerdos que cubran todas las cuestiones relacionadas con las inversiones extranjeras, es decir, las inversiones extranjeras directas y las inversiones de cartera.

Cuando el acuerdo haya sido celebrado únicamente por la Unión, un inversor solo puede demandar a esta. Es lo que sucedería incluso cuando el trato dispensado que se cuestiona en una resolución de controversias entre inversores y Estados fuera un trato dispensado no por la Unión sino por un Estado miembro.

 Si tanto la Unión Europea como los Estados miembros son parte de un acuerdo y es necesario decidir quién es responsable, con arreglo al Derecho internacional, de una acción concreta, la Comisión considera que esto no debe ser decidido por el autor del acto, sino sobre la base de la competencia con respecto al objeto de las normas internacionales en cuestión, tal como establece el Tratado. Desde este punto de vista, es irrelevante que un Estado miembro tenga competencia con arreglo a las normas sobre el mercado interior para legislar en su ámbito nacional.

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