edición: 2889 , Jueves, 23 enero 2020
17/03/2016
LA OREJA DE LARRAZ

Los magistrados del Supremo abren un debate que parece inacabable sobre la responsabilidad penal de las empresas

Javier Ardalán
El Tribunal Supremo acaba de emitir la segunda sentencia sobre el delito de responsabilidad penal de las personas jurídicas incluido en el Código Penal.
En ella, el ponente, el presidente de la Sala de lo Penal, el magistrado Manuel Marchena, aporta argumentos que tratan de acercar las diferencias doctrinales puestas de relieve entre los magistrados de la mayoría y los del voto discrepante en la sentencia del 29 de febrero de 2016, la primera sobre la materia.

Dice el magistrado que el debate parece inacabable y el hecho de que algunos de los autores que han abanderado las propuestas más audaces a la hora de explicar la responsabilidad de las personas jurídicas, hayan rectificado sus planteamientos iniciales, es indicativo de que a un catálogo tan abierto de problemas no se puede responder con un repertorio cerrado y excluyente de soluciones.

El cuerpo de doctrina jurisprudencial sobre una novedad tan radical referida a los sujetos de la imputación penal, sólo podrá considerarse plenamente asentado a lo largo del transcurso del tiempo y la realidad práctica vaya sometiendo a la consideración de los magistrados cada uno de los problemas.

La existencia de un voto particular que acoge la opinión de siete Magistrados que, pese a la coincidencia en el desenlace del recurso, difieren de algunos de los núcleos argumentales del criterio mayoritario, es bien expresiva de la complejidad del tema abordado.

Ese voto particular también refleja la conveniencia de aceptar la existencia de puntos controvertidos que aconsejan no interpretar algunas de las soluciones proclamadas como respuestas cerradas, ajenas a un proceso ulterior de matización. En pocas materias como la que ahora nos ocupa las soluciones dogmáticas son tan variadas.

Explica la sentencia que la responsabilidad de las personas jurídicas no se comete únicamente  por la  simple circunstancia  de que la persona física cometa un hecho delictivo. Y destaca Marchena que la sociedad o el ente de que se trate, no es responsable penalmente de todos y cada uno de los delitos que se cometan en el ejercicio de actividades sociales y en su beneficio directo o indirecto por las personas físicas. Sólo responde cuando se hayan incumplido “gravemente” los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad, atendidas las circunstancias del caso.

Fundamenta esta sentencia, que los modelos de gestión, vigilancia y supervisión constituyen el fundamento de la responsabilidad del delito corporativo, pero la vigencia del derecho a la presunción de inocencia impone que el fiscal deba acreditar que existe un incumplimiento grave de los deberes de supervisión.

Todo ello sin perjuicio de que la persona jurídica que esté siendo investigada se valga de los medios probatorios que estime oportuno, periciales, documentales o testificales- para demostrar su funcionamiento correcto desde la perspectiva del cumplimiento de la legalidad.

La responsabilidad de las personas jurídicas sólo puede declararse después de un proceso con todas las garantías y la imposición de cualquiera de las penas previstas en el artículo 33.7 del Código Penal, sólo puede ser el desenlace de una actividad jurisdiccional sometida a los principios y garantías que legitiman la actuación del derecho sancionador.

La sentencia establece que la  imposición de penas a las personas jurídicas, que van desde la multa a la inhabilitación o la intervención judicial, pasando por la disolución y pérdida definitiva de su personalidad jurídica, la suspensión o la clausura de sus locales y establecimientos, exige del  fiscal el mismo esfuerzo probatorio que le es requerido para justificar la procedencia de cualquier otra pena cuando ésta tenga como destinataria a una persona física.

 En este sentido, rechaza que el proceso penal discurra con una doble vía probatoria: una, la prueba de la acción de la persona física y otra, la declaración de responsabilidad penal de la personalidad jurídica.
La sentencia concluye que la pena impuesta a la persona jurídica sólo puede apoyarse en la declaración previa como probado de un hecho delictivo propio. Nuestro sistema no puede acoger fórmulas de responsabilidad del otro, aunque ese otro sea un ente ficticio sometido, hasta hace bien poco, a otras formas de responsabilidad.

La Sala absuelve por indefensión a una empresa que fue condenada por un delito de estafa  en la venta de un piso sin haber sido imputada previamente en la causa. La sentencia estima el recurso de casación interpuesto por la mercantil contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres que la condenó al pago de una multa de 24.000 euros y al cierre de la oficina desde la que operaba en Cáceres, durante seis meses.
 
La misma sentencia condenó al propietario de la inmobiliaria y a otra persona más a dos años de prisión por el mismo delito cometido tras cobrar una doble comisión –al comprador y al vendedor- por la operación sin que lo supieran los afectados; condena que ahora se reduce a un año de prisión.

La sociedad condenada alegó indefensión en su recurso porque no había sido imputada de manera formal en la causa, enterándose de su participación a través de un escrito de conclusiones provisionales, y su representante legal no había sido escuchado durante la instrucción criminal. Así lo ha considerado el Alto Tribunal.

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