edición: 2494 , Viernes, 22 junio 2018
19/08/2009

Los municipios empiezan a hablar de quiebra en 2010

Javier Ardalán

Los responsables municipales empiezan a poner sobre la mesa la posibilidad que haya ayuntamientos en quiebra a partir del año que viene. A lo largo de 2009 han sido una excepción, pero la actual situación de ingresos hace prever a los representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), que la situación puede empeorar con un menor reparto de los ingresos del Estado, el aumento de las funciones impropias que los ayuntamientos deben cumplir en nombre de las comunidades autónomas (sin percibir partidas presupuestarias a cambio) y la caída de los ingreso propios. La deuda bancaria los municipios españoles al finalizar 2008 ascendía a 32.030 millones de euros, 566 euros por habitante, según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda.

Es por ello que los representantes municipales están presionando al Gobierno y a los portavoces de los grupos parlamentarios para que se incremente el fondo local de 5.000 millones previsto para 2010 en otros 3.000 millones de euros, hasta igualarlo con la cantidad recibida en 2009.

Estos 3.000 millones son los que van a recibir de menos como consecuencia directa del recorte presupuestario que el Estado va a asignar a los municipios en el 2010. Las estimaciones que barajan por ahora los alcaldes cifran esta caída entre un 17 y un 20%. Esos 3.000 millones menos, que se deben a que el Estado fija sus aportaciones en función de la recaudación del IRPF, IVA e Impuestos Especiales que en los últimos ejercicios ha caído seriamente.

Además, los municipios se enfrentan a la necesidad de tener que devolverle dinero al propio Estado, ya que los municipios perciben su aportación en función de los resultados del año anterior y luego liquida las cuentas con los resultados definitivos. En el caso de la liquidación de las cuentas del 2008, que se liquidarán ahora, se están encontrando con un balance negativo porque se ha ingresado menos por impuestos que en 2007.
 
Ante este panorama, los ayuntamientos quieren que las comunidades autónomas se sienten y discutan de una vez por todas las compensaciones por la financiación de competencias que asumen los ayuntamientos y el pago de la deuda contraída por el Estado y las comunidades, a través de los presupuestos regionales.

La Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias en su reunión del pasado martes. La FEMP, encabezada por su presidente, Pedro Castro, ha solicitado fecha para reunirse con los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado para que cuando modifiquen en septiembre las Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas incluyan la obligación de las mismas de "garantizar la participación de los gobiernos locales en sus ingresos tributarios", como recoge el artículo 142 de la Constitución.

La ofensiva también abarca reunirse con el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, para que reclame a las autonomías a que cumplan sus obligaciones económicas.

Mientras tanto, los Ayuntamientos, que han subido los impuestos municipales para este ejercicio y se plantean masivamente hacerlo para el próximo, buscan soluciones para hacer frente al pago de los mismos.

 Así, por ejemplo en el municipio de San Vicente dels Horts, que era el segundo municipio más endeudado de España, después de Marbella, y el más endeudado de Cataluña, se vieron en la tesitura de tener que elevar impuestos y tasas municipales que hacía años que no habían sido actualizadas. Esta subida venía obligada como consecuencia del plan de reflotamiento pactado con la Generalitat de Cataluña.
 
Las subidas impositivas, que supusieron enfrentamientos con representantes de la oposición municipal, fueron finalmente pactadas con vecinos y comerciantes de la población, se ha creado una política social para que puedan pagarse a plazos tanto los impuestos municipales como las tasas.

Además, se ha aprobado para el año 2009 (a cobrar en 2010) una subvención para los vecinos que acoge al 80% de las viviendas y que viene a representar una media de 250 euros por propietario, según nos informa Carlos Cháfer, concejal de este municipio.

Es una forma de percibir los ingresos previstos evitando la movilización de los vecinos, principalmente en los pueblos más afectados por el paro.

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