edición: 2512 , Miércoles, 18 julio 2018
23/07/2013

Los municipios expectantes ante si perderán o no competencias

Javier Ardalán
El Gobierno tendrá en cuenta, finalmente, el número de habitantes, la dispersión, la orografía, y la densidad de población a la hora de establecer el coste estándar o efectivo al que los ayuntamientos deberán prestar los servicios.

Hasta ahora no se incluían estos imprescindibles matices en el anteproyecto de Ley de reforma municipal, que tenía previsto aprobar el Gobierno en el pasado Consejo de Ministros, y existen serias dudas entre las organizaciones municipales sobre si mantendrá la pérdida de competencias favor de las diputaciones en caso de distanciarse de esta referencia, como estipulaban los anteproyectos previos al del pasado 15 de julio de 2013.

De mantenerse en el Consejo de Ministros del próximo viernes el texto que han analizado los órganos consultivos, en la medida en que se trata de una actividad que puede desembocar en el desapoderamiento de competencias municipales el anteproyecto debería especificar a quién corresponde realizar tal evaluación y precisar los criterios que deben tomarse en consideración para llevarla a cabo, así como regular el cauce procedimental a través del cual ha de discurrir esta operación. La normativa contará el próximo viernes con una redacción más exhaustiva sobre el citado coste estándar, que según Beteta, ya tenía el Gobierno previsto detallar, pero en lugar de en la mediante un decreto ley posterior, lo que le daría una cobertura legal inferior.

Con esta medida lo que hará el Gobierno, en definitiva, será reconocer que el coste estándar debe afrontar que los 8.117 municipios que existen en España son realidades muy diferentes y que tan sólo 400 de ellos tienen más de 20.000 habitantes, por lo que sus  costes son también necesariamente diferentes.

La aprobación del proyecto de ley por parte del Gobierno llega después de que el Consejo de Estado emitiera un informe que incluía advertencias sobre una posible inconstitucionalidad por el recorte de la autonomía local y criticaba la regulación del coste estándar, el coste, que como ya he dicho, al que deberán ajustarse los municipios para prestar servicios.

Incluso en el último borrador que ha circulado entre las organizaciones municipales (con fecha de 15 de julio de 2013), el texto introduce un nuevo artículo 116 ter en el que se habla sobre el ‘coste efectivo de los servicios. En él se establece que todas las entidades locales calcularán antes del día 1 de  noviembre  de  cada año el coste efectivo de los servicios que prestan, partiendo de los datos contenidos en la liquidación del presupuesto general y, en su caso, de las cuentas anuales aprobadas de las entidades vinculadas o dependientes,  correspondiente al ejercicio inmediato anterior. El cálculo del coste efectivo de los servicios tendrá en cuenta los costes reales directos e indirectos de los servicios conforme a los datos de ejecución de los gastos mencionados.

El Consejo de Estado en su informe aboga por una regulación "suficiente" del coste estándar, precisando algunos extremos relevantes para su determinación y la del modo en que ha de operar en la práctica. Considera necesario que el legislador establezca si el coste estándar es único para todos los servicios, si variará sobre cada uno de ellos o si puede haber varios para un mismo servicio en atención a diversos criterios, que habrían de ser identificados.

Considera, asimismo, que deberían fijarse los factores de corrección del coste estándar, pues no le parece adecuado que sea único para todos los municipios, habida cuenta de su gran heterogeneidad. Por ello, aconseja introducir factores de corrección, sobre diversas variables, como la orografía, el clima o la estructura social y económica del municipio, y no sólo a su tamaño y a la densidad de población.

Basa esta argumentación en la sentencia del Tribunal Constitucional 103/2013, de 25 de abril, que declara que son nulos todos los nombramientos de ediles no electos, ya que las diputaciones carecen de mecanismos de elección directa (excepto en el País Vasco), por lo que no cabe exigirles responsabilidades políticas si la gestión no se adecúa a las exigencias.

El Constitucional considera en su doctrina jurisprudencial que "el legislador puede disminuir o acrecentar las competencias hoy existentes, pero no eliminarlas por entero, y, lo que es más, el debilitamiento de su contenido sólo puede hacerse con razón suficiente y nunca en daño del principio de autonomía, que es uno de los principios estructurales básicos de nuestra Constitución", según establece en su sentencia 32/1981, de 28 de julio, sobre las diputaciones catalanas.

Por ello, el Consejo de Estado muestra su preocupación porque la aplicación de las medidas previstas podría incluso llegar a producir un vaciamiento competencial de los municipios que no puedan acomodar su Hacienda a las exigencias previstas y que, pese a darse tal vaciamiento, seguirían existiendo como entidades municipales desprovistas de competencias.

En sus alegaciones la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) estima que el “coste estándar” se convierte así en un concepto  fundamental para la definición de las competencias de las Entidades Locales y,  por tanto, de la autonomía local; por ello dicho coste no puede ser único para  cada servicio sino que en su determinación deben contemplarse las variables que  determinan que el mismo servicio, aun siendo prestado con la misma eficiencia,  su coste sea mayor en unos municipios que en otros; variables como la población  (tanto en número, como en la dispersión de los asentamientos o como en la  estacionalidad), la orografía, la extensión de los términos municipales son factores diferenciales que determinan una singular valoración del coste de los servicios que deben ser tenidos en cuenta a la hora de su evaluación.

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