edición: 2512 , Miércoles, 18 julio 2018
16/07/2010
OBSERVATORIO DE TELECOMUNICACIONES

Los municipios tientan de nuevo los ‘bolsillos’ de las telecos: guerra de tasas, antenas y despliegue de redes

Medio millar de consistorios estrena ordenanzas para hacer caja; podrían doblar los 260 millones de euros de las operadoras
Bruselas afea a España las trabas locales a las antenas y la omisión de Industria en los conflictos fiscales con municipios
Ana Zarzuela

Se frotan las manos y las ordenanzas con la vista puesta en las operadoras de telefonía. Arañan nuevas vías de recaudación y compañeros de viaje para las inversiones de telecomunicaciones en las que desembocaron con el Plan E. La fiebre de las tasas se dispara, ahora que la caducidad del Fondo Local y la regulación de la CMT les recuerdan que ni boom del wifi local está garantizado. Siguiendo el consejo de la FEMP, más de medio millar de consistorios estrena ordenanzas para la tasa de dominio público y el cobro por antenas móviles. Sus aspiraciones llueven sobre mojado en las cargas fiscales de las telecos, más de 600 millones de euros en tasas específicas en 2009. Los ayuntamientos se suben a la hoja de ruta de las operadoras: ya saben que tendrán que implantar 200.000 antenas más para hacer frente a la nueva generación de banda ancha móvil y el reparto de frecuencias desde 2011. Tardan hasta tres años en conceder las licencias y ahora se plantean tasas específicas en algunos sitios de costa, en los que habrá que incrementar hasta un 30% su penetración. Las operadoras quieren más que tregua, coordinación. Habrá que invertir 80.000 millones de euros en banda ancha -16.000 de ellos en móvil- y saben que el 70% de la inversión pasa por infraestructuras y un 10% se va en burocracia municipal. Salgado y Sebastián prometieron hace casi un año mediar, pero las operadoras aún esperan.

La guerra de las telecos y las administraciones locales se libra ya, municipio a municipio. Y juzgado a juzgado. Pelean una a una las tasas de dominio público, la luz verde a las antenas móviles y su carga fiscal y el uso del espacio radioléctrico. Sólo en sólo en litigios con consistorios, Movistar, Vodafone, Orange y Ono se gastan 26 millones de euros al año.  En 2008 el conjunto de los operadores tenía abiertos unos 800 pleitos de ordenanzas fiscales con los municipios en todo el territorio nacional. Ya son más de 260 millones en tasas locales que ingresan sus arcas de manos de las cuatro operadoras móviles con red propia y quieren duplicarlo. Ésa es la consigna de la FEMP, la Federación Española de Municipios y Provincias, que varios centenares de ayuntamientos han empezado a seguir al pie de la letra. Ésa es también la expectativa de las telecos asociadas en Redtel -las que disponen de redes móviles propias, ONO, Orange, Movistar y Vodafone- aunque hasta ahora sólo la representación judicial les cueste ya más de 26 millones de euros al año en litigios con las administraciones locales. Lo acaba de consumar Telefónica Móviles: esta semana el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco admitía a trámite su recurso a la ordenanza de Eíbar sobre aprovechamiento de espacios públicos, que regula unas nuevas tasas “por la utilización privativa y el aprovechamiento especial del dominio público”.  Como en el municipio guipuzcoano de Lasarte, bajo las indicaciones de la FEMP, un grupo de administraciones locales vascas buscan un frente común de defensa, los mismos argumentos y los mismos abogados especializados con el objetivo de maximizar los ingresos fiscales que pueden conseguir de las empresas de telecomunicaciones.

Cataluña ha sido la comunidad más beligerante en el intento de cobro de este impuesto, desde 2003. También la que ha conseguido el baluarte de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que considera legal la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Badalona (Barcelona) que desde 2003 impone una tasa a las operadoras de telefonía móvil por la utilización del dominio público. Una resolución que el resto de municipios -a instancias de la FEMP- tratan de utilizar como precedente y jurisprudencia extensible a sus recursos. El Tribunal Supremo, en una sentencia que desestima el recurso de casación presentado por Vodafone contra la sentencia de la sección primera del Contencioso Administrativo del TSJC, ha ratificado, además, por primera vez en una sentencia la facultad de los Ayuntamientos para aplicar la tasa municipal por el aprovechamiento del dominio público local que realizan las operadoras de telefonía móvil.

A los municipios se les acaba el ‘limbo’ del Plan E. El oxígeno del Fondo de Financiación Local -al que se han destinado 13.000 millones en dos años- le dio aire a la burbuja wireless, el justo para permitir que más de 40 ciudades de más de 20.000 habitantes hayan estrenado proyectos de wifi abierto y que 250 poblaciones de menor tamaño se hayan subido a la promesa de redes con vocación de gratuidad en espacios públicos. Los 5.000 millones de euros del Plan E han nutrido el boom de las redes municipales. Ni en Presidencia del Gobierno, ni en la cartera de Política Territorial querían mirar a las luces rojas de la CMT, a los avisos de la patronal TIC, o al crack de las redes estadounidenses en 2007. Pero a los municipios se les acaba la ‘barra libre’ de los fondos públicos y el limbo ni-ni, ése en el que se resguardaban lejos del cuerpo a cuerpo con las telecos. La regulación definitiva de la CMT y los límites de la sostenibilidad financiera y técnica empiezan a recordarles -con el antecedente de Málaga en carne viva- que el vuelo de sus wifis puede ser de ida y vuelta. Pasan de la carrera por la caja de Chaves a la avalancha de concursos para convencer a operadores privados, patrocinadores, o nuevos socios. Ahora, obligadas a salir al ‘frío’ del mercado y de sus costos, buscan la puerta de la tercera vía para salvar los muebles del modelo de wifi municipal. Sin patrocinadores, o gestores privados, sólo podrán ofrecer velocidades de 256 kbps, o limitarse a los edificios municipales. Tras el modelo de Zaragoza, una decena de grandes ayuntamientos actuarán como operadoras y con un modelo mixto de cobro a los usuarios. El ‘sálvese quien pueda’ ha empezado. Y apunta también a las telecos.

LA TASA DE DOMINIO PÚBLICO PARA ‘TAPONAR’ SUS VÍAS DE AGUA

La mayoría de los municipios no han tenido que esperar al aviso ‘rectificado’ de Rodríguez Zapatero, el Real Decreto que pone límites al endeudamiento municipal desde 2011 y las luces rojas de Bruselas para lanzarse a la carrera de las tasas, que ya reportaba el 22% de su recaudación a golpe de impuestos a la extinción de incendios o salvamento, al alcantarillado o las licencias de autotaxi con el mismo ‘fervor’ que al aprovechamiento del dominio público. Unas urgencias que en promedio recaudan una media de 525 euros por habitante, pero con intensidades muy dispares -mientras en Baleares las tasas de prestación de servicios públicos locales representan el 70% de los ingresos en este capítulo, mientras que en Murcia o Navarra no llegan al 30%. En los últimos años, con la pujanza de la telefonía móvil, los ayuntamientos han visto descender su recaudación por la tasa que grava el uso del suelo que hacen las compañías de telefonía fija. Esto ha llevado a un creciente número de administraciones locales -afectadas ahora por la caída de ingresos vinculados a la actividad inmobiliaria- a poner el foco en la telefonía móvil, que durante los últimos años ha mantenido un crecimiento constante en su cifra de negocio y a desempolvar la guerra por la tasa del dominio público, que obliga a pagar a las compañías telefónicas el 1,5% de sus ingresos brutos en concepto de servicio de telefonía.

Lo saben Logroño, Santiago, Villaviciosa, o Badajoz, donde la Diputación ha lanzado una campaña con la aspiración de alcanzar 1,5 millones de euros de manos de las compañías telefónicas; la decisión está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, después de que se realizasen varias modificaciones en la ordenanza de la capital. Jaén, con la creación de las ordenanzas por la colocación de cajeros automáticos en la vía pública y por las antenas de telefonía espera recaudar este año más de un millón de euros.  Tras los pasos de Úbeda -que espera cobrar por el uso del espacio radioeléctrico hasta 100.000 euros anuales, Burriana -la misma cantidad-, La Laguna -llenará sus arcas con 600.000 euros de apellidos ‘telefónicos’- o Sabadell -800.000 euros anuales- un centenar de grandes municipios y medio millar en general esperan consumar esa vía de recaudación en este año. Siguen las recomendaciones y la asesoría -si es necesaria- de la propia FEMP (Federación de Municipios y Provincias), que aconseja a sus miembros dar esta ‘batalla’ en todos los consistorios a las operadoras e incluso ya ha remitido a los ayuntamientos toda la documentación orientativa y sentencias judiciales que permiten a los consistorios cobrar esta tasa. Se aferran a la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 2009, que confirma la exigibilidad de dicha tasa, tras varios intentos anteriores por parte de distintos ayuntamientos y diversos pronunciamientos judiciales.

No es nada que pueda opacar una deuda que sólo en las 53 capitales de provincia asciende a más de 15.000 millones de euros y que ocho de cada diez euros que deben los municipios están comprometidos en créditos a largo plazo para pagar inversiones:  29.762 millones sólo a entidades bancarias. Pero la tasa por el aprovechamiento especial del dominio público local a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros puede aportarles ingresos mayores incluso que los servicios y suministros de agua, gas, o el cobro por colocación de cajeros en las vías públicas (la tasa por dominio público y el cobro por antenas es hasta ocho veces más sustanciosa de media). Permite además el cobro en función del número de clientes que tienen en el término municipal y a todos los operadores móviles -no como las tasas de antenización- incluyendo los Operadores Móviles Virtuales (OMV).

Aunque de los 3.408 millones de euros que aproximadamente pagan en impuestos periódicos las operadoras de telecomunicaciones -incluyendo la nueva fiscalidad para financiar RTVE, si consigue la aprobación de Bruselas-, el 90% corresponde a tributación estatal y tan sólo un 10% a la local, el desencuentro impositivo con los ayuntamientos llueve sobre mojado porque la presión parafiscal que sufre el sector de las telecomunicaciones en España, con impuestos y tasas específicos, que gravan exclusiva o preferentemente a las operadoras, se elevaba ya a 825 millones de euros en 2008. Además de pagar los impuestos comunes  (Sociedades IBI, etc), las telecos abonan un pagan una serie de tasas exclusivas por casi 600 millones al año, como la tasa de operadores (para financiar la actividad de la CMT), la tasa por la numeración y la que se paga por el espectro de frecuencias radioeléctricas- son las principales contribuyentes, en un 85%-. Una carga fiscal muy superior a la que sufren otros sectores y que en sus impuestos específicos ha crecido un 62% en cinco años.

Sólo en 2009, entre la tasa de financiación de TVE y la Ley General Audiovisual la cuota fiscal ha aumentado en 300 millones y los conflictos con las tasas municipales amenazan con elevar esa factura con otros 250 millones. Aunque contribuyen a financiar a los ayuntamientos con un IAE específico por las antenas de telefonía móvil, desde hace cuatro años, muchos consistorios quieren cobrar a los grupos de móviles la tasa por ocupación del dominio público -que ya repercuten sobre las operadoras fijas- a pesar de que la Ley de Haciendas Locales las excluía expresamente. Nada que las telecos reciban de brazos cruzados, desde que Telefónica ganó el primer juicio a un municipio -Pozuelo de Alarcón- por la tasa por dominio local en febrero de 2009.

Aunque los operadores reconocen la validez de la sentencia del Tribunal Supremo en la que se justifica el canon por ocupación del dominio público local, recuerdan que en telefonía móvil la mayoría de llamadas se canalizan a través del espectro radioeléctrico por el que ya satisfacen una tasa al Estado. Y niegan que la sentencia del Tribunal Supremo de abril en la que se ratificaba otra previa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que consideraba ajustada a derecho esta nueva tasa, sea aplicable nada más que al municipio de Badalona, para el que fue dictada. Miran a las sentencias favorables al sector en la cuantía de las tasas en los Tribunales Superiores de Justicia de Extremadura, País Vasco, Canarias, La Rioja y Madrid. La tasa está recurrida también, desde el pasado mes de marzo, por las operadoras Vodafone y Telefónica Móviles ante lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sólo tienen ojos para el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE), que ha anulado la tasa municipal sobre las operadoras de telefonía móvil de 57 municipios extremeños, al considerar, entre otras cosas, que establecer de forma genérica un impuesto del 1,5% de los ingresos brutos no es correcto.

ENCONTRONAZOS EN LA CARRERA DE LAS ANTENAS

A falta de ordenanza, ni urbanística, ni fiscal que regulara las antenas de telefonía móvil, muchos municipios hasta ahora utilizaban las licencias de obras para grabar la instalación: la empresa debía pagar una tasa del coste de la obra, pero el cobro por el uso de dominio público quedaba en tierra de nadie. Ahora, apuran. Así, Logroño contará a partir de agosto, tras su aprobación en el pleno de junio, con una nueva normativa de implantación y control de antenas de telefonía móvil, que obliga a renovar los permisos cada cuatro años y no se permitirá colocar bases a menos de 75 metros de distancia de los centros culturales, de enseñanza, sanitarios o asistenciales. A pesar de que en esta legislatura no se ha concedido ninguna licencia, en Logroño hay unas 150, de las que aproximadamente un tercio están en situación irregular desde antes de 2007. La antena de telefonía móvil que Movistar ha colocado en el tejado de la Casa de Cultura de Nájera dejará un ingreso anual al Ayuntamiento de 6.000 euros, sencillamente por estar allí.

A pesar de que el modelo de Ordenanza de la FEMP y su Manual de Aplicación dejaban claras las especificaciones, en sintonía con las directrices de Industria, España es uno de los países de la UE menos fluidos para la instalación de antenas: se tarda “tres años o más en obtener las licencias municipales necesarias”, como denuncia el presidente de Redtel, Miguel Canalejo que reclama la reducción de la burocracia de las administraciones. Nada que sea ajeno a las exigencias de la Comisión Europea. Hasta la propia Comisaria de Telecomunicaciones, Noeelie Kroes, en su informe de este año sobre los progresos de los países miembros hacia un mercado único de telecomunicaciones, se alarmaba por  la fiscalidad que soportan las operadoras de telecomunicaciones, a las que ahora se ha sumado la tasa para financiar la retirada de la publicidad en TVE, que está siendo investigada por la CE y los problemas para poner antenas, por las trabas de los ayuntamientos.

No es nada tampoco, que impida que decenas de ayuntamientos presenten sus propias normativas para la instalación, las restricciones o el mantenimiento de antenas de telefonía celular, a pesar de que las ordenanzas de la propia FEMP en directiva de 2009 y el acuerdo con Aetic (“para apoyar las telecomunicaciones móviles de última generación y superar las dificultades que sufren las operadoras para desplegar infraestructuras”), les recuerdan que excede de sus competencias. Sigue en vigor el Real Decreto 1066/2001 que establece los límites de protección para las emisiones de las antenas y que fueron adaptados por la Recomendación 1999/519/CE del Consejo, de 12 de julio de 1999 (0 Hz a 300 Ghz). Y el único órgano legalmente establecido para reducir las emisiones de las antenas es el Gobierno a través de la petición/propuesta del Ministerio de Industria.

Varias decenas de municipios han ido más allá aún: no se resisten a seguir cuestionando los aspectos técnicos, jurídicos y sanitarios, de la instalación y funcionamiento de las antenas de telefonía móvil. Lo ha hecho, por ejemplo, el de Leganés, con la aplicación de la nueva ordenanza emitida en marzo que limita la potencia y la emisión de las antenas de telefonía y que garantiza al Consistorio las labores de medición y vigilancia mediante una red técnica de control que ofrecerá datos "en tiempo real" a los ciudadanos. De aplicarse, obligaría a los operadores en la localidad madrileña a sustituir todas las antenas actuales porque “servirían” para emitir 4.000 veces por debajo de lo permitido por la legislación actual y pondría en peligro "la calidad del servicio". REDTEL, con la convicción de que la legislación española ya de por sí es la más "exigente de toda Europa" en cuestión de emisión y límites, ya presentó 39 alegaciones a la ordenanza y estudia llevar el caso hasta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde se recurriría a sentencias similares que han invalidado las ordenanzas de varios ayuntamientos.

Los desencuentros por las antenas de telefonía móvil suman y siguen en un gota a gota que sólo se resuelve municipio a municipio, con una ‘bitácora’ propia en cada caso. Una en la que Industria no ha querido terciar hasta ahora. Todo lo contrario. Todo lo contrario: el proceso de reparto y redistribución de frecuencias móviles que Moncloa prepara para este semestre -tanto las de 2,6Ghz como las de 900 Ghz y el refarming- prometen sacudir aún más un conflicto que ya ha llevado a decenas de ayuntamientos a restringir las licencias, aunque Redtel advierte que los antecedentes de Castellón - con más de 600.000 teléfonos, más de uno por cada habitante, necesita un 30% más de antenas para móviles de las que tiene- serán cada vez más comunes por la intensidad geográfica de la telefonía celular y la banda ancha móvil -ya hay muchas poblaciones que superan el 100% de penetración móvil- sobre todo en las zonas costeras, con cambios estacionales de consumo. Los operadores critican la voluntad de los ayuntamientos de crear áreas donde se prohíba la colocación de antenas, aunque "todas" cumplen con los niveles de emisión de ondas y los requisitos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aviso para navegantes, ya han empezado a advertirlo ante decisiones como las de Marratxí y una decena de municipios de Mallorca de quitar los dispositivos del casco urbano.

CONDENADOS A ENTENDERSE

A las puertas de un nuevo boom de despliegue de redes ultrarrápidas y de carreras de la banda ancha móvil, las telecos exigen claridad regulatoria: hay en juego 200.000 nuevas antenas y entre 60.000 y 80.000 millones de euros para banda ancha. De ellos al menos 16.000 serán para impulsar el nuevo espectro radioeléctrico. Y tanto la banda ancha móvil como las redes fijas tienen peaje en los desencuentros con los municipios. Hay que colocar 200.000 nuevas antenas. "¿Quién lo va a pagar?”, llegaba a preguntarse el presidente de Redtel, durante su intervención en el X Congreso de las Telecomunicaciones. Como preveía Miguel Canalejo, la puesta en marcha de estas nuevas infraestructuras supondrá también problemas para las administraciones, ya que el 70% de las inversiones será en obra civil (en "zanjas y tubos", en palabras del directivo). Además, el 10% de las inversiones en España "se pierden en burocracia". Por eso, las operadoras no están pidiendo subvenciones públicas, sino seguridad regulatoria, desgravaciones fiscales para la inversión y la eliminación de barreras burocráticas, porque con el actual marco regulatorio y la situación que se da en muchos ayuntamientos se está poniendo en peligro el desarrollo de las nuevas infraestructuras.

Hasta el presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, advierte de la urgencia de "colaborar" en el impulso de la inversión en telecomunicaciones. Deja la alfombra roja tendida al menos, a la tercera vía de los acuerdos con las administraciones locales y regionales. Con las CCAA ya han empezado a operar. El proyecto Xarxa Oberta -operador neutro- está sobre la mesa de la Generalitat de Cataluña.  Las operadoras tratan de llegar con apellidos propios a las aristas menos pobladas del mercado de internet móvil de todo el país. Las de la geografía han llevado a Vodafone a Andalucía: desde marzo es la primera región del mundo en garantizar el acceso universal a Internet en banda ancha móvil en cualquiera de sus 771 municipios. Vodafone ha puesto en ellos 50 de los 64 millones de euros del proyecto. Telefónica acaba de acaba de firmar un acuerdo con la Junta para que la práctica totalidad de los ciudadanos de Castilla-La Mancha tengan acceso a banda ancha y telefonía móvil en 2011. La compañía se compromete a llevar la banda ancha de al menos un mega (por medio de tecnologías ADSL, Wimax o 3G) a 348 núcleos de población en los que residen unos 30.000 habitantes, a proveer de cobertura de telefonía móvil a 115 municipios y a pasar de tecnología 2G a 3G en 504 núcleos de población, donde residen más de medio millón de habitantes.

Las operadoras, como con el wifi, buscarán la tercera vía de las alianzas municipales. Desde el sector de las TIC, las telecos -a través de Redtel y Aste- y desde los municipios -por boca de la Femp- han llamado ya más de una vez en cuatro años de desencuentros a la paz. Si la administración pública ofrece Internet sin coste,  nadie va a contratar su conexión con un proveedor de Internet, por lo que se daña la competencia. Pero los ayuntamientos saben que la euforia de sus ‘autopistas digitales’ municipales tiene líneas rojas: los analistas les advierten que los canales wifi pueden solapar sus frecuencias, si el consistorio ocupa un canal en todo el  territorio. Las autoridades municipales saben que si no atienden a las demandas de los operadores que construyen las redes de nueva generación, de banda ultra-ancha, se quedarán sin las auténticas ‘avenidas’ de sus ciudades digitales. Para las telecos, el cumplimiento por parte de las corporaciones locales de la Ley de Acceso Electrónico es mucho más que el puente de la ‘e-administración’  con las Administraciones y los ciudadanos por medios electrónicos, es, además, un gran generador de la demanda para sus servicios.

Los alcaldes tienen miedo a quedarse atrás en la carrera hacia la Sociedad de la Información; los operadores de telefonía, a la emergencia masiva de empresas públicas de telecomunicaciones amparadas por los euros del Plan E. Reclaman la vía libre a las canalizaciones que utilizarán los operadores y exigen que se eliminen las restricciones de licencias para zanjas o antenas, la emergencia continua de organismos locales que construyen infraestructura de telecomunicaciones y las nuevas tasas y cargas fiscales. Y advierten que se puede poner en peligro la inversión privada y ampliar la brecha digital.

Miran, de parte y parte, antecedentes como Miguelturra, donde la CMT ha aceptado el modelo del ‘operador neutro’.El Ayuntamiento del municipio castellano ha desplegado una red de fibra óptica que será alquilada a los operadores para ofrecer hasta 100 megas. El consistorio sólo se ha ocupado de las infraestructuras (la parte más costosa de la inversión) y serán las telecos los que ofrezcan servicios de banda ancha pagando a Miguelturra -que no interfiere en las ofertas- por el alquiler de la fibra. Una iniciativa similar a la red Asturcón desplegada en el Principado de Asturias y que permite a los usuarios navegar con 100 megas desde 40 euros al mes.

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