edición: 2249 , Miércoles, 28 junio 2017
13/10/2008

Los notarios quieren excluir las cláusulas abusivas de las hipotecas

Xavier Gil Pecharromán

Los notarios quieren abrir una nueva guerra, no menos complicada que la que mantienen con los registradores, pues quieren controlar las escrituras inmobiliarias antes de que se remitan a los Registros. Aspiran a realizar una calificación 'preventiva' para evitar la introducción de cláusulas abusivas en las hipotecas. El propio Consejo General del Notariado ya ha ofrecido su colaboración a las entidades bancarias para realizar una valoración conjunta de las cláusulas que se introducen en las hipotecas antes de su formalización, de modo que se dé mayor garantía a los consumidores.

Los notarios piensan en cláusulas como las relativas al vencimiento anticipado, que se incluyen en las escrituras de hipotecas y no pasan por la calificación del registrador, o las minutas de las entidades de crédito.

Según se ha puesto de manifiesto en el transcurso del X Congreso del Notariado, celebrado en Tenerife y clausurado este pasado fin de semana, ya han existido contactos entre representantes del Consejo y del sector bancario, pero estos han sido de carácter informal.
 
Se intenta evitar situaciones como las que algunas ONG han denunciado, en las que centenares de inmigrantes se encuentran atrapados, no sólo porque se les han concedido hipotecas elevadas, a pesar de su temporalidad laboral y sus salarios rayanos en el mínimo legal, sino que además, se les ha permito que unos y otros se avalasen. Así, quienes pueden pagar su hipoteca, se encuentran al borde del embargo por los avales que prestaron a familiares y compatriotas.

Los notarios confían que el avance de este proyecto se verá reforzado cuando se apruebe la ‘Hoja de Ruta’ para la reforma del sistema de seguridad preventiva, que actualmente elaboran los ministerios de Economía y Hacienda y Justicia y que tiene que estar lista antes del día 15 de diciembre.

Se trata de una de las 24 medidas anunciadas por Zapatero a finales del mes de agosto para dinamizar la economía española y es un plan para regular los pasos que se deberán dar para lograr este nuevo modelo, orientada a evitar duplicidades y solapamientos entre las funciones de notarios y registradores de la propiedad que generen costes innecesarios y, en definitiva, a reducir los trámites de ciudadanos y empresas.

El sistema de seguridad preventiva se apoya directamente en el ‘control de la legalidad’ de los notarios, que ha sufrido un importante traspié con la sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de mayo de 2008, que anulaba de manera parcial el Reglamento del Notariado, al considerar los magistrados

Una de las prioridades del Gobierno en el área de Justicia se centra, justamente, en resolver el problema de la nulidad de los artículos del Reglamento y trabaja para otorgar rango legal a las previsiones que contenía el Reglamento Notarial y que fueron anuladas por el Supremo.

Las funciones que no han sufrido recorte son las de colaboración que por imperativo legal tienen los notarios de informar sobre operaciones financieras sospechosas de sus clientes a las autoridades judiciales, fuerzas de orden público, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y con Hacienda.

A este respecto, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional se ha visto en la tesitura de aclarar que tanto notarios como abogado, cuando comunican una información a las autoridades no cometen infracción de ninguna naturaleza  y que, de no hacerlo, podrían cometer un delito imprudente de blanqueo de capitales.

No se puede olvidar, a este respecto, que el fiscal del caso ‘Ballena Blanca’, cifrado en 12 millones de euros el dinero blanqueado argumenta en sus alegatos, que la constitución de los entramados societarios no hubiera sido posible sin el concurso de algunos notarios que incumplieron “reiteradamente las obligaciones impuestas por la normativa para la prevención del blanqueo de capitales”.

La importancia de controlar este tipo de operaciones es prioritaria no solamente para la Administración española, sino también para el resto de los Estados de la Unión Europea, puesto que la constitución de sociedades es una de las principales herramientas empleadas para el blanqueo de dinero de las tramas terroristas, criminales y de competencia desleal a través de la economía sumergida.

El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado ha remitido 933 operaciones, desde su creación en enero de 2006 a septiembre 2008.

Los notarios consideran que el futuro de su profesión pasa por colaborar como funcionarios con la Administración en la lucha contra el blanqueo y en el asesoramiento a sus clientes, como profesionales independientes, para equilibrar las situaciones de desequilibrio de los consumidores frente a las entidades de crédito. Y es en esta labor de asesoramiento, donde los notarios quieren situar la calificación ´preventiva´ de las hipotecas, anunciada en su X Congreso.

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