edición: 2578 , Viernes, 19 octubre 2018
18/07/2012
LA OREJA DE LARRAZ

Los nuevos ajustes del Gobierno plantean excesivas y muy importantes dudas en las medidas de `letra pequeña´

Javier Ardalán

El Real Decreto-Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad esconde numerosas sorpresas como la desvelada ayer por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre que la retirada de la paga extra de Navidad no afectará a los funcionarios y empleados públicos que perciben menos de 900 euros o que el subsidio para mayores de 52 años se racionaliza para garantizar su sostenibilidad y para incentivar el alargamiento de la vida activa", según dice el preámbulo; pero en la disposición, pasa a hablar del subsidio para mayores de 55 años ¿Quiere esto decir, como parece que dice, que se ha elevado el nivel de edad?

En el caso de los subsidios que dependen del nivel de ingresos para su obtención, se cambian los criterios, ya que se considerarán como rentas o ingresos computables cualquier bien, derecho o rendimiento derivado del trabajo, del capital mobiliario o inmobiliario, de las actividades económicas y los de naturaleza prestacional, salvo las asignaciones de la Seguridad Social por hijos a cargo y salvo el importe de las cuotas destinadas a la financiación del convenio especial con la Administración de la Seguridad Social.

También se considerarán rentas las plusvalías o ganancias patrimoniales, así como los rendimientos que puedan deducirse del montante económico del patrimonio, aplicando a su valor el 100% del tipo de interés legal del dinero vigente, con la excepción de la vivienda habitualmente ocupada por el trabajador y de los bienes cuyas rentas hayan sido computadas, todo ello en los términos que se establezca reglamentariamente.

Los problemas de interpretación se extienden también a las retenciones fiscales que deben realizar los profesionales. Así, en el preámbulo de la nueva norma se fija el tipo en el 21 por ciento hasta el 31 de diciembre de 2013, mientras que en el articulado se dice que a partir del 1 de enero de 2014 se aplicará el 19%.  Un cambio que habrá que tener tan en cuenta como que se mantendrá el tipo del 15% hasta el día 31 de agosto.

Entre los asesores fiscales la subida se ha recibido con escepticismo, puesto que este incremento en las retenciones no se corresponde con una elevación de ingresos, puesto que la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene establecido que cuando los pagos a cuenta de una obligación futura van más lejos de la capacidad económica del contribuyente, pueden alcanzar efectos confiscatorios, lo que viola el artículo 31.1 de la Constitución Española.

Por otra parte, la reforma del IRPF estableció que todos los años se incluyera en la Ley de Presupuestos un mecanismo para compensar a los contribuyentes que compraron su vivienda antes de 2006, y no perdiesen esa desgravación adicional. Pero el decreto ley del ajuste establece que esa compensación, que puede llegar hasta 225 euros por contribuyente, se suprima para el año 2012. Esto es, en la próxima declaración de la renta no se podrán aplicar el porcentaje incrementado de la deducción, y perderán más de doscientos euros.

Más clara e importantísima también, es la medida introducida  por el Gobierno en la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, ajusta las indemnizaciones por despido o cese del trabajador. Se trata de una medida demandada por los asesores fiscales como imprescindible. La nueva disposición  transitoria 22ª añadida a la Ley 35/2006, fija que las indemnizaciones consecuencia de los expedientes de regulación de empleo (ERE) en tramitación o con vigencia en su aplicación a 12 de febrero de 2012 (DT 10ª de la L3/12) aprobados por la autoridad competente a partir de 8 de marzo de 2009, estarán exentas en la cuantía que no supere 45 días de salario y 42 mensualidades.

Se deroga del artículo 7.e) de la Ley 35/2006, el párrafo segundo sobre la exención de la indemnización si se produce la extinción del contrato de trabajo con anterioridad al acto de conciliación. Por lo que para declarar la exención de las indemnizaciones por despido será necesario que se produzca Conciliación o la resolución judicial. No obstante se añade una nueva DT 22ª a la Ley 35/2006, que mantiene la exención para la anterior situación, si los despidos se han producido desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y hasta el día de la entrada en vigor de esta Ley. Despidos producidos desde el 12 de febrero de 2012 a 7 de julio de 2012.

El nuevo párrafo segundo del artículo 7.e), que sustituye al anterior párrafo tercero, sigue estableciendo en los despidos colectivos, con los cambios que dispone la presente ley para el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, y en los producidos por las causas previstas en el 52.c) de dicho Estatuto, como cuantía exenta los límites  que se determinan con carácter obligatorio para el despido improcedente (33 días por año trabajado y 24 mensualidades, artículo 56 Estatuto de los Trabajadores) en vez de la cuantía obligatoria que fija para cada uno de ellos el propio Estatuto de los Trabajadores.

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