edición: 2285 , Lunes, 21 agosto 2017
10/09/2010
Abandonos y frustraciones

Los olvidos de Moncloa y el retraso de la LES dejan hueros los ministerios de Garmendia y Sinde

Garmendia lleva desde mayo con la Ley de Ciencia en 'stand by' y aún no hay Agencia de Financiación de la Investigación
A Sinde se le rebelan hasta las asociaciones de derechos de autor: la regulación de las descargas no llegará como pronto hasta finales de 2011
Cristina Garmendia, ministra de Ciencia e Investigación
Ana Zarzuela

Respira por las heridas del desencanto, ya no tan en silencio. Esperaba por la ley de Economía Sostenible iba a ser el preludio a su Ley de Ciencia y el impulso adicional para sus galones de la I+D+i, pero no ha llegado ni lo uno ni lo otro. No habían pasado ni 48 horas del último retraso a la LES -y van once- y Cristina Garmendia había empezado a destilar en público su malestar. "Especulación al margen de ella”, menosprecia De la Vega. Cuando le ‘amputaron’ el tentáculo universitario a Ciencia, ya le advirtió que el suyo era un ministerio “horizontal”, que debía trabajar con la vista puesta en Medio Ambiente, Educación, Economía y Hacienda, pero sobre todo Industria. Hoy, si fuera por las dos vicepresidentas, podría ser sólo un vestíbulo de paso a otras carteras. A Sinde y Garmendia las hermana su orfandad de la LES. La misma que ralentiza su ‘tocata y fuga’ del Gobierno. Zapatero quiere que Sinde cargue con las consecuencias de la regulación de las descargas de internet y prefiere que la salida de Garmendia, si llega,no condicione la remodelación global, ni un posible recorte del Ministerio.

Iba a ser el bautismo de su sintonía, el preludio de la Ley de Ciencia y la piedra de toque de un nuevo modelo “sostenible” que Zapatero no ha querido deshacer, desde su anuncio durante el debate sobre el estado de la Nación de 2009. Pero la LES ha terminado por convertirse en la vuelta de tuerca definitiva a los desencuentros entre Garmendia y el presidente del Gobierno. Nada que le haya impedido cubrir las espaldas de Zapatero y Sebastián en su gira por China y Japón, pero nada que neutralice ya su enfado ante el recorte de presupuestos que acabó por rebajar más de un 8% sus arcas y ante el ‘nunca jamás’ de la regulación con la que Moncloa prometió cambiar -con Ciencia y Tecnología como ariete- el modelo productivo nacional. Garmendia ha empezado a hacerlo saber.  Cuando llegue, no antes de finales de 2011, será tarde para la ministra. Y le sabrá a poco. No habrá en la Ley Sostenible incentivos ‘a la francesa’ para créditos a la innovación empresarial. La ministra ha dejado de prometer ya que no habrá recortes en Ciencia e Innovación, su Ministerio es el segundo que más sufrirá el ‘tijeretazo’ y ha tenido que ponerle la cara a la evidencia de que España es uno de los cuatro países europeos que reducirán sus inversiones en I+D+i, dedica a ella sólo un 1,3% del PIB y acaba de descender al puesto 41 mundial de competitividad.

La negociación de la LES, postpuesta de nuevo desde el 19 de marzo, podría coincidir con la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2011. Moncloa repiensa aún la posibilidad de que la presentación de las parciales se postergue hasta después del debate de totalidad, como ya se hizo con la Ley de medidas urgentes de reforma laboral. Pero Elena Salgado le ha prometido a Ridao que la tramitación de la norma arrancaría el martes, día 14 y Ferraz se apoya en Génova y Barcelona. ERC y el PP - aunque considera que la ley, aprobada en marzo por el Gobierno, ha quedado "vacía de contenido" tras las sucesivas medidas económicas y de ajuste del Gobierno- quieren arrancar la próxima semana la tramitación del proyecto de Ley de Economía Sostenible, pero la LES se ha convertido en ‘piedra’ de toque y llave para la negociación del PSOE con el PNV de cara a los Presupuestos Generales del Estado para 2011.

Precisamente, es el Partido Nacionalista Vasco uno de los que ha solicitado más tiempo para presentar sus propuestas de modificación y de los que le pelea públicamente a Zapatero y Alonso no sólo las políticas activas de empleo, sino la transferencia de las partidas de I+D+i. El País Vasco - junto a Navarra, Castilla y León y Cataluña, con una partida de innovación superior al 1,5% de su PIB-  saca pecho en la innovación, las energías renovables, el vehículo eléctrico" respecto a la media y Patxi López quiere una participación “directa y efectiva del País Vasco” en Europa. Garmendia lo promoverá allí. Zapatero promete oficialmente que dentro de la reducción “general” del gasto en 2011, las partidas de I+D+i y de educación serán las menos afectadas. Nada que ya el equipo de Garmendia se atreva a defender, a la vista de que los presupuestos prevén una reducción del gasto del 7,7% y de que los ministerios reducirán una media del 15% sus partidas. No es casual que el portavoz del Grupo Vasco, Josu Erkoreka reprochara a Zapatero que España es uno de los cuatro países de Europa que han anunciado que reducirán sus inversiones en I+D+i, tal y como desvela un informe de la Comisión Europea. Tampoco que Cristina Garmendia, en San Sebastián, intentara la semana pasada recalcar su deseo de que los acuerdos entre el Ejecutivo y el PNV “sigan por buen camino”. Como avanzaba EP, la Ley de Economía Sostenible podría ser el marco idóneo para formalizar los acuerdos que el PSOE pueda alcanzar con los nacionalistas vascos en materia de transferencias -principal demanda del PNV-, a través de enmiendas conjuntas al articulado.

Cristina Garmendia amasa desde febrero la Ley de Ciencia, ésa que aspiraba  a “colocar a España a la cabeza de la ciencia y la innovación internacional”. Entre las novedades del documento se encontraban la adaptación al entorno del modelo de evaluación investigadora del 'tenure track', la creación de un órgano de coordinación general, el Consejo de Política Científica y Tecnológica; y la puesta en marcha del Comité Español de Ética de la Investigación. Prometía hacer de ella no sólo su criatura más personal -que Garmendia ‘cocinaba’ personalmente y lo hacía saber desde hace casi dos años-, sino la conjura, junto a la LES de todos los ‘sapos’ que la titular de Ciencia ha tragado al frente de su cartera y la ‘vacuna’ junto con el Plan Nacional, de los recortes presupuestarios para recuperar, con la ‘trasfusión’ de los fondos de inversión local y economía sostenible, una subida del 8% para la I+D+i en 2010.

El Consejo de Ministros daba luz verde el 2 de julio a la Estrategia Estatal de Innovación, un plan en torno a cinco ejes (financiación, mercados, internacionalización, cooperación internacional y personas) que implica a 13 ministerios para movilizar la inversión privada en el sector y situar a España como novena potencia mundial en innovación en el horizonte de 2015. Pero la Agencia Estatal de Financiación de la Investigación Básica, la que esperaba convertir en su ‘brazo armado’ y autónomo para captar fondos, no ha salido aún de la nevera de Salgado, a pesar de que desde el pasado mes de junio Cristina Garmendia asegura que una de sus Direcciones Generales se convertiría en la Agencia (para evitar un aumento de costes con su creación), que ya trabajan desde el verano en los estatutos de este nuevo instrumento de financiación y que el “amplio consenso parlamentario” bautizaría en breve su Ley. Y aunque Garmendia ha intentado varias rondas de acuerdos y juraba tenerla a la mesa del sector antes de septiembre, Moncloa no emplataba hasta mayo la futura Ley de la Ciencia y la Tecnología, que sustituirá a la vigente de 1986. Lo hacía, además, sin conseguir el respaldo de la comunidad científica -Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), se mostró especialmente crítica- aunque con expectativas de lograr el apoyo del PP.

A GARMENDIA YA NO LE SALEN LAS CUENTAS NI LAS PROMESAS

Ya desde la presidencia de la UE el pasado semestre y de la Cumbre de San Sebastián Garmendia no puede disimular las líneas rojas que Zapatero le ha ‘colocado’, las de las competencias, las de los calendarios y las de sus subordinados. Ni el tijeretazo al Ministerio de Ciencia y tecnología, ni la marcha del Secretario de Estado de Innovación ayudaron. El secretario de Estado de Investigación, Carlos Martínez, fue relevado por Felipe Pétriz cuando preparaba con Bruselas la Cumbre de San Sebastián. Los responsables del Instituto Español de Oceanografía (IEO), Instituto Geológico Minero de España (IGME) y del Instituto Nacional de Investigación Agroalimentaria (INIA) fueron cesados en mayo debido a que rechazaron seguir ocupando su puesto rebajando su rango público. Finalmente, su departamento fue el que más tuvo que apretarse el cinturón en los últimos Presupuestos, y volverá a ser de los más castigados en 2011, un horizonte que Garmendia sólo ha podido encarar con el mantra de "apoyar a los mejores centros de investigación”, a la vista de que en este momento de restricciones, en el que no podemos gastar más, pero si mejor”.

El ‘pacto de silencio’ con Ciencia se sostuvo durante el último año por Moncloa con una tregua a golpe de las promesas del Fondo sostenible y el Plan E. Pero ya no están tan claras. No son sólo los científicos, el sector exterior, la patronal tecnológica o parte del sector de las renovables los que reclaman ya a las puertas de Zapatero. Garmendia intenta olvidar el recorte del 8% en los últimos PGE, la rebaja en un 3,1% de sus fondos para I+D+i y más de un tercio de sus créditos sin ejecutar al cierre del año. El MICINN es el segundo más castigado en 2010, con un recorte definitivo para Ciencia e Innovación del  8,7%. El recorte sería aún mayor si se descuentan los 490 millones de euros extra (subvenciones) del Plan E en 2009. Además, del total reflejado para Ciencia e Innovación en el documento definitivo (5.443 millones de euros), casi el 60% de esta cantidad (3.218 millones de euros) son créditos, que se dirigen a las empresas y que éstas contabilizan como aportación de fondos propios en las estadísticas de I+D porque tienen que reembolsarlos. Los grandes perjudicados de los presupuestos de ciencia de 2010, en el proyecto y en el documento definitivo, son los Organismos Públicos de Investigación (OPI), que, aún incorporando los recursos que ellos mismos captan con sus proyectos y contratos, sufren un recorte medio del 13%.

Enarbola desde el semestre de la presidencia de turno española la bandera de la suficiencia ante la UE y Garmendia alerta, desde hace más de seis meses: “si los países recortan la I+D peligran los grandes proyectos” comunitarios. Pero ni las cifras ni las voces de su sector la acompañan al sur de los Pirineos. No son los informes de Deloitte los únicos en recordarle que ahora que las empresas españolas ya no pueden rivalizar en costes, la apuesta debe ser por la innovación para competir. “España tiene un problema con la innovación”, sólo hay que comparar la quinta posición en términos de PIB en la UE con el 19º lugar en el ranking de innovación de la Unión Europea: aunque España ha mejorado desde 2006, sólo se sitúa en la media. Es el antepenúltimo del grupo de los “moderados”, por debajo de Chipre, Eslovenia o la República Checa. Si la edición del Informe de Competitividad Global 2009-2010 elaborado por el Foro Económico Mundial (FEM) situaba a España en el puesto 33 en la clasificación de los países más competitivos a nivel mundial, a donde había descendido desde el puesto 29 en un año, ahora el FEM ha dado a conocer que España cayó nueve puestos hasta el número 42º en el Informe de Competitividad Global 2010-2011. Muy lejos aún de los objetivos marcados por la Agenda de Lisboa: inversión en I+D+i en España debería representar en 2010 el 2% del PIB, pero en 2008 todavía suponía un 1,35%.

La Ministra ya sabe que de la LES sólo ampliará las deducciones en Investigación, Desarrollo e Innovación del 8% al 12%, y de las actividades medioambientales del 4% al 8%. Se establecen plazos máximos en los trámites de concesión de patentes y se reducirá un 18% en tres años la cuantía de las tasas de propiedad industrial. Eso es todo. La ley de Economía Sostenible no será su bálsamo: las consultoras ya le han advertido a la titular de Ciencia sobre el escaso uso que pueden hacer las empresas de las líneas de crédito y el riesgo de que no se utilicen los préstamos de la ley.  Garmendia  negocia con entidades financieras fórmulas para "prestigiar" el crédito a la innovación dirigido a las empresas. No es casualidad que la ministra ni siquiera haya vuelto a renovar los ‘votos’ se sus promesas: 1.000 millones de euros adicionales para gasto en I+D+i  con los que compensar el recorte del 3% de  las políticas de de I+D+i  en los PGE (hasta 8.000 millones). Ya sólo tiene ojos para 2015, el año al que ha pospuesto ahora la posibilidad de que España esté en el G-9 de la innovación.

Pero sobre todo, la ministra busca refugio en sus ‘criaturas’ y en la sintonía con la administración vasca.  Garmendia ha anunciado la creación de un mapa de 58 instalaciones científico-técnicas singulares, en colaboración con las comunidades autónomas, que movilizarán una inversión de 3.800 millones de euros hasta 2025. Pero respira aún por las heridas de sus proyectos estrella: aún no se ha podido poner la primera piedra de la Fuente de Neutrones por Espalación, en Leioa (Bizkaia) y las sombras sobre las partidas en los PGE, lejos de los 180 millones de euros que requería, dejan en el aire al menos su calendario ahora que Garmendia consiguió sellar las paces con el PNV y la Universidad del País Vasco y que despejaba el Parque Tecnológico de Bizkaia para su estreno.

HISTORIA DE UN ENCANTO MENGUANTE

La de Cristina Garmendia es la huella de una carrera menguante desde que fue la ‘ahijada en innovación’ predilecta de José Luis Rodríguez Zapatero. Su departamento pasó de constituir una prioridad para el presidente a convertirse, hoy por hoy, en uno de los principales candidatos a desaparecer -o integrarse en Industria- si el Ejecutivo acomete una reestructuración de su Gabinete. Lejos quedan los alardes públicos del presidente, que justificaba la unión de Ciencia y Universidades en un solo ministerio cuando Garmendia fue nombrada ministra en abril de 2008, como un paso imprescindible para el cambio de modelo económico español. Entonces, a Zapatero no le importaba la desafección política de esa empresaria tecnológica completamente ajena al PSOE. Todo lo contrario: aunque llegó de la mano de Miguel Sebastián, Garmendia pronto superó a su ‘introductor de embajadores’ como ministra promesa de Zapatero. Pero su ‘encanto’ sólo le duró unos meses.

Con la llegada de Ángel Gabilondo en 2009, la investigación universitaria -prácticamente la mitad de la ciencia generada en España- quedó ya fuera de su responsabilidad, como ya lo estaba toda la I+D relacionada con las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la Innovación que es responsabilidad de las comunidades autónomas. Con el adiós a las competencias en manos de Educación, ya perdió la mitad de su edificio y la otra mitad se quedó con ventanas al Ministerio de Industria.  Sebastián, que se jugó a ‘primera sangre’ con Garmendia el diámetro del I+D+i y las costuras de sus ministerios, se ha asegurado de tener sólo bajo su mano la industria aeroespacial y el impulso del coche eléctrico, de dejar sin flecos del CDTI a Ciencia y de que -Zapatero dixit- la I+D+i busque una cara más industrial.

En Moncloa le han ido, además, restando puntos sus suspensos en diplomacia científica europea. España perdió el acelerador de partículas en manos suizas, se dejó ‘bailar’ por Francia la sede central del ITER -el reactor europeo de fusión- y la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) y vio como la diplomacia gala dejaba en terreno sueco la Fuente de Espalación de Neutrones que esperaba Bilbao. Garmendia probó entonces en primera persona las frías aguas del fuera de juego europeo. Lo hizo con el respaldo explícito de Moncloa, pero por última vez. En junio y julio, la dejaban sola con la candidatura al Telescopio Europeo Extremadamente Grande, que España perdió a manos de Chile, sin respaldo transversal de Moncloa  y en plena batalla política con la administración canaria.

GONZÁLEZ- SINDE, PERDIDA EN LAS DEMORAS

Ha perdido las riendas, los calendarios y el rumbo de su propia ‘Ley Sinde’. Y, con ellos, la confianza de la industria audiovisual y de las entidades de gestión de derechos de autor que tejieron, a cuatro manos con la ministra, un plan ‘antipirata’ llamado a propiciar el corte administrativo de 200 webs en 2010. Si hasta junio la ministra de Cultura aún aseguraba que “era cuestión de días” para la regulación de los contenidos online recogida en la disposición adicional segunda de la LES, González-Sinde ha acogido ya sólo con el silencio la undécima  ampliación de la prórroga en la tramitación parlamentaria de la Ley de Economía Sostenible.

La ministra sigue teniendo prisa para que vea la luz la Ley Sinde. Al menos, la de sus discursos, pero ya no es asunto suyo. Ni urgente para Moncloa. Se lo ha dejado claro la undécima prórroga al plazo de presentación de enmiendas al proyecto de la Ley de Economía Sostenible (LES) desde que salió del Consejo de Ministros el 19 de marzo, que José Bono aprobaba en el Congreso de los Diputados el pasado  7 de septiembre. Pero ya asume que será muy difícil que entre en vigor durante el próximo año. Hoy, las promesas no resisten en la mesa de la Ministra de Cultura: no está clara la composición de la Comisión de Propiedad Intelectual y González-Sinde no está en condiciones de blindar ni la Ley de Propiedad Intelectual (que Ferraz quiere cambiar) ni el canon digital que el Tribunal de la UE cuestiona. No hay Plan Nacional de Contenidos Audiovisuales. Por primera vez, las sociedades de gestión de derechos de autor y la industria audiovisual se le rebelan, quieren una regulación ad hoc si la LES tarda mucho más.

Le marcan las distancias: no habrá macroweb sin regulación, se pensarán dos veces las denuncias ante la Audiencia, los especialistas advierten que les pueden salir caras, a la luz de la oleada de sentencias a favor del P2P. Le ha puesto desde junio el ultimátum sobre la mesa el director del I Seminario Ortega y Gasset sobre la industria audiovisual, José María Otero: si se va a retrasar mucho más la tramitación de la Ley de Economía Sostenible, exigen que esas medidas ‘anti-piratería’ se pasen a un "texto normativo independiente que se promulgue de manera urgente". Según sus calendarios y las conclusiones del estudio sobre la industria audiovisual, -“El cine en internet”-, la normativa debía haberse desarrollado ya hace tres años.

El ‘precio’ de sus retrasos se lo cuantifica de nuevo -aunque sea con un informe controvertido- la Coalición de Creadores: Si la medida tarda tres meses más en aprobarse, se traducirá, al menos, en 2.560 millones de pérdidas, según la tendencia que apunta el Primer Observatorio de «piratería» encargado por la Coalición de Creadores, que establecía una tasa de contenidos «piratas» e España del 76 %. La Coalición -que en enero de este año había prometido comenzar a presentar las primeras denuncias a webs en septiembre- exige de nuevo a la ministra cortes directos a los usuarios si no se reduce en un 70% la ‘piratería’, con o sin LES. La SGAE busca suplir las grietas del canon digital con la puerta abierta a tasas sobre el adsl y las transacciones en la red.

Los aliados de González-Sinde han aprendido, contradicción a contradicción, a dejar en cuarentena las promesas de la cineasta, desde que fue desautorizada por Zapatero y el ministro Caamaño en su plan de cortes administrativos para las webs. Sinde tenía su guión y sus calendarios: el original pasaba por una Comisión de Propiedad Intelectual con ‘licencia’ para perseguir directamente a las páginas sospechosas. Ya se encargaron Bruselas y el ministro Caamaño de hacerlo pasar por la Audiencia Nacional. Con la pátina de la tutela judicial prometían la persecución ‘ejemplarizante’ de unas 200 webs. Esperaban apaciguar a Washington para la revisión de la Lista 301 y hacer del modelo ‘made in Spain’ un plan exportable al resto de los Veintisiete. Ahora, ni lo uno ni lo otro. Ni en Industria ni en Ferraz quieren sostener el mismo texto, ya cuestionado por el CES y varias organizaciones de la judicatura. Moncloa y el grupo socialista sopesan aprovechar el tiempo para la cirugía de la Ley de Propiedad Intelectual y un nuevo modelo de canon digital. González-Sinde sólo espera. Ya en silencio. Se ha quedado sola y, con cada desautorización desde Moncloa y Ferraz, se le acaban también los ‘soles’ de la SGAE, de la Coalición de Creadores, o las demás sociedades de gestión de derechos de autor, que la habían convertido en su ‘musa’ ‘antipirata’.

El tiempo corre en contra de los planes y los calendarios de la ministra. En el Grupo Socialista aún buscan la cuadratura del círculo pero se da ya casi por hecho que durante el trámite parlamentario se verá obligado a introducir algunas modificaciones respecto al texto de la ‘Ley Sinde’ aprobado en el Consejo de Ministros del 19 de marzo. Sinde sólo espera. Empieza a sospechar que tiene razón la propia SGAE con eso de que en España “es más fácil ponerle puertas al campo que regular internet”. La ministra ya sabe que cuando la LES y su disposición final segunda para regular los contenidos de internet vea la luz lo hará ante los recelos de la industria de contenidos -que no adelantará su web y ha enfriado el ‘idilio’ con la ministra-, ante los informes de Fedea -que advierten de que la regulación será ineficaz y hasta contraproducente para la industria- y las evidencias de un mercado en el que los usuarios del P2P son también los que más contenidos audiovisuales consumen.

Por eso el propio PSOE exige ahora al Gobierno un plan de impulso al sector de contenidos digitales “liderado desde el Gobierno, pero que cuente con la participación de empresas, creadores y otras instituciones, con la cooperación de diversos actores". Un programa que -en palabras de la portavoz socialista en materia de Sociedad de la Información, Lourdes Muñoz, podría impulsar un proceso similar al del Plan Avanza. Y, como él, podría dejar su ‘volante’ en manos del ministerio de Industria, lejos otra vez de Angeles González-Sinde. Su iniciativa suma y sigue con la del presidente de la Asociación multisectorial de empresas españolas de electrónica, Asimelec, Martín Pérez, que pide un Plan Nacional para el desarrollo de la industria de contenidos digitales, liderado desde la Administración y que proteja eficazmente la creatividad y la propiedad intelectual.

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