edición: 2451 , Viernes, 20 abril 2018
18/12/2009

Los ‘olvidos nucleares’ de Zapatero sublevan la paciencia de Industria, Enresa y hasta del propio PSOE

Ultimátum al Gobierno: tendrá que licitar ya el almacén centralizado de residuos (ATC), transponer la directiva sobre la propiedad de los reactores y cumplir con los planes rectores de seguridad
Las indefiniciones de la Ley de Economía Sostenible invitan a algunos diputados socialistas y técnicos de Industria a cuestionar el blindaje antinuclear de Moncloa
Depósito de residuos nucleares en Alemania
Javier Aldecoa

Insiste en el 'mejor no meneallo' con todo lo que tenga apellido atómico pero el tiempo y la paciencia se agota, hasta en las propias filas. Prometió cocinar en persona y en septiembre  la reforma de la legislación nuclear, pero ni la voluntad ‘ejecutora’ de Miguel Sebastián ni los calendarios acompañaron su partitura. Ahora que ha desplegado el ‘laissez faire’ de la Ley de Economía Sostenible y con ella la prórroga a la reforma de sus calendarios energéticos, Zapatero se resguarda en la indefinición: no ha transpuesto la directiva europea de seguridad nuclear, ni la regulación de la titularidad única de los responsables de las centrales, la fiscalidad le llegó por la puerta de atrás de la regulación de las Socimi y no hay ni rastro aún de las promesas de la licitación del Almacén Centralizado de Residuos que hace dos años le niega al Ministerio de Industria. No habrá debate ni regulación específica: apenas gana tiempo con el nuevo techo de cristal -40 años de vida útil-, que sólo consuma el horizonte ya de hecho de la vida técnica. Nada que no se pueda estirar con otra prórroga si el CSN lo acredita. Las zozobras del Plan Garoña le han resucitado a Moncloa los fantasmas del día después de Zorita. A Zapatero se le desenfocan los mapas y los calendarios del ATC. No habrá carreras para sus residuos nucleares. Y si la opción burgalesa -almacén centralizado a cambio de Plan Industrial- era la última esperanza de Enresa -la empresa Nacional de Residuos-, no llegará por ahora ni bajo la bandera de Manuel Chaves. No son sólo las empresas propietarias de los reactores, el PP y la bitácora energética de la UE con el Tratado de Lisboa los que le sacan los colores a sus olvidos. El 'congelador' atómico de Zapatero irrita, antes de nada, a las empresas públicas del sector -con Enresa en cabeza-, a los reguladores, al ministerio de Industria y a su propio grupo parlamentario. Ha sido el PSOE el promotor de una resolución parlamentaria que le acelera todos los ultimatums atómicos a Moncloa: la rebelión energética -advierten- se le destapará en las primeras sesiones del Congreso tras las vacaciones si no hace pronto los deberes pendientes: en Ferraz y en Castellana  160 no esperarán mucho más por la aprobación de los planes directores de emergencia nuclear -anulados previamente por el Tribunal Supremo- con la coordinación de las CCAA y los municipios aludidos por las centrales nucleares. Menos aún por la definición -al menos la licitación- del ATC.

Si el presidente pensó que podría amansar el silencio en Ferraz y Moncloa con cuatro años más de vida para la central burgalesa y la promesa de licitar el Almacén Centralizado de Residuos que desde hace dos años paraliza, se equivocó. No sólo era la ‘ofrenda de paz’ de Zapatero con el ministro Sebastián para aplacarle sus calendarios atómicos y hacer de él el ‘camarero’ del cerrojazo a Garoña. Se había convertido, como recuerda ahora el PSOE, en el salvoconducto -junto con el Plan de Industrialización de la zona- para la renovación por cuatro años más de la licencia de Garoña, hasta 2013.
ZP tendrá que despejar el futuro de los residuos de la UE durante la presidencia española de la Unión sobre sus propias zozobras. El Plan Garoña de Manuel Chaves no hace sitio a ningún cementerio nuclear en el entorno de la central. Sólo una planta piloto para experimentar y aplicarlo después a otros procesos de desmantelamiento. Y si Zapatero creyó que dejar correr el calendario acabaría por aquietar a todos los caballos antinucleares, también. Ferraz le discutió el cierre de Garoña, parte del grupo socialista aún se aferra al 'laissez' faire de la LES y a la posibilidad de ampliar la vida útil de las centrales más allá de los 40 años. A Zapatero le bailan las secuencias de su bitácora: el plan para la industria burgalesa era una condición para el cierre de la central nuclear y la nueva regulación atómica iba a ser el eje transversal que arropara todo el proceso. Intentaba que las ayudas a Garoña estuvieran vinculadas al futuro del almacén de residuos nucleares. Y que la nueva fiscalidad -que coló por la puerta lateral de la regulación de las Socimi- neutralizara las denuncias de Nuclenor, los accionistas minoritarios y las promesas de reversibilidad del cierre por parte del PP. Hoy, no hay todavía nada de nada.

Al presidente le persiguen todos sus ‘olvidos nucleares’. La Ley de Economía Sostenible sólo le pone prórroga a su indefinición. Quiso destapar sin licitación la carrera por el Almacén Centralizado de Residuos, pero ni los municipios ni la AMAC obedecen la partitura de sus expectativas mientras no estén las cartas oficiales sobre la mesa. Y si desde su llegada al Ministerio de Industria Miguel Sebastián anunció una planificación hasta 2030, la LES acerca sus horizontes, sólo se atreve a marcar su horizonte hasta 2020, un plazo suficientemente corto como para que Moncloa no tenga que encarar de nuevo nada parecido a otro ‘affaire Garoña’: no hay a la vista ninguna central que llegue a los 40, ni la habrá antes de ese momento. Cuando llegue ‘la hora de la verdad’ de Almaraz, justo un año después, en 2021, será ya bajo el paraguas de otros planes energéticos. Y otra administración. Pero las voces chirrían en la ‘casa socialista’: varios alcaldes de la zona, la Junta de Castilla y León y lo más granado de los barones del PSOE abogan aún por discutir el cierre de Garoña y no digieren la letra pequeña del futuro para la zona y el almacén centralizado. Varias Comunidades socialistas y algunos ayuntamientos de Castilla la Mancha le chafan los acuerdos de explotación del uranio. Al presidente de la Junta de Comunidades, José María Barreda -que promete “luchar por su tierra y pelearse con el Gobierno Central”, sólo lo calla Moncloa con las evidencias de los retrasos de Zorita, los planes de Enresa y el silencio del almacén nuclear.

El ministro Chaves retiró el ‘affaire Garoña’ de la mesa de la Conferencia de Presidentes esta semana, pero Zapatero no consigue darlo por clausurado. Todo lo contrario: Garoña le amargó las elecciones europeas a Moncloa y promete repetir con la Ley de Economía Sostenible. Dos de las medidas ‘estrella’ del Plan Garoña -el desdoblamiento de la N-I y la construcción de un Parador en la zona- no aparecen consignados en el Presupuesto de 2010; el 90% de los más de 1.000 millones y las 26 actuaciones del Plan corresponden a infraestructuras ya programadas en otras partidas (sólo para la autopistas son 650 millones). Y si la Junta pide una fiscalidad temporal similar a la del País Vasco, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado veinte enmiendas para que se incremente en 90 millones de euros la cantidad que recoge el documento. Las brumas de su horizonte le despiertan los fantasmas nucleares de Zorita a Enresa.

En el entorno de la central de Guadalajara, ahora que ha comenzado su desmantelamiento, han comenzado a reclamarle a Enresa ayudas simétricas al Plan Garoña y a reclamarle las promesas para el día después del desmantelamiento que no llegaron. Lo justo para que la Empresa Nacional de Residuos en encienda de nuevo las luces rojas de los residuos a Moncloa. Le acelera los cronómetros, tanto que -como denuncian los ediles de algunos ayuntamientos del AMAC y Ecologistas en Acción en la zona- ha comenzado a buscar por su cuenta apellidos y emplazamientos para el ATC para ponérselo más fácil al proceso a Moncloa. Al menos cuatro ayuntamientos del entorno de Zorita han sido tanteados. Y es que Enresa ha estrenado el cambio de titularidad de Zorita y el inicio del desmantelamiento con casi un año de retraso sobre el plan inicial y los municipios de la zona en armas contra la Empresa Estatal. La empresa que se ocupa de la gestión y almacenamiento de residuos radioactivos se ha convertido en el ‘muro de las lamentaciones’ para todos los olvidos de Moncloa. Le han declarado la guerra todos los municipios -tanto populares como socialistas- del entorno de la central de Trillo. Pelearán desde enero la decisión de Enresa de no renovar el convenio que mantenía con estos consistorios entre 2001 y 2008 y por el que recibían 200.000 euros anuales por la presencia del Almacén Temporal Individual de residuos radiactivos de la nuclear trillana, uno de los dos únicos de alta radiación que hay en España. Enresa ha tenido que  poner la cara a los parlamentarios del PP y del Partido Socialista de Guadalajara y ofrecer un acuerdo con la Mancomunidad del Tajo-Guadiela para la licitación de trabajos en el radio de acción de la `José Cabrera, a pesar de que les recuerda que es responsabilidad de Moncloa y que cuando el Consejo de Ministros acordó el cierre de Zorita en el otoño de 2002, el Gobierno de José Mª Aznar no aprobó ningún Plan de Desarrollo para la zona.

José Alejandro Pina, el  presidente de ENRESA, aderezó ya la decisión de Zapatero sobre Garoña en julio con dos advertencias previas: que la central burgalesa no se podía desmantelar al mismo tiempo que Zorita -que acumula un retraso de meses y no acabará hasta 2015- y que, antes de nada, había que construir en Garoña un almacén centralizado para el almacenamiento de residuos nucleares. Justo los dos balones de oxígeno que Enresa necesitaba y que suman y siguen con el intento -por primera vez en la historia- por hacer que las eléctricas paguen al 100% el desmantelamiento y el tratamiento de los residuos. Nada nuevo que no advirtiera desde  el Plan General de Residuos Radiactivos de 2004: cuando desechaba la idea de un Almacen Geológico Profundo (AGP) para sus residuos de alta actividad, a favor de un Almacén Temporal Centralizado (ATC).  Y exigía su celeridad. Moncloa intentaba repartir las facturas de sus retrasos a la industria nuclear: las demoras de Enresa con Zorita obligan a Nuclenor a destinar a Garoña más de 40 millones de euros para seguir los dictados del CSN hasta 2013. Al presidente le sabe a poco: quería cobrarles la gestión de los residuos, y las facturas del desmantelamiento. Pretende que Endesa e Iberdrola se hagan cargo -también y por primera vez en la historia- del coste económico del desmontaje de una central, que hasta ahora se financiaba con el recibo de la luz bajo el paraguas de Enresa y dejar así en sus manos la llave de la ‘irreversibilidad’ del cierre que su Real Decreto y la LES no han sellado para Garoña. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en el mundo ya ha habido casos incluso de centrales nucleares paradas un tiempo que luego se han vuelto a poner en marcha. Pero aunque -contradicciones del guión- se le permite a Nuclenor la recarga de combustible de Garoña en 2011,  Moncloa calcula que, incluso si un supuesto gobierno a partir de 2012 pudiera revertir el Decreto del Cierre o modificar -con mucho más tiempo- la legislación nuclear, será Nuclenor la que niegue la marcha atrás: la propia empresa la primera que no puede sostener, a la luz de la rentabilidad, un baile de ida y vuelta hacia el desmantelamiento.

SIN CARRERAS PARA EL ALMACÉN NUCLEAR

Moncloa congela el ‘affaire’ de los residuos, aunque han comenzado a ‘explotarle’ en las manos. No sólo porque el desmantelamiento de Garoña implicará la construcción de otro nuevo depósito individual si no hay uno centralizado y porque la próxima saturación de la piscina de combustible de Ascó obligan a darle una salida. Zapatero no tendrá que esperar a ese momento. Hasta Enresa le ha recordado que se le agolpan sus cronómetros: en enero comenzará, "casi seguramente", el licenciamiento del Almacén Temporal Individualizado (ATI) en Ascó (Tarragona), cuando el Plan de Residuos habla de un ATC. Obligará al Gobierno a autorizar una actividad de almacenamiento de residuos contradictoria con el Plan General de Residuos Radiactivos. En Enresa saben además que si se opta por almacenes individuales como los de Zorita y Trillo, cerrarán las puertas del almacén temporal de residuos nucleares centralizado. En 2011 deben volver los 13 metros cúbicos de residuos de alta actividad y 665 de media actividad de Vandellòs I enviados a Francia en 1989. El ATC no llegará nunca antes de 2013 y, si esperaba buscar acomodo casero a los residuos de Vandellòs I cuando vuelvan de Francia en 2010, ya sabe que no podrá. Se lo acaba de confirmar la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs, no recibirá en Vandellòs II esos residuos de alta y media intensidad.

A Zapatero ya le queman los residuos. No quiere ni hablar de ellos, pero el PSOE promete, sobre los recelos de la AMAC, que llegarán antes de fin de año. Por eso el Gobierno ha tratado de abrir las ‘carreras’ por el (ATC), de espaldas al guión de Industria, tanteando las intenciones de los municipios antes de abrir formalmente el concurso público de la mano de Enresa. Nada que cuente con el beneplácito de Miguel Sebastián, después de dos años de espera a que el Gobierno cumpliera las recomendaciones técnicas del ministerio. Al parecer, tampoco cuenta con la firma de sus supuestos ‘beneficiarios’: Ascó, Vandellòs y Tivissa en Tarragona, Yebra (Guadalajara) y Merindad de Cuesta-Urria (Burgos), todos ellos próximos a nucleares. Aunque Moncloa aboga por un decreto de concurso -que debería haber llegado ya en noviembre- abierto a cualquier municipio del país que no esté en un lugar sísmico, que quede protegido, inundable y a ser posible con tren, el comité técnico que debe evaluar las candidaturas considera más “sensato” ubicar el almacén en alguna zona que tenga experiencia nuclear, es decir, en alguna localidad de la AMAC (Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares), que lleva años trabajando en las zonas que están dispuestas a aceptar el almacén para explicar qué supone y qué ventajas tendría.

Para la Asociación, sólo "si se cumplen ciertas condiciones y el proceso es democrático y participativo, presentarán candidatos", no se decidirán hasta que el Gobierno abra la elección del emplazamiento. Y siguen su prudencia los que, según Moncloa podían estar llamados a la nueva mesa del ATC. José María Barreda no está por la labor de ubicar el ATC en Guadalajara, según el presidente su comunidad “ya ha cumplido” con dos centrales y sus respectivos almacenes individuales. El PSOE por Guadalajara se aferra a la promesa de Zapatero de no ubicar los residuos donde exista rechazo, promete “poner piedras en el camino” del ATC y ha llegado a pedir que la presidenta del PP en la región, María Dolores de Cospedal, y el presidente provincial, Antonio Román, "desautoricen de una vez por todas" al alcalde de Yebra y emprendan medidas contra él "si consuma su interés por presentar la candidatura para que este municipio albergue el Almacén Temporal Centralizado". Y aunque Moncloa mira a Cataluña por ser la CCAA que más nucleares concentra, el delegado del Govern en Cataluña apoya para la zona un ATC, pero sólo "con residuos de las centrales catalanas". E ICV, socio del PSC en la Generalitat, ha hecho saber que la instalación del cementerio sería motivo de fractura en el Gobierno. Sólo el ayuntamiento burgalés de la Merindad de Cuesta Urria es el único que no ha rechazado de entrada el almacén nuclear, pero aunque la Junta de Castilla y León apostó por la continuidad de la central y pidió nuevos reactores y el alcalde también del PP cuenta con amplia mayoría en el consistorio, Alfredo Beltrán, promete ponerle sus apellidos al ATC sólo si cuenta con el apoyo de los vecinos y los 13 municipios de su entorno. Algo que hoy por hoy, no parece estar tan a su mano.

GRIETAS A LA ‘CERRAZÓN NUCLEAR’

El ‘laissez faire’ le puede dar más de una sorpresa a Zapatero. El debate de la energía nuclear no está cerrado en el PSOE.  Menos aún en las expectativas del ministerio de Industria. En la Subcomisión de la estrategia energética española para los próximos 25 años creada en el Congreso no son los populares y los directivos de las principales empresas del sector los que cuestionan su cerrazón nuclear y comienzan a ver como un horizonte factible la ampliación a 60 años la vida de las nucleares o construir nuevas, como sugirió el consejero delegado de Endesa, Andrea Brentan. Las voces han chirriado de nuevo entre las grandes espadas de la energía española.

Zapatero ya no quiere ser la ‘bestia negra’ de la nuclear europea y el sector tratará de aprovechar su paso por la presidencia de la UE para doblegar su rechazo. Le reviven los mismos avisos que la presidenta de la CNE, Maite Costa: la energía atómica sigue siendo “imprescindible” y "favorece que se fijen precios más reducidos que con otras tecnologías". No es sólo el presidente de Repsol YPF y de Enerclub, Antonio Brufau, el que le recuerda a Moncloa que, con más motivo ahora con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y sus expectativas de integración europea, ni el mix energético puede depender sólo de decisiones locales, ni prescindir de los reactores. España necesita -en palabras del presidente de E.ON España, Miguel Antoñanzas- un mix equilibrado.  Más aún -se lo advertía en el Foro del Club de la Energía el ex ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla- ahora que lo prioritario es la lucha contra el calentamiento global. Las contradicciones ‘verdes’ de Moncloa tienen ventanas a las calles de Europa, EE UU y Asia.

Lo saben en Industria y se lo han recordado a Zapatero: si hace un año el aún Comisario de Energía Andris Piebalgs se limitaba a defender el derecho de los gobiernos de los Veintisiete a elegir un mix energético y a pedir transparencia con la seguridad de las centrales, ahora el máximo responsable de la energía de la Unión exige -para poder hacer frente al cambio climático, la seguridad del suministro y la competitividad- un 30% de fuentes nucleares. No sólo eso: los Veintisiete acaban de coronar -por primera vez de forma oficial a través de una resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa- a la energía nuclear como uno de los arietes para “reducir" las emisiones de gas de efecto invernadero y el calentamiento del planeta. Y para disgusto de Rodríguez Zapatero, el texto que ha visto la luz para prorrogar el Plan Estratégico de Tecnología Energética que aprobó la UE en 2007 exige a los miembros del Club Europeo inversiones en tecnologías bajas en carbono, para empezar la atómica. Bruselas le recuerda lo mismo que hasta el CNE y el CIEMAT se atreven a remarcarle ahora: España apenas tiene hoy resuello para llegar al 12% de renovables en una década y necesita al menos un tercio de su electricidad de origen atómico.

FUERA DE JUEGO ATÓMICO

Zapatero acaba con la paciencia de todas las empresas públicas del tejido nuclear: Ensa despeja a solas acuerdos en Asia, extiende sus tentáculos a contrapié de los recelos nucleares de Zapatero a domicilio. Moncloa se ha lavado las manos con ENUSA a pesar de que Industria destapó la ‘carrera del uranio’.  Y Enresa es el muro de los lamentos de Zorita, de los olvidos del almacén centralizado, del futuro por definir de Garoña y de la ‘timidez’ nuclear de Moncloa. Enresa ha sintonizado con las reclamaciones del Congreso y la Comisión de Industria: acaban de poner en marcha la cuenta atrás de seis meses para que el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) presente un informe sobre el desarrollo de procesadores de combustible para la producción de hidrógeno, que alimentarían la pila de combustible (de una planta atómica). El CIEMAT le recuerda las contradicciones nucleares a Zapatero: descuenta que la energía nuclear del futuro "está en camino y es sostenible "porque utiliza uranio sin enriquecer y torio y permitiría energía nuclear para 20.000 años, frente los 80 años actualmente estimados con el parque nuclear del presente. Un horizonte que, si pasa por el reciclaje y la reutilización de los residuos - bien por fisión o bien por transmutación o por reprocesado como ya se hace en Francia- pasará de largo por España, sin reprocesado por decisión de Felipe González desde el Plan Energético Nacional de 1983. Hoy sólo  Francia y Reino Unido ofrecen servicios de reproceso de combustible gastado a otros países, como Alemania y Bélgica, una solución que según los técnicos sería óptima para los desechos de Trillo.

Sebastián y Espinosa callan ante las alertas de la comunidad científica, que pide un pacto de estado para combinar la nuclear y las renovables. Le pone cifras la Sociedad Nuclear Española (SNE): si en 2030 España debe generar un tercio de la energía que produce mediante fuentes renovables -actualmente genera el 20%-, otro tercio mediante centrales térmicas -que funcionan con carbón y gas- y el tercio restante mediante la energía nuclear (ésa es la composición del mix que propugna la UE), a corto plazo sería necesaria la prolongación de la vida útil de los 8 reactores existentes en España en unos 20 años además de la construcción de otros diez reactores.Y a Zapatero se le ha agotado, con los humos de Copenhague, su consuelo en la supuesta hermandad de costes entre la nuclear y la eólica, que Nuclenor desmiente. La energía nuclear cuesta sólo 35 euros/megavatio, frente a los 60 euros de las centrales de ciclo combinado, los 80 de la eólica y los 400 euros/megavatio de las centrales fotovoltaicas. Una central nuclear de tamaño pequeño puede dar electricidad a una comunidad autónoma entera, pero para obtener esa misma energía por vía eólica se precisarían 2.000 molinos, a quinientos metros uno de otro: mil kilómetros de línea de molinos. El otro problema es la intermitencia: la energía eólica se detiene cuando no sopla viento y la energía solar se para cuando no hay sol. Las energías alternativas necesitan todavía de mucha investigación para poder acumular la electricidad producida e incrementar su rendimiento. Su función podría ser perfectamente complementaria. Con la combinación de energía hidroeléctrica, energías alternativas perfeccionadas y energía nuclear, se calcula que España podría ser soberana en materia energética en aproximadamente veinticinco años.

Los interrogantes ‘verdes’ se le  acumulan a  ZP en la mesa en la que prepara la disección de Garoña. Paga ya su cerrazón de espaldas a los reactores de IV generación que la UE acaba de lanzar y al nuevo sistema de reciclaje casi completo de residuos (al 94%). Pagará, por su ‘ceguera’ verde, a Francia y Gran Bretaña. No son la directiva del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) -dependiente del Ministerio de Industria- y la Real Academia de Ingeniería de España los únicos que le recuerdan que la nuclear no sólo es una de las energías más seguras y más limpias, sino el binomio más compatible con las renovables. Le ha puesto cifras a la “irresponsabilidad” de contraponer a corto plazo las renovables a la nuclear: un país sin reservas de combustibles fósiles y con una dependencia exterior del 82% de la energía -frente a un 52% de media europea-, no puede prescindir de 38 TWh, generados a bajo coste, que produciría la central nuclear de Garoña durante 10 años de vida adicional. España, defensor entusiasta e incumplidor contumaz de los compromisos de Kioto, emitirá más de 20 millones de toneladas de CO2 que Garoña evitaría, y que, a un coste orientativo de 20 euros por tonelada, supondrían 400 millones de euros.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2018 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...