edición: 2348 , Martes, 21 noviembre 2017
11/08/2009
La mitad de los 48 ya han contactado con el Gobierno español

Los paraísos fiscales llaman a la puerta de Hacienda para firmar acuerdos antes de la reunión del G-20

Gibraltar
Javier Ardalán

Queda algo más de un mes para que la cumbre del G-20 se reúna en la ciudad norteamericana de Pittsburg para pasar lista de los paraísos fiscales que no hayan tomado medidas fiscales para entrar  en la lista negra de la OCDE y sufrir las sanciones que aunque nadie ha querido publicar, todo el mundo ha entendido que se trata de una reprobación mundial y con ella, un bloqueo económico difícil de mantener para cualquiera de estos Estados financieros. De los 48 países que forman parte de la lista negra que el Gobierno español elaboró en 1991, la mitad ya han contactado con el Gobierno español durante los últimos meses para negociar los convenios de doble imposición que incluyan el intercambio efectivo de información exigido por la OCDE.

Los países que en alguna medida son considerados como paraísos fiscales, manejan 8,2 billones de euros de particulares, que generarían 178.000 millones en impuestos, según Tax Justice Network. El 13% del PIB mundial, estima la OCDE.

España, que comenzará el año que viene la presidencia de turno de la Unión Europea tendrá que jugar un papel importante en este movimiento que, fundamentalmente lo que busca es que las normativas de estos países obliguen a las entidades bancarias a responder a los requerimientos de información de los expedientes que sigan las inspecciones fiscales de otros países sobre sus propios nacionales o sobre las tramas criminales internacionales.

Para España el desmantelamiento de los paraísos fiscales de Andorra, Gibraltar, Luxemburgo y Liechtenstein es fundamental para evitar no solo el blanqueo de capitales, sino también la actuación de muchas sociedades que actúan en el sector inmobiliario y turístico.

El Gobierno de Andorra ha iniciado negociaciones para firmar un acuerdo de intercambio de información fiscal con al menos 20 países, según ha revelado el jefe del Gobierno, Jaume Bartumeu, que sólo ha dado el nombre de ocho de ellas.

Bartumeu ha confirmado que existen negociaciones con España, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Portugal, Mónaco y San Marino, sobre acuerdos de doble imposición mientras que con otro ya se han establecido contactos para poder firmar los citados acuerdos.

Así, el Gobierno de Andorra ha decidido aplicar un gravamen del 10 por ciento sobre el beneficio de las actividades económicas del país, que entrará en vigor una vez haya sido aprobada la reforma fiscal en la que actualmente trabaja el Ejecutivo.

Esta reforma prevé que se paguen impuestos por sobre las rentas del trabajo superiores a 35.000 euros, beneficios empresariales, rentas del capital y sobre el consumo (IVA). Toda una revolución para un país que ha vivido durante muchos años de la competencia fiscal.

Gibraltar ya ha rubricado dos acuerdos de doble imposición, que integran gran cantidad de medidas de intercambio de información, con EEUU e Irlanda. Ahora se plantea acelerar sus contactos con otros países europeos. España tratará de no dejar pasar una oportunidad única, aunque para Gibraltar será muy difícil evitar las actuales prácticas financieras y societarias.

En la reciente visita del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, a la Roca se pudo comprobar que los “llanitos” no pretenden más que firmar los acuerdos de intercambio de información menos amplios que se pueda. Ni el establecimiento de un sistema fiscal, ni la desaparición del secreto bancario entraron en el índice de temas de los que hablaron ambas delegaciones

Otros países como Suiza o Mónaco  han comenzado a hacer sus deberes y adoptar medidas limitadoras de inversión sin necesidad de informar a los estados de origen de las transferencias. Mónaco, además, ha aprobado una normativa que amplía la lista de profesiones sometidas a la obligación de vigilancia y de verificación de su clientela. A partir de ahora están incluidos aseguradores, expertos contables, notarios, grandes comerciantes e incluso abogados cuando éstos asisten a un cliente en un proceso inmobiliario o financiero. Además, los pagos en efectivo, hasta ahora ilimitados en el Principado, no podrán exceder los 30.000 euros. Un importante primer paso adelante.

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