edición: 2347 , Lunes, 20 noviembre 2017
29/10/2014
LA OREJA DE LARRAZ

Los pequeños y medianos auditores creen que la futura Ley de Auditoría les discrimina

Javier Ardalán

Los miembros del Registro de Economistas Auditores (REA) han mostrado su preocupación por el incremento de las sanciones que se ha incluido en el borrador del Anteproyecto de Ley de Auditoría, que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) está a punto de hacer oficialmente público.

El problema que argumenta esta Corporación, que representa al 60% de la profesión, pero muy especialmente a los pequeños y medianos auditores, es que si bien en las infracciones muy graves se incluye una multa por importe de seis a nueve veces la cantidad facturada por el trabajo de auditoría en el que se haya cometido la infracción, sin que pueda, en ningún caso, ser inferior a 18.001 euros, ni superior a 36.000 euros, este máximo no será de aplicación en aquellos casos en que la infracción se refiera a un trabajo de auditoría de cuentas de una entidad de interés público.

En aquellos casos en que la infracción muy grave se refiera a un trabajo de auditoría de cuentas de una entidad de interés público, la sanción a imponer a la sociedad de auditoría en ningún caso podrá ser inferior a la menor de las siguientes cantidades: 400.000 euros o seis veces la cantidad facturada por el trabajo de auditoría en relación con el que se haya cometido la infracción.

Estas cifras son consideradas descalificatorias para las pequeñas y medianas firmas, máxime teniendo en cuenta que se ha incrementado la lista de infracciones muy graves con respecto a la legislación actual, como la aceptación de trabajos de auditoría de cuentas que superen la capacidad anual medida en horas del auditor de cuentas o las actuaciones sancionables de los cónyuges o personas con quién mantenga parecida relación de afectividad, los padres e hijos y los cónyuges de ambos, de las personas que conforman la sociedad y el equipo de colaboradores, que pueden concitar que se considere que el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría no gozan de la suficiente independencia en el ejercicio de sus funciones cuando, por razón de la estructura y dimensión de la sociedad de auditoría, pueda existir relación con posibles efectos o influencia en el resultado del trabajo de auditoría.

La nueva Directiva incorpora unos requisitos más restrictivos, no contemplados anteriormente, tales como la obligación de que los Estados miembros se aseguren de que cualquier persona, no solo el auditor, que pueda influir en el resultado de la auditoría no participe en el proceso de toma de decisiones de la entidad; que el auditor de cuentas o sociedad de auditoría tome medidas para evitar conflictos de interés o de relación comercial u otra clase, directas o indirectas, reales o  potenciales, que puedan comprometer la independencia.

También se incluyen medidas para que el auditor de cuentas o sociedad de auditoría, su personal o quien le preste servicios en el ejercicio de la actividad de auditoría, y determinados parientes, no posean interés significativo directo ni realicen determinadas operaciones con instrumentos financieros de la entidad auditada. Dichas personas deberán abstenerse de participar en la auditoría sí poseen instrumentos financieros de la auditada o tengan alguna interés o relación comercial o financiera con la misma.

Carlos Puig de Travy, presidente del REA, considera que la Ley trata de forma discriminatoria a las pequeñas y medianas firmas de auditores, porque la Ley regula que el ICAC podrá dictar requisitos por vía reglamentaria para poder acceder a auditar a las entidades de interés público.

Tampoco se muestra partidario de que se impida a los jóvenes acceder a la profesión, puesto que se exige una formación específica con carácter previo y después unas prácticas, sin que valgan las realizadas durante la formación, para que, al final, puedan acceder al examen para poder ser auditores. Esta situación supone un periodo cercano a los seis años para poder ser finalmente auditor. Para los responsables del REA, esta situación supone una traba muy grande para que muchos de los licenciados más preparados elijan otras profesiones.

Tanto el REA, como la otra corporación de auditores, el Instituto de Censores Jurados, consideran que la norma se quiere aprobar en unos plazos en los que no habrá tiempo para reflexionar sobre muchas de estas novedades, puesto que el Ministerio de Economía tiene previsto aprobar la Ley antes de las elecciones generales de 2015 para que entre en vigor en 2016.

Los auditores son partidarios, además, de esperar a que entren en vigor las normas aprobadas por Bruselas, que permiten a los Estados elegir en asuntos como el periodo de rotación de las firmas y de los auditores o la doble auditoría, que en la futura Ley española, el Ministerio de Economía ha apostado por limitarlos

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