edición: 2361 , Lunes, 11 diciembre 2017
19/06/2017
Reducir la deuda, la coartada preferida

Los políticos locales no quieren, no saben o no se atreven a invertir

Los ediles económicos, incapaces de ejecutar sus presupuestos, confirman la impericia de competencia financiera
Juan José González
La carrera por hacerse con el título del primer Consistorio que logra reducir su deuda, acelera y lleva camino de conseguir buenas marcas en la administración de los presupuestos públicos, en este caso, locales. Aseguran en el ministerio de Hacienda que las grandes ciudades cumplen los planes previstos, hacen los deberes y sus deudas tienden a la baja y no hacia el infinito, como hace apenas unos años. Caen las deudas anuales al ritmo de casi mil millones de euros, regresan a niveles de deuda de una década atrás. Los equipos políticos que gestionan las cuentas locales compiten así por hacerse con el galardón que, en la práctica, significa la menor utilización de los recursos públicos, la caída de las inversiones. Sin embargo, y conforme a la Ley de Estabilidad presupuestaria, esta práctica conviene en transformar -denominar contablemente- los pasivos recortados -reducción de deuda- en superávit y éste a su vez en amortización de deuda. Así, lo que parecería ser todo un triunfo de la gestión administrativa y financiera se convierte en un problema: la baja ejecución de las inversiones previstas, las que recogen los presupuestos de los Consistorios, acaban generando costes añadidos y menor actividad económica (y menos empleo).
Lo que sobre el papel se presenta como un éxito político de gestión económica presupuestaria, la no inversión, acaba por convertirse en el freno y en la renuncia voluntaria a utilizar los recursos públicos. Los ediles, por otro lado, no ocultan que la reducción de inversiones no sólo se debe a criterios de austeridad y control de gastos de las Administraciones, sino que, en muchos casos, o no se presentan proyectos de inversión interesantes o bien, que otros proyectos se someten a revisión y se retrasa, por tanto, su ejecución. 

En la práctica, los consistorios de mayor volumen en España (superiores a 300.000 habitantes) no logran alcanzar hasta la fecha -ya próximos a cumplir la mitad del ejercicio 2017- ni el 60% de la ejecución presupuestaria y que significa que un buen número de actividades económicas no se pondrán en marcha, al menos, hasta el mes septiembre, dado que los meses de julio y agosto no suelen presentarse como los más activos en ejecución de proyectos.

Se frenan las inversiones para reducir las deudas y los ayuntamientos de mayor tamaño mantienen una deuda total cercana a los 8.100 millones de euros. Los gestores públicos locales han encontrado en la Ley de Estabilidad la mejor coartada para hacer valer su gestión económico financiera, de tal modo que si el primer objetivo de un consistorio es la reducción de la deuda, éste parece que se cumplirá, sin mayores sacrificios, al final del ejercicio. Y en algunos casos con creces, con récord, lo que a su vez se ha convertido en motivo de disputa entre algunos ayuntamientos.

Sería el caso del Ayuntamiento de Madrid, en posesión del título de gran ayuntamiento más endeudado de España, con cerca de 8.000 millones de euros, nivel crítico que obligó a sus ediles (de distintas formaciones políticas) a reducir en estos últimos cinco años a casi la mitad. Quizá debido al tamaño de la deuda, como también del tamaño del Consistorio, el de Barcelona parece estar haciendo mayor uso del presupuesto local en el capítulo de inversiones y multiplica sus compromisos financieros. A diferencia de la edil madrileña, la catalana no tiene entre sus objetivos la reducción de la deuda local, y no sólo por el menor tamaño del ayuntamiento y de la deuda, si no porque no considera que el recorte de inversiones -transformado en reducción de deuda- pueda ser presentado como un éxito de gestión política.

Otra cuestión diferente es que las Administraciones locales -siguiendo aquí el ejemplo de Madrid- no sea tanto un asunto de ajuste de la situación financiera (que sí se ha llevado a cabo a través de la reducción de servicios) como la dificultad que estarían encontrando los gestores políticos para decidir actuaciones económicas, inversiones rentables para el consistorio, es decir, orientadas a su recuperación. Quizá sea este el punto más interesante de una polémica en torno a la capacidad de los actuales gestores públicos para identificar y llevar a la práctica las inversiones que recogen los presupuestos anuales que están a su entera disposición, capacidad que cuenta con numerosas dudas.

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