edición: 2287 , Miércoles, 23 agosto 2017
18/02/2010
Los jubilados de Chile aprueban el modelo vigente desde hace 30 años

Los populares llevarán a la mesa del Pacto de Toledo la gestión privada para las pensiones

El sistema chileno se ha demostrado muy rentable y seguro ante la quiebra
El Gobierno únicamente fiscalizaría el destino de las inversiones
Estos son birtánicos pero aquí puede pasar lo mismo
Juan José González

Los representantes políticos y sociales convocados para el Pacto de Toledo, vuelven a reunirse hoy, parece que con la urgencia que demanda la gravedad del asunto: peligran las pensiones futuras. Y todo indica que, como viene siendo habitual en las últimas legislaturas, ningún partido quiera asumir en solitario la paternidad del conjunto de reformas que se espera salgan de esas reuniones: el que lo haga lo pagará caro en las urnas. Por esta razón, se ha acelerado la cita, porque reformas de este tipo no se sustancian en unos meses y cuanto más lejos de una convocatoria electoral, mejor. Pero se sabe que a la mesa de conversaciones los integrantes llegarán con nuevas propuestas, cálculos, ideas, etc. En los últimos meses, técnicos del Partido Popular y de Convergencia i Unió se han dedicado en cuerpo y alma –por separado, se entiende- a la investigación y rastreo de pistas y documentos, que sirvieran de apoyo para realizar una propuesta razonable de reforma de las pensiones.

En esa labor de investigación, cada cual ha llegado a su conclusión –que se conocerá en breve- pero la más arriesgada y novedosa, la que parece que contará con la resistencia del partido socialista e Izquierda Unida y otros, es la que piensa poner sobre la mesa una de esas dos delegaciones de técnicos –PP y CiU-. Estos, en un afán desmedido por asegurar el órdago, se han ido hasta Chile para conocer de primera mano cómo lo hacen allí, cómo funciona, si va bien o regular, o como en España, mal. Se han reunido con agencias privadas, y funcionarios del Ministerio de la Salud Pública, con un sindicato, y con muchos más, incluso, con pensionistas de 70 años de edad y con jóvenes que dentro de medio siglo cumplirán los setenta, como sus abuelos.

Y el resultado parece que es positivo, que todo el mundo esta contento –siempre hay alguno que no lo está- y que, incluso, no lo cambiaria por otro sistema. Y por qué, porque entre otras cosas entienden el sistema. El sistema chileno tiene su historia, aunque no proviene de la escasez sino de la ineficiencia del sistema, regresivo e injusto a la larga. Como afirma uno de estos estudiosos de la delegación “el vínculo entre las responsabilidades y los derechos se destruía con el tiempo” lo que originaba que algunas pensiones, muchas, se extinguían cuando los pensionistas se acercaban a los cien años de edad.

Casualidades de la vida –de la historia- fue en época de Pinochet cuando se puso en marcha el nuevo sistema de pensiones, el que gusta a todo el mundo. El siguiente: como el sistema de reparto tiende a agotarse –menos ingresos con más pensionistas- en Occidente se propone retrasar la edad de jubilación, lo cual es de una crueldad infinita, sobre todo para quienes en la antesala de los 65 ya contaban con el billete y la maleta para escapar a Castellón. O Alicante.

El sistema chileno evita que los beneficios sean menores en cualquier momento de la etapa de jubilación y al mismo tiempo garantiza o despeja esa incertidumbre de la bancarrota, una espada de Damocles en permanente amenaza. En Chile funciona, y bien, como se ha dicho, el actual sistema de pensiones. Es privado, lo cual conlleva una fuerte carga de rechazo desde el principio, en particular, si la propuesta viene del lado de las filas ‘populares’, aunque no recibiría tanto rechazo –sólo algo menos- si la propuesta procede de una formación más ‘progre’ y menos sospechosa, un partido nacionalista, por ejemplo.

Pues bien, el sistema funciona sobre la base de la cotización obligatoria de los trabajadores, quienes depositan en una cuenta personal el 10% de sus ingresos procedentes del trabajo. Este dinero es gestionado por sociedades privadas, gestoras de fondos de pensiones, las cuales mantienen una fuerte –pero razonable- competencia por alcanzar buenas ganancias, como reclamo comercial. Estas invierten los fondos en valores de renta fija y variable –hay hasta siete alternativas que gradúan el riesgo deseado por cada contribuyente-. Las inversiones son controladas y supervisadas por una oficina pública del Gobierno, quien limita su función, exclusivamente, a fiscalizar la labor de las gestoras de fondos, además de facilitar las pensiones de una parte pequeña de la población que no ha tenido acceso a la acumulación de ahorro.

Con ese sistema, las pensiones chilenas mantienen una fuerte tasa de ahorro y su rentabilidad media desde su puesta en marcha hace treinta años, no ha bajado del 9% en los momentos más dramáticos de los mercados financieros, y alcanzan ganancias del 45% en los picos más fuertes del mercado.

Y como en todo sistema de complicada ejecución y estructuración, no siempre se puede concluir dejando contento a todos, algunas de las propuestas que lleguen a la mesa del Pacto de Toledo, en particular, las más novedosas, pueden chocar con el sexo, pues el modelo chileno de jubilaciones, que como se dice, pasar por ser uno de los más razonables y avanzados, fija la edad de jubilación del hombre cinco años más allá que para la mujer, algo que será difícil que aquellos acepten –por ley o por lo que sea-. Así que es posible que si el modelo prospera en España, la reivindicación de la igualdad cambiará de género. Todo es negociable.

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