edición: 2455 , Jueves, 26 abril 2018
08/09/2011
Serían las CC AA, y no el Estado, las beneficiarias del impuesto a los ‘ricos’
Mariano Rajoy, candidato popular a la presidencia del Gobierno

Los ‘populares’ no reintroducirán el patrimonio, crearán nuevos impuestos

Patrimonio, un gravamen que en su vigencia apenas superó 2.000 millones de euros de recaudación
Juan José González

La limitación al déficit fiscal del Estado y, por tanto, de las Administraciones públicas, parece que va a servir de argumento para una subida de impuestos que deberá aprobar el próximo Gobierno que resulte elegido en la cita electoral del 20-N. La limitación, ahora constitucional, obliga a varios asuntos, entre otros y más importante, a rebajar de forma inmediata el nivel de déficit para cumplir los compromisos adquiridos con Bruselas y desde esta semana con la Constitución española. Esta obligación a su vez, obliga a que los plazos para llevar a cabo la reducción del déficit sean cortos, lo que a su vez obliga a una mayor recaudación del erario público por la vía más directa: subir impuestos. Y parece que no hay otra vía ni más rápida ni más corta ni más eficaz para cerrar el déficit, tarea que un Gobierno en el epílogo difícilmente va a intentar, dejando el testigo para el vencedor de las próximas elecciones generales. El Partido Popular parece querer evitar esa especie de propensión del Partido Socialista a reintroducir impuestos –patrimonio, por ejemplo- si bien, no podrá evitar subir el IVA y pondrá en marcha varios impuestos nuevos.

"Otro vendrá que bueno me hará" debe ser a estas horas el pensamiento dominante en la cabeza de buena parte de los miembros del Ejecutivo, en particular, de los más implicados en materia económica, la zona de gestión que ha dominado la segunda legislatura al completo. Y el colofón parece estar centrado en el popular asunto de los impuestos, materia que afecta a bolsillos y estatus de los ciudadanos. Se presenta como un tema de debate, la subida sí o la subida no, de los impuestos en la campaña electoral. Y sobresale, entre todos ellos, el que se fija en el patrimonio.

El debate sobre los impuestos -centrado en el de patrimonio- se ha convertido de esta forma, en el eje de la lucha electoral, con un Partido Socialista cuyo candidato a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el exordio de su nueva etapa, pone el acento en la mayor contribución que deben hacer los que más tienen cuando, como es el caso, el Estado se queda sin recursos suficientes para crear empleo. El discurso es plenamente electoral, no lo oculta el candidato. No oculta tampoco que los 1.500 millones de euros que asegura en sus cálculos que se recaudarán por este impuesto, se sumarán a otro impuesto a la banca -unos 1.000 millones- para crear empleo. Deja así, por el momento, en un segundo plano, cómo va a cubrir un agujero como el déficit público.

El asunto que hace dudar a muchos ciudadanos es el relativo a la eficacia de la medida, el destino final del mismo, así como la 'logística' de la operativa, esto es, ¿quién va a recaudar el impuesto del patrimonio? Porque, si se reintroduce el impuesto, esos aproximadamente 1.500 millones de euros de nuevos ingresos, no entrarían en las arcas del Estado, si no de las Comunidades Autónomas. Luego, es posible que la intención del candidato sea ‘pasar’ la pelota de resolver el desempleo a estas, puesto que el destino de los 1.500 millones sería la creación de puestos de trabajo.

De cualquier forma, se trata de un impuesto que el Estado tiene cedido a las Comunidades Autónomas donde, como se sabe, domina el Partido Popular con dos excepciones: Andalucía, feudo del Partido Socialista, y Catalunya, donde es tan difícil como en el resto de las CC AA del PP que CiU piense, o vea, en el patrimonio un impuesto como solución a algún problema actual. Más bien, todo lo contrario. Aunque hay otros caminos, ya descubiertos y bien utilizados por los ‘populares’, que gravan la propiedad, como es el IBI, gestionado -recaudado- por los ayuntamientos tras fijar el Estado un porcentaje mínimo y máximo. En este sentido, corporaciones locales como la madrileña, se ha servido de un aumento en el valor catastral para mejorar la recaudación por el IBI, decisión que se justifica sobre la base de una reducción del déficit, si bien, en la práctica es una clarísima subida de la imposición.

Por otro lado, el histórico que se conoce de este impuesto sobre el patrimonio es, en lo cuantitativo, más bien paupérrimo, ya que a tenor de los datos de Hacienda, en su día, Patrimonio superó ligeramente los 2.200 millones de euros. Además, no parece que ni 'populares' ni 'convergentes' estén dispuestos a dejarse votos en ese nutrido y deseado caladero llamado 'centro'.

Es por todo ello, por los más que probables efectos negativos que su aplicación vaya a provocar, o porque, en realidad, no va a disparar la recaudación y, porque, además, a excepción de Francia, la inmensa mayoría de los países han suprimido este impuesto, por lo que su utilización responde, únicamente, al objetivo de conseguir rédito electoral. Agitar un impuesto para gravar a los 'ricos', es uno de esos temas que tiene asegurada una buena 'venta política', como es el caso, y en un país, España, donde la envidia goza de un arraigo sin parangón conocido en otros territorios fiscales.

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