edición: 2742 , Miércoles, 19 junio 2019
05/06/2014
LA OREJA DE LARRAZ

Los presidentes de Audiencias Provinciales quieren urgencia en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Javier Ardalán

Hasta que entre en vigor el nuevo Código Procesal Penal, los presidentes de las Audiencias Provinciales, reunidos en Zaragoza en las XIV Jornadas, han demandado que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal  (LEC) se haga en el mínimo tiempo posible. La Mediación Penal debe ser potenciada, regulándola normativamente.

Tras recibir declaración a las partes implicadas en un proceso penal, si el imputado reconoce o está dispuesto a reconocer su participación en los hechos y a reparar el daño causado, debe darse traslado al Servicio de Mediación.

Si esta termina siendo positiva, merece unos efectos superiores al acto de conformidad, en cuanto la mediación es más amplia y persigue efectos distintos a la conformidad, constituyendo la protección de la víctima uno de sus principios fundamentales, a la vez que tiene mejores efectos rehabilitadores para el autor de los hechos.

Hasta que entre en vigor la Ley, los presidentes de las Audiencias Provinciales proponen que el sobreseimiento provisional se adopte, además de cuando no resulte debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa y cuando resulte del sumario haberse cometido un delito y no haya motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores, cómplices o encubridores.

La falta de interés público en la persecución del delito o cuya pena lleve aparejada asuntos de mínima incidencia o delitos de bagatela, asuntos de mínima culpabilidad por parte del autor responsable del hecho y asuntos en los que el autor responsable haya sufrido las consecuencias de su propia acción, de modo que la pena aparejada pueda aparecer como desproporcionada.

El sobreseimiento provisional puede venir condicionado a la reparación del daño causado; a que no se cometan nuevos hechos delictivos en el tiempo que al efecto se determine; al cumplimiento de alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 83.1 del Código Penal; y al cumplimiento de determinados programas temporales de reinserción social y formación, vinculados al hecho delictivo.

La conformidad procesal penal debe extenderse a todos los supuestos delictivos contemplados en el Código Penal. A los fines de la conformidad se deberá regular la comparecencia obligatoria de las partes personadas ante el Juez de Instrucción, una vez concluida la declaración de la persona o personas que resulten denunciadas o querelladas. El Juez de Instrucción impondrá en la sentencia la pena de la conformidad reducida en un tercio.

El Ministerio Fiscal y los abogados deberán tener en cuenta lo dispuesto en el Protocolo de Actuación para Juicios de Conformidad, suscrito entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía, de  1 de abril de 2009.

El sistema de recursos en la instrucción y en la fase intermedia de la causa debe circunscribirse a los supuestos contemplados en la Ley. Los recurso de apelación solo podrán interponerse contra las resoluciones que la ley determine que deban adoptar la forma de auto y, en todo caso, en los supuestos de limitación de derechos, denegación de práctica de diligencias, conclusión anticipada del procedimiento por sobreseimiento, conclusión de la instrucción si se interesan nuevas diligencias y contra el auto de transformación a procedimiento abreviado.

Determinan, además, que no se podrá interponer recurso de apelación contra los autos resolutorios de recursos de reforma. Por otra parte, el recurso de queja solo será admisible contra las resoluciones que inadmitan un recurso de apelación en los casos que la Ley los prevea.

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