edición: 3102 , Viernes, 4 diciembre 2020
04/03/2010
Responsabilidad Social

Los principios de la RSC se desgranan en la normativa española formando un marco de referencia

Las guías llevadas a cabo por organismos e instituciones contribuyen a implantar los principios responsables en las compañías
Beatriz Lorenzo

Tras el escalonado derrumbe de las tradicionales estructuras económicas, la quiebra de gigantes presuntamente inexorables-Lehman Brothers, General Motors…, y la puesta en evidencia de las corruptelas de constructoras, multinacionales y financieras varias, se ha abierto la Caja de Pandora para colocar sobre la mesa a la multitud de comportamientos poco o nada éticos y absolutamente faltos de responsabilidad que las compañías han esgrimido durante décadas amparados por la opacidad de sus informaciones  y la búsqueda a toda costa de los beneficios a corto plazo. La Responsabilidad Social Corporativa se ha erigido entre la humareda de la crisis, en los mejores casos para integrarse verdaderamente en las vísceras de las compañías y en muchas ocasiones simplemente como tirita sobre las cicatrices de las malas prácticas y el “fumum vendidi”. Desde múltiples púlpitos ha surgido a borbotones el debate sobre la necesidad de una RSC de sesgo obligatorio, apelando a la urgencia de un marco normativo claro y bien definido que ponga coto a las malas prácticas y a la actividad empresarial irresponsable.

El carro de la Responsabilidad Social se ha puesto en movimiento, y a él se han subido empresas, instituciones e incluso gobiernos, que en mayor o menor medida se están posicionando como oteadores y hasta supervisores del cumplimiento de los principios de la RSC. El debate ha ido ganando en profundidad con el paso de los meses, y partiendo de la certeza de que las empresas que tengan implantados firmes principios responsables saldrán antes y más airosas de la crisis, se aborda desde distintos frentes la necesidad de implantar un fuerte soporte normativo que despegue a la RSC de su tradicional carácter de compromiso voluntario, inherente incluso en la etimología de la palabra (spondere, que significa promesa. Re-spondere, socialmente: cumplir con el compromiso mutuo entre el agente y la sociedad).

RESPONSABILIDAD “OBLIGADA”

En el amplio paso adelante que ha querido darse en materia de Responsabilidad Social, son varios los organismos e instituciones que se han sumado a la posición en pro de la obligatoriedad. Incluso Naciones Unidas ha llegado a la misma conclusión, abogando en un informe del pasado año por la necesidad de que los temas ambientales, sociales  y de buen gobierno no debieran ser solamente asuntos morales sino también morales. Un conjunto de opiniones, las de los que se muestran favorables a la obligatoriedad, que se da la mano con el afán de evitar malas prácticas-que pueden dar lugar incluso a demanda por negligencia- de aquellos consultores o asesores financieros incumplan con su deber profesional si no informan a sus clientes de la existencia de los Fondos de Inversión Socialmente Responsable.

Con intención de abrir la senda de la obligatoriedad, la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) coordinó en su día el desarrollo de unos principios de inversión responsables, gestionados por una organización con liderazgo privado, UNPRI. Son seis principios que establecen desde el compromiso de tomar en cuenta los aspectos ASG (ambientales, sociales y de buen gobierno) hasta reportar como se han considerado. Esta serie de principios que podrían hacer las veces de guía regulatoria son de adhesión voluntaria y considerados más bien como una aspiración, la de mostrar a la sociedad una preocupación por los temas ASG.  Sin embargo, a pesar de las intenciones de obligatoriedad del organismo, este proyecto sigue siendo voluntario, un carácter que se refleja en la nula supervisión que el UNPRI hace de la implementación de los principios por parte de los adherentes.

En el caso concreto de España, uno de los mayores reproches que esgrimen los que abogan por la obligatoriedad se basa en la tibia, casi impasible actividad del Consejo Empresarial de Responsabilidad Social como ente supervisor del cumplimiento de los principios de la RSC por parte del sector privado. Se piden más normas, más principios que eviten la mala fe y la ausencia de compromiso con la RSC de las compañías, quizás sin tener en cuenta que debido al clima realmente propicio para el evolución de la RSC en el país ya han surgido algunas propuestas con sesgo regulatorio. Destacan así el  “Código de gobierno de la empresa sostenible” elaborado por IESE, Fundación Entorno y PricewaterhouseCoopers o normas de gestión ética como la elaborada por la asociación Forética (Foro para la evaluación de la gestión ética) o la norma UNE llevado a cabo por  el Comité Técnico de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).

NORMATIVA RESPONSABLE

También Forética ha desarrollado un modelo documental, Sistema de la Gestión Etica (SGE), que, a su vez, se organiza en series de normas, según su aplicación. La serie 20 se refiere a la Certificación de Empresas y la norma SGE 21 está orientada a introducir valores éticos en la empresa. Cada norma se articula en ocho áreas de gestión, aplicando criterios éticos adecuados a cada una. El proceso se inicia con la sensibilización, formación, y continúa con la implantación y evaluación. Por último, si se desea la demostración, Forética extiende un certificado basado en la auditoría de una certificadora acreditada, que confiere el derecho a usar la marca de gestión ética. Por su parte, AENOR ha terminado la primera norma oficial de RSC en España, que surge del esfuerzo compartido de representantes sindicales, de la administración pública, de la empresa, del mundo académico y de diversas organizaciones y fundaciones civiles.

Por último, AECA ha presentado un proyecto para armonizar la información en esta materia, utilizando para ello una taxonomía XBRL para el intercambio electrónico de información de RSC, que cuenta con 491 indicadores sobre distintos aspectos medioambientales, sociales, laborales y de gobierno corporativo.

Además de las iniciativas institucionales aisladas, existen muchos fundamentos de la responsabilidad corporativa que ya están reconocidos en la normativa española, desde el Título I de la Constitución, hasta la multitud de normas laborales y administrativas aisladas que rigen la materia, así como el Real Decreto 290/2004, sobre la regulación de los enclaves laborales como medidas de fomento de empleo  de las personas con discapacidad, o la Ley 19/1999, que promueve la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras

Así pues, aunque aislados, los principios propios de la Responsabilidad Social se encuentran en su mayor parte suficientemente tipificados en los textos normativos españoles, amén de las iniciativas de los organismos e instituciones que recogen recomendaciones y consejos para implantar la RSC de forma coherente en las compañías. Así pues, la voluntariedad de las compañías a la hora de identificarse con la Responsabilidad Social cuenta ya con un marco lo suficientemente estable, solamente falta que el sector privado aplique la RSC de una forma profunda y consciente, alejándose del maquillaje corporativo y el “buenismo”.

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