edición: 2412 , Jueves, 22 febrero 2018
25/05/2015
LA OREJA DE LARRAZ

Los procedimientos de resolución alternativa de conflictos de consumo deberían estar en vigor en julio

Xavier Gil Pecharromán
Los procedimientos de resolución alternativa de conflictos de consumo seguidos por las entidades públicas o privadas pueden finalizar con un resultado vinculante o no y deberán tener un coste gratuito o simbólico (30 euros máximo) para el consumidor según establece el anteproyecto de Ley de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo, pendiente de tramitación parlamentaria.
Sólo aquellas entidades o instituciones que hayan sido constituidas por normas legales o reglamentarias, para un sector o supuesto específico, podrán gestionar procedimientos que finalicen con una decisión vinculante para el consumidor, no pudiendo ser acreditadas y por tanto notificadas al listado único de la Comisión Europea aquellas entidades que no cumplan dicha condición.

Una novedad importante es la incorporación de una nueva obligación de información específica relativa a las entidades de resolución alternativa de conflictos que afecta a todos los empresarios y cuya vulneración se tipifica como infracción sancionable.

El empresario informará a los consumidores de la posibilidad de recurrir a una entidad de resolución alternativa cuando, de forma voluntaria u obligados por una norma o código de conducta, acepten o deban aceptar la intervención de dicha entidad para la solución de sus conflictos.

Si el empresario no se encuentra en alguno de los supuestos anteriores, cada vez que un consumidor presente una reclamación directa ante él y no sea resuelta satisfactoriamente, deberá informar al reclamante sobre la existencia de, al menos, una entidad acreditada y notificada que sea competente para la resolución de ese tipo de conflictos, identificándola e indicando expresamente si acepta o no la intervención de dicha entidad para ese caso concreto.

España, como el resto de los Estados de la Unión Europea, tiene el compromiso cumplir el plazo de 9 de julio de 2015 como máximo para la transposición de la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (que transpone esta futura Ley.

El objetivo de la norma es garantizar a los consumidores la posibilidad de presentar reclamaciones de consumo ante las entidades de resolución alternativa de conflictos, incluidas en la lista consolidada publicada por la Comisión Europea a la que se refiere esta norma. Estas entidades asegurarán procedimientos de calidad, y en todo caso, independientes, imparciales, transparentes, efectivos, rápidos y justos, con un coste gratuito o simbólico para el consumidor.

Junto con este objetivo principal, se añade otro de forma indirecta recogido en el Artículo 2.2 del anteproyecto, referido a que la regulación de entidades de resolución alternativa de conflictos en materia de consumo que aquí se recoge se configura como un requisito previo para el correcto funcionamiento de la plataforma de resolución de litigios en línea desarrollada por la Comisión Europea y recogida en el Reglamento (UE) Nº 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013.

Esta Ley no regula procedimientos de resolución alternativa de conflictos, ni afecta a los ya existentes, que sólo deberán proceder a su adaptación a los requisitos exigidos, si son gestionados por entidades que deseen ser notificadas a la Comisión Europea. La finalidad que se persigue con el establecimiento de requisitos de calidad armonizados es asegurar el acceso de consumidores y empresarios a entidades de resolución alternativa de alta calidad, en la Unión Europea, independientemente del lugar de residencia.

Las entidades de resolución de conflictos podrán ser de naturaleza pública o privada y deberán ser independientes e imparciales. Excepcionalmente, y en sectores donde exista un alto nivel de conflictividad y una adhesión limitada a entidades de resolución de conflictos, podrá admitirse la acreditación y notificación de entidades en las que las personas decisoras de dichos conflictos estén empleadas o sean retribuidas por el empresario reclamado, siempre que cumplan las exigencias y requisitos previstos adicionalmente en la Directiva.

Estos requisitos has sido reforzados en esta Ley con el fin de garantizar su independencia e imparcialidad, exigiéndose además que no exista vínculo jerárquico ni funcional con el empresario y que la actividad de la entidad esté claramente separada de la actividad del empresario.

La razón que justifica esta decisión de admitir este tipo de entidades, decisión que la Directiva deja en manos de los Estados miembros, es favorecer la existencia de entidades de resolución alternativa de conflictos en aquellos sectores en los que se produce especial conflictividad y en los que se haya venido identificando una mayor reticencia de sus empresas a la aceptación del sometimiento a este tipo de entidades y sus procedimientos.

Para la acreditación de entidades de resolución alternativa de conflictos de consumo en el sector financiero, se establecen algunas especialidades. Entre ellas, la limitación establecida en la Disposición Adicional cuarta, en relación a la resolución de este tipo de conflictos por una única entidad acreditada que será creada por una futura ley.

No obstante, en la misma Disposición se posibilita que las Juntas Arbitrales de Consumo puedan seguir conociendo de conflictos de consumo correspondientes al sector financiero, por la referencia efectuada al artículo 17.3 de la ley.

Con el fin de asegurar la eficacia de los procedimientos se ha establecido un plazo máximo de resolución que se fija en noventa días naturales desde la presentación de la reclamación. En cuanto al coste que debe soportar el consumidor por la gestión del procedimiento se ha optado por fijar una cantidad máxima de treinta euros.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2018 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...