edición: 2596 , Jueves, 15 noviembre 2018
08/05/2009
Una Directiva de la UE acaba con las lagunas

Los programas informáticos entran en la élite de la protección de los derechos de autor

Javier Ardalán
Los derechos de autor de los programas de ordenador han pasado a convertirse en objeto de especial protección para la Unión Europea, tras la entrada en vigor de la Directiva 2009/24/CE, de 23 de abril, que ha entrado en vigor el pasado miércoles, 6 de mayo. Según establece la nueva normativa, las copias ilegítimas de programas de ordenador podrán ser confiscadas con arreglo a la legislación del Estado miembro correspondiente así como los medios para violar las protecciones para evitar las copias ilegales y los medios técnicos utilizados para ello. En España existe un vacío enorme en la regulación en todos los temas relacionados con las  nuevas tecnologías y, muy especialmente, en lo que afecta a la defensa de la propiedad intelectual.

En un reciente debate organizado por BSA (Business Software Alliance), entidad que agrupa a los fabricantes de software,  magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Maza, denunciaba que el tipo está muy difusamente descrito en el Código Penal y tampoco aportan mucho otras regulaciones colindantes como la Ley de Conservación de Datos que, en opinión de los ponentes, impide la investigación de delitos contra la propiedad intelectual en la Red, por la protección del derecho fundamental a la intimidad de los usuarios.

Uno de los principales objetivos de esta directiva es anular cualquier legislación estatal de los países comunitarios que pueda plantear que permita la descompilación o impida las excepciones establecidas en la presente Directiva sobre la realización de una copia de salvaguardia o para observar, estudiar o verificar el funcionamiento de un programa.

A este respecto, cabe señalar que Javier Ribas, socio de Landwell-PwC, uno de los primeros temas que habría que plantearse es eliminar la Circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado que ha promovido la idea de que el intercambio de archivos protegidos por derechos de autor no es un delito.

Hasta ahora existían en la Unión Europea multitud de diferencias, sobre la protección jurídica de los programas de ordenador estatales, lo que tanto para la Comisión Europea como para el Parlamento de Estrasburgo han venido efectos negativos y directos sobre el funcionamiento del mercado interior en lo relativo a los programas de ordenador.

A los efectos de la presente Directiva, el término «programa de ordenador» incluye programas en cualquier forma, incluso los que están incorporados en el hardware.

Este término designa también el trabajo preparatorio de concepción que conduce al desarrollo de un programa de ordenador, siempre que la naturaleza del trabajo preparatorio sea tal que más tarde pueda originar un programa de ordenador.

El término «programa de ordenador» en la nueva directiva incluye programas en cualquier forma, incluso los que están incorporados en el hardware y el trabajo preparatorio de concepción que conduce al desarrollo de un programa de ordenador, siempre que la naturaleza del trabajo preparatorio sea tal que más tarde pueda originar un programa de ordenador.

La normativa impide que la información obtenida de un programa informático se utilice para fines distintos del logro de la interoperabilidad del programa de ordenador creado de forma independiente; que se comunique a terceros, salvo cuando sea necesario a efectos de interoperabilidad del programa de ordenador; o se utilice para el desarrollo, producción o comercialización de un programa de ordenador que resulte ser una copia del programa original o para cualquier otro acto que infrinja los derechos de autor.

Las legislaciones nacionales deben adoptar medidas adecuadas contra las personas que pongan en circulación una copia de un programa de ordenador conociendo o pudiendo suponer su naturaleza ilegítima; la tenencia con fines comerciales de una copia de un programa de ordenador, conociendo o pudiendo suponer su naturaleza ilegítima, o la puesta en circulación o tenencia con fines comerciales de cualquier medio cuyo único propósito sea facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se hubiere utilizado para proteger un programa de ordenador.

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