edición: 3049 , Viernes, 18 septiembre 2020
12/06/2010
Eliminado el 'salvo pacto entre las partes' en los plazos de pago

Los proveedores municipales cobrarán sus facturas en 30 días gracias a préstamos del ICO y sin recurrir al ‘confirming’

Xavier Gil Pecharromán

El Senado ha aprobado el proyecto de Ley para combatir la morosidad, que ahora deberá ser ratificado por el Congreso de los Diputados. La mayor importancia de este trámite ha sido mantener las limitaciones de plazos para pagar con la prohibición de ampliarlos mediante acuerdo entre las partes, lo que hubiese desnaturalizado la reforma y habría impedido que los deudores tuviesen que pagar sin demoras y con la posibilidad de imposición de la fuerza de una de las partes sobre la otra. Finalmente, se ha eliminado la cláusula "salvo pacto entre las partes" solicitada por el sector para lograr una reforma estructural del tejido productivo y defender los intereses de las pymes y de los autónomos. Durante el debate quedó de manifiesto el actual desequilibrio existente en las relaciones comerciales entre empresas y entre empresas y Administraciones Públicas. Por ello, la segunda gran novedad es que los ayuntamientos van a estar obligados a pagar en plazo, aunque como el Gobierno y los grupos parlamentarios son conscientes de que no tienen ni un solo euro, han incluido la posibilidad de obtener ayudas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que puedan cumplir con la futura Ley a la hora de pagar para hacer frente a sus pagos pendientes con pymes y autónomos. Se trata de una medida temporal hasta que entre en vigor la futura Ley de Financiación.

Los contratos de suministro deberán modificarse en un plazo máximo de tres meses y se aplicará un régimen provisional y excepcional para los proveedores de obras públicas, cuyos plazos de cobro serán en cualquier caso mejores que los actualmente vigentes.

Por ello, el texto dice que “el Gobierno, en un plazo de 30 días, a través del ICO, instrumentará una línea de crédito directa, en condiciones preferentes, dirigida a las entidades locales para facilitar el pago de deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos antes del 30 de abril de 2010”. Esta línea será instrumentada con independencia de los recursos provenientes del presupuesto inicial del Estado (PIE)  y vinculada a las obligaciones reconocidas a los proveedores del sector privado.

El proyecto regula que “la línea de crédito se cancelará y satisfará (...) con posterioridad a la entrada en vigor de la futura reforma de la financiación local”. Los préstamos se vincularán “a las obligaciones reconocidas al sector privado.

.Según los datos oficiales, manejados durante la tramitación del proyecto de Ley, el Sector Público tarda, de media, 154 días en pagar y debe hoy en día, en torno a los 38 000 millones de euros. Sin embargo, en el caso de ayuntamientos las cosas son aún más graves, ya que esta tardanza se eleva a los 238 días para afrontar los pagos.

A modo de comparación, la media en Europa se sitúa en 67 días y el plazo de cobro medio pactado aquí se sitúa en 99 días, mientras que el plazo de cobro medio real se eleva a esos 154 días.

De esta manera, las corporaciones municipales podrán eludir las consecuencias del pago a sus proveedores en 30 días.

El ICO ya articuló una línea de 3.000 millones de euros para mitigar la morosidad local, que consistía en avales que se endosaban a las facturas impagadas por los ayuntamientos, lo que permitía cobrar la deuda por la vía financiera del 'confirming', un descuento que no es positivo para las pymes y los autónomos. Como era de esperar, este procedimiento ha tenido muy poco éxito y nueve meses tras su puesta en marcha, sólo se había cubierto el 5% sobre el total.

Ahora, además de solicitar el dinero al ICO, las Administraciones Locales se verán obligadas a promover códigos de buenas conductas y a adoptar medidas para la resolver conflictos.

No menos importante, es que la Ley instará también al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) a promover que las memorias anuales de empresas auditadas incluyan de forma obligada información sobre sus plazos medios de pago a proveedores.

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