edición: 3073 , Viernes, 23 octubre 2020
06/11/2008
Observatorio Jurídico

Los proyectos de reforma de vías urbanas han de somenterse a evaluación ambiental

Datadiar

En enero de 2005, la Concejal del Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid aprobó diversos proyectos de reforma y mejora de la autovía urbana de circunvalación de Madrid, identificada con el número M 30. Estos proyectos se refieren concretamente al soterramiento de la M30 entre Marqués de Monistrol y el Puente de Segovia, entre el Puente de Segovia y el Puente de San Isidro, entre el Puente de San Isidro y el Puente de Praga, entre el Puente de Praga y el Nudo Sur, por una parte, y el soterramiento de la Avenida de Portugal hasta la Glorieta de San Vicente, por otra parte y se enmarcan en una compleja obra de ingeniería civil de mejora y reforma de la práctica totalidad de la autovía de circunvalación de Madrid.

Según las observaciones del Ayuntamiento de Madrid, esta obra, conocida también como «Madrid calle 30», pretende disminuir la congestión del viario y el riesgo de accidentes, pero no aumentar la capacidad de tráfico de la vía.

Según Ecologistas en Acción, el Ayuntamiento de Madrid ha fragmentado el proyecto global «Madrid calle 30» en quince subproyectos independientes, tramitados de forma separada, de los cuales sólo uno se refiere a la modificación o acondicionamiento de un trazado de carretera existente en un tramo cuya longitud supera los 5 kilómetros, umbral a partir del cual la normativa autonómica aplicable somete un proyecto a una evaluación de impacto ambiental, siendo así que ese proyecto global considerado en su conjunto excede con mucho ese umbral, y por tanto infringe la normativa nacional en materia de evaluación de impacto ambiental, aplicable a los citados proyectos, que deriva, de la Directiva 85/337.

Además señala que es una vía destinada exclusivamente a la circulación de vehículos automóviles, no regulada por semáforos y que no cuenta con aceras ni arcenes transitables por los peatones, ni tampoco con paradas de autobús ni de taxi.
 
Ante el juez nacional, el Ayuntamiento de Madrid, a la vez que afirma que no ha tenido nunca la intención de obviar el cumplimiento de la Directiva, señala que la controversia suscitada ha sido el resultado de una interpretación unánime de todas las autoridades nacionales que han controlado la legalidad de los proyectos en cuestión. En este sentido, la sentencia de 13 de enero de 2006 del JC-A Madrid, declaró que la M-30 madrileña es una vía urbana y su reforma no requiere estudio de impacto ambiental. Considera el Juzgado que lo decisivo, a la hora de distinguir lo que es carretera y lo que no y, por tanto, qué está sujeto o no a la necesidad de estudio de impacto medioambiental, será el que se trate de una vía cuyo trazado discurra o no dentro de núcleos urbanos. Carretera, a efectos medioambientales, será toda vía que interconecte poblaciones, y vía urbana, la que discurra por el interior de una población, dando servicio al tráfico local, independientemente de la tipología de la vía. Estima el Juez que, el convenio reconoce que la M-30 sirve actualmente para el tráfico del municipio, no formando parte necesaria de ningún itinerario interurbano, lo cual, añadido al hecho de que discurre físicamente dentro del núcleo urbano, permite como única conclusión posible la de que es vía urbana y no carretera.

Habida cuenta de la magnitud y las implicaciones de la obra, el juez nacional decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia de la UE determinadas cuestiones prejudiciales:

1). Si la Directiva de evaluación de impacto ambiental debe ser interpretada en el sentido de que los proyectos de reforma y mejora de la práctica totalidad de una vía rápida urbana de circunvalación deben someterse a una evaluación de su impacto ambiental.
 
Según el Ayuntamiento de Madrid, la vía de circunvalación es una vía urbana. Ahora bien, la Directiva  no contempla esa clase de vía en sus anexos I y II, que sólo mencionan las autopistas, las vías rápidas y las carreteras. Por otra parte, esos términos no se definen, con la salvedad, en lo que atañe al concepto de vía rápida, así a falta de precisión respecto de estos términos, Como entre ellos no figuraba la vía urbana, el Ayuntamiento de Madrid podía considerar que los proyectos de modificación de una vía urbana no entraban en el ámbito de la Directiva modificada y, por consiguiente, no tenían que ser sometidos a una evaluación de impacto ambiental.

El TJUE declara que sería contrario al objeto mismo de la Directiva que todo proyecto relativo a una vía urbana quedara fuera de su ámbito de aplicación por el único motivo de que la misma no mencione expresamente, entre los proyectos enumerados en sus anexos I y II, los proyectos que afectan a esa clase de vía. Según una jurisprudencia ya bien asentada, los Estados miembros deben aplicar la Directiva, de forma plenamente acorde con las exigencias que aquélla impone, teniendo en cuenta su finalidad esencial, que, según resulta de su artículo 2, apartado 1, consiste en que, antes de concederse la autorización, los proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización, se sometan a una evaluación con respecto a sus efectos.

Por consiguiente, la Sala considera que es preciso que los proyectos de vías urbanas estén comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva y que la circunstancia alegada por el Ayuntamiento de Madrid de que los proyectos controvertidos en el litigio principal producirán efectos beneficiosos para el medio ambiente no es pertinente cuando se trata de apreciar la necesidad de someter tales proyectos a una evaluación de su impacto ambiental.

Añade que los proyectos relativos a carreteras pueden producir numerosos efectos medioambientales tanto dentro como fuera de las zonas urbanas, que son especialmente sensibles desde el punto de vista de la densidad de población o de la contaminación existente, pero también habida cuenta de la posible existencia de lugares de importancia histórica, cultural o arqueológica, como ya tuvo ocasión de pronunciarse a este respecto en la sentencia de 16 de septiembre de 2004, Comisión/España, C‑227/01.

2). Si los estudios e informes elaborados en relación con los proyectos controvertidos cumplen la exigencia de evaluación del impacto ambiental según está prevista por la Directiva

Mediante la presente cuestión se pide al Tribunal de Justicia que determine si los estudios, audiencias e informes practicados por las autoridades nacionales constituyen, respecto de los proyectos controvertidos, una evaluación de impacto ambiental en el sentido de la Directiva.

El TJUE responde que incumbe al juez nacional efectuar este examen, teniendo presente que una evaluación formal puede sustituirse por medidas equivalentes que cumplan las exigencias mínimas del artículo 3 y de los artículos 5 a 10 de la Directiva.

Conclusión del tribunal:

La Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, debe interpretarse en el sentido de que prevé la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de reforma y mejora de vías urbanas, ya sea cuando se trate de proyectos mencionados en el anexo I, punto 7, letras b) o c), de dicha Directiva, ya sea cuando se trate de proyectos previstos en el anexo II, puntos 10, letra e), o 13, primer guión, de la misma Directiva, que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud de su naturaleza, de sus dimensiones o de su localización y, en su caso, habida cuenta de su interacción con otros proyectos.

Equipo Jurídico Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Decreto 40/2008, de 4 de abril, por el que se regula el procedimiento para acreditar la deducción autonómica en el impuesto sobre la renta de las personas físicas por inversiones en dispositivos domésticos de ahorro de agua. (BORM .º 81, 08-04-2008).
Los contribuyentes que, antes de la entrada en vigor del presente Decreto, hubieran realizado las inversiones en dispositivos domésticos de ahorro de agua que permiten practicar la deducción autonómica regulada en el artículo 1, cuatro, de la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social para el año 2007, podrán practicar la deducción en la declaración correspondiente al ejercicio en el que se realizó la inversión, siempre que el contribuyente realice la comunicación del boletín de instalación en los términos regulados en el artículo 2 del presente Decreto, en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de su entrada en vigor.


Ley 3/2008, de 31 de julio, de devolución parcial de la cuota del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles derivados del petróleo y de establecimiento de una deducción autonómica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por la variación del euribor. (BOCAN n.º 157, 06-06-2008)
Con efectos desde el día 1 de enero de 2008, los contribuyentes que hayan obtenido un préstamo hipotecario a tipo variable referenciado al euribor, destinado a la financiación de la adquisición o rehabilitación de la que constituya o vaya a constituir su primera vivienda habitual, podrán deducir de la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el resultado de aplicar a la base de deducción el porcentaje equivalente a la variación media positiva del euribor a lo largo de cada período impositivo.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de homicidio en grado de tentativa. Recurrente que arremete a la víctima clavándole por tres veces un cuchillo en la espalda, cuello y abdomen. Predeterminación del fallo. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 4 de julio de 2008.
La mayor o menor gravedad de las lesiones producidas no sirve para conocer si hubo una u otra intención. Tal intención puede inferirse del tipo de arma utilizada, la zona del cuerpo donde se produce la agresión o la intensidad del golpe. La recurrente utilizó en la agresión un cuchillo, arma apta para matar a una persona. La agresión se dirigió contra zonas vitales. Para su estimación se exige que el recurrente designe documento literosuficiente de entre los obrantes en las actuaciones, no contradicho por otros elementos probatorios y con relevancia para modificar el fallo. Las declaraciones personales no son documentos a efectos casacionales. 

Mercantil

Nada se dice sobre que existiera pacto sobre el tipo de cambio a que el comisionista debía contratar, el pretendido error de la entidad o entidades porteadoras no resulta oponible al comisionista.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha 9 de junio de 2008.
Los motivos analizados se rechazan porque lo que realmente subyace en todos ellos es la errónea idea de que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho a que se practiquen las pruebas propuestas por la parte y a una resolución, no sólo motivada, sino además, favorable a los postulados de aquella, la cual, precisamente por haber visto rechazada sus pretensiones y no convencerle los argumentos dados por la Sala sentenciadora ni en cuanto al juicio fáctico, ni en cuanto a la decisión jurídica, pretende ahora reponer las actuaciones al estado en que se encontraban cuando la prueba le fue denegada, con la esperanza de obtener una resolución acorde a sus pretensiones.

No se aprecia que en la declaración previa de riesgos haya mediado dolo o culpa grave por parte del tomador del seguro. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 3 de junio de 2008
La liberación del apresado por parte de la aseguradora exige dolo o negligencia grave por parte del asegurado y no basta con inexactitudes. Bajo el régimen de la LEC 1881, si la presentación de documentos se pide como documental privada, únicamente tiene como efecto, en caso de que no sean presentados, la valoración de la conducta procesal al valorar la prueba.
Civil

Excepción de contrato incumplido. Resolución del contrato: requisitos. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de Fecha: 19 de mayo de 2008
El artículo 1.273 del Código Civil niega a la indeterminación del precio la condición de obstáculo para la existencia del contrato, siempre que sea posible determinarlo sin un nuevo convenio de los contratantes. Responde esa previsión a que no cabe hablar de relación obligatoria si no se ha identificado por las partes el objeto de la misma; pero también a que dicho elemento esencial de la obligación puede quedar determinado en un momento posterior, siempre que la regla negocial contenga ya criterios que permitan hacerlo, sin necesidad de ponerse de acuerdo de nuevo.

Acuerdo sobre la adquisición de la empresa. Las cláusulas deben integrarse entre ellas. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de Fecha: 11 de junio de 2008
El problema se plantea en este caso acerca de si nos encontramos o no ante un precontrato, teniendo en cuenta que el accidente tuvo lugar después de la firma del documento inicial en el que se acordaba la compra de la sociedad donde se generó la obligación de indemnizar, y antes del otorgamiento de la escritura definitiva. No podía ser garantizado en los pactos que se produjeron tanto en el documento privado, como en la definitiva escritura de compra de la sociedad, todos ellos referidos a una fecha en que no había tenido lugar el accidente.

Laboral

La violación de la libertad sindical estaba justificada por no darse los presupuestos legales y reglamentarios que condicionaban la validez del proceso electoral promovido. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 2 de junio de 2008
El centro de trabajo es la circunscripción electoral y si cambia su estructura y composición no estarán legitimados para promover elecciones en él quienes en las anteriores alcanzaron el 10 por 100 de los votos. Tiene preferencia la convocatoria promovida conjuntamente por la mayoría de los sindicatos, aunque se haga después. No viola la libertad sindical la conducta empresarial que no facilita el proceso electoral promovido por un sindicato sin legitimación por ser centros de trabajo de nueva creación, máxime cuando promueve elecciones en fecha distinta a la acordada por la mayoría de los sindicatos y la empresa en acuerdo publicado antes.

Cómputo de votos en el seno de la Comisión Negociadora del Convenio en función de la representatividad de sus integrantes (sistema proporcional). TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 3 de junio de 2008
Criterio interpretativo a pesar de tratarse de un convenio de empresa. Se aplica el criterio del voto por ´representación´ por tratarse de una comisión negociadora y de un comité de empresa completamente sindicalizado.

Administrativo

Recurso de casación en interés de la Ley. Doctrina legal: “No puede entenderse que un vial, por el mero hecho de no estar incluido en el correspondiente Inventario de Bienes Municipales , no es de titularidad municipal” . TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 21 de mayo de 2008
Ningún precepto del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local (R.D.L. 781/86, de 18 de Abril ), ni del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de Junio de 1986 (artículos 17 a 36 ), permite concluir que el Inventario tenga efectos constitutivos para el dominio público, de forma que sólo los bienes incluidos en él lo sean, o que sólo mediante su inclusión en él pueda probarse su condición de tales. Por lo que se refiere a las vías públicas procedentes de cesiones urbanísticas no es en absoluto su inclusión en el Inventario Municipal lo que determina su condición de tales, ya que el artículo 124 del Reglamento de Gestión Urbanística de 25 de Agosto de 1978 dispone que ´la firmeza en vía administrativa del acuerdo de reparcelación determinará la cesión de derecho al Municipio en que se actúe en pleno dominio y libre de cargas de todos los terrenos que sean de cesión obligatoria según el Plan, para su incorporación al Patrimonio Municipal del suelo, o su afectación a los usos previstos en el mismo. Los terrenos que el Plan destine al dominio público municipal quedarán afectados al mismo sin más trámites´. Por tanto, “No puede entenderse que un vial, por el mero hecho de no estar incluido en el correspondiente Inventario de Bienes Municipales , no es de titularidad municipal ´.

Nulidad de la determinación del PGOU que delimita la Unidad de Ejecución impugnada, al haberse impuesto a los propietarios de ésta unas cesiones y cargas superiores al resto de los propietarios de suelo urbano. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 29 de mayo de 2008
La Sala sentenciadora, con la discutible finalidad de no anular la determinación impugnada del planeamiento general del municipio, a pesar de considerarla contraria a derecho por imponer a cargo de los propietarios de una Unidad de Ejecución cesiones para un sistema general al servicio de toda la población, ha dispuesto en la sentencia recurrida una compensación no solicitada por los demandantes con el plausible designio de salvaguardar el principio de equitativa distribución de los beneficios y cargas. De ahí la incongruencia de la sentencia, porque, una vez aceptada la doctrina jurisprudencial que en dicha sentencia se recoge, la solución no puede ser otra que la declaración de nulidad de la determinación del Plan General de Ordenación Urbana que delimita la Unidad de Ejecución impugnada al haberse impuesto a los propietarios de ésta unas cesiones y cargas superiores al resto de los propietarios de suelo urbano, sin entrar a establecer la forma concreta como la Administración urbanística haya de delimitar dicha Unidad de Actuación para preservar el principio de equidistribución de beneficios y cargas, en contra de como ha procedido la sentencia recurrida.

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