edición: 2908 , Miércoles, 19 febrero 2020
26/06/2010

Los recortes presupuestarios del Gobierno no afectan todavía a la mejora de los tribunales

Xavier Gil Pecharromán
La Justicia parece el único sector de este país donde no han entrado, al menos por ahora, los recortes presupuestarios. Por ello, el Gobierno podrá invertir 12 millones de euros este año para actualizar el Tribunal Supremo y que en 2012, los asuntos que entren se resuelvan en el mismo año. Se trata de la puesta en práctica del tercer plan de estas características que se lleva a cabo en los últimos tiempos, con descensos en los tiempos de respuesta. Se trata de un paquete de medidas dirigidas a la modernización tecnológica, como la implantación del sistema de digitalización de documentos y el expediente electrónico, que permitirán una gestión documental integral, mediante la agilización de la tramitación de expedientes y la eliminación del papel físico.

Además, se realizarán actuaciones orientadas a la mejora del gabinete técnico, el despliegue de la Nueva Oficina Judicial en el Tribunal Supremo y a la catalogación de documentos.

Los planes del Ministerio de Justicia y del Tribunal Supremo cifran el esfuerzo de la Sala 1ª de lo Civil en examinar cerca de 4.400 asuntos anuales en fase de admisión y otros 800 asuntos al año en fase de decisión, dictando la pertinente sentencia. En el último quinquenio se ha pasado, mediante los planes anteriores, de 14.152 asuntos pendientes en 2005, a 4.512 del año 2009, con una reducción del 68,11%.

Otro ejemplo, en este caso referido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, donde el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, estima que hay 6.000 millones de euros retenidos, pendientes de sentencia. En este caso, se plantea examinar en torno a 10.000 asuntos anuales en fase de admisión, de los que previsiblemente se dictarán 5.000 autos de inadmisión. También se tratará de resolver otros 8.500 asuntos al año que están en fase de decisión. Así, a 30 de junio de 2012 quedarán pendientes, aún, en torno a 10.000 asuntos.

Al igual que en la Audiencia Nacional, el Gobierno quiere  acabar con el papel en el Tribunal Supremo, digitalizando los documentos y poniendo en marcha expedientes electrónicos.

Paralelamente a esta actualización de las infraestructuras, el Gobierno español participa en el lanzamiento del portal europeo de Justicia electrónica, que iniciará su actividad el próximo 16 de julio. El portal facilitará información a los ciudadanos sobre legislación, sistemas judiciales, accesos a los registros y profesiones jurídicas y, en una fase posterior, hará posible la tramitación en línea de determinados procedimientos con elementos transfronterizos. Se trata de una herramienta para aproximar la justicia al ciudadano, facilitándole así el acceso a la información y la realización de gestiones y trámites procedimentales.

También en la Unión Europea, España ha participado como pionera en algunos proyectos como el relativo a la interconexión de los registros de antecedentes penales. También está en la vanguardia en lo que respecta a la apostilla electrónica hasta el punto de que el proyecto nacional podría llegar a servir de modelo, a iniciativa de la Conferencia de La Haya, para el conjunto de los países de la Unión.

Estos avances deberán tener en consideración la Directiva sobre los derechos de interpretación y traducción en el proceso penal, impulsada por la presidencia española de este primer semestre, que es considerada como un elemento fundamental para el incremento de la confianza mutua sobre la que se sustenta el principio de reconocimiento entre los Estados, piedra angular de la cooperación judicial.

Las medidas de incremento de la planta judicial española no terminan con estas medidas, sino que el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de  150 nuevas unidades judiciales y la puesta en marcha de las primeras 50 plazas de ‘juez de adscripción territorial’ para evitar la interinidad al frente de los juzgados, tal y como consta en el Plan de Modernización (2009-2012). Estos jueces podrán sustituir a los jueces de un territorio cuando sea necesario.   

De las 150 unidades judiciales que se crean, 134 son nuevos juzgados y 16 nuevas plazas de magistrados en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales. Además, siete Juzgados de Primera Instancia se transforman en Juzgados de lo Mercantil y se crean otros tres más (en total 10), además de otros 10 de lo Social, para aliviar los efectos de la crisis en el ámbito de la justicia.

El Consejo de Ministros ha recibido también, un Informe del Ministro de Justicia sobre la creación de veinticinco nuevas plazas de fiscales: dos de apoyo al fiscal de sala de medio ambiente y urbanismo; diecisiete para los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de las Comunidades Autónomas especializados en dicha materia y seis más para actuar como delegados de la Fiscalía especial anticorrupción. Estas plazas entrarán en funcionamiento el próximo junio.

Y, finalmente, y no por ello menos importante, el Gobierno ha aprobado un nuevo Real Decreto que desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

El Real Decreto aprobado hoy mejora la transparencia en el mercado inmobiliario, la eficiencia en las Administraciones Públicas y mejora el intercambio de información entre el Catastro y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para prevenir y combatir el fraude inmobiliario.

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