edición: 2306 , Martes, 19 septiembre 2017
17/02/2014
LA OREJA DE LARRAZ

Los recursos y procedimientos de Tribunal Administrativo Central se realizan por medios electrónicos

Xavier Gil Pecharromán

El Ministerio de Hacienda ultima un Reglamento que pretende dotar al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales así como a  la posibilidad reconocida a las comunidades autónomas de crear órganos análogos y a quienes hayan de acudir a ellos en el ejercicio de la defensa de sus intereses o derechos, de normas de actuación precisas y concretas.

Este Real Decreto se enmarca dentro del desarrollo reglamentario general de la legislación reguladora de la contratación pública contenido en la disposición final sexta del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, del que no es sino una anticipación derivada de la conveniencia de acelerar su aprobación con objeto de dar solución a cuestiones que por su naturaleza no permiten mayor demora en su regulación.

Con respecto al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales se regula la Secretaría General como órgano de asistencia, en su doble vertiente de tramitación de los procedimientos y de jefatura de la oficina del Tribunal, y los convenios a suscribir con las comunidades autónomas para la asunción de competencia respecto de ellas.

Asimismo a través de este Reglamento se pretende la regulación del marco general del establecimiento de la obligatoriedad del uso de medios electrónicos en las relaciones con el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Las personas que se relacionan con el Tribunal, mayoritariamente personas jurídicas y, en todo caso, personas físicas con acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos, se encuentran claramente encuadradas en las previsiones legales al respecto, por lo que se ha considerado conveniente regular dicha obligatoriedad.

Merece especial mención la regulación que se hace de la posibilidad de acordar la indemnización de daños y perjuicios extendiéndola tanto a los supuestos de estimación del recurso como a los de desestimación total, y permitiendo que a través de esta vía se pueda establecer la correspondiente compensación económica a las partes por las costas en que hubieran tenido que incurrir como consecuencia de la interposición del recurso.

Todos los obligados por el presente Real Decreto a ser notificados por vía electrónica, saben que en la dirección electrónica que ya tienen habilitada para recibir comunicaciones y notificaciones administrativas, recibirán a partir de ahora las que se les envíen como consecuencia de la interposición de un recurso, reclamación o cuestión de nulidad.

En este sentido se ha tenido en cuenta que la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, ha incorporado ya, de manera obligatoria y previa notificación individualizada, a todas las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, al sistema de “Dirección Electrónica Habilitada”, por lo que está garantizado que todas ellas acceden al buzón electrónico habilitado al efecto.

El Reglamento se concibe para su aplicación al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y a los recursos, reclamaciones y cuestiones de nulidad interpuestos dentro de la esfera de actuación de la Administración General del Estado y de los poderes adjudicadores integrados o dependientes de ella o en la de aquellas comunidades autónomas que hubieran atribuido a éste la competencia para resolver los recursos.

Sin embargo, no debe perderse de vista que ésta es una norma a través de la cual se lleva a cabo el desarrollo de parte de las contenidas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y que de ellas tienen la consideración de básicas de conformidad con lo establecido en su disposición final segunda las que afectan al procedimiento, por lo que también las contenidas en este Reglamento deben ser consideradas como tales.

Precisamente por ello la disposición adicional primera establece que las menciones a los diferentes órganos del Estado a lo largo de su articulado deberán entenderse hechas también a los que corresponda de cada comunidad autónoma.

Cuando el recurso se interponga contra el anuncio de licitación, el plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, salvo que la Ley no exija que se difunda por este medio. En este último caso el plazo comenzará a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación en el perfil de contratante del órgano de contratación.

Cuando el recurso se interponga contra los pliegos y demás documentos contractuales que hayan de regir la adjudicación de un contrato, y se cumpla la obligación prevista en la disposición adicional segunda de este Reglamento referida a su publicidad en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el plazo para recurrir los citados pliegos o documentos comenzará a contar a partir del día siguiente a la publicación de éstos en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2017 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...