edición: 3027 , Miércoles, 12 agosto 2020
29/04/2015
LA OREJA DE LARRAZ

Los registradores ya no se ocuparán del Registro Civil, ¿quiénes se harán cargo de él?

Javier Ardalán
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado que se va a derogar el Real Decreto 8/2014 en todo aquello que otorgaba la llevanza de los registros a los registradores mercantiles, la Ley 18/2014 de convalidación del anterior decreto en igual sentido y el papel de notarios y registradores en el proceso de concesión de la nacionalidad a los sefardíes.
Estas leyes serán derogadas vía enmienda en el Congreso de los Diputados, seguramente en la Ley de mejora de la Administración Pública y del Registro Civil, en la que se postergará la entrada en vigor y se eliminarán todas las referencias. No obstante, el núcleo de la reforma pasa por una plataforma que reciba declaraciones telemáticas de nacimientos y defunciones desde los hospitales. Ahora quedará por definir quién la desarrollará.

El Ministerio de Justicia se ha gastado millones en desarrollar e implantar un programa informático que ha resultado un fracaso: INFOREG. Por si fuera poco, Justicia ha cortado la aplicación presupuestaria al Registro Civil porque pretendía desprenderse de ese coste.

En la enmienda introducida en el Senado a la Ley de nacionalización de los sefarditas se prevé crear una plataforma informática centralizada, pero existe el problema de implantar dicha plataforma sobre el viejo sistema que no está coordinado y apenas informatizado.

Además, la Ley 20/2011, del Registro Civil, sufrirá una nueva prórroga para su entrada en vigor (‘vacatio legis’), prevista para el 15 de julio de 2015, previsiblemente hasta finales de 2016, con un proyecto que tendrá que iniciarse desde cero, lo que supone desplazarlo a la próxima legislatura, y precisará de una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado, ya que las previsiones eran de que los registradores mantuviesen el sistema.

El ministro pidió ayer a los sindicatos del sector de Justicia que faciliten ideas. En este sentido, por ejemplo, el sindicato mayoritario, el CSI·F, anunció que está en disposición de presentar un proyecto completo de modernización del Registro Civil. Un modelo de Registro Civil público, gratuito, electrónico y gestionado por funcionarios de justicia, secretarios judiciales, gestores, tramitadores y auxilio judicial.

Por la tarde, y durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, el ministro de Justicia ha tendido de nuevo la mano a los partidos políticos y ha aprovechado para pedir a los grupos parlamentarios de la oposición que hagan llegar al Ministerio de Justicia sus propuestas y alternativas para la reforma del Registro Civil.

Las cosas, sin embargo, no están nada claras. La versión oficial del Ministerio es que el objetivo es alcanzar el mayor grado de consenso en la elaboración de la reforma legislativa que cumpla con el mandato parlamentario que obliga a la desjudicialización de los registros.

Desde que se anunció el traspaso a los registradores no se invierte en personal, ni en equipos informáticos ni en nada. Muchos juzgados han reducido plantilla y los magistrados se han ido a nuevas plazas. Por si fuera poco, el sistema registral vigente no tiene ninguna coordinación informática a nivel nacional porque no existe ninguna plataforma común, con comunidades autónomas además competentes en el asunto y sin programas informáticos implantados.

Y otra problemática a tener en cuenta es la propuesta de Ley de Jurisdicción Voluntaria, remitida por el Congreso al Senado, que introduce nuevos sistemas para la celebración de matrimonios y separaciones tramitados ante el notario, que deberán inscribirse en el Registro Civil. Un problema más para buscar una rápida solución a quien debe ocuparse de él y de qué forma se financiará.

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