edición: 2975 , Miércoles, 27 mayo 2020
01/02/2010
La CNE y la CMT oficializan la guerra a Moncloa

Los reguladores buscan cobijo en Bruselas y le amargan la presidencia europea a Zapatero

Costa le recuerda a Moncloa las contradicciones del déficit de tarifa y exige potestad tarifaria y sancionadora directa, como la Directiva Europea defiende. La CNE ya la incluye en su Plan de Acción
Rodríguez será vicepresidente del nuevo regulador europeo BEREC y no duda en disparar en la debilidad de la banda ancha, el retraso del dividendo digital y los lastres fiscales a las telecos españolas
Ana Zarzuela

Esperan. Y agotan su paciencia. Pero no lo harán en silencio ni con los brazos cruzados. Los olvidos hermanan a los dos reguladores dependientes del Ministerio de Industria: esperaban de la Ley de Economía Sostenible nuevos perfiles, más competencias y la solución a la interinidad que agosta desde hace más de un año al presidente y tres consejeros de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)  y a cuatro consejeros de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Ahora ya saben que ni lo uno ni lo otro. No habrá modelo británico de regulador energético, nada de la capacidad sancionadora directa, la potestad tarifaria y la eliminación de los procedimientos administrativos para sus resoluciones que la CNE buscaba. En el pulso con Salgado, Sebastián ha rendido la capitanía jerárquica de la CNC sobre la CNE y la CMT. Es sólo uno de los motivos para que hoy las relaciones de Moncloa e Industria con la CNE sean casi tan malas como cuando Sebastián quiso reemplazar -hace poco más de un año- a Maite Costa por Luis de Guindos después de que la Comisión exigiera subidas de la luz para amortiguar el déficit de tarifa.

O a Reinaldo Rodríguez con los mismos apellidos. Pero esta vez los presidentes de los dos reguladores tienen de cara los vientos de Europa. Maite Costa cuenta con las nuevas Directivas que van más allá del perfil que la LES dibuja para el regulador energético español y la sintonía con Almunia, que tendrá que despejar ese contencioso. Está dispuesta a reclamar competencias tarifarias y sancionadoras, ya las ha incluido en su plan de acción y no desaprovecha una ocasión -y si es exterior mejor, de Cumbre en Cumbre- para recordar que sin ellas Zapatero incumplirá el modelo de los reguladores energéticos europeos. Reinaldo Rodríguez acaba de hacerse con la vicepresidencia del nuevo regulador paneuropeo de telecomunicaciones, Berec, a título personal, nada que una nueva cara de Sebastián en la CMT pudiera heredar. A la CMT, en Presidencia y Ferraz le sirvieron fría la venganza audiovisual y la exclusión de sus competencias, pero no la da por digerida: cuenta con removerle aún a De la Vega un modelo de Consejo Estatal de Medios Audiovisuales que ni Bruselas ni los reguladores británico e italiano, ni los consejos autonómicos comparten.

Y si con las críticas del informe sobre la banda ancha en diciembre la CMT ha conseguido amargarle el paseíllo del “mercado único digital” a Sebastián, la vicepresidenta sabe que tendrán que plantearle el detalle de las aportaciones a la financiación de RTVE y también puede haber sorpresas, ya las hubo con el preludio a la ley de financiación y a la Audiovisual. Los de Reinaldo Rodríguez podrían aún hacer valer ante Bruselas las contradicciones las telecos y las televisiones privadas tendrían que sufragar también el CEMA con el 10% de la tasa de dominio público radioeléctrico y la tasa de comunicación audiovisual.

Ya se lo advierten los mensajes de Costa, Reinaldo y sus comisarios: será la guerra fría y tiene sus trincheras en los cuarteles de Bruselas. El ministro promueve una agencia de coordinación entre los reguladores de energía y no quiere que Costa repita la jugada de Reinaldo Rodríguez. Las costuras se lo ponen más difícil a la ecuación de los partidos y la de las sintonías. Reinaldo Rodríguez preside la CMT en régimen de interinidad: se puede ir por la puerta de las renovaciones. Lo de Maite Costa es diferente: tiene mandato vigente hasta 2011, si dice adiós será por la de los desencuentros, ya hace mucho que se le cayó de Moncloa la estrella de José Montilla. Antes, sea renovación, salida o cambio de modelo, los reguladores y sus presidentes pelearán los últimos espacios.

El ‘tango’ con la CNE y la CMT promete ser agitado, ya hace semanas que hacen sangre en todas las grietas de los modelos energéticos y tecnológicos de Moncloa y buscan garantías en Bruselas para nuevas competencias. Oficializan sus batallas. No será esta vez ya a las puertas de Sebastián. Maite Costa quiere más perímetro regulador y mayor independencia. La presidenta de la CNE dispuesta a dar la batalla, con o sin Ley de Economía Sostenible. La ha formalizado, por primera vez, con el Plan de Actuación aprobado hace dos semanas por su consejo de administración: las 42  “iniciativas prioritarias” ya no miran a Madrid, sino a las atribuciones que las últimas Directivas Comunitarias 2009/72/CE y 2009/73/CE otorgan a todos los reguladores.

Pasan más voz y voto en la función regulatoria de los mercados, el proceso de elaboración de la regulación energética a nivel internacional, reforzar su presencia en la sociedad e introducir criterios de eficiencia en su funcionamiento. Moncloa prometía mirar al modelo inglés, lo ha hecho pero sólo a golpes de vista. Lo justo para reducir la composición de los organismos a un presidente y cuatro consejeros y limitando su mandato a seis años no renovables. Y para vestir de aires anglosajones el pulso de la jerarquía de la CNC sobre la CNE y la CMT que Elena Salgado le ganó al titular de Industria. Pero Maite Costa está dispuesta a recordarle sus olvidos al modelo de Zapatero, no por su devoción a Londres, sino por la confianza en el paraguas de Bruselas.

Sabe -y se lo hace saber a Industria en cada foro europeo que se le presenta- que sólo sigue las líneas rojas marcadas con la supresión del recurso de alzada de sus decisiones ante Industria, una discriminación que sufre hasta ahora respecto a otros órganos reguladores. Ni rastro del refuerzo de la capacidad para cooperar con otros reguladores nacionales sobre cuestiones transfronterizas; para certificar a los operadores de red de transporte como paso previo a la autorización y designación por parte de los Estados; para dirigir a las empresas decisiones vinculantes en relación con las funciones que le atribuyen las nuevas directivas. Pero sobre todo, ni rastro de una capacidad para sancionar (ahora las multas sólo las decide Industria) y sobre las tarifas de la luz y el gas, que hoy por hoy fija el Gobierno y que la CNE –si Costa sigue al frente- llevará  a lo más alto de la UE. Y hará todo lo posible para que tenga que incluir  un artículo adicional sobre transparencia y competitividad de los mercados energéticos. Para susto de Sebastián, no será otro que Almunia el que vea pasar por sus manos esos expedientes.

De Bruselas -el Reglamento (CE) 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009- Moncloa sólo ha tomado la voluntad de una nueva agencia de cooperación comunitaria entre los reguladores nacionales de la energía- una sola voz en la UE ante proveedores de gas y petróleo-, que Sebastián presentó en la Cumbre de Sevilla y aspira a poner en marcha a finales de semestre bajo los auspicios de la presidencia europea, sin dejarle sitio en la foto de su gestión a la CNE y, a ser posible, sin que Maite Costa esté ya invitada a su bautizo europeo. Sabe que la Agencia deberá emitir dictámenes y recomendaciones dirigidos a los gestores de redes de transporte y a las autoridades reguladoras nacionales y supervisar, en cooperación con la Comisión, los Estados miembros y las autoridades nacionales pertinentes, los mercados interiores de la electricidad y del gas natural. Y preferiría que Costa no pusiera la cara española a esa responsabilidad. Pero ni la LES ni los cambios del regulador están a tiempo en la mesa de De la Vega, la Ley Sostenible no verá la luz antes del verano. Será antes -descuentan en Industria- de que pueda haber un acuerdo entre PP y PSOE para renovar los consejeros pendientes en los dos reguladores que dependen de Industria.

MODELOS ENERGÉTICOS DIVERGENTES

Industria ha ninguneado a los consejos de la CNE, mareó el déficit de las eléctricas durante casi un año más allá de las alarmas de la Comisión y ha cocinado el Real Decreto de impulso al carbón nacional de espaldas al regulador, pero cada vez que el Ministerio de Industria consulta a la Comisión Nacional de la Energía alguna de sus medidas o proyectos legislativos corre serios riesgos de salir escaldado. Le pasó se le consultó sobre las tarifas de la luz.

La Comisión propuso subidas radicales del 31%, para sorpresa de Industria, que mandó el informe del regulador a dormir el sueño de los justos y aprobó un alza del 3,5% para enero de 2009. Desde entonces, el ministro ha dejado que sean el Secretario de Estado, Pedro Marín y el Director General, Antonio Hernández, los que se midan con el regulador. Ha tratado de mantener tan congelados los desencuentros con la CNE como la renovación de cuatro consejeros que prometió como tarde para abril de 2009, pero a Sebastián le bailan los alfiles de la falta de sintonía con Maite Costa. La regulación de la vida útil de las nucleares -ahora que la Ley de Economía Sostenible retoca las certezas del CSN y fija su techo en 40 años- será sólo la última de las grietas de sus desencuentros.

La CNE discrepa, causa a causa, en los dossieres pendientes para el Secretario de Estado Pedro Marín: aboga por que las eléctricas salgan del capital de REE frente a la actual limitación al 1% (en virtud de la nueva directiva de la Comisión Europea y la pretensión del Ejecutivo comunitario de separar redes de transporte y operadores de redes de transporte). Y salta chispas en el pulso entre las distribuidoras eléctricas (no sólo las cinco grandes, sino también las 300 pequeñas que tienen ya el mismo régimen retributivo que aquéllas) a cuenta de los ingresos que Industria les ha recortado en las tarifas de acceso para 2010: unos 200 millones de euros.

La Comisión Nacional de la Energía está dispuesta a pelearle a Zapatero el futuro de las interconexiones gasistas y eléctricas, no se conforman con el repudio galo a la interconexión por Irún y ha metido todos los dedos de sus informes en las llagas del Decreto de Incentivos al consumo de carbón autóctono: su dictamen crítico forzó a Industria a presentar el plan como una ayuda de Estado al sector y mantienen los planes de Zapatero en la mesa de la Comisaria Noeele Kroes. La Comisión será la primera interesada en sacarle los colores a la letra pequeña del Real Decreto cuando a partir del 9 de febrero llegue  a la mesa de Joaquín Almunia.

Ahora llueve sobre mojado en las líneas rojas que le marca al ministro: las del consumo a la baja, los costes crecientes, el déficit disparado y una política tarifaria con la que no comulgan en la CNE, ni para el mercado eléctrico, ni para el gasista. Justo cuando Industria cocina el Real Decreto, le acaba de recordar que el déficit eléctrico alcanza hasta noviembre 4.065 millones, por debajo de los 4.925 millones que la CNE tiene previstos de déficit para 2009, pero sobre el máximo de 3.500 millones del presente ejercicio que se financiarán a través del Fondo de Titulización del Déficit de Tarifa.

Al calor del Foro Europeo de regulación del gas le ha recordado a Sebastián que debido a los “errores de cálculo y tarifas”  del mercado del gas, sin un incremento de los peajes y cánones de las tarifas de Industria de hasta el 4,7% y con el lastre del Decreto del carbón,  el déficit de tarifa en el gas se duplicará este año, acumula un desfase de 130 millones, frente a los 61 millones de 2009. Ni siquiera el ministerio ha aceptado aún manejar la misma metodología que el regulador a la hora de calcular la facturación por el almacenamiento de gas natural licuado, la reserva de capacidad o los ingresos por término de conducción.

REINALDO RODRÍGUEZ DA SU PROPIA BATALLA

Que Reinaldo Rodríguez no está en el altar de las simpatías de la nueva Comisaria de Telecomunicaciones es más que un secreto a voces en Bruselas. Noeele Kroes hereda de Reding la obsesión "borrosa" por la ‘excepción española’, ésa que -Reding decía- hace que sea el único país donde suben las tarifas y baja el uso de la banda ancha. Pero la puesta de largo de la holandesa como responsable del sector TIC de la Unión Europea, llega esta semana con Reinaldo Rodríguez a un paso de convertirse en vicepresidente del consejo del nuevo regulador europeo de telecomunicaciones (BEREC) -el macroregulador que la propia Kroes impulsaba, con más competencias y capacidad de decisión y voto que el antiguo Grupo Europeo de Reguladores -. Sabe que aunque el Body of European Regulators for Electronic Communications no es un regulador comunitario con plenos poderes –al estilo del Banco Central Europeo– y no puede dictar resoluciones vinculantes -sólo recomendaciones-, tendrá fuerte influencia sobre las políticas de telecomunicaciones de los reguladores nacionales y de la propia Comisión.
 
La Comisaria aterriza en la cartera de Telecomunicaciones con el contencioso de la banda ancha española, la financiación de RTVE con el 0,9% de las telecos, el servicio universal de banda ancha, la neutralidad de la red y los contenciosos del refarming y el dividendo digital sobre su mesa. Y en todos ellos la CMT no sólo se ha hecho con voz propia -discordante con la del Ministerio de Industria- sino que sintoniza con la Comisaria. Kroes estrenará el ‘paquete telecom’ -que acaba de entrar en vigor y deberá ser transpuesto a la legislación española en menos de un año- con la intención de aguarles la “Estrategia de Granada”en abril y se guarda el ‘golpe’ final para el consejo formal de ministros de Telecomunicaciones del 31 de mayo de 2010 en Bruselas.

La Comisión está dispuesta a perseguir a los gobiernos que se salten la vía judicial para ponerle puertas a los contenidos digitales. Le ha echado en cara ya a España el retraso en el proceso de refarming y asignación de frecuencias móviles que ya ha comenzado en la UE; les saca del armario los fantasmas del ‘dividendo digital’ que no llegará al menos hasta dentro de dos años. Y, como siempre que conjuga cualquier mirada al mercado español, hace sangre en las heridas de la banda ancha: “necesita un servicio de calidad” y “bajar sus precios”. Bruselas sólo tiene ojos para las redes de nueva generación, justo la herencia de su mandato que más desafía ya las cuentas y el mapa de las inversiones de Ros y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones española. No es Telefónica la única que ha comenzado a exigir un Plan Renove de la fibra, que inyecte subvenciones públicas -o al menos facilidades en infraestructuras- para el despliegue de la FTTH.

Ya en la última reunión entre el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, y la todavía Comisaria de Competencia, Kroes insistió en que los españoles pagan un 20% que la media comunitaria por el ADSL, ante la defensa de Ros, que asegura que no difieren en gran medida de la media. Según el Gobierno, existe una discrepancia entre las cifras que estima la Comisión Europea, de 45,83 euros de media al mes, con los de la CMT, que apunta a 28,8 euros de ingresos medios por conexión de banda ancha residencial y 32,63 euros que se lleva Telefónica por cada línea de ADSL. Pero el último informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones sobre la banda ancha en España dispara, con las balas del propio regulador español, a la línea de flotación de Ros y la Setsi.

Kroes se encontrará, sobre su mesa, la guerra abierta entre Ros y la CMT, que acaba de sonrojar  a España con el cuarto informe de precios de banda ancha y la ‘denuncia’ de que el adsl nacional es un 19% y un 70% más caro que el precio medio que ofrecen los operadores dominantes en el resto de países europeos. Un estudio externalizado -a la fuerza ahorcan para la CMT- cuestionado por las operadoras y la propia Setsi, porque tiene en cuenta las mejores ofertas en cada uno de los 27 países de la UE dentro del segmento residencial y los precios, ajustados al poder adquisitivo de cada país, no incluyen IVA, ni promociones o descuentos.

Industria alega que los informes de Bruselas, como el último de la CMT, desoyen factores como la calidad  del  servicio, la cobertura, la correspondencia entre la velocidad publicitada  y  la velocidad real (en el que España ocupa  el  primer  lugar en los rankings europeos). No miran a la banda ancha móvil, no comparan más allá de los ex monopolios -como Deutsche Telekom, France Télé-com, KPN, BT, Eircom, Telecom Italia-. E incluso en los operadores que sí se comparan, las ofertas no son idénticas ni siguen los mismos parámetros. Dejan de lado que tomando en cuenta las ofertas de todos los operadores, las diferencias disminuyen sustancialmente y el paquete de voz y datos más barato en España de entre 2 y 10 megas, es sólo un 6,3% más caro respecto a la media de las mejores ofertas de la UE, 32,5 euros al mes.

Pero el informe de la CMT, a pesar de ser tardío -con datos de junio-, de encargo y refutado por las cifras de las operadoras y del Ministerio de Industria, hace sangre en las heridas que más les dolieron ya con Reding y le enseña ante Miguel Sebastián el alcance de las batallas que Reinaldo Rodríguez está dispuesto a librar allende los Pirineos. Las telecos exigen a Bruselas el despliegue de las redes ultrarrápidas y a sacarle los colores del refarming y el dividendo digital ante Kroes. La Comisaria, a volver a cuestionarles el regulador -ahora que se acerca la reforma bajo el paraguas de la LES- y a marcar las líneas rojas a la trasposición de un ‘paquete telecom’ que desluce el mapa aún por definir de las nuevas redes y las intenciones de un mega de servicio universal. Ya tiene a España en los altares de sus pesadillas. Y a la CMT a sus pies.

UNA GUERRA YA AÑEJA

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y su presidente transitan sobre la cuerda de la interinidad a la que los ha condenado el impasse de Industria, de la vicepresidencia económica y Moncloa. Más aún, Rodríguez sigue condenado a la incógnita sobre un tercer mandato, que depende de la interpretación en manos del gabinete de ministros. Pero no es ése el mayor de sus desencuentros. De la Vega se sirvió fría la venganza de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, dispuesta a aplicarle ahora a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones todos los ‘correctivos’ de la nueva Ley General Audiovisual y a cobrarle su rebeldía con el ayuno de las nuevas competencias y las puertas cerradas al nuevo Consejo Estatal de Medios, aún a costa de barrer el viento de sus promesas hace un año y nadar a contracorriente de las recomendaciones del sector. 

Pero los de Rodríguez tratan de que el ‘emplatado’ de la CEMA no sea aún definitivo. Lo hacen con la primera victoria a mano -el expediente de investigación abierto por Bruselas y el rechazo al modelo francés- al pulso por la financiación de RTVE. Las grandes empresas de telecomunicaciones ya velan las armas del 0,9% de su facturación bajo el paraguas de Aetic, Redtel y Astel. Y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones le ha recordado a Moncloa y a Salgado que está dispuesta a apadrinar muy de cerca esas lanzas ante Noelee Kroes. Ya lo había hecho, hasta ahora, con la batalla para liberar -o al menos aliviar- a las operadoras de tasas de las instituciones públicas -inéditas en otros países europeos- entre ellas, la tasa por el uso del dominio público local, que obliga a estas empresas a pagar el 1,5% de sus ingresos brutos, 270 millones de euros.

Sebastián le pone la cara a los desencuentros con las operadoras telefónicas incluso en la piel de la CMT, una de las ramas del árbol institucional de Industria. Han chocado lanzas en los tribunales por el reglamento de la televisión por cable (Industria consiguió reafirmar la potestad de concesión de las autorizaciones) y el contencioso por la petición de más competencias en numeración de la CMT. Y el Gobierno no acaba de dar con el marco regulatorio con el que liberará nuevas frecuencias para los servicios móviles de tercera generación (3G). El Ministerio de Industria fue el primero en domar las prisas de un proceso que en su génesis esperaba estar en marcha para marzo, pero que congela las hojas de su calendario. La mayoría de las compañías se lo han recordado a Miguel Sebastián: consideran que los primeros equipos capaces de trabajar con LTE no llegarán hasta dentro de un año, como pronto, y rechazan la posibilidad de que el Gobierno otorgue licencias territoriales para la banda de 2,6 Gigahercios.

Pero la demora deja a algunas áreas rurales de espaldas a la convergencia en muchos servicios y sólo se sabe que la carrera del LTE está casi a punto. Industria azuza a los ayuntamientos, les ha dado alas a las promesas electorales de despejar el camino a las wifi gratis municipales  y deja a la CMT entre la espada de la Ley de Telecomunicaciones -que la ha llevado a limitar su periodo de gratuidad y a exigir que las entidades sean operadores- y las paredes de la competencia que debe garantizar. Las recetas de Reinaldo Rodríguez se cocinan en ollas ajenas a las de Miguel Sebastián: menos canales de televisión, más banda ancha y un mejor reparto del dividendo digital. Ha alertado más de una vez  sobre los "cuellos de botella en redes de acceso" y se queja de que los fondos para financiación de infraestructuras son "pequeños" y están muy orientados a la TDT: 75 millones de euros este año. Por eso aboga por plantear de nuevo la financiación pública de las redes sin que el Estado se convierta en operador. Con las licencias regionales de móvil, la CMT le marca las líneas rojas: la regulación debe ser nacional, las licencias las debe conceder el Gobierno o un regulador nacional.

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