edición: 3007 , Viernes, 10 julio 2020
29/06/2009
OBSERVATORIO FISCAL

Los salarios atrasados en el IRPF

DATADIAR
Las retribuciones salariales percibidas con retraso por el empleado, que se tratan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como rendimientos del trabajo, se deben consignar en la declaración del período impositivo en que son exigibles por el perceptor. No obstante, es preciso atender a una reglas especiales de imputación temporal recogidas en la Ley del IRPF, que permiten que cuando las circunstancias estén justificadas y no sea imputables al contribuyente, y los rendimientos del trabajo se perciban en períodos impositivos distintos a aquéllos en que fueron exigibles (habitualmente debido a falta de liquidez de las empresas, algo cada vez más extendido en estos tiempos de crisis), se debe practicar una autoliquidación complementaria, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno.

Esta complementaria se debe presentar en el lapso de tiempo que media entre el día en que se perciben los atrasos y el final del inmediato plazo de declaraciones del impuesto.

El artículo 14.2.b) de la Ley del IRPF regula que los rendimientos correspondientes al año que debieron pagarse, pero aún pendientes de percibir, se imputen a ese período cuando efectivamente se perciban, incluyéndose en la autoliquidación complementaria que al percibirlos se practique.

Cuando no se haya satisfecho la totalidad o parte de una renta, por encontrarse pendiente de resolución judicial la determinación del derecho a su percepción o su cuantía, los importes que no se han pagado se deben imputar al período impositivo en que aquélla adquiera firmeza.

Los intereses que con carácter indemnizatorio reciben los asalariados por el cobro de atrasos salariales reconocidos por resolución judicial tienen la consideración de ganancia patrimonial y, por tanto, se deben imputar en el ejercicio en el que se cuantifican y se acuerda su abono.

De acuerdo con la normativa del IRPF, los intereses indemnizatorios tienen como finalidad resarcir al acreedor por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de una obligación o el retraso en su correcto cumplimiento. Estos intereses, debido a su carácter indemnizatorio, no pueden calificarse como rendimientos del capital mobiliario.

Por el contrario, los recibidos por el contribuyente con naturaleza remuneratoria constituyen la contraprestación de la entrega de un capital que debe ser reintegrado en el futuro o del aplazamiento en el pago, otorgado por el acreedor o pactado por las partes. Estos intereses tributan por el IRPF como rendimientos del capital mobiliario, salvo que proceda calificarlos como rendimientos de la actividad empresarial o profesional.

Un dato a tener en cuenta en las declaraciones es que cuando los intereses tengan naturaleza indemnizatoria, tendrá la consideración de ganancias patrimoniales, que al no derivar de la enajenación de ningún elemento patrimonial se imputarán en la base imponible general, y no en la del ahorro, por lo que tributarán a tarifa general con el resto de rentas del ejercicio.

Una vez que se haya establecido la calificación de las ganancias patrimoniales de los intereses indemnizatorios, reguladas por artículo 14.1 c) de la Ley del Impuesto, “se imputarán al período impositivo en que tenga lugar la alteración patrimonial”.

En cuanto a los gastos de defensa jurídica producidos en el litigio mantenido con el empleador, se considera que son deducibles, con el límite de 300 euros anuales, sobre los rendimientos íntegros del trabajo. Su imputación se debe realizar sobre al periodo impositivo en que realmente fueron exigibles.
 
Las consecuencias fiscales derivadas de la percepción de una indemnización por despido están determinadas por la naturaleza de la relación laboral mantenida, entre el consultante y el empleador, esto es, si es común o de carácter especial.

Los salarios de tramitación devengados desde el día siguiente a que se produjo el despido hasta la notificación de la sentencia firme o hasta que el demandante haya encontrado un nuevo empleo efectivo (si lo obtuviese antes de fallar el tribunal), estarían sometidos a tributación por el IRPF, como rendimientos del trabajo.

Otros asuntos, como la suscripción de un compromiso de no prestar sus servicios en otra entidad durante un plazo de dos años posteriores a su desvinculación de la empresa, no son obtenidas de forma notoriamente irregular en el tiempo, no estando tampoco vinculado a la existencia de un período de generación superior a dos años, por lo que no procede respecto al mismo la aplicación de la reducción del 40%.

Equipo jurídico de Datadiar.com

Consultas Vinculantes

Consideración como gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades de los intereses derivados de un préstamo participativo. D.G.T. C, 10-10-2008.
La consultante es una sociedad limitada constituida en 2004 con el objetivo de promover la construcción de viviendas en una parcela de suelo urbano consolidado demoliendo las edificaciones existentes. La referida parcela estaba compuesta por cinco fincas colindantes, de cuya adquisición conjunta se hacía depender el proyecto de construcción, así como del desalojo de los inquilinos y ocupantes de las edificaciones a demoler. Adquiridas la mayor parte de las fincas, la consultante procedió a acometer la demolición de las viviendas edificadas, requiriéndose recursos financieros para la ejecución de dichas labores. Tras varios intentos para obtener financiación con entidades financieras, que resultaron infructuosos debido al alto nivel de endeudamiento a corto plazo de la sociedad a la finalización del ejercicio de su constitución, se acordó en 2004 la suscripción de un contrato de préstamo participativo con una sociedad de capital riesgo de nacionalidad holandesa.

El contrato de préstamo participativo recoge como contraprestación acordada para la entidad prestamista holandesa un tipo de interés fijo anual del 1,5% y un tramo participativo o interés variable del 50% sobre el beneficio bruto obtenido por la venta de las viviendas construidas, estableciéndose como plazo máximo para su cancelación el 31 de diciembre de 2008. La consultante manifiesta que no hay vinculación en el sentido del artículo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades entre la consultante y la entidad prestamista. Con posterioridad a la suscripción del préstamo participativo, la consultante consiguió un préstamo ordinario de una entidad de crédito española con el que hacer frente a la construcción y promoción del proyecto de edificación aludido. Si es deducible, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, el gasto financiero a consecuencia de los intereses acordados en préstamo participativo.

La entrega al arrendatario de una vivienda, que hasta entonces había estado en régimen de arrendamiento especial, tendrá la consideración de operación sujeta y no exenta de IVA. D.G.T. C, 22-10-2008.
La consultante ha adquirido una vivienda inscrita a nombre del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS). El marido de la consultante había recibido hace años la citada vivienda, de nueva construcción, en régimen de arrendamiento especial, pero a su fallecimiento se le concede la subrogación en el contrato a su viuda. Sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido y, en su caso, tipo impositivo aplicable, o sujeción al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
 
Tribunales

Régimen de tributación de grupo. Sociedad matriz residente. Subfiliales residentes controladas a través de una filial no residente. T.J.C.E. S, 27-11-2008.
El artículo 52 del Tratado CE (actualmente artículo 43 CE, tras su modificación) debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual se concede un régimen de imposición de grupo a una sociedad matriz residente en ese Estado miembro que controla filiales y subfiliales igualmente residentes en dicho Estado, pero se excluye para tal sociedad matriz si sus subfiliales residentes son controladas por medio de una filial residente en otro Estado miembro.

Actividades desarrolladas por un organismo de Derecho público. Explotación de aparcamientos de pago. Distorsiones de la competencia. T.J.C.E. S, 16-09-2008.
Las distorsiones graves de la competencia a las cuales podría llevar la no consideración como sujetos pasivos de los organismos de Derecho público que actúen en el ejercicio de sus funciones deben evaluarse con respecto a la actividad de que se trate, en si misma considerada, sin que dicha evaluación recaiga sobre un mercado local específico. Con respecto a los términos «lleve a», en el sentido del artículo 4, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 77/388, deben interpretarse en el sentido de que toman en consideración no sólo la competencia actual, sino también la competencia potencial, siempre y cuando la posibilidad de que un operador privado entre en el mercado de referencia sea real y no meramente hipotética. El término «grave», en el sentido del artículo 4, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 77/388, debe entenderse en el sentido de que las distorsiones de la competencia actuales o potenciales deben ser algo más que insignificantes.
 
Tribunales Económico-Administrativos

La Administración tributaria no puede modificar, en un ejercicio no prescrito, saldos a compensar del IVA que provengan de períodos anteriores para los que ha prescrito el derecho de la Administración a liquidar. T.E.A.C. R, 24-09-2008.
No es posible que la Administración tributaria modifique en un ejercicio no prescrito saldos a compensar del IVA que provienen de períodos anteriores para los que ha prescrito el derecho de la Administración a liquidar cuando respecto al ejercicio no prescrito resulte de aplicación la LGT de 1963 (Ley 230/1963) teniendo en cuenta las Sentencias del Tribunal Supremo de 30-1-2004 y 17-3-2008, en contra del criterio del Tribunal Económico-Administrativo Central de considerar que la Administración sí podía comprobar, al amparo del artículo 109 en conexión con el 140 de la LGT de 1963, la procedencia de la compensación efectuada en el ejercicio objeto de regularización aunque el saldo a compensar proviniera de ejercicios prescritos.

La notificación del cambio de domicilio fiscal mediante el modelo 037 no produce efectos frente a la administración autonómica. T.E.A.C. R, 24-09-2008.
No procede ninguno de los motivos de oposición al apremio y, en concreto, no existe falta de notificación de la liquidación, pues aunque se había comunicado el cambio de domicilio fiscal a través del Modelo 037 a la AEAT, esta comunicación no produjo efectos frente a la Administración autonómica que es la que dictó y notificó la liquidación.

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