edición: 2740 , Lunes, 17 junio 2019
18/05/2012
OBSERVATORIO JURIDICO

Los salarios de tramitación tras la reforma laboral

DATADIAR

La reforma laboral llevada a cabo por el “Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral”, ha suprimido los salarios de tramitación. A partir de su entrada en vigor los trabajadores despedidos improcedentemente no tendrán derecho a percibirlos, salvo que el empresario optase por la readmisión. Los problemas se están planteando en relación con los despidos que tuvieron lugar antes de la entrada en vigor de la reforma (el 12 de febrero de 2012), pero que deben ser calificados tras la misma. Si aplicamos la anterior normativa, el trabajador tendría derecho a cobrar los salarios de tramitación, pero conforme a la nueva, no ¿Qué regulación debemos entonces aplicar?

Las soluciones que están dando los tribunales están siendo dispares. Parte de la culpa de este “desajuste” es achacable, sin duda, al legislador que no se ha preocupado de “establecer” un  régimen transitorio, como ha hecho en otros casos.

Algunos Juzgados están entendiendo que aunque el despido haya tenido lugar antes de la reforma, deberá aplicarse la nueva normativa puesto que la calificación del despido como “improcedente” se realiza una vez está en vigor la nueva regulación. Consideran además que su interpretación resulta “más acorde con el espíritu y finalidad de la reforma que lo que pretende es reducir el coste del despido improcedente de manera urgente e inmediata”. Niegan así el derecho a percibir los salarios de tramitación.

Sin embargo, parece que la solución que se está imponiendo es justamente la contraria: aplicar la normativa vigente en el momento en que tuvo lugar el despido, lo que supone el reconocimiento de los salarios de tramitación, al haberse producido la extinción contractual bajo la legislación anterior, que reconocía el derecho a los mismos. Varios Tribunales de Justicia se están inclinando por esta línea. Traemos aquí a colación una de las primeras sentencias dictadas sobre el tema, la sentencia de 21 de febrero de 2012 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

El asunto que se planteaba ante la Sala se refería a un despido por causas objetivas, producido el 29 de julio de 2011. El despido había sido declarado nulo por el Juzgado de lo Social. Recurrida la sentencia por la empresa, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estimará tal despido como “improcedente”.

Aunque el despido había tenido lugar bajo la vigencia de la anterior normativa, la fecha en la que se califica por primera vez como “improcedente” (el 21 de febrero de 2012) es ya bajo la nueva regulación que había suprimido los salarios de tramitación. De ahí que el tribunal se cuestione “su exigibilidad”.

Para dar una respuesta al problema, parte la Sala de la ausencia de derecho transitorio sobre el tema: “En cuanto a los salarios de tramitación, nada se dice en relación con el derecho transitorio a considerar. Ello resulta especialmente relevante en este caso, pues conforme la anterior normativa la parte demandante tendría derecho a cobrarlos y no lo tendría conforme a la nueva. Al efecto, basta con ver la redacción del artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores en su actual redacción y en la inmediatamente previa”. Ante esta circunstancia y ante tal silencio normativo, la Sala optará por aplicar la normativa previa.

En primer lugar, porque considera que se ha de tener en cuenta la previsión contenida en el apartado 2.3 del Código Civil, precepto contenido en el Título Preliminar, Capítulo II, regulador de los principios de aplicación de las normas jurídicas. Dicho precepto dispone la irretroactividad de las leyes, salvo que las mismas dispusieren lo contrario, principio basado en el principio de seguridad jurídica reconocido por el art. 9.3 del Texto Constitucional, que garantiza entre otros, “la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”. Estaríamos en este segundo caso, pues si, la normativa precedente declaraba un derecho individual (el cobro de los salarios de tramitación en estos casos), la nueva Ley suprime este derecho en los mismos casos.

El sometimiento del despido a la normativa previa, concuerda además con las previsiones contenidas en las disposición transitoria segunda del Código Civil, que reconoce el sometimiento de los efectos de los actos y contratos celebrados bajo el régimen de la legislación anterior, a esta última. Recordemos que el Tribunal Constitucional tiene establecido al efecto que "no hay retroactividad cuando una ley regula de manera diferente y profuturo situaciones jurídicas creadas con anterioridad a su entrada en vigor y cuyos efectos no se han consumado".

Habrá que atender, por tanto, al momento de producirse el hecho causante, que no es otro que el despido del trabajador, para entender que este último se rige por la legislación sustantiva anterior, por producirse con anterioridad al 12 de febrero de 2012, y por ende, operar el reconocimiento de los salarios de tramitación conforme a esta última.

Este criterio que ha sido seguido después por otros tribunales, como el Tribunal Superior de Justicia de Castilla León, en sentencias de 15 y 28 de marzo de 2012.


Equipo jurídico de Datadiar.com


LEGISLACIÓN

Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. BOE., nº 56, 6 de marzo de 2012.
En cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno de lograr la máxima austeridad y eficacia en el sector público en general y en especial en el empresarial, se incluyó la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. La citada disposición adicional octava no sólo recoge tales principios sino que introduce criterios racionales y lógicos de ajuste en las remuneraciones de los máximos responsables y directivos del sector público estatal. Con esta medida, en la situación actual de crisis económica, se pretende contribuir a la estabilidad económica y al interés general y bien común de los ciudadanos. En concreto, la disposición adicional octava clasifica las retribuciones de los máximos responsables y directivos de las sociedades mercantiles estatales, mientras que se difieren al Gobierno la determinación de tales cuestiones para el resto de las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la misma. Al proceder al desarrollo de la citada disposición, el presente real decreto proporciona un tratamiento uniforme al extender el régimen retributivo que prevé a todas las entidades comprendidas en su ámbito de aplicación. Junto a los anteriores principios de austeridad, y eficiencia este real decreto recoge el de transparencia, mínimo exigible tanto a las entidades como a sus máximos responsables y directivos. Con ello, se aplican criterios de buen gobierno extendidos en el ámbito de sociedades cotizadas, entidades financieras, y emanados de acuerdos y organismos internacionales, adaptando estos avances a la naturaleza del sector público.


JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de estafa. Delito de apropiación indebida. Revisión de sentencias absolutorias. Tribunal Supremo. Sentencia 25 de enero de 2012
Sentencia absolutoria que es confirmada en sede casacional. Quebrantamiento de forma: no se aprecia falta de claridad del factum ni contradicciones entre los hechos declarados probados. Se desestima. Error en la apreciación de la prueba: para la eventual estimación del motivo se exige que el recurrente designe documento literosuficiente de entre los obrantes en las actuaciones, no contradicho por otros elementos de prueba, que evidencie un error fáctico grave y relevante para modificar el fallo. Caso de autos. Se desestima: la parte recurrente no cita ningún documento que evidencie el error de la Sala de instancia ni tampoco la certeza inequívoca y concluyente de la tesis incriminatoria que sostienen los acusadores particulares. La declaración testifical es prueba personal documentada y no documento a efectos casacionales. Revisión de sentencias absolutorias. ESTUDIO: antecedentes jurisprudenciales. Las pautas hermenéuticas que viene marcando el Tribunal Constitucional al aplicar el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías (inmediación, contradicción y oralidad) y también del derecho de defensa en el proceso penal, hacen muy difícil la revisión de la convicción probatoria del Tribunal de instancia en los casos en que concurren pruebas personales en el juicio celebrado en la instancia. Hasta tal punto ello es así, que cuando el reexamen de la sentencia recurrida no se circunscribe a cuestiones estrictamente jurídicas es poco plausible que operen los recursos de apelación y casación para revisar las sentencias absolutorias o agravar la condena dictada en la instancia. Doctrina constitucional y del TEDH: análisis. Imposibilidad de repetir en segunda instancia las pruebas personales practicadas en la primera con el fin de obtener una convicción probatoria distinta a la del juzgador de instancia. Sentencia de 22 de noviembre de 2011 (caso Lacadena Calero contra España).


Mercantil

Impugnación por vulneración del derecho de información en la aprobación de cuentas. Tribunal Supremo. Sentencia 16 de enero de 2012
Cuando se somete a la junta la aprobación de las cuentas anuales, el artículo 212.2 LSA -hoy 272 de la Ley de Sociedades de Capital- impone una información documental mínima que debe ponerse a disposición del accionista. El socio, además de tener derecho a examinar y obtener los documentos enumerados en el artículo 212.2 LSA -que necesariamente han de ser claros y ajustados a las exigencias de forma y contenido requeridos por la legislación societaria y contable-, podrá solicitar las informaciones o aclaraciones que estime precisas, máxime cuando también se sometió a la junta el informe de gestión a cuya exhaustividad alude el artículo 202 LSA -hoy 262 de la Ley de Sociedades de Capital - que en el cuarto párrafo del apartado 1 dispone que «el informe de gestión incluirá, si procede, referencias y explicaciones complementarias sobre los importes detallados en las cuentas anuales», lo que exige que, además de aquellos datos que posibiliten el voto reflexivo sobre las cuentas, se faciliten los que impone el deber de trasparencia en la gestión social y que permitan al socio el control razonable del cumplimiento por los administradores de los deberes de diligente administración, fidelidad y lealtad, en relación con la actividad de la sociedad reflejada en las cuentas sometidas a la aprobación y en el informe de gestión. Por su parte, el órgano de administración deberá contestar siempre que concurran los indicados requisitos que operan como límite a la obligación de transparencia -lo que debe decidirse de forma casuista y no arbitraria por el órgano de administración y está sujeto a control judicial-.

Impugnación de acuerdos sociales: acuerdos lesivos: requisitos: control de la lesividad. Tribunal Supremo. Sentencia 17 de enero de 2012
Precisamente porque la asunción de riesgos empresariales no está sujeta a control de los Tribunales, la norma exige que se constate la desviación del poder de decisión de la mayoría, de tal forma que se pueda identificar que el acuerdo lesivo para los intereses de la sociedad lo es en beneficio de alguno o varios socios -en este sentido la sentencia de 12 de julio de 1983, apunta a que es precisamente la discriminación entre los socios lo que constituye el supuesto legal de la impugnación- o de terceros, en el bien entendido de que, como sostiene la sentencia de 19 febrero de 1991, reiterada en la 1086/2002, de 18 de noviembre que « [e]l «requisito del beneficio de uno o varios socios, no hay que entenderlo exclusivamente en el sentido de puro interés económico, sino que también puede consistir en cualquier ventaja de carácter político-social o profesional».


Civil

Arrendamientos urbanos. Residencia geriátrica. Las obras de adaptación de la residencia por la nueva normativa administrativa aplicable no deben ser sufragadas por el arrendador. Tribunal Supremo. Sentencia 20 de febrero de 2012
Las reparaciones necesarias a fin de conservar la vivienda o local de negocio arrendado en estado de servir para el uso convenido serán de cargo del arrendador. Lo que supone que será el arrendador quien deberá hacer frente a la realización de aquellas obras que resulten necesarias para la conservación del local de negocio. La Audiencia Provincial niega que las obras que se deben realizar en el local arrendado, en virtud de la reciente normativa administrativa aplicable a las residencias geriátricas en la localidad donde está situado el local, sean obras necesarias para la conservación del local de negocio, sino que se trata de meras obras de adaptación. De este modo, tras la valoración de la prueba practicada, y constatada la naturaleza de las obras a realizar, concluye que la parte arrendadora no estaba obligada a hacer frente al coste de las mismas. Además, valora la sentencia recurrida, que en el contrato de arrendamiento suscrito por las partes, la parte arrendataria se obligaba, precisamente, a realizar, a su costa todas las obras necesarias para adaptar el local comercial a la actividad de centro geriátrico que pretendía desarrollar la actora en el local objeto del contrato.

Precontrato. Opción compra. Acuerdo del optante con un tercero: no es sociedad, no es cesión de contrato; es negocio jurídico atípico. Tribunal Supremo. Sentencia 22 de febrero de 2012
El acuerdo  litigioso fue entre el único optante  y el recurrente: inter partes, no más; negocio jurídico bilateral, atípico no incardinable en un contrato típico; simplemente es el acuerdo de colaboración entre dos personas para una concreta función. No puede aceptarse que sea una cesión de contrato porque ésta sólo cabe si media el consentimiento (no basta el conocimiento) de la parte contratante del contrato cedido, en todo o en parte, de lo que no hay duda. Tampoco se puede calificar de contrato de sociedad, pese a que así se insinúa, no como fundamento del fallo, en la instancia, por falta del consentimiento de constituir una sociedad, la llamada affectio societatis. Tampoco cabe declarar la nulidad de la resolución acordada el 11 de mayo de 2004 entre concedente de la opción y optante, del precontrato de opción de compra de 28 de octubre de 2003. Se alegaba  que la causa es falsa e ilícita.Tal acuerdo es válido, no hay obstáculo legal para impedir su validez y eficacia. La causa -o más bien el móvil- está claramente consignado: acuerdan la resolución -más bien el mutuo disenso- como expresan literalmente ante la imposibilidad manifiesta de el optante de cumplir la obligación de pago contraída del resto del precio de la opción de compra, No puede pretenderse que haya falsedad de la causa, ni mucho menos, simulación: ambos extremos carecen de toda base fáctica.


Laboral

No afecta a la bonificación de la base reguladora del jubilado parcial el incumplimiento del empresario de la obligación de contratar a otro relevista por el cese del anterior. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 18 de enero de 2012
La cuestión que plantea el presente recurso de casación para unificación de doctrina versa sobre el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación ordinaria de un trabajador que previamente había estado en situación de jubilado parcial. En particular, se trata de determinar la posible incidencia en dicha base reguladora de las irregularidades de la contratación de relevo que la ley vincula necesariamente a tal situación de jubilación parcial. La irregularidad producida en el caso ha sido la falta o inexistencia de un contrato de relevo simultáneo durante un tiempo intermedio dentro del entero período de jubilación parcial. Para la irregularidad consistente en que la contratación de relevo no cubra todo el período de la jubilación parcial el RD 1131/2002 prevé en su Disposición Adicional 2ª que cuando el trabajador relevista cese en la empresa por una u otra razón el empresario tiene obligación de sustituirlo por otro trabajador en situación de desempleo y que, en caso de incumplimiento de tal obligación, el propio empresario deberá abonar a la entidad gestora el importe devengado de la jubilación parcial desde el momento de la extinción del contrato hasta que el jubilado parcial acceda a la jubilación ordinaria o anticipada. Esta responsabilidad restitutoria del empresario, que la entidad gestora puede exigir por los medios que el ordenamiento pone a su disposición, tiene una doble finalidad; por un lado corrige el incumplimiento de la obligación empresarial de mantener la contratación de relevo; y por otro lado compensa el déficit de cotización a la Seguridad Social derivado de la inexistencia sobrevenida de contrato de relevo. En estas condiciones no resulta necesario, para mantener la correlación entre cotizaciones y prestaciones que inspira la normativa en la materia, penalizar a un trabajador jubilado parcial que ha sido totalmente ajeno a la infracción cometida por el empresario.

Disfrute de las vacaciones en un periodo posterior al acordado en caso de incapacidad temporal previa, aunque haya transcurrido el año natural en que se han devengado. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 23 de enero de 2012
Por la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO -COMFIA CC.OO-  y por la Federación de Servicios de UGT  -FES UGT-  se interpuso demanda de conflicto colectivo ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, contra el Banco de Santander, interesando se dicte sentencia por la que se declare: «El derecho de los trabajadores al disfrute de las vacaciones en un periodo posterior al acordado si, previamente a las fechas fijadas, se iniciase una situación de incapacidad temporal, aunque haya transcurrido el año natural en que se han devengado.». En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que el derecho de todo trabajador a disfrutar vacaciones anuales retribuidas debe considerarse un principio del Derecho social comunitario de especial importancia, respecto del cual no pueden establecerse excepciones. Si bien tal declaración se hacía en el marco de procedimientos en que el conflicto del derecho de vacaciones se daba en situaciones derivadas del ejercicio de permisos de maternidad o parentales, con posterioridad el TJUE ha aplicado los mismos principios a los supuestos de conflicto entre vacaciones e incapacidad temporal. Ha matizado el TJUE que atendiendo a la propia finalidad del derecho a las vacaciones anuales retribuidas, un trabajador en situación de incapacidad laboral durante varios años consecutivos, a quien el Derecho nacional impide disfrutar de sus vacaciones anuales retribuidas durante el referido período, no puede estar facultado para acumular de modo ilimitado derechos a vacaciones anuales retribuidas adquiridos durante dicho período. Así, un período de aplazamiento del derecho a vacaciones anuales retribuidas, fijado en quince meses por las disposiciones o las prácticas nacionales, como los convenios colectivos, puede calificarse razonablemente como un período más allá del cual las vacaciones anuales retribuidas carecen de su efecto positivo para el trabajador en su calidad de tiempo de descanso. En el presente asunto no se ha planteado dicha cuestión ni se ha invocado por la recurrente que el Convenio Colectivo aplicable contenga disposición alguna que establezca un periodo máximo de aplazamiento de disfrute de las vacaciones tras la finalización del periodo de incapacidad temporal, por lo que, si bien la sentencia del TJUE matiza la doctrina hasta ahora existente, en el sentido anteriormente consignado, no es de aplicación al supuesto examinado.


Administrativo

Solicitud para la renovación y ampliación de concierto educativo con el centro concertado. Medida cautelar de suspensión. Tribunal Supremo. Sentencia 18 de julio de 2011
La suspensión de la ejecutividad de los actos recurridos debe permitir la viabilidad futura de una Sentencia estimatoria en el proceso principal, sin anticipar un análisis sobre el fondo del asunto, para no convertir en ilusorio su derecho a obtener un pronunciamiento favorable cuando el acto ya hubiera consumado sus efectos jurídicos, y, siemp re previa ponderación de los intereses concurrentes públicos y privados. En el caso enjuiciado el Tribunal Supremo entiende que se producirían perjuicios irreparables de no suspenderse la ejecutividad de la denegación de la renovación del concierto educativo para la Unidad que ya lo disfrutaba, por cuanto los alumnos que asisten al Centro y que ya lo disfrutan, indefectiblemente se verían abocados a reconsiderar su permanencia en el mismo si el Centro repercutiera automáticamente en las cuotas las consecuencias de la no renovación, sin que el interés público a ponderar pueda resultar seriamente afectado por tal suspensión máxime si anteriormente ya lo reconocía

Responsabilidad patrimonial planteada por el suicidio con motivo de detención en Comisaría. Tribunal Supremo. Sentencia 20 de julio de 2011
La Administración tiene la obligación de asumir la posición de garante de que no va a producirse el resultado lesivos en supuestos en que sobre la Administración pesa un especial deber de garante frente a personas sometidas a relaciones de especial dependencia, custodia o vigilancia, como sucede con presos, detenidos, internos en centros psiquiátricos, hospitalarios o personas prestando el servicio militar obligatorio, tomándose en consideración el que la Administración sea capaz de prever o advertir tendencias suicidas en la concreta víctima, a partir de lo cual se deduciría un deber de activida d, o de puesta de medios concretada en que la vigilancia sea inmediata, continua y eficaz, a lo que se une la apreciación de circunstancias que hacen anormal la prestación del servicio público. En el caso enjuiciado, el Alto Tribunal considera que la lesión sufrida no es consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, pues no hay relación de causalidad al haber interferido un elemento extraño al nexo causal que es la propia voluntad del suicida de poner fin a su vida. No podían deducirse inclinaciones suicidas, ni existía estado de excitación o agitación anormal en el estado del detenido.

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