edición: 2613 , Martes, 11 diciembre 2018
22/05/2010

Los senadores populares y vascos reponen los 'blindajes' en las empresas cotizadas

El Grupo Popular propone limitaciones al número máximo de votos cuando los accionistas o las sociedades dominantes sean públicos
Xavier Gil Pecharromán

El Gobierno va a encontrar problemas para defender la enmienda de los blindajes (conocida también como 'enmienda Florentino') en su tramitación en el Senado, ya que tanto PP como los senadores vascos han introducido enmiendas que desactivan la medida pactada en el Congreso entre PSOE y CiU. La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados aprobó en el mes de abril una enmienda que suprimía la limitación de los derechos de voto en las empresas que cotizan en Bolsa, si bien la entrada en vigor de la prohibición de los 'blindajes' empresariales se debería retrasar en un año desde la publicación de la norma en BOE. El PP presentó su propia enmienda para proponer un cambio en la Ley del Mercado de Valores sobre las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA), para fomentar el control sobre las participaciones y la obligatoriedad solidaria de lanzarla.

Asimismo, abogaban por potenciar el control de las inversiones extracomunitarias que superen el 25% de los derechos de voto en el capital de una sociedad para evitar aquellas que supongan un "riesgo para la seguridad pública", tal y como ocurre en otros países. No obstante, el PSOE y CiU rechazaron por el escaso tiempo dado para analizarla y el PP se decantó finalmente por la abstención. Por ello, ahora, en el Senado, ha vuelto a poner el asunto sobre la mesa.

De esta forma, el Grupo Popular, propone en el Senado que "excepcionalmente", los Estatutos de la sociedades cotizadas puedan establecer limitaciones al número máximo de votos que pueden emitir accionistas o sociedades pertenecientes a un mismo grupo cuando dichos accionistas o las sociedades dominantes de dichos grupos, sean nacionales de Estados que no prohíban limitaciones al número máximo de votos en condiciones de reciprocidad a las previstas en la presente Ley.

Los senadores populares entienden que el escaso número de países que contemplan en sus legislaciones un mecanismo de refuerzo del control de las sociedades mercantiles como la prohibición a la limitación al número de votos a emitir por un mismo accionista (EEUU, Alemania e Italia) aconseja proteger las sociedades españolas, con independencia de que coticen o no en Bolsa.

Esta protección, alegan los populares, debe realizarse frente a operaciones mercantiles por parte de accionistas individuales o grupos empresariales de países que sin embargo puedan poner trabas a la toma de control por parte de particulares o empresas españolas precisamente mediante los mecanismos que ahora se prohíben en la legislación española, mediante un mecanismo sencillo y ampliamente admitido por el Derecho Internacional como por la Unión Europea, como es el principio de reciprocidad.
 
Y tal y como ya se había anunciado en el Congreso de los Diputados, se incluye una enmienda que propone que las adquisiciones de participaciones en empresas españolas por parte de personas físicas o jurídicas extracomunitarias que supongan la tenencia directa o indirecta del 25% de los derechos de voto de dicha empresas podrán someterse a un proceso de verificación por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Dicho proceso de verificación deberá versar únicamente sobre la posibilidad de que dicha adquisición afecte al orden público o la seguridad pública. Las adquisiciones procedentes de personas jurídicas de la Unión Europea serán también objeto del mismo proceso de verificación cuando estén participadas directa o indirectamente al menos en un 25% por personas no residentes en la Unión Europea y se aprecien indicios por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que dicha persona jurídica es un mero instrumento para evitar el proceso de verificación.

De salir adelante esta propuesta, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio decidirá en un máximo de 3 meses desde la firma del contrato de compra-venta o anuncio de la oferta pública de adquisición si la operación supone un riesgo para el orden público o la seguridad pública. En tal caso podrá proponer las medidas oportunas para evitar dicho riesgo, incluida la prohibición de la operación.

De esta forma, pretenden establecer un procedimiento breve de verificación similar al aprobado en otros países de la Unión Europea y estrictamente escrupuloso con la normativa europea. Dicho proceso proponen que se aplique a las inversiones extracomunitarias que supongan alcanzar un 25% de los derechos de voto en una sociedad española con el único objeto de evitar que tal inversión suponga un riesgo para el orden público o la seguridad pública. Dicho procedimiento permitiría establecer medidas de cautela e incluso la prohibición de la inversión si resultase verificado dicho riesgo.

Por otro lado, los senadores vascos también se mantienen en sus trece, al incluir una enmienda que dice que podrán fijar con carácter general el número máximo de votos que puede emitir un mismo accionista o sociedades de pertenecientes a un mismo grupo. No obstante, dichas restricciones serán ineficaces cuando, tras una oferta pública de adquisición, el oferente haya alcanzado un porcentaje igual o superior al 75% del capital que confiera derechos de voto.

Los socialistas catalanes (PSC), que están incluidos (junto a ERC e ICV) en el grupo de la Entesa, han anunciado que no apoyará las propuestas para suprimir la disposición que prohíbe los 'blindajes', pero este apoyo no supone una mayoría suficiente para que PSOE y CiU puedan mantener el texto que votaron en el Congreso. Por ello, es de esperar una nueva negociación con los otros dos grupos para tratar de llegar a un acuerdo en el que entrarían otros asuntos referidos al mismo proyecto de ley.

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