edición: 2614 , Miércoles, 12 diciembre 2018
28/01/2013

Los servicios de gestión discrecional de carteras dejan de estar exentos de IVA

Xavier Gil Pecharromán
Los servicios de gestión discrecional de carteras ya no quedan exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), debiéndose repercutir el Impuesto por la prestación de tales servicios en contra de lo que venía sucediendo hasta ahora, según anuncia la Dirección General de Tributos (DGT) en una consulta vinculante, de 2 de enero de 2013, que modifica la doctrina administrativa mantenida hasta ahora.

La actividad de gestión discrecional de valores hasta ahora se venían considerando exento a por aplicación del artículo 20.1.k) de la Ley, al considerarse que los servicios de gestión discrecional de valores objeto de consulta suponen la realización de operaciones relativas a títulos valores en las que se puede crear, modificar o extinguir los derechos y obligaciones de las partes sobre dichos títulos valores.

En diversas consultas, Tributos venía considerando que “la gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión va más allá de la mera información sobre los valores y del asesoramiento en operaciones relativas a dichos valores. Esta gestión discrecional otorga al gestor las más amplias facultades, pudiendo, en nombre y por cuenta del cliente, entre otras operaciones, comprar, suscribir, enajenar, prestar, acudir a las amortizaciones, ejercitar los derechos económicos, realizar los cobros pertinentes, conversión y canje de valores y, en general, de activos financieros sobre los que recaiga la gestión”.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 11 de julio de 1998, establecía una definición del contrato de gestión discrecional, diferenciándolo del contrato de gestión asesorada en la que venía a establecer que el contrato de gestión de carteras de valores, al que se refiere el artículo de la Ley de Mercado de Valores 24/1988, de 28 julio, en su artículo 71.j) al permitir a las sociedades de valores gestionar carteras de valores de terceros, sin que exista regulación en cuanto a su aspecto jurídico-privado, sin perjuicio de que sean aplicables al gestor las normas reguladoras del mandato o de la comisión mercantil.

Este aspecto jurídico-privado se rige por los pactos cláusulas y condiciones establecidas por las partes (artículo 1255 del Código Civil), reconociéndose por la doctrina y la práctica mercantil dos modalidades del mismo, el contrato de gestión asesorada de carteras de inversión en que la sociedad gestora propone al cliente inversor determinadas operaciones siendo éste quien decide su ejecución, y el contrato de gestión discrecional de cartera de inversión en que el gestor tiene un amplísimo margen de libertad en su actuación ya que puede efectuar las operaciones que considere convenientes sin previo aviso o consulta al propietario de la cartera.

Este criterio se ha venido manifestando en diversas consultas vinculantes de Tributos en las que se ha planteado la misma cuestión de 20 de septiembre y 16 de noviembre de 2004; de 22 de diciembre de 2005; de 22 de abril de 2006; de 5 de diciembre de 2007; 5 de julio de 2009; y 24 de noviembre de 2010. Todas ellas quedan anuladas por la nueva interpretación doctrinal.
El cambio de criterio viene producido por la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en sentencia de fecha 19 de julio de 2012, en el asunto Deutsche Bank AG, se plantea la naturaleza financiera de los servicios de gestión de carteras a clientes inversores.

Así, el Tribunal concluye que el mismo resulta de la combinación de un servicio de análisis y de supervisión de los activos del cliente inversor, por una parte, y una prestación de compra y venta de títulos propiamente dicha, por otra.

La sentencia dice también que en el marco del servicio de gestión de carteras, esos dos elementos no sólo son inseparables, sino que, además, deben situarse en el mismo plano. En efecto, ambos son indispensables para realizar la prestación global, de modo que no es posible considerar que uno constituye la prestación principal y el otro la prestación accesoria.

Por consiguiente, determina que ha de considerarse que esos elementos se encuentran tan estrechamente ligados que objetivamente forman una sola prestación económica cuyo desglose resultaría artificial. Concluye, de esta forma que un servicio de gestión de carteras, como el controvertido en el litigio principal –concretamente una actividad remunerada consistente en que un sujeto pasivo decide, conforme a su propio criterio, sobre la compra y la venta de títulos-valores y ejecuta dichas decisiones comprando y vendiendo los títulos-valores, está compuesto por dos elementos que se encuentran tan estrechamente ligados que forman objetivamente una sola prestación económica.

Por ello, considera que no es posible considerar que los elementos que integran este servicio constituyan uno una prestación principal y el otro una prestación accesoria, ya que ambos elementos deben situarse en el mismo plano. De este modo, dicho servicio sólo puede considerarse en su conjunto, por lo que no puede estar comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 135.1.f)  de la Directiva 2006/112.

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