edición: 2740 , Lunes, 17 junio 2019
04/03/2011

Los sindicatos permitirán el arbitraje en los convenios sin acuerdo, pero ganan control sobre las empresas en los tribunales

Javier Ardalán
Los sindicatos y la patronal tienen hasta el próximo día 19 de marzo, fecha en la que expira el plazo del Gobierno, para lograr una reforma que permita la flexibilidad laboral, que para los empresarios pasa por la desaparición de la llamada ultraactividad o lo que es lo mismo, que se mantengan vigentes los convenios sin acuerdo hasta que se apruebe uno nuevo sin ningún tipo de limitaciones, regulada por el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores. Su eliminación crearía un vacío que los sindicatos no están dispuestos a aceptar. De ahí que apuesten por impulsar el "deber de negociar" los convenios para que los trabajadores no se queden desprotegidos.

Hasta ahora, los sindicatos solían negarse a firmar el documento si no incluía mejoras. Así que una empresa en dificultades se quedaba con el convenio de antes, aunque fuese insostenible. Ahora tendrán que volver a negociar o aceptar un arbitraje.

Por ello, los sindicatos exigen más peso en las empresas, estar al corriente de toda la información, controlar hasta el mínimo detalle, cuando a una empresa no le quede otra que adoptar medidas traumáticas ante una caída de la demanda. Y la CEOE, de momento, ha dicho sí; pero a cambio quiere más flexibilidad, que se incluya este concepto en los convenios y que, además, se fije un criterio de actuación.

Mientras que para unos empresarios la ultraactividad no debería superar los seis meses en la mesa de negociación se habla sobre 12 meses y los empresarios defienden las cláusulas de descuelgue  cuanto más amplias y objetivas mejor en los convenios sectoriales estatales, y por la limitación de la ultraactividad.

La patronal trata, además, de dar un espaldarazo a la propuesta de Angela Merkel de eliminar la indexación de los salarios con la inflación. La iniciativa es considerada por los sindicatos como muy perjudicial para el trabajador.

El legislador del Estatuto de los Trabajadores concibió una normativa en la que sólo podrían avanzar en la protección laboral y en ningún caso suprimir precedentes conquistas. Consecuencia de lo cual: no cabe liberarse de un convenio hasta que otro lo sustituya y cada convenio no puede más que añadir algo al precedente.

Los sindicatos han logrado nuevas competencias con las que podrán controlar de cerca las actuaciones de los empresarios sobre despidos, salarios y otros aspectos de negociación colectiva,  puesto que han logrado que el Gobierno les incluya en las Leyes de Igualdad y de la Jurisdicción Social, que el Gobierno lleva hoy al Consejo de Ministros, para estar legitimados en los términos establecidos por las leyes procesales, para defender los derechos e intereses de las personas afiliadas y asociadas en procesos judiciales civiles, contencioso-administrativos y sociales, siempre que cuenten con su autorización.

Estos mismos colectivos, exceptuando a los partidos políticos, podrán tener la consideración de interesado en los procedimientos administrativos en los que la Administración tenga que pronunciarse en relación con una situación de discriminación prevista en esta ley, siempre que cuenten con la autorización de la persona o personas afectadas. No será necesaria esta autorización cuando las personas afectadas sean una pluralidad indeterminada o de difícil determinación, sin perjuicio de que quienes se consideren afectados puedan también participar en el procedimiento.

Un dato importante a tener en cuenta es que los casos de acoso y discriminación laboral serán llevados en el futuro por los juzgados de lo social, de acuerdo con la reforma legal que unificará las competencias de la Jurisdicción Social.

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